El Congreso se alista para dar un zarpazo institucional contra la Junta Nacional de Justicia, sin que haya razones valederas para sancionar o destituir a uno o más miembros de dicho organismo.
Con un cambio imprevisto (inicialmente la Comisión de Justicia había desestimado la solicitud de la congresista Patricia Chirinos), finalmente la alianza fujicerronista logró imponerse y aprobar que la denuncia siga su curso en contra de los integrantes de la JNJ.
No nos conmueve especialmente la investidura de los miembros de la Junta. No ha mejorado un ápice la justicia desde su nombramiento en reemplazo del defenestrado Consejo Nacional de la Magistratura (pero no es éste un test de eficiencia), han cometido impropiedades varias (aprobar la designación de Zoraida Ávalos, con papeles truchos, por ejemplo), pero, sin embargo de ello, no han cometido las faltas graves que se requieren para justificar que el Legislativo los expulse de sus cargos.
Se está forzando una situación jurídica bajo una interpretación caprichosa y abusiva de la norma, porque emitir un pronunciamiento solidario a favor de la fiscal Ávalos puede ser impertinente, pero de allí no pasa, el tema de la edad de la juez Inés Tello fue avalado en la entrevista para su designación por el propio presidente del Tribunal Constitucional de entonces, Ernesto Blume, y que se hayan remitido tardíamente informes anuales al Congreso, es, pues, un descuido amonestable, pero subsanado y bajo ningún criterio una causa que revista mayor gravedad.
Es una mezcla de intento de controlar organismos electorales (ONPE y Reniec), venganza de los “hermanitos”, razzia caviar (a la que se suma, feliz, la izquierda perulibrista), la que explica este descomunal error político y jurídico, que va a dañar aún más la ya alicaída imagen de la democracia peruana.
Pero, como dice el dicho, no hay peor sordo que el que no quiere oír. La mayoría congresal no va a entrar en razones y más temprano que tarde cometerá el legicidio sin importarle las consecuencias y la apertura de una puerta más a la incertidumbre que ya vive el país y que genera tanto impacto en la economía, en la institucionalidad política y en la tranquilidad social.
