Hasta la fecha, son seis los ministros del Interior que han asumido la dirección del sector encargado de velar por el orden interno y la seguridad pública del país desde que Dina Boluarte asumió el poder el 7 de diciembre de 2022. En promedio, hemos tenido un ministro nuevo cada tres meses.
En ese mismo periodo, se han producido 1 435 211 millones de denuncias por delitos y faltas a nivel nacional. Si está cifra alcanzó las 77 503 denuncias en enero de 2023; se elevó a 86 256 en enero de 2024. Para el caso de las denuncias por extorsión, 1348 incidencias fueron registradas en enero del 2023, mientras que esta cifra subió a 1549 para enero de 2024. La tendencia se repite en el caso de la gran mayoría de modalidades delictivas relevantes para el grave panorama de (in)seguridad que afronta el país en la actualidad: robo agravado (enero 2023: 2146; enero 2024: 2525); estafa (enero 2023: 2016; enero 2024: 3162); asalto y robo de vehículos (enero 2023: 480; enero 2024: 553). Y así con otras modalidades más.
Ninguno de ministros del Interior de Dina ⎯excluyendo al recientemente nombrado Juan José Santivañez⎯ ha podido liderar una reducción de las cifras anteriormente mencionadas. Todo lo contrario, parece que cada uno ha tenido una tarea concreta que cumplir durante sus breves designaciones: César Cervantes duró menos de dos semanas en el cargo y su misión fue aplacar (bajo cualquier medio necesario) las protestas masivas que se desataron luego de la salida de Pedro Castillo de Palacio de Gobierno; ante su rochosa salida, Víctor Rojas Herrera asumió la cartera por un par de semanas más para continuar con la tarea de amilanamiento de las manifestaciones; luego, Vicente Romero Fernández asumiría el cargo por un periodo más largo, diez meses, con el objetivo de defender a la presidenta ante la ola de críticas en su contra, como también intentar limpiar la imagen de la Policía Nacional del Perú (PNP) por las irregularidades cometidas durante las tareas de control y restablecimiento del orden; finalmente, sería censurado por el Congreso de la República por “manifiesta incapacidad técnica de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo”; su sucesor, Víctor Torres Falcón, fue el encargado de absorber políticamente la destitución de, Jorge Angulo, comandante general de la PNP quién lanzó fuertes acusaciones en contra de la mandataria por supuestas intrusiones en la institución policial; y, por último, todo parecería indicar que Walter Ortiz asumió el cargo con la única consigna de desactivar el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) ⎯compuesto por personal policial especializado e involucrado en las investigaciones en contra de la presidenta Boluarte por el caso conocido como Rolexgate⎯ antes de renunciar al cargo por “razones personales”. Cada ministro ha tenido una bala de plata que quemar. Una bala de plata que claramente no ha tenido en la mira resolver la grave situación de (in)seguridad que el país afronta, sino más bien deshacerse de cualquier obstáculo político y penal que pueda aparecer en el camino de Dina Boluarte.
