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Pie Derecho

El contundente informe de Human Rights Watch

“Hay fuertes razones para creer que la presidenta Boluarte, el primer ministro Otárola y otros altos funcionarios no tomaron medidas efectivas para detener las muertes, a pesar de tener conocimiento de la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en ellas”.

El informe de Human Rights Watch sobre los 49 muertos y multiples heridos ocurridos durante las protestas sociales de diciembre y enero, debería obligar al gobierno, no solo a una respuesta pública, sino a una enmienda rápida y una reacción institucional, que atienda las serias observaciones planteadas por HRW. Aquí, algunos extractos del informe presentado:

“La evidencia muestra que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) hicieron un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza contra manifestantes y transeúntes, en clara violación del derecho internacional”.

“Es probable que estas muertes constituyan ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, por las cuales el Estado es responsable. Los fiscales deben investigar a los agentes que dispararon contra manifestantes pacíficos o que de alguna otra forma hicieron un uso desproporcionado de la fuerza, así como a sus superiores y a las autoridades civiles”.

“En varios casos, las fuerzas de seguridad parecen haber matado a personas a distancia, a veces a más de 100 metros, lo que cuestiona la explicación de que dispararon en defensa propia”.

“Los fiscales tienen la obligación de investigar no sólo a los militares y policías que cometieron delitos, sino también a sus superiores y a las autoridades civiles que pueden haber ordenado los abusos, no haberlos detenido pese a tener la responsabilidad de hacerlo o no haber respondido adecuadamente para impedir nuevos abusos y garantizar la rendición de cuentas”.

“La retórica del gobierno, que parecía excusar o minimizar los abusos, combinada con la aparente inacción de las más altas autoridades civiles que tenían la responsabilidad sobre las fuerzas de seguridad ante las sólidas pruebas de los abusos, plantea interrogantes sobre la posible negligencia o incluso complicidad en los abusos”.

“A principios de febrero, el Ministerio del Interior no había abierto ninguna investigación sobre la conducta policial y ningún agente de policía había sido sancionado ni apartado del servicio”.

“El gobierno peruano debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y exhaustivas de todos los abusos cometidos por la policía y las Fuerzas Armadas, así como de los actos de violencia, enjuiciando a los responsables según corresponda. Los fiscales deben investigar y presentar cargos, según proceda, no sólo contra los militares y policías que cometieron los abusos, sino también contra sus superiores y las autoridades gubernamentales que pueden haberlos ordenado, no haber tomado medidas efectivas para impedirlos o no haber respondido adecuadamente para impedir nuevos abusos y garantizar la rendición de cuentas”.

“Hay fuertes razones para creer que la presidenta Boluarte, el primer ministro Otárola y otros altos funcionarios no tomaron medidas efectivas para detener las muertes, a pesar de tener conocimiento de la responsabilidad de las fuerzas de seguridad en ellas”.

Tags:

Alberto Otárola, Dina Boluarte, fuerzas armadas, Human Rights Watch, Marchas, Muertos, Perú, PNP, Policía Nacional, protestas sociales

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