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Instituto de Ingenieros de Minas

“El desarrollo de las propuestas tiene claro la identificación de objetivos estratégicos y brechas, así como el correcto mapeo de los identificadores de estas y los proyectos en torno a ellas. En ese sentido, esto permitirá definir, medir, identificar, modificar y lograr un correcto desarrollo del territorio”, detalló el ponente.

Asimismo, Von Hesse puntualizó que se deben desplegar los proyectos especiales de inversión pública (PEIP), ya que permiten mejoras como autorizar la contratación de personal altamente cualificado, utilizar modelos contractuales modernos, entre otras.

“Se deben tener funcionarios públicos competentes. Según SERVIR, menos del 10% de los servidores que trabajan en el Estado cuenta con un nivel óptimo para desarrollar su función. Debido a ello es fundamental que las carreras públicas se basen en la meritocracia, para contar con trabajadores capacitados y que cumplan sus funciones a cabalidad”, acotó el director de Videnza.

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A continuación se debe implementar la visión compartida de todos los actores en un documento consensuado. En ese sentido, no solo la empresa privada debe ser financiadora, se requiere de los gobiernos y demás organizaciones. El siguiente paso está en la búsqueda de la generación de mecanismos que permitan recibir recursos públicos y privados. Hasta el momento, estos mecanismos solo los ejecuta el gobierno local o regional. 

La implementación y el uso de los recursos del plan elaborado por los distintos actores debe ser constantemente acompañado y monitoreado. Para esto se requiere de un equipo técnico de apoyo y soporte conformado por expertos, los cuales deben rendir cuentas al espacio multiactor para avanzar en la implementación de la visión compartida.

“Es importante que existan los reportes al espacio conformado para definir la visión compartida. De no haber la rendición de cuentas, uno pierde legitimidad y piensa para qué trabaja tanto”, complementó Bustamante. 

 

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Sin embargo, la mayoría de estos recursos fueron usados en obras de menor cuantía que no reducen las brechas de desigualdad, lo que es preocupante: de los 1299 proyectos de inversión que ejecutan las seis regiones del sur, 946 tienen un presupuesto menor a 1 millón de soles; 320 proyectan un gasto de menos de 10 millones de soles y solo 33 obras son de mediano impacto, con un presupuesto mayor a los 10 millones de soles. Además, 284 obras aparecen con 0% de avance.

En consecuencia, el economista propuso que debe haber un equipo residente del MEF en regiones, este grupo debe estar formado por siete o diez personas. Los profesionales no solo deben ser conformados por ingenieros y economistas, sino que el equipo debe ser interdisciplinario y tener un enfoque intercultural.

“Se tiene que entender que los ciudadanos en diferentes regiones tienen formas distintas de pensar. Se puede cuestionar que los recursos se utilicen para la mejora o construcción de una plaza de toros, pero, en algunos casos, estas comunidades compiten con otras por tener una mejor plaza de toros. Este ejemplo puede tener una explicación antropológica, los objetivos son totalmente distintos”, indicó el socio de Macroconsult.

El exministro de Energía y Minas también resaltó que la transparencia es clave y la única forma de poner presión a los ejecutores y reducir la corrupción. Además, agregó que hay una oportunidad para colocar el tema en discusión y, de ser aceptado, podría ser el punto de contacto para un grupo de empresas privadas que están dispuestas a apoyar al MEF.

 

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“Cuando hablamos de una minería integral y de territorio, que promueve el desarrollo sostenible, creemos que esta visión, esta mirada contribuye a reconocer, en primer lugar, una minería como parte del escenario económico progresivo, además, una minería que contribuye a crear espacios en interacción y generación de confianza en el territorio en base a una agenda común, en base a estos puntos que nos unen”, afirmó la directora ejecutiva para América Latina y el Caribe de Insuco.

En ese sentido, uno de los ejes claves de Rimay Cajamarca es la constitución del Grupo Impulsor, cuyo objetivo es promover e impulsar el proceso en la región, reconociendo el potencial de trabajar de forma articulada y elevar la voz ciudadana para la priorización de una agenda de desarrollo. Cabe resaltar que el Gobierno Regional de Cajamarca es el encargado de liderar y planificar el desarrollo integral de la región.

 

 

 

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Nuevas iniciativas de ingresos

Las comunidades son esenciales para el desarrollo sostenible, pero las entidades públicas y privadas también deben trabajar en conjunto. Es así que el IFC, junto al Gobierno Regional de Moquegua, el Ceplan y la Universidad del Pacífico, trabajó en la actualización del plan participativo para el 2032.

El objetivo es brindar oportunidades de ingresos o empleos a partir de la diversificación económica de la región. Para esto se desarrolló un estudio espacial-territorial que identifica potencialidades de Moquegua, como el estudio y proyectos piloto de acuicultura orientada al cultivo de algas; el valle del hidrógeno verde, que es considerado el combustible del futuro; y la agricultura de alto valor en Ilo.

Sobre estas posibilidades de diversificación de economía Milar Zenteno, jefe de la Oficina de Diálogo y Prevención de Conflictos del Gobierno Regional de Moquegua, agregó que Moquegua posee 498 196 hectáreas destinadas o con potencial de desarrollo agropecuario, de las cuales 17 725 hectáreas se encuentran en producción, menos del 3.6%.

Hasta el momento, el Gobierno Regional, las Municipalidades de Mariscal Nieto, Ilo, Sánchez Cerro y Torata han recibido asistencia técnica para fortalecer la gestión de inversiones públicas de manera eficiente, eficaz y transparente, y que provean servicios e infraestructura pública que respondan a las necesidades de la población.

 

 

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