ministro del Interior

[La columna deca(n)dente] La reciente movilización del 21 de marzo en Lima, que congregó entre 20 000 y 25 000 personas, se configura como un episodio paradigmático del «poder en movimiento» descrito por el politólogo Sidney Tarrow. Si bien su éxito inmediato se materializó en la inusual censura del Ministro del Interior, este resultado no puede simplificarse como una concesión autocrítica del Congreso. Más bien, la marcha actuó como un catalizador, visibilizando y amplificando la creciente indignación ciudadana ante la inacción gubernamental frente a la epidemia de extorsión y sicariato, una indignación que ya venía gestándose en la sociedad.

El hartazgo social, motor fundamental de la acción colectiva, ha escalado en paralelo al avance del crimen organizado, elevando la seguridad ciudadana a una prioridad nacional ineludible. Sin embargo, como Tarrow señala, los movimientos sociales no operan en un vacío. Esta crisis de seguridad no es meramente una falla en la implementación de estrategias, sino que se asienta sobre un marco normativo permisivo con las organizaciones criminales. En los últimos meses, hemos presenciado la aprobación de leyes que, lejos de fortalecer la institucionalidad, debilitan la lucha contra el crimen organizado: restricciones a la colaboración eficaz, limitaciones a la labor fiscal en allanamientos y eliminación de sanciones por la opacidad en el financiamiento de campañas, facilitando la infiltración de capitales ilícitos en la política, un fenómeno que mina la legitimidad democrática desde sus cimientos como bien se señala en un informe de Ojo Público. 

La pasividad del gobierno, lejos de actuar como contrapeso, ha facilitado la imposición de estas normas, favoreciendo, parafraseando a la presidenta Boluarte, a «fuerzas oscuras» cuyos intereses se contraponen al bienestar ciudadano. En este contexto, la marcha del 21 de marzo se convierte en una «ruptura de la rutina», un evento disruptivo que sacude la complacencia del poder institucional y evidencia la desconexión entre los partidos políticos y las demandas ciudadanas.

Los partidos liderados por figuras como Keiko Fujimori, César Acuña, Vladimir Cerrón, José Luna y Rafael López Aliaga, aliados legislativos del gobierno, han intentado escenificar un «distanciamiento táctico», una maniobra calculada para proteger su imagen ante el creciente descontento. Su repentina crítica al Ministro del Interior, a quien previamente “blindaban”, no responde a una genuina preocupación por la gestión, sino a un cálculo político pragmático. Son conscientes de que mantener su apoyo incondicional a una figura desgastada y clave en la maquinaria gubernamental se ha vuelto insostenible. Este «repliegue estratégico» busca ocultar su complicidad previa y simular una independencia inexistente, intentando navegar la ola de indignación sin renunciar a los beneficios que les reporta su alianza con el régimen.

Sin embargo, esta maniobra, lejos de marcar un quiebre sustancial, se inscribe en una lógica de «oportunidad política». Buscan seguir siendo funcionales al gobierno, preservando sus privilegios, sin pagar el costo político de respaldar explícitamente a un ministro incompetente. Su lealtad a Boluarte y la defensa de sus propios intereses permanecen intactas.

La movilización ciudadana ha demostrado que la presión desde abajo puede alterar el tablero político. La lucha no termina con la remoción de una figura. El Congreso ha sentado las bases para un marco normativo que favorece a las organizaciones criminales, y el gobierno ha permitido su avance. Ante esta realidad, la ciudadanía debe mantenerse vigilante y organizada, exigiendo no solo la salida de figuras cuestionadas, sino también la derogación de las leyes que facilitan la impunidad y el crimen organizado. Solo a través de una presión sostenida y consciente, articulando un repertorio de acción colectiva diverso y estratégico, será posible enfrentar el deterioro institucional y revertir el avance de las mafias en el país.

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[La columna deca(n)dente] Cuando un ministro del Interior acumula denuncias de ineficacia, miente con descaro, evade la justicia y, en lugar de responder a las investigaciones en su contra, contraataca denunciando a la fiscal de la Nación, el problema no es solo él: es el gobierno que lo sostiene. Pero cuando ese ministro, además, es protegido por la presidenta Dina Boluarte y cuenta con el respaldo de Keiko Fujimori, César Acuña, Rafael López Aliaga, Vladimir Cerrón y José Luna, el panorama se vuelve aún más preocupante.

La permanencia del ministro en el cargo no se explica, presumiblemente, por su capacidad ni por su gestión, sino por lo que sabe. Su lealtad no es gratuita: es el precio de su silencio. En un gobierno donde la impunidad es la norma, un ministro con demasiados secretos bajo la manga se convierte en un escudo invaluable. Boluarte no lo sostiene por convicción, sino por necesidad. Si él cae, podría arrastrarla consigo.

Su negativa a acudir a la fiscalía y la entrega de un teléfono formateado no son gestos de rebeldía, sino de advertencia: él tiene información que lo hace intocable. En este escenario, su permanencia es menos una decisión política y más un pacto de mutua protección. No es el ministro quien depende del gobierno, sino el gobierno el que depende de él.

Pero el problema no es solo el Ejecutivo. Que este ministro cuente con el respaldo de políticos que dicen representar distintos sectores del espectro ideológico revela un pacto de conveniencia: una alianza pragmática en la que la impunidad se antepone a cualquier principio político. No hay derechas ni izquierdas en esta ecuación, solo actores que buscan sobrevivir políticamente protegiéndose unos a otros. En otras palabras, la corrupción no tiene patria ni bandera.

El acceso anticipado del ministro a un reportaje que lo compromete y su intento de influir en la prensa evidencian un uso sistemático de la información como arma política. Esto sugiere dos cosas: que existen filtraciones desde los medios o que la información se obtiene de manera ilegal. Esto último es una pieza clave en regímenes donde la corrupción es norma y la transparencia, una amenaza.

El país se encuentra ante una deriva peligrosa. Lo que se está consolidando no es un gobierno con una agenda clara, sino una coalición de la impunidad, donde los acuerdos no giran en torno a reformas o políticas públicas, sino a blindajes y favores. Este no es un gobierno de derecha ni de izquierda, sino un gobierno de intereses personales, de grupo y criminales.

En este escenario, la justicia se convierte en una amenaza para quienes ostentan el poder. La policía no responde a la seguridad ciudadana, sino a las órdenes de quienes la controlan políticamente. La prensa es atacada y la institucionalidad, erosionada. Mientras tanto, el ciudadano común es testigo de cómo unos cuantos malgobiernan y legislan en beneficio de las organizaciones criminales.

¿Hasta cuándo durará este pacto? Hasta que las tensiones internas entre sus propios integrantes lo hagan insostenible o hasta que la sociedad, junto con líderes y partidos políticos democráticos, decida romper con esta lógica de impunidad. La pregunta es si la ciudadanía seguirá tolerando un gobierno que, lejos de garantizar justicia y seguridad, se ha convertido en el refugio de quienes más temen rendir cuentas y buscan eludir la justicia.

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[PIE DERECHO] En lugar de tener a un ministro del Interior arremetiendo en cuanta ocasión se le presenta en contra del Ministerio Público, deberíamos tenerlo abocado a tiempo completo a luchar contra la delincuencia y la criminalidad. Debería ser uno de los ministros a ser cambiado, pero, al parecer, el respaldo con aspavientos que ayer le ha dado la presidenta Boluarte, nos hará tener que soportarlo algunos meses en tan crucial cartera.

La inseguridad es terrible. Porque no se trata tan solo ya de los roba celulares o atracadores al paso. Hay redes de criminalidad organizada que extorsionan pequeños y microempresarios a punta de amenazas y balazos (véase el caso de la empresa de transportes El Chino), generando una profunda retracción de la economía, ya que esa red de millones de peruanos emprendedores pues simplemente deja de invertir por temor a que unos pillos le arrebaten sus ganancias a punta de pistolas.

Si uno tiene un puesto de emoliente y recibe una carta amenazadora, pues, o cierra, o se muda o deja de poner el segundo puesto que tanto anhelaba. Si a la peluquería la amenazan, pues lo propio. Y como hablamos de gente de medianos ingresos, en el peor de los casos se van del país, destruyendo un tejido social empresarial que tanto bien le hace al Perú, como trama de integración ciudadana.

En términos políticos, el daño es aún más grave. Se rompe el contrato social en su cláusula primera, que es la cesión al Estado del uso de la fuerza para combatir el delito. El daño democrático que un estado de indefensión genera es letal y corroe el apoyo a la democracia. Por eso el inmenso desprestigio del que goza en nuestra región (salvo, según el Latinobarómetro, en El Salvador, a pesar del autoritario Bukele que los gobierna).

Y estamos frente a un gobierno al que, literalmente, le importa un comino el tema. No hay un sol de inversión en infraestructura policial, no hay coordinaciones con el Ministerio Público, no hay reorganización seria en curso. Como sin ellos no fuera, olvidando que es su tarea básica y esencial.

Vamos a pagar esa factura. Los candidatos de talante autoritario van a cosechar a manos llenas del statu quo de inseguridad ciudadana, tanto de izquierda como de derecha. Y ello será plena responsabilidad del que, ya hemos dicho, es el peor gobierno republicano que hemos tenido, después del de Pedro Castillo.

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Encima, políticamente hablando, con sus declaraciones, la presidenta se ha abierto un frente de divergencia con la derecha, que le reprocha, con razón, querer zafar cuerpo y atribuirle la exclusiva responsabilidad de lo sucedido a los militares y policías. Sin el respaldo de las Fuerzas Armadas a la Constitución, Pedro Castillo seguiría siendo gobernante. Boluarte les debe el cargo que hoy ocupa y mal les paga tirándoles la bola, como si su gobierno no tuviera responsabilidad alguna en lo sucedido.

El informe de la CIDH tiene algunos sesgos cuestionables, cuando se mete a hacer diagnósticos sociales o políticos del país, pero en lo concerniente a los hechos luctuosos mismos, anda por el camino correcto. Si el gobierno y la presidenta en particular no responden al mismo como corresponde, con una investigación a fondo, que devele la verdad de lo sucedido, ese informe le va a pesar legalmente hasta después de concluido su mandato.

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CIDH, Constitución, Dina Boluarte, excesos policiales, fuerzas armadas, Ministro de defensa, ministro del Interior, protestas

La del estribo: empezó por fin la temporada teatral. Algunas a recomendar: La omisión de la familia Coleman, gran éxito argentino que ahora pone un elenco peruano, en el Teatro La Plaza; Egon, en el Británico, sobre la vida del pintor austríaco Egon Schiele; La mujer con cabeza de serpientes, en el Británico; la reposición de La vida es sueño, en el Municipal, y ya para abril, Ha llegado un inspector, en el Británico.

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Gobierno peruano, ministro del Interior, política peruana

Que un ministro diga que no tiene ninguna duda de que el presidente está comprometido en actos de corrupción es grave, que lo haga el exministro del Interior es gravísimo. Castillo está embarrado hasta las narices y no hace falta esperar el audio o video bomba para proceder en consecuencia. El país, la democracia, el Estado, la economía y la sociedad en su conjunto agradecerán que este sujeto salga lo antes posible por la puerta falsa de Palacio.

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justicia, ministro del Interior, Presidente Castillo

La sociedad civil y las ONGs vinculadas a aspectos de justicia y derechos humanos, tienen que tomar parte activa en el resguardo mediático, político y eventualmente legal de Zamir Villaverde. No puede quedar abandonado a su suerte y a lo que buenamente puedan hacer sus abogados frente a la maquinaria del poder que se ha desplegado en su contra.

La democracia va a salir fortalecida de este proceso de deshollinamiento de las suciedades morales que se habrían cometido apenas se asentó en el poder el señor Pedro Castillo. Si se prueba sus inconductas no merecerá estar un segundo más manejando las riendas del poder.

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ministro del Interior, Premier

Guillén presentó su renuncia porque no le hacen caso en sacar al jefe de la Policía. ¿Y ahora, el Estado de Emergencia? ¿Cómo queda Mirtha Vásquez? ¡Y el secretario de Palacio con Repsol!

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Avelino Guillén, jefe de la Policía, ministro del Interior, Pedro Castillo, Repsol

EL PODCAST DIARIO DE OPINIÓN DE JUAN CARLOS TAFUR.

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