Dina Boluarte

[AGENDA PAÍS] Hoy, 7 de diciembre de 2023, celebramos, sí, celebramos, le gesta ciudadana que impidió que el entonces presidente Pedro Castillo, ejecute el golpe de estado anunciado en su mensaje a la nación. Esa emocionante y espontánea proeza impidió que el golpista y su familia se asilen en la Embajada de México, lugar al cual se dirigía la hasta entonces, comitiva presidencial; acción que finalmente llevó a su destitución y apresamiento.

Si bien la vicepresidenta Dina Boluarte formaba la plancha presidencial con Pedro Castillo, esta asunción constitucional al poder de la flamante presidenta Dina Boluarte fue tomada como una nueva luz en el oscuro horizonte que el país divisaba.

Pero pronto, las fuerzas radicales azuzadas por mensajes de subversión del círculo más cercano de Castillo y otros que se adelantaron a este acontecimiento, como Aníbal Torres y su ya famoso “correrán ríos de sangre” ante una eventual destitución presidencial, condujeron a violentas protestas ciudadanas que terminaron con un trágico saldo de más de 60 compatriotas muertos incluyendo miembros de las fuerzas del orden.

Así empezaba el gobierno de Boluarte, con un gabinete integrado por profesionales de calidad, pero con una mochila pesada de llevar.

Los primeros meses transcurrieron en relativa calma, poco a poco se vio a la presidenta Boluarte con más seguridad y aplomo, sin embargo (en paralelo) un aire de desconfianza, no solamente al gobierno, sino a las instituciones en general, comenzaba a germinar.

Actualmente la inversión privada está en sus niveles más bajos, el PBI alrededor del 0% cuando países vecinos están entre 2% y 3%, y todo esto aunado a un deterioro de las principales instituciones del estado como el Congreso (8% de aprobación), un Poder Judicial siempre cuestionado por corrupción, la JNJ y su eterno conflicto de interés y ahora, el último eslabón que sostenía la cadena de la institucionalidad, el Ministerio Público.

Los peruanos nos estamos autodestruyendo. No estamos viendo el bien común sino los intereses particulares de grupos afines (económicos o políticos) e incluso intereses individuales en detrimento de la población.

Así, enfrentados los unos a los otros, en lo que más parece una guerra entre mafias, ¿Es posible tener una visión de país?

La situación que vive el Perú es tan enredada, que muchos congresistas consideran que no tienen legitimidad para hacer reformas y así llegar a las comicios del 2026 con reglas que nos permitan una mejor elección de nuestras autoridades como por ejemplo: bicameralidad, distritos uninominales en la cámara de diputados, renovación por tercios de congresistas, implementar las PASO o algún sistema que filtre el número de partidos políticos en las elecciones generales y que resguarde a la ciudadanía de candidaturas de delincuentes, etc.

En estos tiempos se vuelve a tocar la alarma del adelanto de elecciones, ya sea por iniciativa del Congreso o por una desprendida renuncia de la presidenta. Pero esto, en vez de arreglar el problema, lo agrava, porque seguimos con los mismos vicios de siempre y peor aún, con una reforma política obtusa que desincentiva las candidaturas congresales al proponer listas rígidas, olvidar los distritos uninominales y fomentar la discriminación al forzar la paridad en vez de privilegiar el voto popular.

Este congreso es el que todos hemos elegido, nos guste o no. Le corresponde hacer las reformas políticas necesarias para llegar al 2026 con una mejor base que nos permita una elección decorosa y representantes no solamente con capacidades, sino también, con probidad.

Es momento de que los distintos movimientos ciudadanos democráticos insistamos en las reformas políticas necesarias para que esta nación en formación llamada Perú no sucumba ante la tentación de liderazgos populistas, de izquierda o de derecha, que nos hundirían aún más en el caos y la desesperanza.

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Crisis política, Dina Boluarte, gestión de gobierno, Visión de país

[PIE DERECHO]  Hoy se cumple un año de la gestión del peor gobierno -después del de Pedro Castillo- desde que volvimos a la democracia el año 2000. Dina Boluarte ha hecho méritos propios para colocarse en ese escalafón por su medianía y falta de perspectivas.

Primero, porque no albergó siquiera el anhelo de emprender alguna gran reforma. En su defensa muchos señalan que no tiene capital político, al no contar con bancada congresal, pero la verdad de los hechos es que cuenta con el respaldo incondicional de la coalición derechista parlamentaria, así que bien pudo coordinar para desplegar, junto a aquella, alguna reforma estructural, de las tantas que se necesitan en el país. Pero de ello nada.

Y si nos retrotraemos a la gestión menuda, propia del quehacer gubernativo de cualquier gestión que asuma el poder en el país, allí tampoco el balance arroja cifras positivas para Boluarte. Eran tres las tareas primordiales que Palacio debía acometer: la crisis económica, la inseguridad ciudadana y la prevención del Niño. Y en las tres sale desaprobada.

En materia económica la inversión privada y la confianza empresarial se han ido al hoyo, y el titular del MEF, de peso político mediano, aparenta no saber qué hacer, creyendo, al parecer, que un shock de inversión pública es capaz de revertir los malos resultados.

En los asuntos vinculados a la seguridad ciudadana, la cosa no solo no ha mejorado un ápice desde que Boluarte asumió el poder hace un año, sino que ha ido para abajo, llegándose a niveles de inseguridad y anarquía estatal nunca antes vistas en nuestra historia republicana. Y al respecto -lo mismo que en materia económica- el gobierno da muestras claras de no tener la menor idea de qué hacer.

En el caso de la prevención del Niño, la única buena noticia es que algunos indicios científicos parecen arrojar la perspectiva de que no será tan fuerte como se temía. Pero sería una gracia divina que ello pueda ocurrir porque lo cierto es que la estrategia del gobierno es una coladera presupuestal que anticipaba ineficacia (apenas un porcentaje mínimo de los dineros destinados a ello han sido efectivamente invertidos).

Lo peor de todo -disculparán la terca insistencia en el tema- es que esta mala gestión le abre las puertas a la izquierda radical para el 2026, como ya algunas encuestan pronostican, con la complicidad de un centro y una derecha pusilánimes que, por lo pronto, no saben tomar distancia del descalabro gubernativo vigente.

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Dina Boluarte, Panorama Político, Pedro Castillo, Prevención del Niño, seguridad ciudadana

Las gestiones mediocres de Dina Boluarte en el Ejecutivo y de Rafael López Aliaga en la municipalidad de Lima, están socavando los activos que la derecha debería capitalizar para el 2026, ante el desprestigio de la izquierda por su labor de comparsa del calamitoso régimen de Pedro Castillo.

Es claro que los conceptos de izquierda y derecha pueden ser diáfanos para un analista político o un politólogo, pero son imprecisos y difusos para el ciudadano común, y en esa medida, las encuestas que miden ello deben ser tomadas con pinzas, pero es una constante, en todas las encuestas, que la mayoría del país se define de centro, seguido de la derecha y muy por detrás de la izquierda.

Hoy, la situación sociopolítica del país se debería mostrar propicia para un candidato de derecha o de centroderecha. Según todas las mediciones de la opinión pública, el principal problema nacional es el de la delincuencia, y en esa dimensión, la derecha brilla por una imagen de mayor eficacia respecto de la izquierda, a la que, más bien, se la ubica más cerca del desorden y del caos.

Los candidatos que lo sepan aprovechar capitalizarán votos. No deja de ser llamativo, sin embargo, que ninguno del proscenio oficial de líderes de este sector del espectro ideológico diga algo al respecto. Carlos Álvarez, con mayor perspicacia que los políticos profesionales, ha hecho del tema su caballito de batalla para ingresar a la arena política (aún no se sabe si electoral).

Lamentablemente, un gobierno al que la población identifica como de derecha, sobre todo por su pacto con este sector en el Congreso y la aquiescencia del sector empresarial a su favor, no sabe qué hacer al respecto, y una gestión edil que prometió el oro y el moro en materia de seguridad ciudadana y no está haciendo nada, mellan esa imagen proseguridad que la derecha cuenta entre sus activos naturales.

La torpeza de la derecha le está abriendo el camino, no a la izquierda, sino a algo peor, a un antiestablishment impredecible y altamente riesgoso, por las consecuencias sociales, políticas y económicas que podría tener dicho desenlace de plasmarse en la próxima contienda electoral.

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Dina Boluarte, elecciones 2026, gestiones políticas, Rafael Lopez Aliaga

A nadie debería sorprender que Dina Boluarte siga creciendo en sus niveles de desaprobación. Según la última encuesta de Ipsos, publicada en Perú21, llega ya a 83% y solo la aprueba el 10%. Y según Datum, en encuesta publicada hoy en El Comercio, la desaprobación es mayor, llegando al 84%.

Ya no se le puede atribuir semejante rechazo a la conducta represiva desatada luego de haber asumido el mando, en respuesta a la violencia callejera desatada en su contra.

Dicho resultado es producto de la parálisis del régimen respecto de la solución de problemas como la recesión económica o el crecimiento de la inseguridad ciudadana. Y al respecto, poco pueden hacer los ministros de Economía y Finanzas o el de Interior, si trabajan para un gobierno jaloneado por fuerzas políticas diversas.

Dina Boluarte escucha en la mañana al premier Otárola, al mediodía a su hermano Nicanor y en la tarde a la derecha congresal. Y a los tres les quiere hacer caso. Es un gobierno tricéfalo, enredado en un juego de poderes que lo lleva a la inacción.

La presidenta está obligada a no pisar callos congresales (ofrece la cabeza de su canciller para que le autoricen un viaje, a esos extremos se ha llegado), a permitirle a su premier Otárola manejar las riendas oficiales del Estado y, al mismo tiempo, a dejarse influir por su asesor político en la sombra, el hermanísimo.

El problema, por supuesto, no es que haya parcelas del poder alrededor de Palacio. En todos los gobiernos siempre ha habido facciones enfrentadas entre sí, que han disputado la mayor o menor influencia respecto del gobernante. Es hasta saludable que ello acontezca porque de esta competencia surge, por lo general, un tablero de herramientas más rico para quien detenta el poder final de decisión.

El problema es cuando este entrecruzamiento de presiones, lleva a la parálisis, como es el caso. La presidenta gasta más energía en tratar de largarse de viaje que en resolver los acuciantes problemas que debería enfrentar. De su liderazgo depende, en gran medida, el éxito que puedan tener sus titulares del MEF y del Interior, quienes tienen entre manos los dos problemas más graves del momento.

A falta de operadores políticos eficaces, es Palacio y, particularmente, la presidenta, quien está obligada a jugar un rol administrativo de los asuntos públicos. Y eso es lo que no está ocurriendo, generándose el vacío que la ciudadanía intuye y que se refleja en las encuestas citadas.

 

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desaprobación, Dina Boluarte, Encuesta Datum, Parálisis Gubernamental

[PIE DERECHO] La sensación ciudadana respecto de las estrategias del gobierno para combatir a la delincuencia es de absoluta desafección y rechazo. La última encuesta de Datum, publicada hoy en El Comercio, así lo constata.

El 94% considera que no hay ningún cambio luego de que el Ejecutivo decretara estados de emergencia en varios distritos del país; el 83% desaprueba la labor de Dina Boluarte en la lucha contra la inseguridad; el 58% de la población no confía en el trabajo de la Policía Nacional; el 43% señala que él o algún familiar ha sido víctima de algún acto delincuencial en los últimos tres meses; y, lo que es abrumador, si el 67% consideraba que el inoperante Castillo no tenía una estrategia para garantizar la seguridad ciudadana, ahora, un superlativo 78% estima que el gobierno de Dina Boluarte no la tiene.

Estamos perdiendo la batalla contra el crimen organizado. El Perú se está pareciendo cada vez más a países donde las bandas criminales ya gobiernan las calles impunemente. Y la ciudadanía es consciente de ello, es un problema que genera un estado de ánimo corrosivo y destructivo de la confianza social.

Allí radica, tal vez, lo más peligroso del problema, en las consecuencias psicosociales y políticas que esta sensación produce. La “mano dura” represiva gana terreno en los discursos políticos, el populismo penal crece, y la búsqueda de un salvador fuera del establishment se acrecienta.

La delincuencia pone en entredicho la vigencia del Estado de derecho, las bases del propio contrato social y alimenta la narrativa antisistema que ya por otras razones (crisis económica, desprestigio de la clase política) se refuerza en el país.

El gobierno de Dina Boluarte, con su probada mediocridad para resolver los principales problemas del país (recesión e inseguridad ciudadana), es el mejor aliado de los disruptivos radicales que se asoman en el horizonte electoral. Una razón de peso para justificar la salida política de un recorte de su mandato y un adelanto de las elecciones. Mientras más tiempo pase sentada en Palacio va a ser más difícil revertir esa narrativa.

La del estribo: notable la obra de teatro dirigida por Mariana de Althaus, La vida en otros planetas, que retrata el drama que es la educación pública en el Perú. Con las formidables actuaciones de Alaín Salinas, Conny Betzabé, Godo Lozano, Herbert Corimanya, Marisol Mamani y Muriel García, va hasta el 17 de diciembre en el ICPNA de Miraflores. Imprescindible documental que no se puede perder. Entradas en Joinnus.

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Desafección Ciudadana, Dina Boluarte, Encuesta Datum, Estado de Derecho

Si escala la denuncia de anoche del programa Cuarto Poder, respecto de beneficios insólitos a visitantes de la casa del hermano de Dina Boluarte, Nicanor, como ha sido el caso del alcalde de Nanchoc (provincia de San Miguel, en Cajamarca), Nixon Hoyos, cuyo municipio, luego de visitar el domicilio del hermanísimo, recibió la friolera de injustificados 20 millones de soles, habiendo municipios más grandes que recibieron menor suma de dinero, nos podríamos enfrentar a una situación similar a la que agobió al régimen de Castillo cuando se descubrió su despacho paralelo en el jirón Sarratea.

Ya se sabía desde hace tiempo que el hermano de la presidenta ejercía un poder político mayor al que su condición le concedía y que, inclusive, se permitía disputarle cuotas de poder al premier Alberto Otárola, con quien no se llevaría muy bien y con quien más de un encontronazo se habría generado.

Resulta increíble, por cierto, que la primera mandataria, Dina Boluarte, no parezca haber aprendido de la experiencia reciente de su antecesor y cometa el mismo error de permitir la injerencia de personajes en la sombra, fuera del organigrama del poder, en decisiones de gobierno.

¿Podría ser causal de vacancia? Si se descubren más hechos, sí. Y al Congreso no le debiera temblar la mano y a las temerosas y miopes cúpulas empresariales no debería asustarles que eventualmente se produzca un recorte precipitado del mandato y el respectivo adelanto de elecciones.

La mediocridad del régimen es galopante y está colocando los cimientos para que el 2026 aparezca un candidato radical disruptivo. Dina Boluarte no va a remontar la pendiente del descrédito y, por lo que se ve, no le interesa hacerlo.

Un adelanto de elecciones convendrá al sector que va del centro a la derecha, porque el desprestigio del gobierno -identificado por los sectores populares como una coalición derechista- drena sus posibilidades electorales. Y, además, tendría el efecto virtuoso de reducir la baraja de candidatos que se asoman en el sector (hoy, hay al menos 21 en plan de postular), permitiendo así que alguno de ellos, o dos si fuera el caso, pasen a disputar la jornada definitoria.

Si la corrupción se enseñorea de la administración Boluarte y la toca a ella directamente, es mejor cortar por lo sano, y acabar con esta agonía de un establishment que sólo está generando una agudización de la crisis política, económica y social.

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beneficios inusuales, corrupción, Crisis política, denuncia, Dina Boluarte

Haría bien el Congreso en ya no volver a darle permisos a la presidenta Boluarte para viajar al extranjero. Las mentiras con las que ha sostenido sus viajes anteriores -todos ellos perfectamente inútiles para los intereses nacionales- la desacreditan para volver a las andadas.

Que viaje la presidenta, pero al norte, donde las obras de prevención contra el fenómeno del Niño no avanzan al paso debido, al sur, donde la gente la aborrece, pero donde, justamente por ello, es menester reconstituir la imagen presidencial.

Que se quede en Lima y se aboque a reunirse con su ministro de Economía y busque algún remedio a la crisis económica que transitamos y que radica básicamente -además de las políticas contractivas necesarias del BCR- en la ausencia de confianza del sector empresarial para invertir; que haga lo propio con su ministro del Interior, a ver si encuentra una fórmula, que no sean los populistas estados de emergencia, para aliviar la ola de crimen organizado que agobia a la ciudadanía en todo el territorio nacional; que coordine una agenda de supervisión con la ministra de Vivienda para constatar in situ qué pasa con los presupuestos destinados a la prevención del Niño y que no se gastan como es esperado.

La oposición no existe y eso parece que le da tranquilidad a la gobernante para hacer lo que le venga en gana, con absoluta impunidad. Pero viene creciendo en el hemiciclo una sensación de malestar y fastidio por lo que consideran una conducta insidiosa de Palacio. La estabilidad mediocre que se ha instalado, de la mano del Ejecutivo y del Congreso, puede romperse si esa alianza tácita entre ambos poderes se empieza a resquebrajar.

Sería bueno que algo semejante ocurra. Sin una oposición que le marque la agenda al gobierno vamos camino a una mayor crisis económica, política y social, con las imprevisibles consecuencias electorales que ello generará para el 2026. Con una oposición más beligerante, lo natural, como sucede en toda democracia que se respete, es el que gobierno sometido a exigencia, mejore, no que empeore. Ello sería una buena noticia y podría cambiar el rumbo de colisión al que vamos, a paso fijo, para los próximos comicios.

La del estribo: nunca imaginé el placer de leer a Shakespeare en su versión original. Lo acabo de hacer, con Romeo y Julieta, la tragedia acontecida en Verona, narrada, como obra de teatro, por el genio británico, gracias, una vez más, a la agenda maravillosa del Club del Libro que dirige Alonso Cueto. Entre a Patreon y allí lo encuentra. Lo recomiendo.

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alianza tácita, conducta insidiosa, Crisis económica, Dina Boluarte, viajes

[LA COLUMNA DECA(N)DENTE]  La destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en curso, es una muestra más de que los congresistas pueden hacer lo que les plazca. Es como si con ello demostraran que son capaces de cualquier cosa para proteger y garantizar sus intereses personales y de grupo. Intereses que no se condicen con el bien común, sino todo lo contrario. Son intereses mezquinos, particulares e ilegítimos. Esa demostración de poder es obscena. Su intención no solo es la de copar la JNJ, elegir a las máximas autoridades electorales del país sino, sobre todo, proteger y garantizar impunidad a sus jefes y jefas.

A los congresistas de Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, Acción Popular, entre otros más, no les importa que la JNJ sea un órgano fundamental para la defensa del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción; y que su independencia garantiza la imparcialidad y el correcto funcionamiento del Poder Judicial. La destitución de sus integrantes es un acto serísimo de autoritarismo y arbitrariedad.

Ebrios de poder, olvidan que la democracia se sustenta en la independencia de poderes, que es importante para proteger los derechos y libertades de todos los ciudadanos y ciudadanas. Cuando el poder está concentrado en una sola persona, grupo o coalición, es más probable que se abuse de ese poder. Actúan de forma arrogante, prepotente y abusiva, legislando a su favor, contratando a amigos y familiares de sus parejas sentimentales, viajando al extranjero con pasajes pagados por empresarios y “mochando” sueldos al personal a su servicio, por citar algunas de sus tropelías. Muchos se dirán «quien puede, puede”.

Una presidenta demócrata condenaría la destitución de los miembros de la JNJ como un ataque a la democracia y exigiría al Congreso que reconsidere su decisión. Además, apoyaría a las organizaciones de la sociedad civil en su lucha por la defensa del Estado de Derecho. Dina Boluarte, como no lo es, declaró que su gobierno respetará el resultado del proceso sumario llevado a cabo por el Congreso.

La destitución de los miembros de la JNJ, un acto de autoritarismo y arbitrariedad, es un golpe a la democracia. La denuncia nacional e internacional y la movilización y protesta ciudadana, como únicas herramientas para defender la democracia, son esenciales para enfrentar el golpe a la democracia. Además de la consolidación de una plataforma democrática que convoque y organice no solo a las organizaciones de la sociedad civil limeña sino también a las de las regiones, y a los partidos políticos democráticos como, por ejemplo, el Partido Morado, el Partido del Buen Gobierno y Primero la Gente.

 

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Congreso, Democracia, Dina Boluarte, Peru en Dictadura

[LA COLUMNA DECA(N)DENTE]  La hipocresía es un fenómeno complejo que se ha manifestado en la política durante siglos. El término se originó en la Grecia antigua, donde los actores cambiaban sus máscaras y comportamientos para interpretar a diferentes personajes. Con el tiempo, el significado de la palabra «hipocresía» evolucionó para referirse a la discrepancia entre lo que una persona dice y lo que realmente hace, especialmente cuando alguien muestra una falsa virtud, moral o sinceridad.

En el ámbito político, la hipocresía puede adoptar muchas formas. Una de las formas más comunes es cuando los políticos hacen promesas que luego no cumplen. Esto puede incluir promesas sobre políticas, reformas o acciones específicas que no se materializan. Esta forma de hipocresía se debe a menudo a limitaciones políticas, financieras o burocráticas que pueden hacer que sea difícil cumplir con todas las promesas hechas durante la campaña electoral. Otra forma es cuando algunos políticos pueden adoptar un discurso público que difiere significativamente de sus creencias o intenciones reales. Pueden expresar apoyo a ciertas políticas o valores en público mientras actúan de manera contraria en privado. Esto a veces se hace para evitar mayores controversias.

Por ejemplo, luego de las primeras ejecuciones extrajudiciales en diciembre del año pasado, la Fiscalía intervino. La presidenta Boluarte y el premier Alberto Otárola públicamente saludaron el inicio de las diligencias y expresaron su compromiso de otorgar todas las facilidades para el esclarecimiento oportuno de lo sucedido. Sin embargo, nueve meses después, ambos solicitaron discretamente a la Fiscal de la Nación que se archive la investigación, según informó el semanario ´Hildebrandt en sus trece´ la semana pasada.

De igual modo, en algunas conferencias de prensa o presentaciones públicas, Boluarte responsabilizó de las muertes a los «ponchos rojos» bolivianos, a una avalancha de cinco mil personas y, recientemente, a los propios ciudadanos muertos. Esta retórica pública contrasta con lo declarado ante la Fiscalía, donde señaló que solo tiene «mando» y no «comando». Es decir, ella se exime de responsabilidad alguna y de manera implícita hace responsables a policías y militares.

¿Cuándo el papa Francisco le pregunte sobre la situación de los derechos humanos en el país y las 49 ejecuciones extrajudiciales, o si tomó en cuenta las palabras de su Nuncio Apostólico, Mons. Paolo Rocco Gualtieri, quien señaló que “ignorar la existencia y los derechos de los demás, tarde o temprano, provoca alguna forma de violencia inesperada, como estamos siendo testigos actualmente”? ¿Boluarte le responderá que el Perú es un país respetuoso de la democracia, del estado de derecho, de los derechos humanos y del derecho internacional, como lo dijo en la ONU?

La hipocresía en la política es un problema serio, que tiene consecuencias negativas para la sociedad. La hipocresía daña la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes y provoca la pérdida de legitimidad de los mismos. Por eso mismo, para nuestra democracia es un costo muy alto seguir manteniendo hipócritas que gobiernan y cínicos y mentirosos que legislan.

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Democracia, derechos humanos, Dina Boluarte, Peru en Dictadura
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