Rumbo a Perumin

Condiciones para la conflictividad

Olcese enfatizó que existen cuatro condiciones para la conflictividad: incentivos, azuzadores, fallas internas y opinión pública, lo que brinda legitimidad social a la actividad minera.

El especialista considera que se debe tener en cuenta las diversas variables que están dentro de estas condiciones. “Una de las principales es el cumplimento de compromisos y no sólo por parte de las empresas, sino también de las instituciones públicas”, precisó.

Sobre este punto, el socio fundador de Wiñaq abordó los altos niveles de conflictividad que se vivieron los primeros meses del año para entender si los conflictos sociales están relacionados con las brechas sociales.

“Cuando vemos el ranking del índice de desarrollo humano por departamento, observamos que hay regiones que se movilizaron y otras que no, pero ambas tienen el mismo índice de desarrollo humano. Muchas de las regiones que se movilizaron avanzaron mucho en el índice de desarrollo humano. Entonces no se ve una relación muy clara respecto a las brechas sociales y la conflictividad”, remarcó el analista político.

Asimismo, detalló que de los 13 conflictos que concluyeron en ataques a operaciones mineras durante el 2022, algunos siguen latentes. Sin embargo, durante el 2023, dichos ataques ya no eran directos, sino amenazas.

El especialista explicó que esto se debe a la estrategia de la presidenta Dina Boluarte de apostar por la contención, pero recalcó que eso no desactiva las condiciones políticas que impulsan los conflictos. “Se han incrementado los umbrales de violencia en torno a los conflictos. La competencia por disputar relevancia en medio de una mayor oferta de conflictos conlleva a los impulsores a optar por medidas cada vez más violentas”.

Sobre este punto, Olcese puntualizó que “la minería está siendo más relacionada, de manera negativa, con temas estructurales” en consecuencia de la difusión de fake news en medios masivos. “Hay abiertamente fake news, filtran audios con la voz de Keiko básicamente planeando un golpe de Estado, un audio evidentemente falso, pero que igual llegó a cientos de miles de personas. Lo mismo, un supuesto audio entre Antauro Humala y Dina Boluarte revelado por Cecilia García”, indicó.

Al respecto, explicó que los medios alternativos no solamente llegan más, sino que producen muchísimo más en minutos por semana y llegan a mucha audiencia. “Wayka es el primero con 9.6 millones de vistas, Nacional TV con lo de ‘sobrina del presidente deja en ridículo al Congreso’ llega a 4.3 millones de vistas”, apuntó Olcese.

A pesar del escenario complicado, el analista político se mostró optimista con los espacios de diálogo entre la minería y comunidades. “La legitimidad social del sector minero es multidimensional y tiene varias aristas vulnerables que deben ser mejoradas a varios niveles: permanencia en la comunicación, respuesta a los agravios directos y confianza en las instituciones”, finalizó el especialista.

 

 

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“El desarrollo de las propuestas tiene claro la identificación de objetivos estratégicos y brechas, así como el correcto mapeo de los identificadores de estas y los proyectos en torno a ellas. En ese sentido, esto permitirá definir, medir, identificar, modificar y lograr un correcto desarrollo del territorio”, detalló el ponente.

Asimismo, Von Hesse puntualizó que se deben desplegar los proyectos especiales de inversión pública (PEIP), ya que permiten mejoras como autorizar la contratación de personal altamente cualificado, utilizar modelos contractuales modernos, entre otras.

“Se deben tener funcionarios públicos competentes. Según SERVIR, menos del 10% de los servidores que trabajan en el Estado cuenta con un nivel óptimo para desarrollar su función. Debido a ello es fundamental que las carreras públicas se basen en la meritocracia, para contar con trabajadores capacitados y que cumplan sus funciones a cabalidad”, acotó el director de Videnza.

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A continuación se debe implementar la visión compartida de todos los actores en un documento consensuado. En ese sentido, no solo la empresa privada debe ser financiadora, se requiere de los gobiernos y demás organizaciones. El siguiente paso está en la búsqueda de la generación de mecanismos que permitan recibir recursos públicos y privados. Hasta el momento, estos mecanismos solo los ejecuta el gobierno local o regional. 

La implementación y el uso de los recursos del plan elaborado por los distintos actores debe ser constantemente acompañado y monitoreado. Para esto se requiere de un equipo técnico de apoyo y soporte conformado por expertos, los cuales deben rendir cuentas al espacio multiactor para avanzar en la implementación de la visión compartida.

“Es importante que existan los reportes al espacio conformado para definir la visión compartida. De no haber la rendición de cuentas, uno pierde legitimidad y piensa para qué trabaja tanto”, complementó Bustamante. 

 

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Sin embargo, la mayoría de estos recursos fueron usados en obras de menor cuantía que no reducen las brechas de desigualdad, lo que es preocupante: de los 1299 proyectos de inversión que ejecutan las seis regiones del sur, 946 tienen un presupuesto menor a 1 millón de soles; 320 proyectan un gasto de menos de 10 millones de soles y solo 33 obras son de mediano impacto, con un presupuesto mayor a los 10 millones de soles. Además, 284 obras aparecen con 0% de avance.

En consecuencia, el economista propuso que debe haber un equipo residente del MEF en regiones, este grupo debe estar formado por siete o diez personas. Los profesionales no solo deben ser conformados por ingenieros y economistas, sino que el equipo debe ser interdisciplinario y tener un enfoque intercultural.

“Se tiene que entender que los ciudadanos en diferentes regiones tienen formas distintas de pensar. Se puede cuestionar que los recursos se utilicen para la mejora o construcción de una plaza de toros, pero, en algunos casos, estas comunidades compiten con otras por tener una mejor plaza de toros. Este ejemplo puede tener una explicación antropológica, los objetivos son totalmente distintos”, indicó el socio de Macroconsult.

El exministro de Energía y Minas también resaltó que la transparencia es clave y la única forma de poner presión a los ejecutores y reducir la corrupción. Además, agregó que hay una oportunidad para colocar el tema en discusión y, de ser aceptado, podría ser el punto de contacto para un grupo de empresas privadas que están dispuestas a apoyar al MEF.

 

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“Cuando hablamos de una minería integral y de territorio, que promueve el desarrollo sostenible, creemos que esta visión, esta mirada contribuye a reconocer, en primer lugar, una minería como parte del escenario económico progresivo, además, una minería que contribuye a crear espacios en interacción y generación de confianza en el territorio en base a una agenda común, en base a estos puntos que nos unen”, afirmó la directora ejecutiva para América Latina y el Caribe de Insuco.

En ese sentido, uno de los ejes claves de Rimay Cajamarca es la constitución del Grupo Impulsor, cuyo objetivo es promover e impulsar el proceso en la región, reconociendo el potencial de trabajar de forma articulada y elevar la voz ciudadana para la priorización de una agenda de desarrollo. Cabe resaltar que el Gobierno Regional de Cajamarca es el encargado de liderar y planificar el desarrollo integral de la región.

 

 

 

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