conflictos sociales

La mentada XIX Encuesta de Gerentes Generales hecha por Ipsos Perú para Semana Económica, reveló que el 71% de los CEO de las empresas del país aprueba el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Y que sus temores han variado notablemente. El 2022 el mayor riesgo potencial percibido era una Asamblea Constituyente (36%); hoy lo es la reactivación de los conflictos sociales (57%).

No se explica la complacencia empresarial con el gobierno mediocre de Dina Boluarte y que no se vea en esa medianía un riesgo potencial, capaz por sí sola de agitar el cuco de los conflictos sociales que, a la vez, tanto se teme.

Es verdad que el empresariado lo que más aprecia es la estabilidad, así ésta sea mediocre. Es la inestabilidad y la falta de previsión lo que aterra a los directorios empresariales, ya que les impide operar con relativa capacidad de previsión del futuro inmediato y mediato.

Pero la levedad para mirar los aspectos críticos del régimen sorprende. Tiene mucho que ver, sin duda, con el alivio generado por la salida de Pedro Castillo (solo 1% de los gerentes lo aprobaba) y su nefasto gobierno, pero ese entusiasmo soslaya las groseras metidas de pata de un gobierno precario y de pocas luces como el de Dina Boluarte.

Se requiere una voz más crítica de los gremios empresariales al respecto. El mensaje de Fiestas Patrias debería haber merecido severos cuestionamientos por su falta de visión reformista y de compromiso con el estímulo a la inversión privada, que está paralizada. No ha sido así.

Un caso particular ilustra lo que denunciamos. Lo que está haciendo el gobierno de Boluarte con EsSalud es de espanto. Los nombramientos en la institución son de un nivel de incompetencia que asegura que la entidad irá a la deriva. ¿Qué ha dicho la Confiep al respecto, teniendo, como tiene, dos miembros en el directorio (un tercio lo nombra el Estado, otro los trabajadores y, finalmente, el empresariado)? Mutis absoluto.

Lo peor que le podría pasar al país es que la derecha fáctica (empresarios, medios de comunicación y tecnocracia) se alinee con un gobierno al que la ciudadanía, a diferencia de los CEO, desaprueba mayoritariamente, reforzando la percepción popular de que este es un gobierno de derecha, con las enormes implicancias negativas que eso traerá para las venideras elecciones presidenciales. Los empresarios deberían mirar un poco más allá de su Excell.

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Condiciones para la conflictividad

Olcese enfatizó que existen cuatro condiciones para la conflictividad: incentivos, azuzadores, fallas internas y opinión pública, lo que brinda legitimidad social a la actividad minera.

El especialista considera que se debe tener en cuenta las diversas variables que están dentro de estas condiciones. “Una de las principales es el cumplimento de compromisos y no sólo por parte de las empresas, sino también de las instituciones públicas”, precisó.

Sobre este punto, el socio fundador de Wiñaq abordó los altos niveles de conflictividad que se vivieron los primeros meses del año para entender si los conflictos sociales están relacionados con las brechas sociales.

“Cuando vemos el ranking del índice de desarrollo humano por departamento, observamos que hay regiones que se movilizaron y otras que no, pero ambas tienen el mismo índice de desarrollo humano. Muchas de las regiones que se movilizaron avanzaron mucho en el índice de desarrollo humano. Entonces no se ve una relación muy clara respecto a las brechas sociales y la conflictividad”, remarcó el analista político.

Asimismo, detalló que de los 13 conflictos que concluyeron en ataques a operaciones mineras durante el 2022, algunos siguen latentes. Sin embargo, durante el 2023, dichos ataques ya no eran directos, sino amenazas.

El especialista explicó que esto se debe a la estrategia de la presidenta Dina Boluarte de apostar por la contención, pero recalcó que eso no desactiva las condiciones políticas que impulsan los conflictos. “Se han incrementado los umbrales de violencia en torno a los conflictos. La competencia por disputar relevancia en medio de una mayor oferta de conflictos conlleva a los impulsores a optar por medidas cada vez más violentas”.

Sobre este punto, Olcese puntualizó que “la minería está siendo más relacionada, de manera negativa, con temas estructurales” en consecuencia de la difusión de fake news en medios masivos. “Hay abiertamente fake news, filtran audios con la voz de Keiko básicamente planeando un golpe de Estado, un audio evidentemente falso, pero que igual llegó a cientos de miles de personas. Lo mismo, un supuesto audio entre Antauro Humala y Dina Boluarte revelado por Cecilia García”, indicó.

Al respecto, explicó que los medios alternativos no solamente llegan más, sino que producen muchísimo más en minutos por semana y llegan a mucha audiencia. “Wayka es el primero con 9.6 millones de vistas, Nacional TV con lo de ‘sobrina del presidente deja en ridículo al Congreso’ llega a 4.3 millones de vistas”, apuntó Olcese.

A pesar del escenario complicado, el analista político se mostró optimista con los espacios de diálogo entre la minería y comunidades. “La legitimidad social del sector minero es multidimensional y tiene varias aristas vulnerables que deben ser mejoradas a varios niveles: permanencia en la comunicación, respuesta a los agravios directos y confianza en las instituciones”, finalizó el especialista.

 

 

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De mantenerse la tendencia histórica, mayo y junio no le serán propicios a un gobierno que no halla el rumbo, que falla, inclusive, en algo que le debió haber hecho subir varios puntos en las encuestas, como la respuesta oficial a los desastres naturales, que no refina su perfil político (aunque algo ha mejorado con el reciente cambio ministerial) y que, por ende, no emprende reformas que le den aliento histórico, más aun considerando que su horizonte de gobernabilidad se ha extendido hasta el 2026.

Si recrudece el conflicto social virulento y el gobierno actúa de las dos peores maneras que ha demostrado ejercer en estos días: represión violenta indiscriminada o parsimonia y concesión absoluta, podemos ver nuevamente a un régimen precario jaqueado y en zozobra tal, que su continuidad podría verse en peligro.

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Son preguntas que, bajo las circunstancias actuales, no tienen respuesta clara. No hay forma de saber qué sucederá en los próximos días con relativa certeza. Porque no hay claridad respecto de cuál será el accionar opositor, que aparentemente se mueve sin una organización central, y mucho menos cuál será la respuesta del gobierno, considerando que ya empezaron a surgir algunas diferencias entre la Presidenta y su Premier (el último mensaje presidencial y su absurda iniciativa de proponer una reforma constitucional, para el próximo Congreso, fue una muestra de debilidad y un afán, sin sentido, de contentar a un sector de los protestantes inútilmente). Lo único cierto es que nada está dicho ni asumido.

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El conflicto actual

Las violentas manifestaciones de las últimas semanas tienen, en Puno, un componente eminentemente étnico, con gran movilización de las poblaciones aymara y quechua, y un carácter exclusivamente político (para desesperación de muchos). Exigen la renuncia a la Presidencia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, la inmediata convocatoria a elecciones generales y el llamado a una Asamblea Constituyente. 

Ante este preocupante panorama de violencia y muerte, se han multiplicado los intentos por designar culpables: Evo Morales y su Runasur, el MOVADEF, la minería ilegal, la tala ilegal, el narcotráfico, los traficantes de personas, algunos parlamentarios de izquierda, en fin, un verdadero disparo a la bandada.  También se ha apelado, sin pudor, a los miedos de un país que ha perdido territorios en todas sus fronteras terrestres, agitando el espectro de una delirante anexión de Puno a Bolivia o de la creación de una fantasmagórica “República del Sur”, la que, en palabras de Mirko Lauer, no sería otra cosa que “un paisito sur-andino desgajado del Perú y manejado desde fuera por los aymara y otras etnias”. Siempre resulta más sencillo simplificar las cosas hasta el límite, para evitarse el arduo trabajo de investigar las verdaderas razones, que suelen ser demasiado complejas para las atribuladas mentes de nuestros políticos, además de poco útiles para sus ridículos espectáculos de cara a la galería.   

Los actuales sucesos violentos en Puno, parecen apuntar a lo que el exministro de Educación, Ricardo Cuenca, señaló hace varios años como el “apropiarse del tiempo”, esto es, la posibilidad de que un movimiento étnico ejerza poder para actuar colectivamente frente al Estado y otros grupos dominantes, buscando subvertir el orden social.

La campaña electoral 2020-2021 y los incesantes mensajes políticos del gobierno de Pedro Castillo, reavivaron los sentimientos de desigualdad social y marginación racial, no solo en Puno, sino en buena parte de nuestra población. La “Encuesta Nacional de Percepción de la Desigualdad en el Perú 2022”, señala que el 59% de los peruanos considera demasiado grande la desigualdad entre ricos y pobres, el 47% intolerable; que el 66% piensa que el país es gobernado por unos cuantos poderosos; que el 76% percibe desigualdad entre blancos y no blancos, el 30%, muy grave. No debe sorprender pues que el relato nacional e internacional, según el cual, la caída de Castillo fue motivada exclusivamente por su origen racial, provinciano y campesino haya calado hondo, con los resultados que tenemos a la vista.           

Los conflictos sociales con componente étnico, como el que enfrentamos actualmente en Puno, suelen ser intensos y de difícil solución, más aún si se centran sobre demandas políticas que el establishment juzga inaceptables, tales como la elaboración de una nueva Constitución. Queda por ver si las balas, los toques de queda, las prohibiciones de ingreso al país y algún diálogo sin verdaderas concesiones, serán suficientes para evitar que el polvorín étnico puneño le explote en la cara al modelo.


*Fotografía perteneciente a un tercero

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