Y la derecha, torpe y miope que tenemos, no es capaz siquiera de darse cuenta de ello, que mientras más perdure el statu quo, peores serán sus posibilidades de un triunfo electoral en la próxima justa presidencial. El camino del declive general, la consolidación de un Estado fallido, controlado por las mafias informales, será irreversible por un buen tiempo. Y mientras eso pasa, los halconcillos bamba de la derecha seguirán cobrando sus jugosos emolumentos en el palacio Legislativo. Una real vergüenza.
Alejandro Cavero es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero nunca ejerció su carrera. Su curriculum se resume a tareas vinculadas a la comunicación social, un trabajo de asesoría a la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK) entre 2018 y 2019 y una consultoría en “asuntos públicos” para una empresa privada, de acuerdo a su hoja de vida. “Yo tengo asesores abogados y con experiencia en el Congreso”, apunta, ofuscado, cuando le hacemos notar los detalles de su CV.
Si bien la decisión del congresista de no admitir pruebas no es vinculante con las decisiones del Poder Judicial, sí inclina la balanza al momento de persuadir a sus colegas para admitir la denuncia. Y aunque el informe presentado por Cavero está amparado en el reglamento del Congreso, los especialistas opinan que este atribuye funciones que los parlamentarios no deberían tener. “La chamba de ellos es si los persuade o no [la denuncia fiscal], no son jueces. Ellos solo deben verificar si existen elementos que les permitan autorizar un proceso”, dice Luciano López.
“Se reconoce que el procedimiento del Congreso es un procedimiento político, pero eso no puede estar exento de un control constitucional. Y ahí sí resulta absolutamente arbitrario lo que está haciendo Cavero. Él no es juez ni fiscal, pero está tomando groseramente una actitud en favor de un investigado”, opina Carlos Rivera.
Ramiro González Rodríguez, jefe del área del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación. Está a cargo de la denuncia contra Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez (Foto: Ministerio Público de Argentina).
La denuncia constitucional fue presentada por el Ministerio Público en octubre pasado. El 8 de marzo, Ramiro González Rodríguez, jefe del área del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, sustentó la acusación en el Congreso. Alejandro Cavero calcula, sin embargo, que habrá tres sesiones más en la subcomisión para entrevistar testigos. Este grupo de trabajo deberá emitir un informe final en los próximos meses.
En el Ministerio Público, sin embargo, algo les huele mal. “Están preparando el camino para archivar, porque van a llamar a más de testigos. Ellos van a hacer un juicio ahí, cuando no es su competencia”, dice a Sudaca una fuente fiscal con conocimiento del caso.
Cavero ya ha mostrado su complacencia con el régimen de Merino cuando, en campaña electoral, le preguntaron si el gobierno del accionpopulista fue uno autoritario. “Mira, el gobierno de Manuel Merino fue nombrado por sucesión constitucional como lo fue el gobierno de Sagasti y como lo fue también el gobierno de Vizcarra. [Si fue autoritario o no], eso es algo que juzgará la historia. Yo creo que el gobierno de Merino fue constitucional”, respondió a El Comercio el entonces candidato congresal.
Es, pues, políticamente casi imposible que, como están dadas las cosas, se genere un cambio virtuoso respecto de la mejora de alguno de los aspectos institucionales básicos del Estado en una sociedad democrática que se respete, y transforme el sainete que en el Perú llamamos tal. Vamos cuesta abajo.
El pesimismo nos embarga. No hay visos de solución a la vista. No se aprecia ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo la lucidez suficiente para salir del atolladero sino, más bien, intereses subalternos para mantener el statu quo y seguir medrando de él. El 28 de marzo no se va a lograr la vacancia. Es puro fuego artificial el que la oposición está levantando, porque en los hechos no hace nada para concertar y lograr los 87 votos necesarios para alcanzar dicho objetivo. En el fondo, solo parece querer jugar con el tema durante todo el periodo del mandato de Castillo, pero sin atreverse a dar los pasos necesarios para hacerlo realidad. Y el Ejecutivo, por su parte, a sabiendas de ello, se burla de la representación nacional con mensajes como el de ayer. Así estamos. Eso es lo que hay en la vidriera.
