CIDH

El gobierno de Dina Boluarte, rehén absoluto de la extrema derecha congresal, no tolera el sistema interamericano de derechos humanos. Se mantiene en él porque es consciente del escándalo mayúsculo que implicaría un retiro del mismo, pero dado el tenor de la carta que han enviado en conjunto la presidenta de la república y el titular del Congreso en protesta por una resolución de la CIDH, queda más que claro que la postura oficial es refractaria a los considerandos mínimos del sistema.

Llama particularmente a pasmo, la referencia -en la carta mencionada- al rechazo por primera vez oficial del término jurídico “conflicto armado interno”, el mismo que no implica ningún beneficio valorativo al terrorismo senderista o emerretista, pero cuya narrativa en ese sentido los dos principales poderes del Estado hacen por primera vez suya.

Los abogados que suelen acompañar a los voceros de la extrema derecha peruana saben muy bien que ese término no excluye la barbarie terrorista ni contemporiza con ella y comprende perfectamente lo sucedido en el país durante las épocas de la subversión.

Lo que en el fondo está en juego -y va de la mano con la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad cometidos en esos tiempos- es la cerrazón respecto de las violaciones a los derechos humanos que nuestras fuerzas armadas y policiales cometieron durante ese periodo, y que el país entero haría bien en no olvidar, porque la barbarie terrorista no la justificaba. Es más, cuando se cambió de política oficial antisubversiva -justamente en los tiempos fujimoristas- fue que se logró arrinconar y luego derrotar a Abimael Guzmán.

La carta firmada por Dina Boluarte y Alejandro Soto es vergonzosa. Constituye una falta de respeto a las víctimas de las tropelías oficiales -que no fueron pocas- y forma parte ya de la historia peruana de la infamia. El Perú, como sociedad democrática, debe hacer de la memoria un ejercicio cotidiano y recurrente. Sitios como el Lugar de la Memoria, El ojo que llora, documentos como el informe de la Comisión de la verdad o muestras como Yuyanapaq (que se puede visitar en el Ministerio de Cultura), no es casualidad que sean aborrecidos por quienes quieren negar la historia a su conveniencia y antojo. Lo que escandaliza es que la primera mandataria haga eco de esa visión macartista y negacionista de la que hace gala buena parte de la derecha peruana.

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Alejandro Soto, CIDH, comision interamericana de derechos humanos, derechos humanos, Lugar de la Memoria

[ENTREVISTAS]  El 5 de abril de 1993, a un año exacto del auto golpe de Alberto Fujimori, un grupo importante de políticos “jubilados” antes de tiempo por el régimen autocrático y jóvenes contestatarios formaron el llamado Foro Democrático del Perú, que le dio batalla política e ideológica durante el resto de la década al fujimorato. Entre los jóvenes integrantes del colectivo estuvo desde 1996 el ingeniero Juan Sheput Moore, quien posteriormente fue consejero presidencial de Alejandro Toledo y ministro de Trabajo del gobierno de este último. Invitado permanente a paneles de radio y televisión, columnista en diarios y semanarios, Sheput nos dice aquí cómo ve al país en estas horas difíciles.

Ingeniero Sheput, usted siempre ha estado pendiente de los zigzagueos del poder, de sus idas y venidas, ¿por qué cree que el poder político nacido hace un año es puramente reactivo, no acierta una, no la achunta, como dicen los chilenos?

Porque hay tres componentes fundamentales. En primer lugar, ha asumido protagonismo nacional una generación que está más preocupada por sus seguidores en las redes que de los problemas del país; en segundo lugar, es gente sin experiencia, independientemente de la edad que tiene y que ha encontrado en la política una vocación tardía, me refiero precisamente a los generales y almirantes que no tienen la menor idea de lo que es la política; y, en tercer lugar, el grave error de algunos políticos de bajar a ligas inferiores, como Rafael López Aliaga y César Acuña, dejando al país sin oposición, por lo tanto sin liderazgo en el antagonismo que siempre se necesita en política.

Usted que es un viajero constante a Colombia, un país de enorme potencial económico y con varios polos de desarrollo además de Bogotá, ¿por qué cree que sus ciudadanos eligieron a Gustavo Petro, un marxista de ideas trasnochadas?

Bueno, porque simplemente ahí hay una fuerte institucionalidad; eso me recuerda a un chiste británico que dice: “¿qué pasaría si una manada de monos toma la totalidad de los ministerios, y, obviamente, uno de ellos asume la responsabilidad de ser Primer Ministro?”. Y los británicos contestaron: “¡nada!”. “¿Por qué?, les repreguntan”. “Pues porque hay instituciones, y eso es independiente de las personas”. En el caso colombiano hay una serie de posiciones, algunas muy fuertes en el ámbito ecológico, en la igualdad de género, en respeto a las minorías, y, sobre todo, a las etnias, a las más vulnerables, que han calado muy fuerte en la juventud; y en ese sentido, la izquierda, independientemente de las ideas trasnochadas que puede tener en materia económica, tiene mucha llegada con la juventud que es mayoritaria en el país, y de ahí es que cada cierto tiempo, sobre todo en Bogotá, ganen la alcaldía y otros puestos de elección popular personas muy vinculadas a la izquierda. No nos olvidemos que el propio Petro fue alcalde de Bogotá, la capital colombiana. En esa ciudad de características muy especiales, en los últimos 23 años ha habido un predominio de alcaldes de izquierda, entonces eso irradia al resto de la República. Es más, la presidencia de Gustavo Petro está controlada por un Senado opositor, por los representantes -que es como llaman a los diputados- y por la Corte Suprema. Hay oposición, una muy fuerte oposición, y, sobre todo, una institución presidencial compuesta por los expresidentes que son la conciencia crítica del mandatario y todos han sido formados en las mejores escuelas de gobierno de Estados Unidos y Europa. Acá no, acá todos nuestros expresidentes están presos, han pasado una temporada en la cárcel o esperan sentencia para ingresar a una celda. Entonces no hay un alter ego, no hay una conciencia crítica. En ese sentido, Colombia es muy diferente al Perú.

¿Cuál es su opinión sobre la excarcelación del expresidente Fujimori, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sentado una posición contraria sobre ello, pareciera que no le perdonan al expresidente haber casi erradicado el terrorismo de nuestro país?

Yo creo que acá uno de los grandes errores del Perú es que el debate se ha vuelto casi totalmente jurídico y no político, vemos en diversas instancias que los que pelean en los medios de comunicación son los abogados y no los políticos como corresponde. Los abogados creen que la realidad se puede cambiar a punta de leyes, y si no está en la ley no se puede cambiar; los políticos muchas veces tienen que actuar en favor de su responsabilidad y en un marco legal mucho más amplio y se olvidan por eso que acá la institución del indulto es política, es una decisión del presidente de la República indultar a alguien, es una institución ciento por ciento política y por lo tanto en ese contexto se tiene que ver sí Pedro Pablo lo otorgó y el Tribunal Constitucional lo ratificó no tiene que haber pedidos ni de disculpas, ni resarciones económicas porque eso es mirar el reglamento y la ley y no mirar el contexto político que acompañó la decisión de Kuczynski.  Y además como bien se ha señalado y siguiendo en lo político hay decisiones en otros países de gente que ha preferido la gobernabilidad antes que la sugerencia o mandato de la Corte, un caso específico es Chile con el presidente Lagos que cuando le exigían que metiera presos a los militares incluyendo Pinochet, él dijo: “Primero está la gobernabilidad de Chile”, y no les hizo caso esas son decisiones políticas otra cosa que acá en el Perú no haya temperamento político ni calidad en los políticos  ni convicción para poder hacer eso.

¿Y sobre la posición de la Corte IDH, respecto a la excarcelación del expresidente Fujimori que abre una polémica con el Perú?

Las discusiones a nivel de la Corte IDH son discusiones de Estado, vale decir, el individuo no es la persona sino la entidad jurídica llamada Estado, es decir allí el individuo, no es la persona sino la entidad jurídica llamada Estado, por lo tanto, nuestro representante fundamental es el canciller en este caso el señor Javier Gonzáles Olaechea que es el que debe dar las explicaciones de la decisión del gobierno peruano ante la Corte, inclusive se ha solicitado un informe que tiene que elaborar el Ministerio de Justicia que se ha canalizado a través de la cancillería, un elemento que podría utilizar el señor canciller es el de complementar la posición peruana con representante de la sociedad civil o de partidos políticos, es una decisión que él podrá tomar, pues así, como los sectores opuestos al indulto viajan permanentemente a Washington para hablar de su incomodidad respecto a esa posibilidad ahora ya ejecutada, igualmente podría ir la parte peruana o la parte interesada a justificar  el indulto de Alberto Fujimori, es una cuestión de cómo se enfrenta y creo yo que tiene que ser colectivamente.

¿Con ese tema pendiente con la Corte IDH, existe la probabilidad de que el expresidente Fujimori regrese a la cárcel?

Siempre existe esa posibilidad, no solamente con la CIDH sino lo que pueda dictaminar la Corte Suprema, por eso yo no creo en elementos victoriosos, la lucha recién empieza, por eso señalaba que el problema no es tanto el indulto sino el día después, ya el 18 de diciembre el presidente tiene que acudir a un juicio oral en el cual se va a ver el caso Pativilca, entonces la situación de tensión permanece, por eso vuelvo a indicar, el tema es estrictamente político no es un tema jurídico y de la forma cómo se comporte el Gobierno y el fujimorismo y aquellos aliados o personas que han complementado el trabajo del fujimorismo en este proceso de indulto de eso dependerá la libertad de Alberto Fujimori, es evidente que la víctimas las ONGs y los partidos de izquierda van hacer lo imposible para que se revierte la situación de Alberto Fujimori.

¿De presentarse Keiko Fujimori a las próximas elecciones, cree usted que tenga alguna posibilidad de ganar?

Sí, yo mantengo mi posición que en política no hay imposibles y también creo que la cantidad de veces que alguien postula no dice absolutamente nada en relación a un eventual triunfo electoral, si no habría que preguntarle a Lula o a Pepe Mujica cómo a pesar de sus debacles políticas obtuvieron finalmente sus triunfos electorales. Todo depende básicamente del contexto, la decisión de postular no se da 2 años antes sino en el momento y dependiendo del contexto, yo no estoy dentro de aquellos que dicen que ya Keiko se tiene que mantener al margen de cualquier proceso electoral yo no creo en eso con ningún actor político, para mí no existen muertos ni jubilados en política. En estos momentos el fujimorismo es la fuerza más ordenada y disciplinada de este Parlamento de eso no hay ninguna duda, y además abona en favor de Keiko Fujimori el declive de César Acuña y de Rafael López Aliaga, ambos decidieron jugar en líneas menores, en lugar de constituirse en líderes de la oposición se convirtieron en toca puertas de la Presidenta para terminar pidiendo presupuesto. La historia dice que ningún alcalde se convierte en presidente y Rafael López Aliaga lo sabía porque como alcalde se convierte en subordinado del presupuesto nacional, no se puede pelear con el presidente no puedes y ahora vemos que ni siquiera puede conformar un buen equipo, entonces no solamente hay limitaciones políticas sino también limitaciones en la gestión; no es lo mismo ser un gran empresario o un buen empresario que un gestor público son lógicas distintas, así de simple.

¿Como entiende usted lo que está pasando en la Junta Nacional de Justicia (JNJ); estamos hablando quizá de una lucha de posiciones ideológicas a través de unas instituciones tambaleantes?

Es un poder en declive que esta enquistado en la Junta Nacional de Justicia que se niega a perder el poco poder que le queda, ellos saben perfectamente que no tienen la fuerza que antes tenían que venía básicamente del apoyo que le daba el sector progresista y obviamente lo que hay ahí es una guerra por permanecer en esa hegemonía, y como es un tema complejo detrás de ellos hay ONGs, estudios de abogados, sectores políticos, sindicatos, que no sólo están en la JNJ, sino en otros estamentos como el Poder Judicial por ejemplo, es una forma de consolidar posiciones, de tener poder de tener influencia de lograr fallos a favor, entonces definitivamente están perdiendo esa hegemonía y eso los obliga a hacer este tipo de ataques para permanecer ahí y sacar a quienes le sean incómodos.

Sobre la suspensión de la Fiscal de la Nación Patricia Benavides

En el caso de la Fiscal de la Nación ya no me asombra el doble estándar de la Junta Nacional de Justicia quienes se indignan si el Parlamento empieza una investigación sumaria contra ellos o contra la señora Zoraida Ávalos, por la cual inclusive salieron al frente y, por otro lado, empiezan un proceso sumarísimo súbito contra la fiscal Patricia Benavides, es por eso que no tienen credibilidad, por la forma distinta cómo se comportan ante hechos similares. En el caso de Zoraida Ávalos, avalan y asumen su defensa, en el caso de Patricia Benavides la condenan de antemano en el caso de ellos mismos argumentan que el Congreso no los puede investigar que no pueden avalar un proceso sumario y en el caso de Patricia Benavides empiezan un proceso sumarísimo y en 72 horas sobre la base de unos pantallazos suspenden a toda una Fiscal de la Nación, es por eso que creo yo que se tiene que reorganizar la Junta Nacional de Justicia y el Congreso por otro lados está demostrando su ingenuidad una vez más, en política la debilidad nunca termina de pagarse, el Congreso pone la otra mejilla en el caso de la Junta Nacional de Justicia y esta les responde suspendiendo a Patricia Benavides, es parte de la ingenuidad que reina que habita en los parlamentarios actuales.

Podría reflexionar sobre el porqué de la salida de Pedro Castillo antes de cumplir año y medio en el poder, si tenía 44 votos que impedían su destitución en el Congreso y contaba con una altísima aprobación en el sur del país.

En el caso de Pedro castillo lo que sucede es que empezó a cometer actos de corrupción en un contexto de deterioro económico que los convertía en un personaje insalvable. La corrupción hace que la persona piense más en su supervivencia que en los problemas de la gente. La corrupción, por ejemplo, desatada en el año 2000 era la que impulsaba al régimen fujimorista a ir por una re-reelección, la corrupción es la que obligaba a Vizcarra a mantenerse en el cargo y hacer un golpe interno, y en este caso la corrupción de este señor el temor de que su familia empiece a ir presa, lo llevó hacer un golpe que lo convirtió en indefendible, y, por otro lado, como los 44 parlamentarios de Pedro Castillo más la diferencia tienen como objetivo fundamental sobrevivir al año 2026, entonces la lealtad era a su curul  y a su quincena más que a Pedro castillo, es la más volátil de las lealtades, entonces cuando vieron peligrar su remuneración  y su beneficio entonces no dudaron en traicionarlo.

Como ve las próximas semanas y meses en nuestra política nacional, ¿cree que Dina Boluarte podrá llegar por lo menos en cuidados intensivos al relevo constitucional de 2026?

No, Dina Boluarte es tan poca cosa en política, que no se da cuenta que su principal escollo es el señor Alberto Otárola su principal lastre, yo nunca he visto tanta inexperiencia política como la que encarna Dina Boluarte, creer que una persona que tiene menos popularidad que ella le va a servir de soporte hasta el año 2026 es realmente algo ingenuo. El señor Otárola no tiene dimensión ni respeto político, y él es el que debería abrir esta oportunidad para el Gobierno, cada vez que declara el señor Otárola su declaración sale en la página 10 del periódico en una pequeña esquina, esa es su dimensión política inclusive la presidenta de la República puede dar un mensaje a la nación hoy y mañana no tiene ninguna importancia y no le mueve un dedo a la gente, la señora Boluarte no se da cuenta que la única manera de reflotar es poniendo un gabinete de primer nivel y si ella quiere que se vaya dos años de viaje y que deje al gabinete que conduzca los problemas del país hasta el año 2026, pero como no piensa hacer eso sus posibilidades de sobrevivencia van a ser mínimas, el Congreso no la va a sacar, ella va a tener que renunciar porque el Perú en un contexto de crisis institucional, económica y delictiva pues simplemente se va a convertir en inmanejable, dos años y medio es demasiado para seguir con el mismo orden de cosas.

¿Esta crisis institucional de la que me habla cree usted que genere en la próxima campaña electoral un fenómeno Milei como el que vimos en Argentina?

No, no creo yo que la derecha se convierte en opción porque la gran mayoría de peruanos cree que la derecha está gobernando, y eso es un error de la derecha torpe que en estos momentos está en el Parlamento. Yo tengo oportunidad de conversar con muchos medios de provincias en forma diaria y el sentimiento en el interior del país en buena parte inclusive del sector limeño cree que gobierna la derecha, porque la derecha es la que soporta a Dina Boluarte, la derecha es la que tolera gente como Otárola o el Ministro de Defensa que es otro incompetente y la derecha es la que sale en su defensa, basta con ver las declaraciones de Rafael López Aliaga para ver cómo blinda permanente tanto a Otárola como a la señora Boluarte, entonces en el péndulo electoral mayores posibilidades va a tener la izquierda sin ninguna duda y va a venir acompañada esa opción de izquierda con la convocatoria a Asamblea Constituyente, ese es el gran error histórico que está cometiendo la derecha en estos momento por su poca capacidad intelectual y política.

Usted ha sido congresista, ¿cuál es su opinión sobre el Congreso actual?

Yo no podría catalogarlo como el peor Congreso porque esa etiqueta se les da a todos los congresos y eso es mundial, pero yo sí creo que es el Congreso más despreciado, tanto se le desprecia que a la gente le ha dejado de importar, actúan con una desfachatez impresionante priorizando beneficios económicos por encima de los intereses de la patria y se han convertido no en transformadores de la realidad que le corresponde a un Parlamento, es un Congreso formado por 130 opinólogos que no tienen ninguna fuerza política para transformar el rumbo de los acontecimientos. No será el peor Congreso porque eso se les atribuye a todos, pero si será el más despreciado sin ninguna duda de este siglo.

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Asimismo, puede servir como una herramienta para renovar la política y el discurso público. Los nuevos ministros pueden aportar ideas frescas y nuevas perspectivas a los debates políticos, lo que puede enriquecer el debate y dar lugar a soluciones más creativas e innovadoras. Además, el recambio ministerial puede ser una oportunidad para renovar la agenda política y enfocarla en temas que son de mayor interés para la sociedad.

Por último, puede ser una oportunidad para mejorar la calidad del liderazgo político. La selección de los nuevos ministros es una oportunidad para buscar personas con experiencia, capacidad y liderazgo, que estén dispuestas a asumir los desafíos que enfrenta el país. Esto puede mejorar la calidad de la toma de decisiones y permitir que el gobierno esté mejor preparado para afrontar los desafíos políticos y sociales que se presenten en el futuro.

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Se afirma que el gobierno se encontraba en una situación muy compleja, a la vez que se condena el uso desproporcionado de la fuerza y de armas letales que terminaron con la vida de decenas de personas. De esta forma la CIDH, insta al Estado a investigar las graves violaciones a los derechos humanos con enfoque étnico – racial, debido a la participación directa de agentes estatales en los hechos, muchos de estos podrían ser calificados de ejecuciones extrajudiciales y masacres.

El informe lo que plantea es que el Estado debe cumplir con su obligación de investigar y sancionar a los responsables, en el marco de la debida diligencia; pero a la vez plantea otras medidas necesarias para fortalecer la institucionalidad democrática, la lucha contra la impunidad y los derechos humanos.

La oposición que este Informe ha despertado en los sectores más autoritarios de nuestro país no es una sorpresa. Sin embargo, tras todo lo vivido en las últimas décadas, si es preocupante que buena parte de la población conecte con estas narrativas y reproduzca falsas verdades que perpetúan el estigma sobre quienes defienden derechos.

Es claro que uno de los grandes desafíos que tenemos es promover una conciencia de derechos en la población. Nuestra democracia empezará a consolidarse cuando los derechos humanos, principios y libertades fundamentales sean asumidas como ejes para la construcción de un nuevo pacto social.

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Encima, políticamente hablando, con sus declaraciones, la presidenta se ha abierto un frente de divergencia con la derecha, que le reprocha, con razón, querer zafar cuerpo y atribuirle la exclusiva responsabilidad de lo sucedido a los militares y policías. Sin el respaldo de las Fuerzas Armadas a la Constitución, Pedro Castillo seguiría siendo gobernante. Boluarte les debe el cargo que hoy ocupa y mal les paga tirándoles la bola, como si su gobierno no tuviera responsabilidad alguna en lo sucedido.

El informe de la CIDH tiene algunos sesgos cuestionables, cuando se mete a hacer diagnósticos sociales o políticos del país, pero en lo concerniente a los hechos luctuosos mismos, anda por el camino correcto. Si el gobierno y la presidenta en particular no responden al mismo como corresponde, con una investigación a fondo, que devele la verdad de lo sucedido, ese informe le va a pesar legalmente hasta después de concluido su mandato.

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Aumentar el número de fiscalías especializadas en derechos humanos para que tengan presencia en todo el país”.

Lo más importante de los informes que se han presentado no es tanto la denuncia de lo sucedido, más o menos reconocido por todos, sino la indolente reacción del gobierno, con afán de minimizar lo ocurrido y, por ende, sin ánimo alguno de realizar acciones de reparación y enmienda de los excesos cometidos. Se espera que esta vez no ocurra lo propio. La CIDH no es “una ONG”, como se refirió despectivamente la presidenta al informe de HRW.

Gran parte de la desaprobación ciudadana al gobierno de Dina Boluarte se debe a este hecho. Mientras ella no entienda que no puede pasar por agua tibia los informes dados a conocer y no actúe en consecuencia, los 56 muertos por obra de la represión abusiva, serán parte de una mochila de pasivos de la que el gobierno no podrá librarse con reacciones de soslayo pueril que no se veían desde los tiempos de Belaunde, quien arrojaba los informes de Amnistía Internacional al tacho de basura.

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