Encima, políticamente hablando, con sus declaraciones, la presidenta se ha abierto un frente de divergencia con la derecha, que le reprocha, con razón, querer zafar cuerpo y atribuirle la exclusiva responsabilidad de lo sucedido a los militares y policías. Sin el respaldo de las Fuerzas Armadas a la Constitución, Pedro Castillo seguiría siendo gobernante. Boluarte les debe el cargo que hoy ocupa y mal les paga tirándoles la bola, como si su gobierno no tuviera responsabilidad alguna en lo sucedido.
El informe de la CIDH tiene algunos sesgos cuestionables, cuando se mete a hacer diagnósticos sociales o políticos del país, pero en lo concerniente a los hechos luctuosos mismos, anda por el camino correcto. Si el gobierno y la presidenta en particular no responden al mismo como corresponde, con una investigación a fondo, que devele la verdad de lo sucedido, ese informe le va a pesar legalmente hasta después de concluido su mandato.
