[EN LA ARENA] El 28 de julio, Dina Boluarte disparó una sarta de proyectos de ley pidiendo con urgencia que fuesen aprobados por el Congreso. Como en una campaña electoral, sin preocuparse de que estos formen parte de –o deformen políticas públicas con fines claros, prometió hasta puestos de trabajo: que los licenciados de las Fuerzas Armadas, los reservistas, pasen a ser policías del Orden y Seguridad de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Ser policía no es un puesto cualquiera. Su labor es prevenir diversos hechos de violencia, mejorar la convivencia pacífica y aplacar las acciones delictivas. Trabajar de la mano con otros sectores, como el Poder Judicial, el sistema de salud y los gobiernos locales. No se trata de un soldado con deber de batallar contra el enemigo. El Estado le ha designado ciertos compromisos que responden al interés público: el evitar conflictos (políticos, religiosos, sociales, culturales) y asegurar el bienestar de la población; jamás lo contrario.
Eso implica confiar y ahí empieza el profundo problema que enfrenta la PNP, pues es considerada como la quinta institución más corrupta del Estado peruano (Proetica 2022). Es usual en la televisión ver la detención de policías por vincularse a mafias, narcotráfico, extorsionar a trabajadoras sexuales, cobrar coimas, lavar activos, etc. Como contraparte, la PNP también cuenta con espacios televisivos para difundir las capturas de delincuentes logradas en sus campañas, pero no consiguen revertir la percepción de desconfianza y corrupción.
El actual proyecto de Ley, cuestionado por especialistas en seguridad ciudadana, fue sustentado ante la Comisión de Seguridad Ciudadana por el Comandante General de la PNP, Luis Alberto Vergara, quien señaló como razón para convocar a los reservistas que solo se cuenta con un policía por cada 500 ciudadanos y que “cada año hay menos efectivos policiales para hacer frente a la creciente ola de delincuencia”. La primera es correcta, los estándares internacionales sostienen que se debe contar con un policía por cada 250 personas. Lo que sí es falso, es que cada año se tenga menos efectivos policiales y que la ola de delincuencia sea creciente.
Diez años atrás en el Perú se produjo una escalada de violencia que llegó a su pico el año 2018 cuando se alcanzó una tasa de casi 8 personas asesinadas por cada 100,000 habitantes. El advenimiento de la pandemia disminuyó notoriamente el número de asesinatos y el año pasado, la cifra fue de 6, una tasa previa al 2013, antes de la migración masiva y del desplazamiento de mafias por todo el continente. A pesar de que nuestra población ha aumentado en más de cuatro millones de personas desde ese momento, se ha mantenido el mismo número de víctimas de algún hecho delictivo, lo cual no es poca cosa: hoy, es la cuarta parte del país, hace diez años, era casi la tercera.
Es muy probable que este control sea resultado de las diversas reformas que la policía ha ido viviendo desde el año 2017, cuando se cambió la organización interna y el modelo de formación policial. Lo podemos ver en las cifras. El año 2015, la Defensoría del Pueblo sostuvo ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno que sólo había un efectivo policial por cada 856 habitantes. En el año 2017, la cobertura subió a uno para 673 habitantes. Hoy como señaló el Comandante, han llegado a 500. La pregunta es entonces, por qué promete trabajo de policía a los reservistas la señora Dina Boluarte, quien gusta aparecer rodeada de militares. Ya la ley anterior había sido rechazada porque implicaba un cambio sustancial en el presupuesto de la PNP desequilibrando la distribución del erario nacional. Ahora, reaparece como promesa tras las masacres perpetradas por la policía durante el Estallido popular 2022-2023 que ella justificó en lugar de detener.
La policía peruana tiene otras necesidades y sabemos bien que la mayor fragilidad se encuentra en su formación profesional. El 2008 Sunedu reconoció el rango universitario a la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, pero hasta la fecha no ha culminado con el licenciamiento, que asegura los estándares de una auténtica educación policial. Hay países que cuentan con centros de investigación avanzada, capaces de ofrecer diplomas y maestrías. La gran ventaja de una formación así, que abarca enfoques comunitarios, éticos y científicos, es que permite a la policía no dejarse manipular por sus autoridades políticas, abandonar la compulsión por enriquecerse ilícitamente y contar con la confianza de que la próxima vez que haya una marcha, no saldrán a matar.
