Ministerio de Economía y Finanzas

La situación que se busca corregir es grave y concreta. Durante los años mencionados, miles de empresas peruanas —de todos los sectores, pero especialmente en turismo, hotelería, comercio, manufactura y servicios— registraron importantes pérdidas debido a la pandemia del COVID-19, las restricciones sanitarias y la recesión global. A esto se suman factores internos como la criminalidad, la inestabilidad política y los conflictos sociales. 

Estos impactos no se disolvieron con el fin del estado de emergencia: muchas de esas empresas aún arrastran deudas, sufren baja liquidez y ven afectada su rentabilidad real. Es importante tomar en cuenta que los efectos de la pandemia aun no se han superado completamente y la recuperación requiere de más tiempo. 

Edmundo Lizarzaburu, profesor de administración y finanzas de la Universidad ESAN, advierte sobre los riesgos de no aprobar el Proyecto de Ley N°9433. Señala que muchas empresas podrían cerrar o trasladarse a la informalidad, lo que afectaría negativamente el empleo y la economía. 

Aclara que no se trata de condonar impuestos, sino de facilitar una recuperación financiera que fortalezca la sostenibilidad tributaria a largo plazo. En términos de crecimiento económico, advierte que sin la extensión de los plazos el PBI podría estancarse en 3.3%, mientras que con el apoyo adecuado podría alcanzar entre 4% y 5%. Además, de no aprobarse el proyecto, muchas empresas podrían recurrir a fuentes de financiamiento informal y riesgosas, como el crédito ‘gota a gota’, lo cual tendría consecuencias sociales y económicas negativas. 

Según estimaciones del sector privado, más de 600 mil empresas arrastran perdidas desde el inicio de la pandemia. Estas empresas podrían verse directamente afectadas —en su mayoría pequeñas y medianas— y están en riesgo de tributar sobre una renta ficticia, es decir, sobre ingresos netos que en realidad no existen, lo que podría llevarlas a la quiebra o a una paralización definitiva de actividades. No se trata solo de una medida técnica, sino de una acción de justicia tributaria y de preservación del aparato productivo nacional. Juan Carlos Tafur, menciona que las mipymes representan el 99.5% de las empresas formales del país. De no aprobarse la Ley, el futuro de más de 300 mil empresas formales que registraron pérdidas entre 2020 y 2022 estarían en alto riesgo de quiebra. 

Para Jimmy Romero, politólogo y agroexportador, el número mencionado de empresas aún arrastran perdidas y están en peligro de desaparecer. También agrega que “no es un simple tema de recaudación, es la supervivencia del sector (agroexportador) que más empleos formales genera en el país.”

Leydy Hernández, auditora financiera y socia gerente de Alto Asesores SAC, mencionó que “un millón de empleos está en juego. Cada empresa que cierra no es solo un número más en las estadísticas: es una familia que deja de percibir ingresos.”.  También indica que esta ley no es un favor. Es una decisión estratégica para proteger la columna vertebral económica del país. “Si las empresas sobreviven, tributarán; si quiebran, no habrá impuestos, ni empleo, ni inversión que sostener”, puntualiza.

CONTRADICCIÓN EN EL MEF

A pesar de la urgencia del tema, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió una opinión desfavorable al proyecto. En el Informe N°0038-2025-EF/61.01, el MEF argumenta que extender el plazo de arrastre vulneraría el principio de no retroactividad de las normas tributarias y tendría un impacto fiscal negativo, estimado en más de S/.5,000 millones. Sin embargo, esta cifra no ha sido sustentada técnicamente y omite un punto central: esas pérdidas aún no han sido compensadas, por tanto, la norma no actúa sobre hechos consumados, sino sobre una situación jurídica en curso.

Lo más preocupante es que la postura del MEF contradice los compromisos asumidos por el propio ministro de Economía y Finanzas, José Salardi. En diversas intervenciones públicas, el ministro ha manifestado que el gobierno prioriza la promoción de las inversiones, la reactivación de las empresas y el fortalecimiento del empleo formal. Sin embargo, bloquear una norma que da un respiro tributario legítimo a las empresas más golpeadas por la crisis va en sentido contrario a esas promesas. El especialista Lizarzaburu explica que no se puede hablar de incentivar la inversión mientras se mantiene a las empresas atrapadas en un sistema que no reconoce el contexto extraordinario de los últimos años. 

Además, muchas de estas pequeñas y medianas empresas enfrentan un nuevo factor de riesgo: la inseguridad. En los últimos meses, se ha reportado un aumento significativo de extorsiones, robos y amenazas contra empresarios, especialmente en regiones como La Libertad, Piura, Lima y el Callao. A la asfixia tributaria se le suma ahora el crimen organizado, poniendo en riesgo la continuidad de negocios que generan empleo, tributos y desarrollo local.

El proyecto de ley es una necesidad 

Los argumentos a favor de la ley son múltiples y sólidos. En primer lugar, Leydi Hernández asegura que el derecho al arrastre de pérdidas no es un “beneficio” o “trato preferencial”, sino un mecanismo legítimo para garantizar que el impuesto a la renta se calcule sobre la ganancia real y no sobre una base ficticia. Este principio, conocido como el de renta neta o capacidad contributiva, está reconocido en la Constitución y en la legislación tributaria nacional. 

En segundo lugar, el sistema tributario ya contempla dos mecanismos para el arrastre de pérdidas: el sistema A, que permite arrastrar por cuatro años (cinco para el 2020), y el sistema B, que permite compensar sin límite de tiempo, pero solo hasta el 50% de la renta neta. El economista Lizarzaburu añade que la mayoría de las empresas optó por el sistema A, muchas veces por desconocimiento, por falta de asesoría o simplemente por necesidad. 

La propuesta legislativa no cambia esa elección, sino que busca extender el plazo hasta el año 2032, tal como se hizo parcialmente mediante el Decreto Legislativo N°1481 para el ejercicio 2020. La diferencia es que ahora también se incluirían las pérdidas de 2021 y 2022.

En tercer lugar, otros países de la región ya han adoptado medidas similares. En Bolivia se amplió el plazo de arrastre de pérdidas a cinco años; en Ecuador, hasta diez años para el sector turismo. Jimmy Romero destacó que el Perú no puede quedar rezagado si quiere competir por inversiones y fortalecer su tejido empresarial. El costo de no actuar ahora será mucho mayor: pérdida de empresas, aumento del desempleo, caída en la recaudación futura y mayor informalidad. 

En cuarto lugar, si bien el MEF señala que las ventas se han recuperado, esto no implica que las empresas hayan recuperado su rentabilidad o solvencia. La especialista Hernández recalca que aumentar ventas no significa tener utilidades. Muchas siguen operando al límite, con márgenes bajos o negativos, y enfrentan altos niveles de endeudamiento acumulado. 

Finalmente, según Lizarzaburu, esta medida no representa un gasto fiscal inmediato ni permanente. Al contrario, es una forma de asegurar mayor recaudación en el mediano y largo plazo, al darle a las empresas espacio para recuperarse, estabilizarse y generar utilidades reales sobre las que puedan tributar. 

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Hacen bien los gremios empresariales en pronunciarse en contra de las tropelías del Congreso. Hoy es por temas políticos, pero mañana, sin duda, tendrán que hacerlo por temas económicos que les incumbirán directamente.

Es previsible que conforme se acentúe la desaprobación del Congreso y se aproximen las elecciones, desde los escaños surjan propuestas presuntamente de buena acogida popular. Ya ha habido algunas, como la rebaja del IGV a las peluquerías y el control de las comisiones por transferencias interbancarias. Con seguridad, van a venir más.

Y el problema es que asistiremos a una escalada de propuestas intervencionistas o sobreregulatorias provenientes no solo del sector de la centroderecha congresal, que al menos garantiza cierto acotamiento, sino que las mismas provendrán de la izquierda radical, con posibilidades de éxito en su aprobación en el Pleno.

Se ha instaurado un trueque mafioso entre las diversas bancadas del Congreso, que implica un trasiego de votos: yo te doy mis votos para tu proyecto a cambio de que tú me des los tuyos para el mío. Y sin importar qué tan bueno o malo sea el proyecto de marras termina aprobándose.

Si esto ocurre, además, en una situación en la que el MEF ha perdido toda capacidad de influencia o veto preliminar a tales iniciativas, y que el Ejecutivo en general se termina por allanar a lo aprobado en el Congreso, el panorama que se avecina es preocupante.

Nos esperan dos años de populismo económico desembozado. Las bancadas que van a buscar ser reelegidas para el Senado o Diputados, buscarán a toda costa subir sus índices de popularidad y echarán mano al recurso más manido: aprobar normas demagógicas, sin que les importe un pepino el daño que puedan ocasionar. Simplemente buscarán el supuesto contento del pueblo bajo la falaz idea de que eso les va a subir los bonos para el 2026.

Se espera que entonces, los gremios empresariales y la comunidad académica económica, sepan alzar la voz e impedir el desmadre populista que se avecina. Ya suficiente ha hecho el Parlamento con golpear severamente la institucionalidad democrática para que ahora la emprendan contra el modelo económico que, a pesar de todo, sigue funcionando y sosteniendo al país.

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La decisión de remover al economista Carlos Oliva de la presidencia del Consejo Fiscal, un organismo consultivo y vigilante, no vinculante, es una demostración clara de que el gobierno no tolera que le marquen los linderos macroeconómicos por los cuales debe moverse con buen tino, más aún ahora que va a haber un ingreso fiscal récord, producto del alza impresionante en los precios de las principales materias primas de exportación del Perú, sobre todo minerales.

Oliva había venido señalando diversas incongruencias y desatinos, como era la obligación del encargo recibido, y eso no gustó. Ni al gobierno, ni al títere del MEF, ni al alcalde López Aliaga -aliado del gobierno en el Congreso-, ni a las autoridades regionales beneficiarias del dispendio, y que también sostienen al régimen.

José Arista en el MEF está siendo una decepción. Tenemos una larga tradición de titulares de la cartera del jirón Junín, que han sido capaces de pararle el macho al propio Ejecutivo y, por supuesto, al Congreso, respecto de solicitudes de dispendio. Arista ha decidido bajar la cabeza, como ya lo anticipaba, desde el inicio, con su ductilidad para manejar el caso de Petroperú.

Es una pésima noticia para el buen manejo económico del país. La debilidad de Boluarte y su sumisión a los partidos del Congreso, que la tienen maniatada, la obligan a convertir Palacio en un arca abierta, llana a a cualquier desajuste fiscal y monetario, a expensas de seguir recibiendo el apoyo que ella necesita para su único gran propósito político: sobrevivir hasta el 28 de julio del 2026.

Ya lo hemos dicho: olvidémonos de que este gobierno vaya a emprender alguna gran reforma institucional o económica. No está en su agenda. Está usando al gobierno como caja chica de intercambio de favores políticos, y se zurra en los principios de metas fiscales a las que estamos obligados.

El grave efecto que eso tiene, sin embargo, es que la parálisis a la que conduce, solo favorece el advenimiento de propuestas políticas radicales y disruptivas. Al paso que va, cada día que pasa Boluarte en Palacio son cinco mil votos más para Antauro Humala.

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 “EL TEJIDO TURÍSTICO PERUANO NO VA A DURAR MÁS DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO”

En su intervención, Pablo García, segundo vicepresidente de la Cámara Nacional de Turismo, calificó como catastrófica la situación del sector turismo. «Estamos hablando de un 55% de llegadas por debajo de 2019, un 57% de turistas menos que el periodo 2019, las visitas a Machu Picchu siguen en un 58% con respecto al 2019 y la ocupación de los hoteles sigue muy baja», explicó y agregó «el sector turismo está prácticamente quebrado».

Sobre esta problemática que afronta el sector, Enrique Quiñones, presidente de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo, comentó «me ha tocado ir a los bancos y me han dicho que califico, pero me dan 14,3% de interés. Tenía que pagar, prácticamente, todo lo que ya había pagado en ese año más el 10%. No había avanzado nada en mi esfuerzo por pagar Reactiva. El banco nos dijo que esas son las condiciones».

@sudacaperu Enrique Quiñones presidente de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo #sudaca #peru ♬ sonido original – Sudaca

Además, Quiñones agregó  «nosotros queremos pagar el crédito que tenemos, pero a una tasa que sea justa. Hay asociados a quienes les han dado 25% de tasa. Hablamos de créditos de tres millones de soles. Imagine que ha hecho el esfuerzo de pagar el 30% del crédito, pero con esa tasa del 25% no solamente retrocede sino que se queda más endeudado» y advirtió que «si es que las condiciones siguen así, el tejido turístico peruano no va a durar más de diciembre de este año».

El representante de Adex, José Carlos Schroth,  también se mostró crítico con la posibilidad que tienen los bancos de negarse a reprogramar deudas o hacerlo con una tasa comercial y manifestó que «mientras a los bancos no se les obligue, esto no va a funcionar. Lo que están esperando los bancos es que se cumpla la fecha el 30 de junio de 2023 para obligarlos a tomar los recursos de los bancos y negociar las garantías hipotecarias».

Por otro lado, Ricardo Márquez, vicepresidente de la Cámara de Comercio Perú – Utah, demandó un rol más activo por parte del gobierno  «no hay créditos disponibles para los microempresarios. No están pidiendo que los exoneren porque no quieren pagar, están diciendo que les den un crédito pero a la tasa que se necesita. Estamos hablando de personas que pueden perder su trabajo».

@sudacaperu Ricardo Márquez – vicepresidente de la Cámara de Comercio Perú-Utah #sudaca #peru #camaradecomercio #utah ♬ sonido original – Sudaca

Aunque durante el evento la mayoría coincidió en la necesidad del programa Reactiva en el contexto de una pandemia, las advertencias sobre las posibles consecuencias de la indiferencias del Ministerio de Economía ante temas como la reprogramación de deudas y la libertad de los bancos para negarlas ha terminado por convertirse en el tema más preocupante de la jornada ante la posibilidad de terminar en un panorama sombrío para los empresarios que se verían perjudicados y que en su mayoría son pymes.

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Bien ha señalado el exministro de Economía, Waldo Mendoza, que, según un reporte del Banco Mundial, el 85% de la reducción de la pobreza entre 2004 y 2019 se debió al crecimiento económico y un 15% a la redistribución, es decir el gasto público. ¿Y de dónde sale el gasto público? De los impuestos que se recaudan de las empresas privadas. Mendoza concluye que el 100% de la reducción de la pobreza se debe al crecimiento económico.

No hay otra fórmula. En ese sentido hay que hacerle justicia a lo que se hizo durante el segundo gobierno alanista. No emprendió ninguna reforma importante -su más grande pasivo-, pero en lo concerniente a la inversión privada, fue un activo promotor que permitió, por ello, la más importante caída de la pobreza de todo el periodo de la transición post Fujimori. Haría bien la presidenta Boluarte -más aun ahora que ha recuperado horizonte de gobernabilidad- en abocarse a ello y mirar ese espejo.

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Sin embargo, la mayoría de estos recursos fueron usados en obras de menor cuantía que no reducen las brechas de desigualdad, lo que es preocupante: de los 1299 proyectos de inversión que ejecutan las seis regiones del sur, 946 tienen un presupuesto menor a 1 millón de soles; 320 proyectan un gasto de menos de 10 millones de soles y solo 33 obras son de mediano impacto, con un presupuesto mayor a los 10 millones de soles. Además, 284 obras aparecen con 0% de avance.

En consecuencia, el economista propuso que debe haber un equipo residente del MEF en regiones, este grupo debe estar formado por siete o diez personas. Los profesionales no solo deben ser conformados por ingenieros y economistas, sino que el equipo debe ser interdisciplinario y tener un enfoque intercultural.

“Se tiene que entender que los ciudadanos en diferentes regiones tienen formas distintas de pensar. Se puede cuestionar que los recursos se utilicen para la mejora o construcción de una plaza de toros, pero, en algunos casos, estas comunidades compiten con otras por tener una mejor plaza de toros. Este ejemplo puede tener una explicación antropológica, los objetivos son totalmente distintos”, indicó el socio de Macroconsult.

El exministro de Energía y Minas también resaltó que la transparencia es clave y la única forma de poner presión a los ejecutores y reducir la corrupción. Además, agregó que hay una oportunidad para colocar el tema en discusión y, de ser aceptado, podría ser el punto de contacto para un grupo de empresas privadas que están dispuestas a apoyar al MEF.

 

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