Quien quiera tener alguna posibilidad electoral el 2026 (o antes, ya no se sabe) va a tener que tomar la mayor distancia política posible del régimen fallido de Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola.
El gobierno es una lágrima en cuanto a la resolución de los cuatro principales problemas que aquejan a la población (inseguridad ciudadana, corrupción, crisis económica y salud pública). La seguridad urbana se reduce a cotos muy exclusivos y la mayoría de ciudadanos del país está expuesta a la delincuencia creciente (el Tren de Aragua y el Comando Vermelho actúan con absoluta impunidad). El Perú no es un paraíso para las inversiones sino para el delito y demagógicos estados de emergencia no van a resolver nada.
La corrupción campea en todas las instancias del sector público (desde guachimanes hasta gerentes) con absoluto descaro. La crisis económica ya claramente no depende de factores externos (pandemia y guerra Ucrania-Rusia) sino de factores internos que provocan la caída de la confianza empresarial y el concomitante desplome de la inversión privada, principal sostén del crecimiento económico.
Por su parte la salud pública sigue siendo un desastre. Cerca de 150 mil peruanos acuden todos los días a alguna entidad de salud pública y son tratados como ciudadanos de quinta categoría, sembrando disidencia masivamente. Y el gobierno no mueve un dedo para mejorar ello.
El régimen de Boluarte es el reino de la medianía más rampante. El papelón protagónico de su reciente viaje a Nueva York, donde no se ha reunido con nadie importante, solo refleja la mediocridad estructural de un gobierno que se encontró el poder de casualidad y no ha sabido responder a la altura de las circunstancias.
Y la derecha tonta, empezando por su cúpula empresarial, anda feliz de la vida simplemente porque hay aparente estabilidad y ya no hay conflictos sociales. Y ni qué decir de la clase política de la centroderecha parlamentaria que no agita ni un plumero si cree incomodar al oficialismo del Ejecutivo, no pasando de bravatas verbales o gestos parlamentarios irrelevantes (como la eventual censura a los titulares del Minem y de Defensa).
La oposición se está haciendo a sí misma un flaco favor otorgándole un periodo de gracia permanente a un gobierno que merecería, casi, el mismo maltrato que el desastre de Castillo (quien, a pesar de todo, obtuvo sumisamente la confianza de todos sus gabinetes). Las urnas se lo van a hacer pagar caro.
