La violencia contra las mujeres tiene múltiples expresiones. Una de las más cruentas e irreparables es el feminicidio. Este término hace referencia al asesinato de las de mujeres producto de la prevalencia de la violencia de género y la impunidad.
Hace cerca de dos décadas que las reflexiones sobre este término se empezaron a dar en nuestro país, esto como una forma de desnaturalizar los mal llamados “crímenes de honor” o “crímenes pasionales”. Entre el 2003 y 2004, organizaciones feministas como el CMP Flora Tristán y Demus, hicieron los primeros registros de casos, logrando evidenciar que el problema no era aislado. Con esto se demandó la responsabilidad estatal para su prevención y sanción.
Durante estos años el término feminicidio venía problematizándose en toda la región de América Latina, como una categoría clave para evidenciar las consecuencias mortales de la prevalencia de la violencia de género y el complejo entramado de poder que reviste al fenómeno. También se buscó que el crimen sea investigado y sancionado teniendo en cuenta su especificidad y complejidad, pues las figuras de “homicidio” eran insuficientes y no permitían un adecuado análisis desde el enfoque de género.
Así, tras muchos años de trabajo se logró que el término se posicione en nuestro marco jurídico penal (2011) y de políticas públicas, abriéndose un marco de garantía para que el Estado cumpla con su obligación de prevenir, sancionar y erradicar este crimen.
El feminicidio no es solo una modalidad de violencia, es la expresión más terrible de esta. Es la aniquilación de una vida producto de la discriminación y la exclusión.
Cuando se debatía la tipificación en el legislativo, hubo resistencias al término, así como una intención de minimizar y burlarse de la violencia contra las mujeres; felizmente y ante las dolorosas estadísticas se logró su tipificación (2011). Más de diez años después de la existencia de esta norma, su correcta aplicación sigue siendo un desafío.
Entre quienes se opusieron al término, hubo quienes señalaron “entonces hay que sancionar el varonicidio”, como una forma de burlarse de la violencia contra las mujeres y quitarle relevancia al problema. Esta narrativa evocaba un trasfondo misógino.
Todas las estadísticas ponen en evidencia que las principales afectadas por la violencia y discriminación patriarcal son las mujeres. ¿Este fenómeno afecta también a los hombres? Rita Segato plantea que sí, pues son ellos los primeros afectados por los mandatos de masculinidad que los hace agresores y potenciales feminicidas. Pero eso les quita responsabilidad individual sobre hechos de agresión, pero si debe llamarnos a buscar soluciones estructurales para la prevención.
Entonces, ¿el varonicidio existe?, mi respuesta es no. Este término absurdo ha vuelto a ser colocado por algunos abogados/as que, en mi opinión, ejercen su profesión sin ética, al no promover el principio de igualdad y no discriminación, dimensiones básicas que debe tener en cuenta toda persona que defienda los derechos humanos.
El varonicidio es una invención absurda y misógina. No tiene base para su problematización, ni es una figura jurídica. Este término solo busca enfrentar a los hombres contra las mujeres y seguir reproduciendo sociedades patriarcales.
La violencia de género es un problema estructural, un problema que amerita la lucha común de todas y todos. Esperemos algún día la cifra de feminicidios llegue a cero.
