[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] La democracia peruana se encuentra en riesgo. El actual gobierno de Boluarte ha demostrado un desprecio colosal por las instituciones democráticas y los derechos humanos. Ha intentado restringir la libertad de prensa, ha criminalizado la protesta social y ha respondido las movilizaciones ciudadanas de manera brutal. A la fecha, 49 ciudadanos han sido ejecutados por disparos de armas de fuego de la policía y el ejército.
A ello se suma el Congreso, que inició una investigación sumaria contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia por presuntamente haber cometido una serie de “faltas graves”. Esta medida busca destituirlos irrespetando el debido proceso y la presunción de inocencia, socavando así la estabilidad jurídica del país.
Boluarte, Otárola y los congresistas de Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza para el Progreso, entre otros, se saben poderosos e impunes. Se reconocen como aliados y, por ello, creen que pueden cometer cualquier tropelía, vulnerar derechos o erosionar la institucionalidad democrática sin mayores consecuencias, como ocurrió con la repartija del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.
La derrota política de la coalición gobernante no será fácil ni inmediata. Las fuerzas opositoras carecen de fuerza, se encuentran divididas y sin mucho poder de convocatoria. Esto quedó demostrado en las movilizaciones del 16 de septiembre en Lima, que fueron poco concurridas. En este contexto adverso para la democracia, es imprescindible la conformación de una coalición democrática amplia y plural. Sin embargo, su constitución presenta una serie de desafíos.
Las fuerzas opositoras están divididas entre partidos políticos de izquierda, centro y derecha; y organizaciones de la sociedad civil. Esta división, junto con las diferentes estrategias para enfrentar a la coalición gobernante, dificulta la construcción de una agenda común, la cooperación entre ellas y la coordinación de acciones. La superación de estas divisiones es fundamental para que las fuerzas opositoras puedan conformar una coalición democrática que tenga la capacidad de derrotar a la coalición gobernante.
En ese sentido, la formación de una coalición opositora requiere de los factores siguientes: una agenda común que refleje su compromiso con la defensa de la democracia y el adelanto de elecciones; un liderazgo fuerte y comprometido que pueda unir y liderar a las fuerzas opositoras en la lucha contra la coalición gobernante; y un compromiso para cooperar entre sí, a pesar de sus diferencias. Además de estos factores, también es importante que aquellas fuerzas cuenten con el apoyo de la ciudadanía, lo cual les dará la legitimidad y la fuerza necesaria para enfrentar al gobierno autoritario.
Por último, la unificación de las fuerzas opositoras es un proceso complejo y desafiante. Sin embargo, es un proceso necesario e imprescindible para defender la democracia y los derechos humanos de una coalición cuya continuidad en el poder representa un peligro para la estabilidad del país. Los partidos políticos democráticos tienen no solo la palabra.
[TIEMPO DE MILLENNIALS]La semana pasada la presidenta Dina Boluarte estuvo en Nueva York para participar en la 78ª sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Su asistencia a este evento no solo dejó en evidencia la improvisación de nuestras autoridades, sino también lo aislados que estamos a nivel internacional.
Su presencia en este evento ha dejado mucho que desear por su limitada agenda y por sus intervenciones. Sobre su agenda, esta solo incluía una reunión con el presidente de Paraguay, mientras que otros jefes de Estado de la región sostuvieron reuniones con sus pares de otros países. O la cancillería falló en su rol, o no hay interés de otros mandatarios por reunirse con nuestra presidenta. Asimismo, sus discursos destacaron por las verdades a medias como cuando aseguró que había “devuelto la estabilidad y esperanza al país”.
Primero, desde diciembre del 2022, las manifestaciones en contra del gobierno se han venido dando recurrentemente en todo el país. Esto ha llevado a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentara varios informes en los que se señala que en el Perú se violan derechos humanos ya que hay 49 fallecidos por proyectil de arma de fuego. Segundo, el Congreso aprobó que se realice una investigación sumaria a los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia, decisión que ha sido respaldada por Boluarte, y que ha llevado a que otros jefes de Estado se manifiesten en contra, ya que en el Perú no se está respetando la separación de poderes. Y tercero, desde Nueva York nuestra presidenta declaró el estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana para que las Fuerzas Armadas puedan prestar “apoyo” a la policía.
Entonces me pregunto, ¿de qué estabilidad y esperanza habla? Hace poco el BCRP declaró que el crecimiento del PBI en el 2023 será solo de 0.8%, creciendo por debajo del promedio de América Latina por segundo año consecutivo. Además, la inversión privada cayó -7.5% en el primer semestre del año. Cómo puede Dina Boluarte presentarse con un discurso con una narrativa tan falsa, al frente de otros presidentes, como si ninguno estuviera al tanto de lo que pasa en nuestro país.
El Perú no solo merece una mejor agenda, sino que quien nos gobierna esté a la altura del cargo. Pretender engañar a otros mandatarios es muy caradura, y también lo es el faltarle el respeto a nuestra prensa y ciudadanos peruanos. Según lo aprobado por el Congreso, la presidenta puede gobernar de manera remota cuando se ausente del país, por lo tanto, está obligada a responder preguntas sobre anuncios que haga en sus viajes al exterior. Cuando un medio peruano le preguntó en Nueva York por la declaratoria del estado de emergencia, su respuesta fue: “Los temas del Perú los hablamos en el Perú”. Sin comentarios. Lo único que me queda claro es que en nuestro país no hay estabilidad y menos esperanza con Dina Boluarte al mando.
Cuando uno recibe encima una responsabilidad que excede sus propias capacidades, debe tener la hidalguía de admitirlo y dar un paso al costado. Es el caso de Dina Boluarte, exprimera vicepresidenta de Pedro Castillo, quien, ante la salida abrupta del poder del exmandatario chotano, tomó las riendas del Estado, al principio con mucha expectativa, pero paulatinamente con terrible decepción por su orfandad e inoperancia.
Boluarte vive pendiente de su propia supervivencia y por eso es una mandataria rehén del Congreso, poder del Estado que, sin responsabilidad política alguna, hace lo que le viene en gana, inclusive cambia ministros, y desde Palacio no hacen nada para confrontarlo. Es una “presidenta cogoteada”, como bien la ha definido la parlamentaria Flor Pablo.
Lo peor, sin embargo, no es la precariedad política de Boluarte y hasta podría ser explicable que haga lo indecible para sobrevivir en el poder. El problema mayor es que no está capacitada para gobernar y como resultado de ello, sufrimos un gobierno inerte, sin perspectiva de reformas, ni reacciones rápidas y eficaces ante problemas solucionables.
La inflación no es achacable a este régimen. Empezó por las políticas económicas globales seguidas frente a la pandemia y continuó con los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania. El planeta entero está en inflación y el Perú no podría ser indemne a ello.
Pero la recesión, la falta de buena inversión pública y el desplome de la inversión privada, que explican la caída del PBI y de la confianza empresarial, sí son responsabilidad de este gobierno, quien no hace nada para resolver ese y otros problemas acuciantes (como el de la inseguridad ciudadana).
Si antes era deseable, hoy es imperativo que Boluarte renuncie y se proceda a un adelanto de elecciones. ¿Que la izquierda está mejor parada que la derecha? Bueno, es responsabilidad de la derecha y de su sostén empresarial, guiados por la indolencia y la torpeza, y eso no va a mejorar de acá al 2026. Al contrario, va a ir para peor.
Si mañana fueran las elecciones, podría pasar un candidato de la centroderecha a la segunda vuelta. Al paso que vamos, el 2026 van a ser dos candidatos de izquierda los que lo hagan.
Le llegada de Dina Boluarte al poder, pese a que no estuvo impulsada por ella sino por la actitud golpista de su predecesor Pedro Castillo, careció de popularidad desde el primer día en que se puso la banda presidencial. La falta de una rápida respuesta política a las manifestaciones que se realizaron en diciembre así como el respaldo de un Legislativo que ya en ese entonces contaba con el rechazo de un considerable sector de la población llevaron a que la primera mujer en asumir la presidencia del Perú cuente con una desaprobación casi inmediata.
Meses después, el blindaje a las fuerzas del orden que cometieron excesos en las marchas así como la elección de ministros que no ofrecían respuestas a los problemas que atravesaban sus respectivos sectores lograron que el descontento con Boluarte se mantenga. Sin embargo, la estrategia para intentar torcer la curva de desaprobación del Ejecutivo podría comprometer seriamente a TV Perú y Radio Nacional.
DECISIONES INEXPLICABLES
Este jueves, Crisólogo Cáceres, quien condujo durante doce años “La Voz del Consumidor”, anunció que su programa había llegado a su final. Esta decisión tomó por sorpresa a Cáceres, que no dudó en resaltar en su publicación en redes sociales que el programa contaba con “alta sintonía y participación”. Sudaca se comunicó con el ahora exconductor de Radio Nacional para conocer los pormenores de una decisión que, a primera impresión, parecía inesperada.
Hoy es un día muy triste para mí. Luego de más de doce años, conduje por última vez #LaVozDelConsumidor en @RadioNacionalFM, un programa único en el mundo y de alta sintonía y participación.
Espero que @IRTP_Oficial mantenga el tema en su parrilla con la independencia necesaria pic.twitter.com/BvF3V48yHE
“El sábado 26 de agosto me llamó la secretaria del señor Gilber Llapapasca Cunya, a quien a partir del 19 de agosto se le había encargado el puesto de gerente de Radio Nacional, para informarme que el programa “La voz del consumidor” que produje y conduje por 12 años, no iba más”, contó Cáceres a Sudaca y agregó que el actual gerente nunca se reunió con él para explicarle las razones detrás del final de su programa.
“Lo que quiero creer es que tanto la Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP) como la Ministra de Cultura, de quien depende dicha entidad, no estaban al tanto de los planes del señor Llapapasca y que, ahora que los conocen y están viendo el repudio que generan en la sociedad, tomarán las medidas correctivas necesarias. Recordemos que no sólo se canceló mi programa sino que, en simultáneo, se tomaron medidas similares contra otros de la mayor importancia. Una verdadera carnicería contra la programación”, señala Cáceres ante la ola de críticas que el IRTP está recibiendo a raíz de las cancelaciones de programas que incluso han llevado a que la congresista Susel Paredes le solicite a Leslie Urteaga, ministra de Cultura, que reconsidere la decisión del gerente de Radio Nacional.
Norma Yarrow, parlamentaria de Avanza País, también se ha pronunciado y, en el oficio dirigido a la ministra Urteaga, ha calificado como abuso de autoridad la decisión de Llapapasca Cunya y exhortó al IRTP no realizar acciones que puedan afectar los derechos laborales de los trabajadores.
“En los doce años que estuve en Radio Nacional, nunca se me dio una instrucción similar. Absolutamente todos presidentes de la república, ministros, presidentes del IRTP y gerentes de radio respetaron nuestra autonomía porque las críticas que hacíamos a las dependencias del Estado eran alturadas, documentadas y propositivas”, comentó Crisólogo Cáceres a Sudaca y lamentó que haya llegado a su final un programa que él describe como “sesenta minutos diarios para hablar exclusivamente de los problemas que agobian al consumidor. En el mundo entero no existe un espacio similar que haya durado tanto tiempo, que haya sido transmitido a diario en vivo y en directo y que haya contado con la participación activa del público oyente a través del teléfono y el WhatsApp”.
Pero el caso de Cáceres no es la única salida que se ha producido en las últimas semanas. El pasado viernes 25 de agosto, Cecilia Brozovich, quien conducía el programa “Nacional Play” en Radio Nacional, se enteró que no continuaría en dicho medio. “Mi productor me comentó que había tenido una reunión con Llapapasca. Me dijo que se habían reunido los productores y que entendía que luego se reunirían los conductores”, relata Brozovich a Sudaca.
Y hasta que sucedió!
De manera abrupta y a través de terceros me entero que apenas entró la nueva gerencia de @RadioNacionalFM rescindieron mi contrato permitiéndome trabajar solo hasta fin de mes
10 años en @tvperupe y 4años en Radio Nacional se fueron así nomás @IRTP_Oficial
Brozovich, quien también es cantautora, explica que nunca llegó a reunirse con el recientemente nombrado nuevo gerente de Radio Nacional y que, al igual que en el caso de Crisólogo Cáceres, tampoco le ofrecieron una explicación para que su programa sea dado de baja. “Mi programa reunía los diferentes temas de cantantes de todo el Perú. Era una plataforma donde presentábamos la música de géneros contemporáneos”, cuenta Cecilia sobre el programa que condujo.
“En la reunión de productores se hablaban de cambios. Ese mismo día en la noche le dicen a mi productor que me comunique que no iba más. Mi productor le dice a Llapapasca que él mismo me lo diga, pero le respondió que no es necesario”, expone Brozovich sobre los detalles de su salida de Radio Nacional.
Aunque su programa se enfocaba en la música, la exconductora cuenta que en sus redes no tenía inconvenientes en manifestar su sentir y cuenta a Sudaca que, con motivo de las pasadas Fiestas Patrias, expresó su desazón por injusticias que padecen algunos peruanos producto de la ambición de personas por las que señala no sentirse representada. Al respecto, Cecilia considera que “esto no le puede haber gustado a alguien” y agrega que “de manera interna se escuchaba que tengamos cuidado con lo que publicamos en redes”.
— Cecilia Brozovich (@CeciliaBrozovic) July 29, 2023
ANTECEDENTES QUE ALARMAN
Pero las salidas de los medios del Estado no empezaron estas últimas semanas. Tal como lo reportó detalladamente Sudaca en el informe DECISIONES CUESTIONADAS: IRREGULARIDADES EN EL GOBIERNO DE DINA BOLUARTE publicado en febrero de este año, el criterio para prescindir de trabajadores en medios como TV Perú parecía estar más ligado a qué tanto se alineaban con el discurso que favorecía al gobierno de Dina Boluarte. En aquella oportunidad, el periodista Carlos Cornejo fue retirado de su programa en la televisión estatal tras referirse a la muerte de Víctor Santisteban durante las manifestaciones contra el gobierno y cuestionar las acciones de la policía.
A ello se le suma que, meses atrás, también se produjo la salida de otros trabajadores, como fue el caso de la periodista Leah Sacín. En declaraciones a Sudaca, Sacín tampoco se realizó de forma clara y fue inesperada. “Siempre cuando hay cambios de gestión se piden reportes y nosotros teníamos un reporte muy bueno porque se había logrado mayor interacción. Nunca se nos dijo que no estaban conformes con el trabajo realizado”, contó Leah, quien se desempeñaba como productora general y, además, estaba a cargo del contenido que se subía a redes sociales.
El inicio de una nueva gestión suele estar acompañado por cambios. Sin embargo, lo que se ha visto en medios como Radio Nacional son una serie de cambios que no parecen tener sustento ni estar relacionados al desempeño de sus trabajadores y, por el contrario, cada vez despiertas más sospechas sobre las verdaderas motivaciones que pueden haber detrás y ponen en riesgo la credibilidad de medios que le pertenecen a todos los peruanos y no deberían responder a los intereses de un gobierno de turno.
[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] Durante los primeros meses de la presidencia de Dina Boluarte, el país ha sido testigo de una serie de acontecimientos que han dejado una marca indeleble en nuestra historia reciente y en la percepción pública nacional e internacional. Ciudadanos de diversas regiones, incluyendo Ayacucho, Puno, Apurímac y Cusco, entre otras, protestaron contra su gobierno y su permanencia en el mismo. Lo que debería haber sido una oportunidad para escuchar las voces de la ciudadanía, o de los «nadies», como le gustaba decir cuando ocupaba el cargo de vicepresidenta bajo Pedro Castillo, se transformó en una tragedia de proporciones inimaginables.
La respuesta de su gobierno fue desproporcionada y mortal. Las fuerzas del orden, en un acto que desafía la noción misma de justicia y respeto por los derechos humanos, abrieron fuego contra los manifestantes, dejando un saldo trágico de 49 vidas perdidas: 49 personas ejecutadas por proyectiles de armas de fuego. Las impactantes imágenes y las historias desgarradoras de familias destrozadas por las ejecuciones extrajudiciales de sus seres queridos no dejan de conmovernos.
Lo que agrava aún más la situación es el cinismo con el que Boluarte se expresó de los manifestantes. “Hay un grupo menor ligado a actos ilegales, en este caso, la minería ilegal y el narcotráfico (…) Hay gente ligada al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef)”. Sin embargo, estas afirmaciones carecían por completo de pruebas sustanciales y parecían más una estrategia para desviar la atención de la brutalidad cometida por las fuerzas del orden bajo su mando. La incredulidad ante sus declaraciones se acentuó cuando intentó explicar algunas de las muertes como resultado de una supuesta “avalancha de cinco mil personas” o que “la mayoría de ellos [los fallecidos] es por impacto de un arma artesanal denominado dum dum”, una explicación que insulta la inteligencia y la sensibilidad de quienes buscamos la verdad y la justicia.
La presidenta Boluarte ha demostrado ser cínica, mentirosa e indigna de su cargo. Su falta de empatía hacia las vidas perdidas y su negación de la responsabilidad en estas muertes atroces son un ejemplo claro de su cinismo. Sus mentiras para justificar lo injustificable demuestran su total desprecio por la verdad y la confianza de los ciudadanos. Su indignidad se refleja en su incapacidad para reconocer los errores y asumir la responsabilidad, en lugar de esto, busca evadir las consecuencias de sus acciones.
En tiempos de crisis, el liderazgo político se somete a prueba y las acciones hablan más que las palabras. La presidencia de Boluarte ha quedado marcada por una represión desmedida y cruel, por afirmaciones infundadas y por la falta de moralidad en su respuesta a las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos. Nuestro país merece líderes capaces de empatía, honestidad y responsabilidad; no merece una presidenta cínica, mentirosa e indigna.
En cuanto a su carácter disruptivo, como el que exhibe el candidato argentino Javier Milei, sí hay posibilidades de que surja algún símil peruano. Es más, ya ha ocurrido antes en nuestra historia, empezando con Alberto Fujimori y terminando con Pedro Castillo.
Lo que resulta improbable es que sea uno libertario conservador como el economista bonaerense, porque acá hay mucho por andar en materia de reformas económicas, pero no estamos, ni por asomo, cerca del desastre ocasionado por los peronistas en Argentina. Un discurso radical centrado en lo económico solo podría pegar si rompiese los cánones del mercantilismo imperante y se atreviese a proponer ideas contra el statu quo vigente, pero es difícil porque no tiene mucha capacidad de enganche con las preocupaciones ciudadanas.
Más bien, lamentablemente, la narrativa que sí podría tener arraigo disruptivo es aquella que va contra el sistema económico vigente. Lo demostraron las elecciones del 2021 y el fenómeno podría repetirse el 2026, sobre todo si la centroderecha y el gobierno no hacen algo relevante para impulsar la economía y, por ende, asentar positivamente las actitudes hacia la inversión privada y el libre mercado.
Según la encuesta de Ipsos que hemos referido en varias ocasiones, las principales inquietudes cívicas van por el lado de la inseguridad ciudadana y la corrupción. En base a ello, es más probable que surja un Bukele antes que un Milei. Y si lo combina con un discurso económico izquierdista, puede explicar, por ese lado, la aparición de un antiestablishment (siendo, hasta el momento, alguien como Antauro Humala el que más tramo ha recorrido en esa perspectiva).
Lo cierto es que un Milei o un Bukele de izquierda (el mandatario salvadoreño ya lo es) es el escenario más probable en el futuro electoral peruano. Y mientras avanzamos hacia ello, la prensa mayoritaria, la clase empresarial y los políticos de derecha, creen que la estabilidad mediocre de Dina Boluarte, merece contemplaciones y espíritu acrítico, dejándole servida a la mesa a quienes construyen su narrativa en base a la hipótesis de que Boluarte-Otárola y la derecha son lo mismo y es el orden establecido al que hay que derrotar en el siguiente proceso en las urnas.
[AGENDA PAÍS] El mensaje a la nación de más de 3 horas que la presidenta Dina Boluarte ofreció al país el pasado 28 de Julio, si bien contuvo una serie de ofrecimientos importantes en distintos ámbitos de la problemática nacional, dejó también la sensación de una falta de priorización y la duda sobre si con las capacidades actuales del Estado y de las Regiones, estas promesas podrían, efectivamente, ser cumplidas.
También queda el sentimiento que un mensaje tan denso y extenso, acompañado de otro extenuante desfile de fiestas patrias, con llegada presidencial en carro descubierto, estuvo buscando primero, una reconciliación con el pueblo con pedido de perdón incluido, y segundo, dar al empresariado, interno y externo, una señal que la pacificación en el país es una realidad, pero lo más importante, que hay gobernabilidad y que no hay duda de que Dina Boluarte tiene el poder.
Pero pasando a la sustancia de las propuestas, de las críticas y comentarios que el discurso presidencial ha recibido (algunos muy ácidos, otros agridulces y unos pocos entusiasmados), rescato las opiniones del ex Ministro de Economía Carlos Oliva Neyra, actual Presidente del Consejo Fiscal y Vice-Presidente del Banco Central de Reserva (BCR).
Con su conocido temple, claridad y sentido de la realidad, Carlos Oliva introduce la variable del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización-CNCF (https://www.cnc.gob.pe/) antes que la del Acuerdo Nacional-AN (https://acuerdonacional.pe/). La CNCF (a diferencia de la AN, que es más un entorno de mucha retórica pero de poca o nula efectividad) tiene como misión institucional “articular los esfuerzos del sector público, privado y la academia para implementar reformas y medidas de impacto en favor de la competitividad y productividad en el país”.
El CNCF es, por lo tanto, un espacio de interacción entre los actores relevantes y eso fortalece la credibilidad de las propuestas y de la institucionalidad. En este entorno, el CNCF desarrolló hace ya varios años un plan institucional muy bien estructurado basado en 9 objetivos priorizados con sus correspondientes medidas, que, de manera concreta y medible, busca mejorar el bienestar de todos los peruanos.
Incluso, el CNCF ha desarrollado planes regionales, identificando dónde se debe realizar inversiones para cerrar brechas, como, por ejemplo, una cartera de proyectos para la promoción de inversiones en turismo en la región San Martín.
Los 9 objetivos priorizados, que dada la realidad del país son también ambiciosos, incluyen: Infraestructura, Capital Humano, Innovación, Financiamiento, Mercado Laboral, Ambiente de Negocios, Comercio Exterior, Institucionalidad y Sostenibilidad Ambiental.
Hubiese sido interesante que el mensaje presidencial hubiera tomado estos 9 objetivos y las 84 medidas que relacionan a 14 entidades, como marco para el plan de gobierno 2023-2026, estableciendo mejoras fundamentales como el fortalecimiento de la institucionalidad. En este punto, por ejemplo, se careció de una visión integral de cómo mejorar los servicios públicos de todo el Estado, cuyo eje principal es la calidad de los funcionarios públicos y el acceso meritocrático a la carrera pública.
Las propuestas de modificación de la manera cómo se eligen a los congresistas y el regreso a la bicameralidad son interesantes, pero no articuladas con una reforma política. Otra propuesta fue la inclusión de 50,000 policías del orden cuya forma más bien, va en contra de la institucionalidad de la PNP. Estas promesas no dieron la impresión de estar bajo una visión integral en el campo de la institucionalidad, sino más bien, anuncios que buscan el aplauso de corto plazo sin medir las consecuencias posteriores.
Es tarea de la PCM tomar los objetivos priorizados del CNCF, hacerlos suyos y trabajar articuladamente en la sincronización con el mensaje presidencial, para que devengue en un plan de acción 2023-2026 con objetivos que sean medibles progresivamente y que la ciudadanía, a través de un portal que el gobierno ponga a disposición, pueda hacer el seguimiento y si es el caso, el llamado de atención a las autoridades para que se cumpla el plan y se use adecuadamente el dinero de todos los peruanos.
En la última encuesta de Ipsos se le preguntó a la ciudadanía qué temas debería priorizar Dina Boluarte en el mensaje de Fiestas Patrias. Las respuestas son reveladoras porque denotan las reales preocupaciones de la gente. Un 44% responde que lucha contra la delincuencia, 43% lucha contra la corrupción, 28% reducción de la pobreza, 27% salud pública, recién en quinto lugar adelanto de elecciones (25%) empatado con promoción de la inversión para generar más empleos (25%).
Ahora se entiende el fracaso de la “toma de Lima” del 19 de julio y la delusión que acompaña a la izquierda peruana cuando cree ver allí la muestra cabal de un gobierno dictatorial enfrentado a un pueblo movilizado, cuando la verdad es que estamos lejos de ser una dictadura y más lejos aún de un activismo multitudinario.
Así como se erraba radicalmente haciendo del tema de la Constituyente el leit motiv central de la plataforma política de la oposición inicial a Boluarte, se marra con mayor amplitud cuando ahora se convoca performances políticas en base a un adelanto de elecciones que bien puede querer en abstracto la mayoría, pero no preocupa tanto a la misma como otros temas (indicados en la respuesta a la pregunta referida al inicio de esta columna).
De igual guía debe servir para la derecha, que no da pie con bola y anda más despistada que la izquierda y ni siquiera sabe si debe oponerse o no al régimen (satisfecha de que haya reemplazado al nefasto Castillo, le perdona casi todo a Boluarte). Y lo más grave es que los temas de seguridad ciudadana y el de reactivación económica son parte de la agenda central y excluyente de la derecha (a la izquierda no se le asocia con aquellos asuntos).
Amparada en los poderes fácticos (fuerzas armadas, empresarios y medios de comunicación), Dina Boluarte se siente tranquila, más aún si la oposición comete el grueso error de elegir la agenda equivocada para atacarla.
La única manera de movilizar a las calles es denunciar la inseguridad ciudadana, la crisis económica y la inmoralidad pública (que ya se aprecia en algunos nombramientos deleznables, como los de EsSalud). Solo así habrá una oposición capaz de mover las agujas del reloj político.
[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] El 30 de julio, la Casa de la Literatura Peruana preguntó a sus seguidores lo siguiente: “¿Un libro que recomiendes para entender a nuestro país?”. En mi opinión, es recomendable no uno sino dos libros para entenderlo. El primero, “El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario” y, el segundo, “Aspectos legales en la responsabilidad médica en el Perú”, cuya autora, entre otros, es Dina Boluarte. Ambos fueron publicados en el 2004. Ambos depositados en la Biblioteca Nacional. Ambos escritos por la hoy Señora Presidenta de la República, al parecer, para dejar constancia de su necesidad de comunicar sus ideas y experiencias de manera estructurada y convincente; compartir sus conocimientos e información sobre tal temática; destacar como una experta en Derechos Humanos y en los asuntos legales que rodean la práctica médica y la responsabilidad del personal médico en el país; mejorar su reputación profesional y abrir oportunidades laborales.
Sin embargo, ambos libros fueron plagiados. El plagio del primero fue descubierto por los periodistas Christopher Acosta y Hernán Floríndez; y el del segundo por el programa “Al Estilo Juliana”. Como bien dice Acosta, en relación con el primero, “la obra se construye con retazos que se copian y pegan de trabajos académicos, tomando contenido ajeno que se hace pasar como propio. Un caso de plagio sistemático”. Al analizar el contenido del mismo con el Turnitin, un software antiplagio, el resultado es categórico. El 55% corresponde a fuentes bibliográficas no citadas. Es decir, plagiadas. En cuanto al segundo, abundan pasajes extraídos de autores no citados como Brenner Díaz, Ana Collado, Jiménez de Asua o de Internet. Al igual que el primero, no cuenta con bibliografía ni pies de página.
Ambos libros permiten entender, sobre todo, a tan dilecta escritora. En primer lugar, el plagio no es otra cosa que tomar ideas, palabras, obras o trabajos de otra persona y presentarlos como propios, sin dar crédito adecuado al autor original o sin obtener permiso para su uso. Una práctica antiética, la cual, todo indica, sistemática en nuestra novel escritora. En segundo término, evidencia que carece de creatividad o habilidades para generar contenido original y, por lo tanto, opta por copiar el trabajo ajeno. En tercer lugar, nula conciencia sobre el plagio. Muestra de una educación inadecuada sobre la ética y la propiedad intelectual pese a ser abogada. Por último, una absoluta despreocupación por las consecuencias del plagio. El mismo, al no tener consecuencias significativas, lo asume parece ser como una práctica aceptable.
Una vez descubiertas las copias de Dina Boluarte y ante contundentes evidencias, la respuesta gubernamental fue lamentable. Un poco más y su primer ministro Otárola repite la ya legendaria afirmación de otro plagiario serial: “no es plagio, es copia”. En esta ocasión fue algo más original y afirmó que, en cuanto al primer libro, “no es un libro, es un texto”. Es decir, “nunca tuvo la intención de ser un libro como malintencionadamente se dijo. Y prueba de ello que no se publicó, no se comercializó y no se ofreció al público” Boluarte dixit. A partir de hoy, cortesía de Boluarte y Otárola, el plagio no es plagio, ni la copia es copia. Basta con señalar que un libro plagiado es tan solo un texto y punto. Gracias por la licencia para plagiar.
