[CIUDADANO DE A PIE ] El reciente fallecimiento de Alberto Fujimori ha sido la imperdible ocasión para que sus adeptos y opositores saquen a relucir sus mejores argumentos, tanto a favor como en contra, de una herencia política compleja en la que resulta muy difícil separar el trigo de la cizaña. Como era de esperarse, la vocería mediática de la derecha, se aplicó inmediatamente a resaltar los que considera son los grandes logros del fujimorato, entre los que destaca nítidamente la Constitución de 1993 -especialmente su capítulo económico-, que consagró la aplicación en nuestro país de las recetas neoliberales del llamado “Consenso de Washington”, ya previamente implantadas, a sangre y fuego, en el Chile de Pinochet y la Argentina de Videla. Así, Juan Paredes Castro en “El Comercio”, se refiere a la Carta fujimorista como un legado “que le ha dado no solo mayor estabilidad política y jurídica al país, sino las condiciones claves de crecimiento económico de largos años que lamentablemente hoy estamos tirando por la borda”, a lo que Jaime de Althaus, fiel a sus convicciones ideológicas, agrega la necesidad de “devolverle oxígeno” a su capítulo económico. Por su parte, el diario “Gestión”, abona la misma evaluación positiva en la pluma de su editor de finanzas, Omar Manrique, quien, entre otras grandes virtudes, enumera: la limitación del accionar del Estado en la economía y su confinamiento a un papel subsidiario, el amplio programa de privatizaciones de empresas estatales, y los contratos-ley con el sector privado, mediante los cuales el Estado peruano “establece garantías y otorga seguridades”. Ya desde el campo político fujimorista, el alcalde de la ciudad de Cajamarca y ex Secretario General de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, ha escrito en X: “A los odiadores (…) Alberto Fujimori les deja su Constitución por la que juran cada cinco años y su gran obra que no podrán soslayar.” ¿Cómo explicar entonces los ímpetus reformistas y deconstituyentes que se han reflejado en las encuestas de opinión, y más importante aún, en los estallidos sociales?
¿Olvidadizos y desagradecidos?
Fue a partir de las protestas contra la efímera presidencia de Manuel Merino, en noviembre del 2020, que el tema de un cambio de Constitución sale de los estrechos círculos académico-políticos a los que se circunscribía, y llega a convertirse en un asunto de interés público (Tanaka, Lynch). El “Informe de Opinión-Diciembre 2020. Cambios o nueva Constitución”, elaborado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), reveló que un contundente 48% de los encuestados, creía que debería cambiarse la Constitución vigente por una nueva, mientras que un 49%, estaba a favor de introducir cambios en ella, ¡entre los que descollaba, promover una mayor intervención económica del Estado!
Mucha agua y sangre han corrido bajo los puentes de nuestras acostumbradas “crisis” político-sociales de estos últimos años, aunque la palabra crisis, como Luis Pásara afirma con mucha razón, no es la adecuada para describir un estado en que las cosas no están mal, sino que son malas. El estallido popular de diciembre 2022/marzo 2023 -que tuvo precisamente como una de sus principales reivindicaciones democráticas, la elaboración de una nueva Constitución por una Asamblea Constituyente-, y que se saldó con la represión brutal y el asesinato de decenas de compatriotas, es una clara evidencia de lo malas que son las cosas en nuestro país.
La última encuesta de IEP que trató sobre el tema constitucional, fue publicada en noviembre del año pasado, mostrando que el 40% de los encuestados, aún se inclinaba por una nueva Constitución, mientras que el 48% lo hacía por introducir modificaciones ¿Por qué tantos compatriotas no están conformes con la Carta Magna que nos habría permitido alcanzar tantos éxitos económicos y sociales? ¿Somos los peruanos un pueblo de olvidadizos y desagradecidos? Intentemos dar una respuesta a esta última pregunta, sin entrar a valorar la veracidad de la prédica profujimorista de los grandes logros, y recurriendo más bien a un concepto denominado “sentimiento constitucional”.
El sentimiento constitucional
Hace dos mil quinientos años, Aristóteles escribió: “Es preciso que todos los ciudadanos sean adictos, tanto como sea posible, a la Constitución”. Esta “adicción”, entendida como una conexión emocional profunda, a menudo inconsciente, que los ciudadanos profesan hacia las normas e instituciones fundamentales de su país (y que no presupone un conocimiento pormenorizado de las mismas), ha venido a denominarse en tiempos modernos, el “sentimiento constitucional”. Pablo Lucas Verdú, eminente jurista español, señala que esta conexión proviene esencialmente del convencimiento de los ciudadanos, que sus normas e instituciones son buenas y convenientes para la integración, mantenimiento y desarrollo de una justa convivencia. Karl Loewenstein, uno de los padres del constitucionalismo moderno, ha calificado este sentimiento como la “conciencia de la sociedad”, la misma que permite el establecimiento de un orden comunitario. La debilidad o ausencia del sentimiento constitucional, pone de manifiesto una carencia de integración social, y es característica de las jóvenes democracias… y de las fallidas. Dudamos sinceramente que alguna de nuestras doce constituciones, haya generado tal conexión emocional con los peruanos, menos aún la de 1993, que no fue el producto de una exigencia del pueblo ni de sus representantes democráticamente elegidos, que no contó con mecanismos apropiados para la discusión e incorporación de propuestas provenientes de la sociedad civil, y de cuya aprobación en referéndum, existen claros indicios de haberse obtenido mediante fraude. Esto explicaría nuestro mayoritario desapego hacia la Constitución del 93 y muy probablemente, una buena parte de nuestros problemas presentes y pasados.
Interesantemente, en su más reciente libro “La dictadura de la minoría”, Levitsky y Ziblatt, señalan cómo los estadounidenses profesan “una devoción casi religiosa” hacia su Constitución, y por ello se resisten a la idea de que ésta pueda tener deficiencias o necesidad de actualización. Un caso extremo de sentimiento constitucional refractario a cambios, que contrasta nítidamente con nuestra realidad, en la que han sido los grupos de poder económico y sus representantes político-mediáticos, acompañados de una franja muy minoritaria de la población, los que se han opuesto encarnizadamente a cualquier modificación constitucional, estableciendo, en los hechos, una suerte de “dictadura de la minoría” (siguiendo la terminología de Levitsky y Ziblatt). Sin embargo, esta situación viene cambiado aceleradamente por obra y gracia del actual Congreso, cuyas modificaciones a la Constitución del 93, entre las ya realizadas y las previstas, habrán significado el cambio de un 40% de su contenido original. Es lo que Juan De la Puente ha calificado de “ruptura del inmovilismo constitucional” y “activismo reformista”, en su imprescindible obra “La Constitución peruana revisión crítica actualizada” que acaba de publicarse. ¿Qué ha sucedido para que “los defensores de la intangibilidad de la Carta de 1993 pasen a oficiar de sus principales reformadores” y cuáles serán las consecuencias para el futuro de nuestra convivencia social y de nuestra democracia, este “ciclo inconstitucional”? La discusión queda abierta.
