Ministerio de Cultura

Una serie de extrañas coincidencias despiertan sospechas en la Biblioteca Nacional por la contratación de un arquitecto que costará más de veinte mil soles.

Que en la Biblioteca Nacional del Perú se ha perdido el rumbo no es una novedad. En el último mes, Sudaca ha informado sobre la inexplicable decisión de nombrar como jefa institucional a Ana Peña Cardoza, una persona ajena al trabajo relacionado con el manejo de una institución de este calibre.

Pero el futuro de la histórica biblioteca parece ser más sombrío de lo que muchos podían prever. Sudaca ha accedido a nuevos documentos que no sólo relatan una sucesión de improvisaciones producto de la inexperiencia e ignorancia de quienes ocupan los principales cargos sino que estas personas incluso han empezado a utilizar el poder para beneficiar a sus conocidos.

UNA AMISTAD DE 22 MIL SOLES

Se suele decir que la amistad no tiene precio, pero, en algunas oportunidades, existen amistades que pueden llevarte a conseguir cuantiosos contratos de varias cifras. Esto es lo que parece haber ocurrido en la Biblioteca Nacional con el arquitecto Guillermo Pressiani, quien tiene una orden de servicio a su nombre por la cifra de veintidós mil soles.

Según la descripción del servicio por el cual Pressiani cobrará esta elevada cifra, la Biblioteca Nacional pagará los veintidós mil soles por un servicio de análisis y elaboración de lineamientos arquitectónicos para la mejora de la infraestructura, un trabajo que podrá llevar a cabo a distancia y con reuniones virtuales.

Cristian Rebosio

Sin embargo, lo más llamativo de la llegada de Pressiani a la Biblioteca Nacional es su sospechosa cercanía con los altos cargos como la jefa institucional, Ana Peña Cardoza, y el gerente general, Agustín Rodolfo Saldaña Murrugarra. En la siguiente imagen se puede observar que Pressiani tiene como amigos en la red social Facebook a Peña Cardoza y Saldaña Murrugarra.

Cristian Rebosio 

A este dato se le sumó otra extraña coincidencia que se encuentra en la experiencia laboral del arquitecto. Al igual que Peña Cardozo y Salgaña Murrugarra, Guillermo Pressiani tuvo un breve paso por el cargo de asesor del despacho ministerial durante la gestión de Leslie Urteaga en el Ministerio de Cultura. Pero, además, Pressiani comparte con la jefa institucional un pasado en la Universidad de Piura.

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A esto se le ha sumado que, acorde a fuentes consultadas por Sudaca, en las últimas semanas se han registrado, por lo menos, quince renuncias que incluyen principalmente a directores y jefes con experiencia en el sector que parecen no tener lugar con la gestión que ha tomado el mando.

¿UN CRIMEN EN LA BIBLIOTECA?

Pero en la Biblioteca Nacional también hay una novela de misterio y no nos estamos refiriendo a una de las que se pueden encontrar entre las obras literarias que albergan en el local de San Borja. Esta novela de misterio empieza con la inexplicable decisión de la jefa institucional al elegir a su nueva asesora  de la Jefatura de la Biblioteca Nacional del Perú.

En nuestro país, numerosos funcionarios públicos de distintos sectores cuentan con la posibilidad de designar a personas en cargos de confianza. “Aquel que desempeña cargo de confianza técnico o político distinto al del funcionario público quien se encuentra en el entorno de quien lo designa o remueve libremente” es la definición más precisa que podemos encontrar con respecto a lo que viene a ser considerado un empleado de confianza.

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Pero, lamentablemente, esta posibilidad ha sido utilizada de la forma incorrecta en más de una oportunidad y ,lejos de sumar a sus equipos de trabajo a personas que permitan llevar a cabo una tarea de forma eficiente, son muchos los casos de funcionarios que prefieren utilizar este poder para regalar puestos de trabajo a sus amigos y hasta para devolver favores.

En la Biblioteca Nacional, en lugar de optar por una persona vinculada con la bibliotecología o, por lo menos, alguien que cuente con experiencia en el sector cultura, Ana Peña Cardoza le ha entregado este puesto a una criminóloga, una persona que se dedica a investigar y estudiar la delincuencia para prevenirla y reducirla.

Fue el pasado jueves 7 de noviembre cuando esta polémica designación se hizo oficial tras su publicación en el Diario El Peruano y Keila Miroslava Garrido Gonzales entró a la Biblioteca Nacional para ocupar el puesto de asesora II de la jefatura que lidera la señora Ana Peña Cardoza. 

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Además, la trayectoria laboral de Garrido Gonzales demuestra que no se trata de una persona multifacética que ha combinado sus labores en el campo de la criminología con actividades que la hagan ver como una persona idónea para desempeñarse como asesora en la Biblioteca Nacional del Perú.

Acorde a la información sobre sus últimos trabajos, Keila Miroslava Garrido Gonzales se ha desempeñado estrictamente en un campo cercano con la criminología. Tal como se puede ver en su perfil de la red social LinkedIn, la recientemente designada asesora ha pasado sus años recientes en el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú.

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Recién en octubre de este año, casi un mes antes de su designación como asesora, Keila Garrido tuvo su primer acercamiento con la Biblioteca Nacional. En esa oportunidad, se registró una orden de servicio por doce mil soles bajo el concepto de un servicio para la sistematización, análisis y gestión de proyectos para el despacho de la jefatura.

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Los antecedentes de la actual administración de la Biblioteca Nacional del Perú y los casos detallados en este informe invitan a creer que no sólo existe un desconocimiento de la dimensión de la institución que representan sino que existe cierta impunidad para entregar cargos y contratos importantes a sus conocidos.

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En la Biblioteca Nacional habrían encontrado la forma de tomar dinero de la institución usando gastos reales como excusa para emitir documentos que luego les permitían sacar montos extra con fines desconocidos. Sudaca accedió a estos reveladores documentos que exponen los malos manejos en los que estaría incurriendo la BNP.

En la histórica Biblioteca Nacional se viene escribiendo y descubriendo nuevos capítulos de una novela que, a diferencia de las muchas obras literarias que en esta sede se guardan, no es una ficción sino que está basada en hechos reales y, quizá lo peor, es que cada vez la trama va tomando tintes más complejos que invitan a creer que los villanos de dicha novela han logrado su cometido.

Sudaca ha accedido a nuevos y reveladores documentos que detallan el método por el cual se habría utilizado como excusa un gasto propio de las actividades desarrolladas por la Biblioteca Nacional para destinar dinero en favor de otras personas sin brindar las explicaciones correspondientes.

LA EXCUSA IDEAL

 Para este 2024, el evento denominado  “II Encuentro Internacional Bibliotecas desde Abya-Yala” estaba programado para los primeros días del mes de mayo y la Biblioteca Nacional del Perú iba a ser una de sus protagonistas. En este evento de esperaba contar con la presencia de invitados nacionales e internacionales y, para ello, la Dirección de Acceso y Promoción a la Información (DAPI) de la Biblioteca Nacional de los gastos de transporte y alojamiento.

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Sin embargo, tras un decreto de urgencia del Ministerio de Economía y Finanzas, las expectativas se vieron afectadas. Por ello, la Dirección de Acceso y Promoción a la Información (DAPI) se encontró en la necesidad de realizar algunos cambios y, ante el paso del tiempo, Lilian Antonieta Maura Tejada, directora de la DAPI asumió con su propio dinero los gastos por novecientos soles que correspondían para la logística necesaria para la presencia de dos ponentes que iban a asistir a dicho evento.

Semanas después, la directora de la Dirección de Acceso y Promoción a la Información solicitó a la Oficina de Administración que le puedan resarcir el gasto que había efectuado. Para el mes de junio, esta oficina respondió que se formularía un TDR (documento con especificaciones técnicas para una contratación externa) con el cual le devolverían el gasto que ella había asumido semanas atrás.

No obstante, en esta respuesta le anunciaron que el TDR no sólo atendería el gasto realizado por ella sino que también incluiría otros y por ello el TDR en cuestión no era por 900 soles sino por 3,500 soles. Es en este punto que las explicaciones al respecto empezaron a despertar sospechas sobre un posible aprovechamiento de un pedido justificado para liberar dinero con otras intenciones.

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Sudaca accedió al documento que la entonces directora de la Dirección de Acceso y Promoción a la Información envió a la jefatura institucional reportando esta situación y exponiendo la extraña explicación que le dieron con respecto a la cantidad de dinero por la cual se estaba emitiendo el TDR.

En este documento Lilian Maura relata que, tras pedir explicaciones por el inesperado monto del TDR, se le informó que, además de los 900 soles que le correspondían a ella, 500 soles serían para un tercero que ya no trabajaba en la Biblioteca Nacional y el resto serían para gastos solicitados, y que no eran especificados, por Luis Calle, quien brindaba asistencia en el plantel de asesores de la jefatura.

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En palabras de la propia directora de la DAPI, esta ausencia de detalles en la explicación por los 3,500 soles llevó a que suponga que “habría la posibilidad de producirse un acto incorrecto” y, al no existir claridad sobre este caso, manifestó que no estaba dispuesta a poner su firma en el cuestionado TDR.

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Como se contó al inicio de este informe, esta situación se produjo entre los meses de mayo y junio, y para el mes de agosto, más precisamente el primer día de este mes, se conoció que Lilian Antonieta Maura Tejada, la directora de la Dirección de Acceso y Promoción a la Información que expuso su preocupación por los 3,500 soles asignados en el TDR renunció a su cargo.

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LA RUTA CONOCIDA

Pero, además, parece que se ha establecido una ruta de llegada a la Biblioteca Nacional que se está volviendo usual para más de un funcionario. Así como anteriormente Sudaca expuso que Ana Peña Cardoza, la jefa institucional, llegó al cargo que ostenta en la actualidad sin mayor experiencia en el sector que un breve paso por el Ministerio de Cultura como asesora y jefa del gabinete de asesores de dicho ministerio, el nuevo gerente general habría seguido la misma ruta.

En esta oportunidad estamos hablando del señor Agustín Rodolfo Saldaña Murrugarra, quien el pasado 21 de agosto fue designado por la propia Ana Peña Cardoza como el nuevo gerente general de la Biblioteca Nacional. 

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Al igual que la jefa institucional, Saldaña Murrugara tuvo un muy breve paso por el Ministerio de Cultura entre 2023 y 2024 cuando estuvo ocupando el cargo de asesor de la secretaria general y coordinador de la unidad funcional de integridad antes de dar un salto directo y sin escalas a la gerencia general de la Biblioteca Nacional.

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Según fuentes internas consultadas por este medio, lo que más sorprendió con respecto al nuevo gerente general ha sido que, antes de cumplir dos meses en su puesto, Agustín Saldaña Murrugarra ya había solicitado su primera licencia.

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Lamentablemente, las posibilidades de un cambio de rumbo en una institución clave en la cultura, como es el caso de la Biblioteca Nacional, son escasas y más si se tiene en cuenta que, al desinterés del Ejecutivo y Legislativo por salvaguardar este sector, existe un claro interés de utilizarlo para poner a conocidos de la propia Dina Boluarte y su hermano Nicanor Boluarte, tal como ha ocurrido con la llegada de Juan Yangali a la dirección de la Casa de la Literarura. 

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La Biblioteca Nacional vive momentos críticos ante la falta de experiencia por parte de sus actuales autoridades y el presupuesto de la institución estaría próximo a despilfarrarse con contrataciones más que cuestionables.

Que, para una gran parte de la clase política peruana, todo aquello relacionado con  la cultura es subestimado, visto como prescindible y hasta señalado como una pérdida de dinero no es una sorpresa para nadie. Sin embargo, a ese gran desinterés por abordar la cultura parece que se le ha sumado el aprovechamiento para darle un uso absurdo e irresponsable al presupuesto que tienen asignado.

Esta es la situación que se está viviendo por estos días en la Biblioteca Nacional del Perú. Esta institución que resguarda importantes colecciones de libros y documentos históricos, hoy afronta uno de sus momentos más críticos y la responsabilidad que tiene a cargo se ve en peligro ante contrataciones tan costosas como inexplicables.

Sudaca ha podido acceder a nuevos casos que exponen estos irresponsables manejos dentro de una institución que evidencia la ausencia de una misión clara como resultado de la inexperiencia  de quienes actualmente toman las decisiones referidas al presente y futuro de la Biblioteca Nacional del Perú.

UN POLÉMICO RETORNO

En un informe publicado la semana pasada, Sudaca expuso el crítico momento que está atravesando la Biblioteca Nacional del Perú por diversas contrataciones muy cuestionadas y, entre estas, se encontraba el de la jefa institucional, Ana Peña Cardoza, que no tenía mayor experiencia en el sector cultura que el de haber sido asesora y jefa del gabinete de asesores del Ministerio de Cultura por un breve periodo durante el 2023.

Esta falta de conocimiento del sector en el que ocupa un cargo tan importante habría llevado a que Peña Cardoza deba recurrir a medidas desesperadas y una de ellas sería la contratación de un antiguo jefe institucional de la Biblioteca Nacional con el objetivo de darle algún tipo de dirección a una institución que no está en su mejor momento y que la propia Peña Cardoza no sabría conducir por su inexperiencia.

La persona de la que estamos hablando es Ezio Neyra Magagna, el hermano de los reconocidos actores Gianella y Jesús Neyra que fue noticia en enero del 2020 por su designación como jefe institucional de la Biblioteca Nacional y se mantuvo en este cargo hasta el año 2021 cuando salió del puesto tras la llegada del nuevo gobierno.

Pero Neyra Magagna estaría próximo a regresar a la Biblioteca Nacional. Sudaca pudo acceder en exclusiva a una orden de servicio a nombre del exjefe institucional por cerca de treinta mil soles bajo el concepto de un servicio de elaboración y análisis para la formulación organizacional, investigación e innovación.

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Según información que pudo obtener este medio, el propósito de esta contratación sería ayudar a Peña Cardoza a manejar una institución de la cual entiende poco y, por lo menos, Ezio Neyra tendría un poco más de conocimiento. Pero, además, esta contratación buscaría no tener que devolver el presupuesto no ejecutado por la gestión actual.

Además, cabe señalar que, en su momento, la gestión de Ezio Neyra Magagna recibió duros cuestionamientos y fue acusado de despilfarrar los recursos de la Biblioteca Nacional. Según información que publicó el escritor Luis Felipe Alpaca en el medio digital Limagris, la institución realizó gastos por más de trescientos mil soles por materiales audiovisuales.

También se cuestionaba que se destinaron cerca de trescientos mil soles por un servicio de fotocopiado, impresión y escaneo. La publicación realizada por Luis Felipe Alpaca también recogía la postura de la Asociación de Bibliotecólogos del Perú que era muy crítica con Neyra Magagna.

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¿BIBLIOTECA O AGENCIA DE EMPLEOS?

Pero estos no son los únicos gastos que están llamando la atención. Sudaca también pudo obtener una serie de documentos que exponen la intención de la actual jefa institucional, Ana Peña Cardoza, de gastar varios miles de soles en contrataciones que, casualmente, están todas dirigidas a su jefatura.

Una de estas contrataciones ha sido descrita como un servicio de gestión y seguimiento de proyectos culturales para la jefatura y, por este encargo, la persona elegida para realizar dicha labor recibirá la cifra de cuarenta mil soles.

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Pero este no es el único gasto que pretenden realizar. Se ha podido encontrar en estos documentos que se invertirá en un servicio de revisión y gestión de actividades de la jefatura por el cual la Biblioteca Nacional estará haciendo un pago de veinte mil soles a la persona encargada.

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También en un trabajo vinculado con la jefatura, la Biblioteca Nacional estará gastando doce mil soles en un servicio para la sistematización, análisis y gestión de proyectos para, casualmente, el despacho de la jefatura que encabeza actualmente la señora Ana Peña Cardoza.

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Los planes de contrataciones continúan y, tal como se observa en la siguiente imagen, la jefatura institucional vuelve a aparecer como la dependencia que requiere el servicio y en este caso el servicio consiste en un diagnóstico y propuesta para el fortalecimiento institucional de la Biblioteca Nacional y por el cual deberán destinarle la cifra de treinta y cinco mil soles.

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Una quinta contratación pretendida, que tiene como protagonista una vez más a la jefatura institucional, pretende utilizar doce mil soles para pagar un servicio de asistencia legal para la jefatura encabezada por Ana Peña Cardoza.

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Se suele decir que el dinero destinado al sector cultura no es gasto sino inversión, pero la comprobada falta de capacidad y experiencia de quienes hoy tienen un encargo tan importante como es el manejo de la Biblioteca Nacional del Perú llevan a que el dinero que hoy tienen bajo su administración sea, muy probablemente, malgastado y no una inversión eficiente.

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[EN UN LUGAR DE LA MANCHA] Sin embargo, no es este el tema que quiero tratar aquí, aunque todo lo que se diga en esta columna guardará siempre vinculación con la lectura. Quisiera comentar tres hechos puntuales. Este año, como recordarán, la Feria Internacional del Libro de Lima tenía como país invitado a México, pero un exabrupto político hizo que el señor López Obrador pateara el tablero y rechazara la invitación. Eso, felizmente no empañó el evento. La FIL se realizó de igual modo, con gran afluencia de público, buen nivel de ventas, pero eso sí, con la pena de no contar con el invitado, un país de poderosa tradición literaria.

El segundo hecho que quiero puntualizar es el siguiente: hacia fines de octubre, si mal no recuerdo, el Congreso de la República, en uno de sus pocos aciertos en materia de cultura, acaso el único, hizo que la exoneración al IGV al libro en el Perú fuera permanente, de modo que no se tuviera que pasar cada tres o cuatro años por la ordalía de renovarla. Motivos ajenos a la actividad editorial (los vaivenes en el precio del papel, por ejemplo) no han provocado quizá un reflejo inmediato en el precio de los libros, pero no deja de ser una buena noticia que se cuenta con ese respaldo legal. Lo pendiente: la devolución del IGV a los editores, sobre todo a los independientes, cuyo volumen de ventas es sustancialmente menor al de sus megacompetidores.

El tercer punto es la Feria Ricardo Palma, tradicional reunión de libreros que se realiza siempre en la parte final del año, en el parque Kennedy de Miraflores, su lugar natural, aun cuando en el pasado se intentaran otras locaciones. Hubo gran afluencia de público, actividades de interés y muchas novedades bibliográficas tanto locales como extranjeras. Como para no quejarse.

Finalmente, el Ministerio de Cultura realizó durante el año 2022 la Encuesta Nacional de Lectura, a nivel nacional y con una convocatoria masiva que llegó a casi 70 mil encuestados. ¿La magnitud del universo de esta encuesta la hará más confiable? Se espera que sí y ojalá que así sea. De cualquier forma será una herramienta útil para saber en qué situación estamos exactamente en materia de lectura. Por ahora solo un botón: el incremento de lectoría per cápita por año llega a 1.9, casi 2. ¿No es una buena noticia? Lo es, sin duda.

La pelea por la lectura tiene que librarse también en hogares y escuelas. Los padres deben comprender de una vez la importancia de formar el hábito lector en sus hijos, porque de esa manera estarán contribuyendo a construir futuros ciudadanos sensibles e informados; la escuela, por su parte, debe planear estrategias de lectura más realistas y que permitan una conexión más profunda entre el estudiante y la realidad nacional, sin perder de vista el aspecto lúdico y placentero que debe acompañar el gesto de tomar un libro entre las manos.

Si podemos decir que el 2023 fue un buen año para el libro y la lectura en el Perú, no debemos dejar de lado que hay muchas y más grandes tareas por delante. Sigamos trabajando por un país de lectores. No puede ser malo informarse, analizar, juzgar críticamente, interpretar y conocer más a fondo del mundo en que vivimos. Amén.

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[INFORMES] Hace aproximadamente unos 40,000 años, los neardentales que habitaban el actual territorio francés decidieron un buen día enterrar a sus muertos, creando una práctica que unos 25,000 años después se convertiría en el ritual sagrado de despedir y de enterrar a los fallecidos en terrenos destinados exclusivamente para ese fin.

Como quiera que desde ese lejano día, en que los miembros de esa comunidad humana ahora desaparecida decidieron guardar bajo tierra los restos de sus parientes fallecidos, hasta hoy han muerto unos 100 mil millones de seres humanos, según el Population Reference Bureau de Washington, el área ocupada por los muertos es inmensa, sobre todo en el vasto territorio euroasiático.

Si descontamos los cientos de miles de hombres, de mujeres y de niños enterrados en tumbas individuales o familiares en todos los continentes habitados por los cazadores y por los recolectores antes de la transformación de estos en seres sedentarios que aprendieron a domesticar a los animales y a cultivar estacionalmente los frutos y las verduras que antes recogían en su actividad nómada, nos quedan aún miles de millones de humanos enterrados en los cementerios que los humanos sedentarios crearon en los alrededores de las aldeas creadas hace más o menos 12,000 años.

Y este es el punto fundamental de la discusión abierta por los defensores de la intangibilidad de los terrenos situados cerca de los cientos de huacas existentes sólo en la ciudad de Lima. Pero antes de darle la palabra al arqueólogo Luis Jaime Castillo, ex ministro de Cultura, tenemos que describir rápidamente la epopeya de los primeros habitantes de América, quienes en un periodo no menor de 15,000 años y no mayor de 20,000 años poblaron el continente entero, y, para mayor gloria de sus descendientes en estas tierras, crearon Caral, las culturas Moche y Chimú en el norte y la Nasca en el sur.

Es en la parte peruana de esta epopeya sudamericana que sus primeros ocupantes crearon el mayor territorio arqueológico del planeta Tierra, y lo hicieron sin descubrir el uso de la rueda ni la escritura, que a otros hombres de esa misma época pero en otras latitudes les sirvió para recorrer mayores espacios en menos tiempo y trasmitir experiencias a sus descendientes.

Pero, mejor, leamos que nos dice nuestro entrevistado.

El ex ministro de Cultura, Luis Jaime Castillo, responde a los que defienden una deficitaria Ley de Cultura

¿Por qué nuestro país, que posee el patrimonio arqueológico más importante de América y cuya área es la más grande del planeta, no tiene las leyes que lo protejan y no colisionen con el imparable desarrollo inmobiliario del país?

El Perú es un país riquísimo en patrimonio cultural. En nuestro continente, solamente México tiene un patrimonio cultural comparable al peruano. El patrimonio peruano, en material mueble e inmueble no solamente es excepcional, sino que es numerosísimo y está en todas partes: las evidencias arqueológicas pre incas, incas, virreinales y republicanas están por todas partes, eso es algo que caracteriza la identidad nacional. Las evidencias las tenemos tan cerca que los peruanos no nos damos cuenta, pero si tú viajas a la Argentina encuentras que el edificio más antiguo es de 1890, vas a Chile y pasa lo mismo. En nuestro país, solo Lima tiene más de 350 huacas.

Las culturas del Perú antiguo se desarrollaron aisladas del resto del mundo, no recibieron influencia alguna ni de México ni de China ni de Europa ni de ninguna otra parte: todo lo que se conoce aquí en la parte arqueológica es creación independiente, aquí se inventó la cerámica; la metalurgia y la textilería existieron también en otros lugares, pero aquí se inventaron paralelamente sin influencia externa. Lo que hay en el Perú es sólo comparable con lo que hay en la China, con lo que hay en la India y lo que hay en Irak; con lo que hay en Grecia, en Roma y en México.

Es más, las expresiones físicas del patrimonio cultural son decrecientes, porque a diferencia del patrimonio natural una vez que se destruyen no vuelven. Y, además, nosotros hemos heredado ese patrimonio cultural, nosotros no hemos hecho nada para merecernos Machu Picchu, Chan Chan, Chavín de Huántar, por lo tanto tenemos la responsabilidad de legar esas maravillas a las siguientes generaciones, y tal como las recibimos.

Las invasiones en la zona Intangible de Chan Chan y otras zonas arqueológicas del Perú es una amenaza constante ante la inacción de las autoridades.

Aquí hablamos de patrimonio cultural, pero en realidad la palabra es herencia cultural, porque ese patrimonio nos lo va a reclamar la siguiente generación. Y en este momento tenemos que hablar de armonización, porque evidentemente en un país con tanto patrimonio usted tiene que balancear lo que ha heredado y lo que necesita para el futuro, o sea, hay que armonizar la protección con la necesidad del desarrollo. Y en base de ese principio durante años se ha generado una política de protección, de salvaguardia del patrimonio cultural. Esa política, a su vez, tiene una normativa, unos procedimientos, que permiten que se proteja el patrimonio y, también, que se desarrolle la sociedad como debe desarrollarse, que usted pueda hacer carreteras, que usted pueda hacer aeropuertos y pueda hacer una serie de cosas sin afectar la herencia cultural. Esas acciones desarrollistas a veces entran en conflicto, por ejemplo, con la construcción del aeropuerto de Chincheros, que un primer momento se quiso hacer a la mala: lo haga y no me importa lo que se destruye. Y el Ministerio de Cultura dijo “nosotros no vamos a autorizar la construcción del aeropuerto hasta asegurarnos que no se destruya nada”. Claro, hay gente que tiene opiniones divergentes, que dicen que ahí no debe haber un aeropuerto, pero hay que transar entre las dos opiniones contrarias. Ese es mi concepto de armonizar el pasado con el futuro. De cara a esa solución, a lo largo del tiempo se han ido gestando una serie de leyes y de reglamentos que regulan lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer; en base a todo eso se creó la Ley General de Patrimonio Cultural, que es una de las grandes leyes que existen en el país. Que a su vez esa ley tiene reglamentos, y, además, en torno al tema existen otras leyes y otros decretos firmados por presidentes y ministros, que no sólo regulan el tema arqueológico, sino también lo histórico, completan lo que no está en la ley original, convirtiendo la ley en una ley súper completa. Entonces, en junio de este año, entre gallos y medianoche, nuestro “ilustre” Congreso hizo una reforma a la ley, modificando la ley en una serie de capítulos. Si nos atenemos a las leyes, cuando el Congreso tiene una propuesta para modificar una ley, se la tiene que pasar al sector presuntamente afectado, y este sector puede y debe comunicarle las objeciones y decir “no va”. Por lo tanto la modificación es inconstitucional. Lo raro del caso es que la ley no fue observada por el sector Cultura, simplemente dejó pasar las modificaciones. Y aquí voy al tema: la ley modificada contiene una serie de barbaridades, es una Ley Frankenstein hecha con piezas de diferentes cuerpos. Es una ley estalinista que prohíbe los museos privados, pone a todos los museos bajo el brazo de hierro del Ministerio de Cultura, el cual decide cuáles museos pueden funcionar y cuáles no. Y es estalinista, además, porque el Director de Museos del Ministerio de Cultura es un comunista llamado Carlos del Águila, quien, felizmente, ya salió del ministerio. Pero la ley es, además, bárbara, porque permite que las casonas, los campos como el que ocupa el Morro Solar y los sitios arqueológicos puedan ser afectados en su integridad sin levantarles su condición patrimonial. Es una ley para lotizar los sitios arqueológicos y las casonas republicanas; parece ser una ley redactada por la sociedad nacional de traficantes de terrenos. La ley fue publicada en junio y antes de cumplir seis meses fue publicado el reglamento. La ley y reglamento permiten que cualquier empleadito de Defensa Civil pueda declarar inhabitable una casona y ordenar su demolición. Cuando se conoció la magnitud del despropósito, los arqueólogos comenzaron a moverse, los arquitectos colegiados también, intentando parar en seco la ley estalinista. Es en ese contexto que la mayoría de ex ministros de Cultura de diferentes tendencias políticas y sellos ideológicos firmamos un comunicado en defensa cerrada del patrimonio cultural del país, que, nuevamente, repito no es nuestro, porque tenemos que entregárselo íntegro a las nuevas generaciones, ya que es parte de nuestra identidad nacional. Como el Perú es un país establecido en una gigantesca área arqueológica, para muchos una de las más extensas del mundo. Hay miles de razones para defender ese patrimonio cultural, sin cortar las posibilidades de desarrollo de los linderos de los sitios arqueológicos. Para eso existe un sistema de protección, entonces, para socavar el sistema de protección existente en el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en Superficie (Cira), pareciera que la ministra Leslie Urteaga están buscando la forma de perforar las leyes que protegen nuestro patrimonio, y, de esa forma, dejar en manos de los traficantes de tierras el futuro de Chan Chan, de Caral, de Chavin de Huántar y, probablemente, Machu Picchu.

Para entender quiénes fueron los congresistas que se pusieron de acuerdo para perforar la ley que protege los activos arqueológicos del Estado, y cómo encontraron el apoyo de la actual ministra de Cultura, Leslie Urteaga, para intentar empoderar a los traficantes de tierras, le preguntamos al congresista Héctor Acuña, presidente de la Comisión de Cultura del Congreso:

¿Cómo se gestó el texto de la ley depredadora de los activos arqueológicos del Perú?

En 2022, cuando el congresista Alex Randu Flores presidía la Comisión de Cultura, un grupo de parlamentarios liderado por él produjo un dictamen aprobando ese acumulado de proyectos de ley que luego se transformaría en el texto depredador de los bienes nacionales. Cuando en agosto de ese año asumí la presidencia de esa comisión, los congresistas integrantes de esta dijeron que el dictamen aprobado no reunía los requisitos legales, y solicitamos al pleno que lo devuelva a la Comisión. Y dos o tres meses después, el dictamen regresa a la Comisión, aprobándose por mayoría y publicándose en junio de 2023. Se dijo, entonces, que esa ley protegería, mejorarla y utilizarla las nuevas herramientas contractuales y de gestión de proyectos para la sostenibilidad de los sitios arqueológicos. Es decir, que las huacas y monumentos sean súper protegidos y no amenazados como las ciudadelas de Caral y de Chan Chan, donde se han construido edificios de cuatro pisos ante la indiferencia del alcalde y la aquiescencia del ministerio, cuyas autoridades dicen que esos edificios tienen más de trece años de construcción.

Los invasores construyeron viviendas rústicas y realizaron surcos para colocar árboles de plátano y de tuna, dando inicio a un supuesto proyecto agrícola para apropiarse de más de una hectárea del sitio arqueológico de la Civilización Caral.

A propósito de eso, mi equipo de asesores ha revisado ese despropósito y ha concluido que en la ley que creó el Ministerio de Cultura existe la novena disposición que obligaba a ese portafolio a transferir en un plazo máximo de 120 días las unidades departamentales del extinto Instituto Nacional de Cultura (INC) a los gobiernos regionales. ¿Qué ha hecho el Ministerio con esa orden ejecutiva? Nada, nada de nada,

El año pasado les dije a mis colegas congresistas que no podemos seguir tolerando que todos los años el sector Cultura siga evitando la transferencia a los gobiernos regionales. Les dije: ¿entonces de qué descentralización estamos hablando?

Cuando en julio el Ministerio de Cultura publica un proyecto de reglamento que elimina el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (Cira), los arqueólogos saltan hasta el techo y publican el comunicado contra el sector Cultura. Entonces, a pedido de varios congresistas se crearon unas mesas de trabajo que han concluido que se debe derogar la Ley 31770. Ese solo acto no arreglaría todo el problema, porque si no se aplica la novena disposición nunca habrá dinero para enfrentar todos los problemas.

En la primera reunión de trabajo también estuvo presente la viceministra de Cultura Haydeé Victoria Rosas Chávez.

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[CASITA DE CARTÓN] Este columnista no puede dejar de estar atento y a su vez entristecido ante la lamentable situación social que atravesamos, con un congreso y ejecutivo cada vez más desprestigiados y aferrados a la mamadera del estado, y con un repudio cada vez más grande y abrumador que el sol que aún acompañan por las tardes en este invierno triste y raro. Pero no solo eso me aqueja, sino también el penoso conflicto social que yace entre nosotros, los mismos peruanos, cada vez más divididos y sectorizados, como enemistados a muerte. Y justamente de esto, toma parte la exposición de Mary Ann Agurto, gestora cultural, cronista y poeta, entre otras facetas relacionadas al mundo del arte, y que viene de ganar merecidamente por su contenido e innovación en su trabajo, Estímulos Económicos otorgados por el Ministerio de Cultura.

Esta obra que, como su título lo señala, busca la trascendencia de nuestra memoria, es decir, trasladar del pasado al presente y a las siguientes generaciones el patrimonio cultural que vive en cada uno de los peruanos. La memoria de nuestra cultura, que mucho obviamos o lo dejamos al margen al estar ensimismados en nuestros quehaceres, engullidos en nuestra monotonía, pero que está presente hasta con el saludo o el “pe” clásico, entre otros distintivos que nos diferencia como sociedad y que nos acompañarán para todos lados, sea el país o vientos en que nos encontremos. De esto también refiere esta exposición que está dividida en tres partes.

Callao: Comienza con el barrio de la alegría y la salsa. Ya que ella es chalaca y de pura cepa, ya que nació por las arenas de nuestra ciudad portuaria. La autora ve este pasaje desde los lentes de una arqueóloga, que es lo que estudia en la Decana de América, aplicando el método transfer, y vemos la geografía en donde se dan los primeros pasos en su lugar en el mundo, que puede ser como el de cualquiera otro, el lugar donde naciste y que vas forjando, inevitablemente, tu identidad, con la familia, el barrio, los amigos, las calles, las tienditas y los vecinos, todo lo que comprende el cimiento de nuestro árbol social.

2016: Es la segunda etapa y se manifiesta dentro del derrotero de la artista en la sociedad, ya dejado su nidito y su familia y volando por otras latitudes. Estos números en mención son del año en que se murieron muchas personas cercanas a ellas, entre ellos artistas de la talla de Javier Salazar o Rodolfo Hinostroza (de los que decide hacerles un homenaje), grandes amigos de la fotógrafa. “Cada semana o mes presenciaba un funeral, no tenía fin”, cuenta. De la misma manera, es en aquel año donde decide romper con la vorágine cotidiana que llevaba para encaminarse de lleno en el arduo y duro oficio del arte, que es a donde pertenece y del lugar del que nunca se irá. Es allí que su identidad es sucumbida por esa nueva gente que conoce y que forma parte de su nueva obra, su nueva vida, y ese descubrimiento al ejercer día a día lo que lo apasiona.

¿Realmente quieres hacerme daño?: La tercera y no por eso menos atrapante. Acá ya es donde se interioriza en la sociedad dentro de la labor del artista y con una semblanza profunda, basado en la memoria y en relación a dos fenómenos que nos involucran como sociedad. Con una gráfica interesante de fotos, llegamos al capítulo más reflexivo: el conflicto armado interno y el feminicidio.  De aquel periodo aciago, trae una experiencia vivencial con el gran poeta Domingo de Ramos, en Ayacucho, y en relación a un residente de allá, que le “dolía recordar ese pasado”, mostrando el grado en el que aún hoy está vigente aquella herida social y que muchas veces no queremos hablar, o si se hace es con fines políticos como sucede en la política actual. Y en torno al feminicidio y la complejidad de la mujer en una sociedad violenta en la que estamos, con una estructura social donde las injusticias priman. Es aquí donde percibimos claramente que la violencia está dentro de la memoria colectiva y la identidad de uno, lastimosamente forjado por una sociedad enferma.

Detalle no menor, y es que no es casualidad que Sarita Colonia esté presente en la portada de la obra. “Sarita es mi memoria, mi casa casa, mi familia, mi barrio. Mi patrimonio ante el mundo y las siguientes generaciones”, detalla conmovida. “Y las urnas, como las que en donde depositamos el futuro de nuestro país o las urnas funerarias, como donde reposa mi padre, todo lo que hizo en este mundo, sus sueños, y todo, terminó en una caja”.

Mary Ann nos demuestra que la memoria es parte intrínseca de cada uno, nuestro primordial tesoro, donde están inexorablemente envueltos nuestros recuerdos que son parte de nuestro porvenir. Entendemos en relación al conjunto del taller, la memorable frase del filósofo existencialista Jean Paul Sartre: “Cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él”.  Y de la misma manera aceptar lo ya acaecido. La memoria no debería doler, ya que si sucede buscamos naturalmente negarlo y con eso nos estamos condenándonos a que vuelvan a suceder en algún momento, ya que no hay fin ni comienzo, sino un perecedero andar si no lo asimilamos.

Esta casita de Cartón cierra sus puertas con los versos del eterno poeta, Antonio Machado: “Todo pasa y todo queda, / pero lo nuestro es pasar, /pasar haciendo caminos, / caminos sobre el mar”. Y me pregunto: ¿qué son las memorias sino el legado ante los vientos que dejamos? La rama familiar, mis sueños, mi vida. A su vez, ¿qué son nuestros recuerdos y memorias sino nuestro patrimonio único como personas? Todo esto me ha producido esta solemne obra que tendrá su cierra este Lunes 24 a las 7 pm en la Galería Kapulí, en Barranco. No vendría nada mal para comenzar la semana de manera reflexiva y pensar, algo que necesitamos imperantemente en estos tiempos, sobre nuestra realidad no solo personal sino social, porque si no entendemos las cosas a profundidad que nos conciernen estamos condenándonos a que vuelvan a suceder. No falten.

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[EN UN LUGAR DE LA MANCHA] Cuando se promociona al Perú en el extranjero se habla siempre de un país con cinco mil años de historia, con decenas de lenguas originarias, en fin, de un territorio que tiene el raro privilegio de tener varias edades y cosmovisiones a la vez. Todo queda en las vitrinas de la hipocresía y la incoherencia, porque en la práctica, los bienes de los que nos sentimos tan orgullosos son maltratados sin mayor trámite. En tanto, el Ministerio de Cultura sigue pregonando con celo su trabajo en favor de la identidad cultural del país. A este paso, estoy seguro, no quedará ninguna en pie.

Y como esto parece una competencia de necios, el Congreso no se puede quedar atrás y acaba de aprobar una ley que, a manera de obsequio, otorga el nombramiento sin examen a los maestros de escuelas públicas. Adiós meritocracia. ¿Quién sustentó esta deplorable iniciativa? Nada menos que José Luna, sí, uno de los azotes de Sunedu y amo y señor de Telesup, la universidad de siete pisos en fachada y solo cuatro construidos. La educación como simulacro sigue su rumbo triunfal.

Luego de esto cualquier educador o trabajador cultural pensante diría que no se puede caer más bajo. Malas noticias: en educación y cultura en nuestro país al fondo siempre hay sitio. Presupuestos magros, desigualdades humanas y de infraestructura que rozan la infamia, medios de comunicación que en su mayoría no tienen la más mínima voluntad de abordar ningún asunto cultural, escuelas a su suerte, maestros a la suya. Por si acaso no creo en cuotas impuestas, pero ante tal imperio de la idiotez, francamente ganas no faltan.

¿Qué más quisieran hacer, señores del Ejecutivo y el Legislativo? Les propongo, por ejemplo, un impuesto a la lectura, otro a la creación musical y uno más a las danzas. A los artistas plásticos cáiganles con todo. Otra idea coherente con el tamaño de su inteligencia podría ser derrumbar de una vez el requisito de ser Maestro o Doctor para enseñar en una universidad, para emparejar el suelo con las escuelas públicas y terminar con esas molestias que vienen con el intento de hacer un trabajo de calidad y basado en méritos. Dinamiten la gratuidad escolar. ¡Terminen de una vez con la cultura y la educación, nada les falta para lograrlo!

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También el viernes 5 de mayo se presenta el valioso volumen «Vallejo a un siglo de Trilce: nuevos estudios», editado por José Antonio Mazzotti y publicado este 2023 por el Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo, la Asociación Internacional de Peruanistas y la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana. La presentación estará a cargo de los reconocidos investigadores Jorge Kishimoto y Marcel Velázquez.

También habrá libros de otras activas editoriales universitarias como la de la Pontificia Universidad Católica del Perú, las ya mencionadas UNMSM y Universidad Ricardo Palma, la Universidad del Altiplano, la Universidad Nacional Agraria La Molina, la Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad Científica del Sur y muchas más.

Dése una vuelta por San Borja si quiere enterarse de lo último que se está produciendo en materia de investigación en el país. Así también se hace patria.

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Los ruegos de la doctora Shady para preservar el patrimonio arqueológico más antiguo del hemisferio sur logran convencer a las máximas instancias del Ministerio del Interior, las cuales autorizan a la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas para que le asignen una casa pequeña ubicada en Las Lomas de La Molina. Según la doctora Shady, los responsables del sector le dijeron: “aquí está este local, ocúpelo; no se preocupe por los reclamos de terceros, esos van a demorar un largo tiempo”. Recién en 2018, el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) nos informa que iba a subastar el local. En ese momento, me dije que había que buscar una salida porque una vez rematado habría que desalojar. Pero antes, como Pronabi pertenecía al Ministerio de Justicia, fui a hablar con el titular del sector, Vicente Zeballos y él me dijo que seguramente Pronabi necesitaba vender para agenciarse de fondos, pero que no me preocupe porque no nos iban ‘a lanzar’ de la noche a la mañana; con tranquilidad vamos a ver internamente esto. Y así pasaron la pandemia del coronavirus y más de tres años y medio de silencio administrativo, hasta que, en octubre de 2022, nos volvieron a pedir el local. En ese mismo momento, fui a buscar a la ministra de Cultura de entonces para pedirle un espacio en el edificio del ministerio. La ministra llamó a su abogado y también al procurador, quien me dijo que no nos preocupáramos porque en 2021 había salido un decreto supremo que decía que si una entidad del Estado tenía un bien inmueble en posesión no podía ser desalojada y que se lo harían llegar al Pronabi antes que el inmueble sea subastado y porque además tenemos en esa casa 15 años.

Entonces, a pedido de las partes, tuvimos una reunión con Pronabi, con la ministra de Cultura y con funcionarios de Justicia; en la reunión no le hicieron caso al decreto supremo, y, más bien, nos dijeron que Pronabi había subastado la casa de Las Lomas el 19 de diciembre de 2022. El nuevo ministro de Justicia me dijo que reconocía el trabajo de los profesionales de la Zona Arqueológica Caral (ZAC) y que iba a hacer lo posible para darnos una solución satisfactoria, lo mismo dijo el alcalde de La Molina, quien ofreció donar un terreno, pero no la construcción. A todos los funcionarios de los diferentes niveles y sectores les hemos dicho que en el pequeño local de Las Lomas de La Molina, está perfectamente acondicionado para guardar las reliquias, también tenemos laboratorio y archivo con cientos de piezas y documentos que les dan validez. Es mi orgullo y debería ser el orgullo del Perú”.

Oficina de la Zona Arqueológica Caral, ubicada en Las Lomas de La Molina, inmueble que fue subastado por Pronabi a finales del año pasado.

La compra, la venta y el probable alquiler 

Roger Hugo Gerónimo Miranda es un peruano como muchos, pero un afortunado como pocos que se hizo acreedor junto a su esposa Rosario Zegarra Rodríguez de la casa de Las Lomas de la Molina por el monto de ochocientos noventa y dos mil novecientos ochenta soles. El funcionario de Aduanas durante largos años, con ese sueldo pequeño y nunca indexado pudo darse maña para comprar y vender casas y camiones, ilusiones propias y ajenas. 

Lo llamamos y nos contestó:

“Yo he comprado (la casa de Las Lomas de La Molina) de manera legal, los funcionarios de Pronabi hicieron una convocatoria en la cual yo participé y ahora ellos (los de Caral) tienen que retirarse. No la estoy ofreciendo en alquiler, pero el Ministerio de Cultura es el que me pide que se la alquile. Le he respondido ‘que puede ser’ y hemos negociado durante una semana. Quiero decirle que lo que he hecho es totalmente legal, ella (la doctora Shady) es la que está actuando de manera ilegal, porque se ha debido retirar de la casa y no le ha dado la gana de retirarse. Ellos (los arqueólogos de Caral) simplemente tienen que irse, no tienen nada que los ampare, porque yo no estoy dispuesto a aceptar la nulidad de la compra-venta. Yo he comprado la casa porque me interesa. Ahora bien, si quieren comprármela estoy dispuesto a vendérsela, pero no al precio de la adquisición, sino al precio de mercado”.

Al terminar la conversación, Roger Hugo Gerónimo Miranda nos dijo: “las sospechas sobre el origen del dinero (ochocientos mil soles, según los informantes) pueden darse, pero yo tengo más de treinta años trabajando en Sunat. Es imposible que no pueda demostrar de dónde sale ese dinero”, nos dice el afortunado funcionario.

Y finaliza con un contundente: “una donación (de la casa) es imposible”.

Roger Hugo Gerónimo Miranda, funcionario de Sunat y ganador de la subasta que lo convirtió en dueño de la propiedad que ocupa la Zona Arqueológica de Caral.

Recapitulemos lo conocido hasta ahora en este “cultoricidio”; tenemos, primero, a una burocracia insensible en la Universidad de San Marcos donde la doctora Shady, sus arqueólogos y sus asistentes estuvieron amontonados hasta el descubrimiento de Caral en 1997. Cuando en 2002, la Universidad de San Marcos obliga a la arqueóloga y a su gente a dejar el campus, la doctora Shady averigua que ese acto indigno fue debido a que el monto asignado a Caral estaba dentro del presupuesto de la universidad, por lo que el rector Manuel Burga sabía que si terminaba el vínculo laboral, él podría disponer de ese dinero para otros fines. Tenemos, después a empleados públicos de rango medio y alto en el Instituto Nacional de Cultura, en los ministerios de Cultura (fundado en 2010), del Interior (“dueño” transitorio de los bienes embargados a los narcotraficantes) y de Justicia, donde el procurador Erick Samuel Villaverde Sotelo, le dijo a la descubridora del asentamiento humano más antiguo del continente: “yo a usted no la conozco, no sé lo que es Caral”, en la última reunión que tuvieron las partes después que Villaverde Sotelo denunciara a Ruth Shady por el delito de peculado doloso en contra del Estado por el hecho de ocupar una casa cedida por el Ministerio del Interior.

El procurador público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos decidió denunciar a Ruth Shady por los presuntos delitos de peculado doloso en agravio del Estado.

Villaverde Sotelo, quien el año pasado no sabía quién era Ruth Shady ni qué era Caral es un abogado graduado en la Universidad San Martín y doctorado en Ciencias Penales en la misma universidad. Nosotros ya lo conocemos, señor.

Para entender cómo se pueden cometer tantos vejámenes contra una científica de figuración mundial sin que ninguna autoridad haga nada, le pedimos una entrevista al ingeniero Héctor Acuña Peralta, presidente de la Comisión de Cultura del Congreso de la República.

Ingeniero, todos sabemos las comisiones ordinarias del Congreso tienen como misión fiscalizar a cada uno de los sectores gubernamentales, por eso su comisión tendría que saber qué pasa en el ámbito cultural del Estado, y, por consiguiente, ¿qué hará el Poder Legislativo para amparar no solo a la doctora Shady, sino a Caral?

HA: Nuestra comisión solicitó el 5 de enero que Pronabi nos haga llegar información sobre el tema, porque no entendíamos cómo una entidad del Estado pudiera estar enfrentada a otra entidad, el Estado contra el Estado, donde Pronabi prioriza su interés económico y no los grandes intereses culturales de la Nación. Más aún, al margen de lo que diga el procurador del Ministerio de Justicia, todos debemos saber que hay un Decreto Supremo, el 001-2021 de esa institución, que dice claramente que los inmuebles que hayan sido asignados en uso temporal antes de la entrada en vigencia de la norma podrán asignarse definitivamente a aquellas entidades que los ocupan durante un plazo no menor de diez años continuos.

Es más, creo que algo raro está pasando, algo está descomponiéndose, algo huele muy mal. Voy a interesarme a fondo, no solo por Caral y la doctora, sino por todo el patrimonio histórico de nuestro país.

Para finalizar, el Ministerio de Cultura ha accedido a otorgarles un espacio en el segundo piso del edificio ministerial en San Borja, pero la mudanza tomará de dos a tres meses porque se necesita acondicionar el local y que las piezas arqueológicas sean trasladadas de manera especial por sus características. 

Sobre el futuro de la demanda del procurador a la científica, pues esta sigue su curso con una primera citación para el 3 de marzo, esperamos que el titular de Justicia, el presidente de la Comisión de Cultura del Congreso y el tino les ganen la mano a los inciviles.

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