La pobreza monetaria ha crecido en el 2022, en comparación con el 2019, 7.3 puntos porcentuales. Esto, traducido a la realidad, implica que 2 millones 700 mil personas han dejado de ser de clase media y han vuelto a ser pobres.
La pandemia ha jugado un papel incidente, por cierto, pero también el desastre que asoló Palacio, llamado Pedro Castillo. Respecto del 2021, la pobreza creció 1.6 puntos porcentuales, lo que implicó un aumento de pobres de 628 mil personas.
La única forma de revertir esta situación es estimulando la inversión privada, con entusiasmo maniaco. De no hacerlo y seguir creciendo a tasas modestas -como la prevista para este año-, vamos a demorarnos en llegar a los niveles de pobreza prepandemia, alrededor de 20 o 30 años. ¡Una barbaridad!
Después de la pandemia nos correspondía un ciclo extraordinario de crecimiento, alentado, adicionalmente, por el giro antiempresarial de buena parte de la región, pero el inefable Pedro Castillo y su nefasto gobierno arruinaron toda posibilidad. Sus ataques a la inversión privada, sus ministros antiempresariales, y el caos político generado por la destrucción de la eficiencia tecnocrática del Estado, tiraron la inversión privada al piso, con las consecuencias ya conocidas.
Según la última encuesta del SAE de Apoyo Consultoría, está mejorando la confianza para invertir y la caída de la inversión privada empieza a amainar. Buen momento para un shock de inversiones encabezado por la propia presidenta y el apocado titular de Economía y Finanzas.
Bien ha señalado el exministro de Economía, Waldo Mendoza, que, según un reporte del Banco Mundial, el 85% de la reducción de la pobreza entre 2004 y 2019 se debió al crecimiento económico y un 15% a la redistribución, es decir el gasto público. ¿Y de dónde sale el gasto público? De los impuestos que se recaudan de las empresas privadas. Mendoza concluye que el 100% de la reducción de la pobreza se debe al crecimiento económico.
No hay otra fórmula. En ese sentido hay que hacerle justicia a lo que se hizo durante el segundo gobierno alanista. No emprendió ninguna reforma importante -su más grande pasivo-, pero en lo concerniente a la inversión privada, fue un activo promotor que permitió, por ello, la más importante caída de la pobreza de todo el periodo de la transición post Fujimori. Haría bien la presidenta Boluarte -más aun ahora que ha recuperado horizonte de gobernabilidad- en abocarse a ello y mirar ese espejo.
