Tener un Ejecutivo con 80% de desaprobación y un Legislativo con 90%, en medio de coyuntura económica crítica (la memoria peruana de los últimos treinta años no tiene registro de algo semejante), convierte al país en yerba seca, lista para ser encendida a la menor chispa.
Un abuso de poder más, un nuevo acto de corrupción, un traspiés político de la presidenta Boluarte, una declaración infeliz de algún ministro, un mochasueldo adicional, pueden colmar la paciencia y hacer que el usualmente pasivo ciudadano peruano decida romper lanzas y salir a las calles a arrasar con lo que encuentra a su paso.
Ya el sur andino se halla en esa tesitura, no así Lima ni la costa norte, pero ya los impactos de la pobreza urbana creciente se empiezan a sentir en las zonas más prósperas del país y no sorprendería que los sectores CDE de estas regiones decidan tomar acción.
El gobierno de Dina Boluarte es un fiasco, una sumatoria de mediocridad e inoperancia. Nada ha mejorado, salvo el nivel de algunos ministros que no han entrado directamente a robar, como sucedió en el caso de Castillo, pero no son capaces, a pesar del tiempo transcurrido, de mostrar resultados tangibles de sus respectivas gestiones.
El pueblo se puede dejar mecer un tiempo, pero cuando se percata claramente del engaño, sabe reaccionar. Ya lo ha demostrado en otras ocasiones, inclusive en las jornadas de diciembre y enero últimas donde buena parte del país se opuso violentamente a la llegada al poder de Dina Boluarte y la salida de Pedro Castillo. Ese sentimiento de indignación está allí presente, no ha amainado (a ver que algún ministro o congresista visite buena parte de las ciudades del sur para que vean cómo son recibidos).
Hasta hace algunos meses, el pronóstico político más probable era que Boluarte durase hasta el 2026. Esos plazos, sin embargo, se vienen acortando por la cantidad de errores y tropelías que los dos principales poderes del Estado cometen con especial empeño. Un hecho que en otras circunstancias pasaría desapercibido políticamente hablando, para las grandes mayorías, como la eventual destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, podría, en la perspectiva que señalamos, ser uno de los detonantes referidos que harían estallar al país nuevamente en una espiral de protestas y desazón generalizada.
