La calle se está calentando, pero existe el justificado temor de que aún si eso ocurriese no habría en el Congreso consciencia de lo que correspondería hacer en ese caso. Por eso hay que decirlo en voz alta y clara: tienen que irse Castillo y Boluarte y llamar a elecciones generales adelantadas. Es la única salida de esta crisis.
Ya entonces habrá que tornar imperativa la conjunción de fuerzas tanto del centro como de la derecha para evitar que la dispersión ocasione que nuevamente un disruptivo aparezca en escena y entre al albur de la lotería que es en el país la segunda vuelta electoral, pero primero lo primero, como es asegurarse el camino del final del horror que supone este malhadado gobierno.
Tanto Boluarte como Castillo no las tienen todas consigo. La Contraloría puso la cabeza de la abogada en una bandeja y pidió a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, evaluar si la titular del Midis cometió una infracción constitucional. Ello, por haber actuado, en paralelo, como presidenta del consejo directivo del club departamental Apurímac y ministra de Estado. Boluarte argumenta que pidió licencia en el club el 29 de julio del 2021, pero el ente de control halló que firmó 13 documentos después de esa fecha, en calidad de titular de la asociación privada.
La denuncia de la Contraloría puede allanar el camino para sacarla del juego, destituirla del cargo de ministra e inhabilitarla de la función pública. Esto último equivaldría a sacarla de la vicepresidencia, según el constitucionalista Natale Amprimo.
La acusación que se prepara contra Boluarte llega en un momento de división en el oficialismo. Los representantes de Perú Libre están con la sangre en el ojo porque el presidente Castillo no respetó el acuerdo para que el cerronismo maneje los ministerios de Salud y Energía y Minas.
Castillo sacó -sin consultar al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón- al ministro de Energía, Carlos Palacios. Y lo reemplazó por la abogada Alessandra Herrera, a quien en el partido del lápiz identifican como alguien cercana a las grandes empresas.
En la agrupación liderada por Cerrón, que tiene hoy 22 parlamentarios tras sucesivas escisiones, hablan de ajustar cuentas. Un primer zarpazo se lo darían a la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, enemiga de Cerrón. Los congresistas de este bloque apoyarían la censura en su contra, dice una fuente del lápiz.
Boluarte, una adversaria declarada del cerronismo y exmilitante de Perú Libre, sería la siguiente en caso prospera la denuncia constitucional en el Parlamento. “La política es ondulante. Cambia según la coyuntura”, declaró Cerrón a Canal N, en abril pasado.
Boluarte está actualmente en la ciudad de Davos, Suiza, para participar en el Foro Económico Mundial. Hoy participó en un panel que abordó el tema de la polarización e incertidumbre política en América Latina. “La derecha en el país, si es que así podemos denominarla, no quiere reconocer el triunfo legítimo del presidente Pedro Castillo en las elecciones segunda vuelta del 6 de junio. Y desde el primer instante en que el presidente y yo juramos servir al pueblo peruano no nos han dejado gobernar en paz”, dijo Boluarte en un evento del foro.
El Estado es muy generoso con los familiares de Dina Boluarte. Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la vicepresidenta de la República, fue contratado como asesor principal en el municipio de Pueblo Libre en agosto pasado, contraviniendo a la Ley de Contrataciones del Estado, que prohíbe darle trabajo a parientes “hasta el segundo grado de consanguinidad” de la alta funcionaria, según dos especialistas consultados por este medio.
A Wigberto Boluarte lo contrató el alcalde Stephen Haas del Carpio, que llegó a la comuna con los colores de Acción Popular. Este es un partido cuya bancada está dividida sobre su posición respecto al gobierno. Una facción minoritaria, integrada principalmente por legisladores provincianos, es afín a la gestión de Pedro Castillo.
Stephen Haas del Carpio, alcalde de Pueblo Libre, posa con una imagen del expresidente Fernando Belaunde. En su gestión se contrató a Wigberto Boluarte, hermano de la vicepresidenta de la República, como asesor. Fuente: Andina.
Wigberto Boluarte llegó al municipio para ocupar el cargo que entonces tenía Enrique Vílchez, hoy secretario general del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), cartera que preside Dina Boluarte. Vílchez fue asesor del alcalde de Pueblo Libre desde enero del 2021 hasta el 3 de agosto de ese mismo año. Tras pasar al Midis, fue reemplazado en el distrito por el hermano de la vicepresidenta. Un enroque perfecto.
ESPECIALISTAS CUESTIONAN
Wigberto Boluarte ha recorrido diversas instituciones públicas. Fue viceministro de Promoción del Empleo en el gobierno de Ollanta Humala. También coincidió con Enrique Vílchez, el 2017 y el 2018, en el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico), durante el gobierno de Martín Vizcarra. El primero fue gerente general de la institución; y el segundo, asesor legal de la gerencia general.
“Yo conozco a Nicanor [así le dice al hermano de la vicepresidenta]. Y con Nicanor y Enrique Vílchez hicimos un grupo de transferencia con el alcalde saliente [de Pueblo Libre]”, dice a Sudaca el alcalde Haas del Carpio.
En mayo del año pasado, en medio de la agitación política por la segunda vuelta electoral, Wigberto Boluarte fue nombrado director de la Empresa Nacional de Puertos, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por el gobierno de transición de Francisco Sagasti.
Pero el hermano duró dos días en el cargo. Renunció para evitar suspicacias de que su nombramiento respondiera a un pacto político entre Sagasti y Pedro Castillo. Y es que se trataba de un familiar directo de la entonces candidata a la vicepresidencia. “No quisiera que esta designación de pie a comentarios fuera de lugar”, señaló en una carta.
Tres meses después, sin embargo, al hermano de la vicepresidenta no pareció interesarle la agitada coyuntura política y aceptó el cargo de Asesor I en la municipalidad de Pueblo Libre, bajo el régimen laboral CAS (contratación administrativa de servicios). Entró en agosto del año pasado con un salario mensual de S/8.370, según el portal de Transparencia del municipio. Un mes después, en septiembre, tuvo un incremento salarial y pasó a ganar S/9.300.
El alcalde cierra filas con la designación del hermano de Dina Boluarte y dice que la contratación cumple con los requisitos de ley, pero sin dar argumentos legales. “Lo hemos contratado porque no tiene ningún impedimento legal, además cumple con el perfil técnico. Él es funcionario de confianza. Su contratación pasó por la revisión de la gerencia de Recursos Humanos”, dice el burgomaestre Stephen Haas.
Sudaca tuvo acceso a la resolución de la alcaldía de Pueblo Libre en el que nombra a Wigberto Boluarte Zegarra, como Asesor 1. Es del 4 de agosto del 2021. “La subgerencia de Recursos Humanos informa que habiendo recibido el currículum vitae documentado del señor Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra procedió a verificar si cumple con el perfil del puesto para el cargo de Asesor 1 del Despacho de Alcaldía, concluyendo que sí cumple con dicho perfil”, dice la resolución. En el documento no se analiza si el contratado está impedido de contratar con el Estado por ser pariente de la vicepresidenta.
4 de agosto, 2021. La resolución de la alcaldía de Pueblo Libre en la que se nombra como asesor principal a Wigberto Boluarte Zegarra, hermano de la vicepresidenta Dina Boluarte. No se analizó si está impedido de ser contratado por ser pariente de una alta funcionaria.
“A él [Wigberto Boluarte] sí le alcanza el impedimento porque es el hermano de la vicepresidenta. Un CAS tiene la prohibición también”, dice a Sudaca Cecilia Ruiz, abogada especializada en contrataciones.
El artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado dice que están impedidos de contratar “el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad” de un alto funcionario, como el presidente o el vicepresidente, en el ámbito que se desempeñen.
Óscar Saravia, especialista en contrataciones, dice a Sudaca que el ámbito del mandatario Pedro Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte es nacional, por lo que sus familiares directos no pueden contratar con el Estado en todo aspecto. “En mi opinión el ámbito de la vicepresidenta es a nivel nacional porque no hay una oficina o dependencia del vicepresidente. Por lo tanto, el impedimento para contratar un familiar directo es a nivel nacional mientras dure su ejercicio o un año después de haber culminado su ejercicio. Está prohibido contratar a un hermano de padre y madre (de la vicepresidenta). No se puede”, dice Saravia.
Al ser consultado sobre si Dina Boluarte influenció en la contratación de su hermano, el alcalde Stephen Haas responde: “No he tenido acercamiento con la señora Boluarte. Ella vino al distrito con motivo de la celebración del bicentenario de la República. Se invitó al presidente de la República, no pudo venir y envió a la señora Dina Boluarte. Pero jamás me he reunido con ella en privado”.
Haas llegó a la alcaldía como invitado de Acción Popular. Se afilió al partido en el 2019 y, en septiembre del 2021, un mes después de contratar al hermano de Boluarte, renunció a la militancia. Según dice, lo hizo para formar parte de un movimiento independiente. Niega haberse ido en malos términos del partido. “No me aproveché ni mucho menos de Acción Popular. Yo participé en las internas como invitado y gané. Le estoy agradecido a Acción Popular, pero me fui porque se presentó la posibilidad de presentar una nueva agrupación política”, dice el titular de la comuna de Pueblo Libre.
Wigberto Boluarte no es el único familiar de la vicepresidenta y ministra del Midis contratado por el Estado. El 9 de febrero la Contraloría alertó en un informe que la empresa Grupo Peruano Suiza, que pertenece a Jorge Gamarra Boluarte, sobrino de Dina Boluarte, ganó un contrato de S/170.000 para realizar exámenes de tomografía en el hospital regional del Cusco, administrado por el gobierno de la región. El acuerdo, que fue ventilado por la prensa, se firmó en diciembre pasado por la vía de la “contratación directa”.
Jorge Gamarra Boluarte, de acuerdo al informe de Contraloría, sería hijo de Olga Boluarte Zegarra, hermana de la vicepresidenta. El órgano de control recomendó tomar acciones respecto a esta adjudicación. Sudaca se comunicó con la vicepresidenta Dina Boluarte y su oficina de prensa, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.
Da la casualidad de que Acción Popular también dejó marcada su huella en este caso. Y es que el gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente García, pertenece al partido de la lampa. La autoridad regional negó cualquier tipo de favorecimiento. Benavente es de la línea de Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca y que adopta un tono conciliador con el gobierno. Esto, en contraste con una línea dura fijada por su correligionaria y presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.
8 de febrero. Jean Paul Benavente, gobernador regional del Cusco, conversa con el presidente Pedro Castillo al asumir la presidencia de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. La vicepresidenta Dina Boluarte acompaña la escena. El sobrino de ella fue contratado como proveedor en la gestión de Benavente. Fuente: Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.
El gobernador de Cusco, Jean Paul Benavente, es el nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Fue elegido el 8 de febrero pasado, con la presencia del presidente Castillo y la vicepresidenta Boluarte. Todo queda en familia.
Empiezan a vislumbrarse los primeros arrebatos autoritarios de un gobierno que se ha empeñado en cometer yerro tras yerro y ahora parece haber encontrado la fórmula para no resolverlos, como correspondería, y pasa por inventar enemigos externos a quienes atacar y buscar que ello genere un efecto distractor.
Así, hemos escuchado a la primera vicepresidenta, Dina Boluarte, y al titular de Justicia, Aníbal Torres, arremeter, en uno de los dos casos agraviantemente, contra la prensa, acusándola de distraer al país de los asuntos importantes y de centrarse en menesteres de menor relevancia.
Como si la cercanía de Sendero Luminoso al gobierno (Bellido, Maraví, etc.), la incompetencia de varios ministros y funcionarios públicos, la radicalidad obtusa de Vladimir Cerrón, el silencio dubitativo del Presidente, etc., fueran, primero, asuntos menores, y, segundo, inventados por los medios de comunicación.
Es necesario advertir la eventualidad de que estemos ante los primeros pasos de una estrategia de gobierno destinada a recuperar alguna popularidad aplicando la estrategia de la confrontación autoritaria. Ya se ha hecho así en otros países de la misma órbita. La prensa, los grupos de poder y el Congreso opositor han sido las instituciones elegidas para armar un muñeco conspirativo que, ese sí, distraiga a la población de los reales problemas políticos que el país afronta por obra y gracia del propio gobierno.
Hay que estar alertas y mostrar unidad. Así como se exige a la oposición congresal democrática que se muestre coordinada, así como los gremios empresariales deben salir de su modorra y activar sus alarmas respecto de los despropósitos económicos del gobierno, la prensa en su conjunto debe entender que frente a una amenaza autoritaria debe mantener la más férrea unidad, sin distingo ideológico o afán competitivo.
La ideología del gobierno, ese indigesto guiso de maoísmo castillista y leninismo cerronista, alberga en su seno evidentes gérmenes autoritarios que ante las primeras frustraciones gubernativas -que ya deben estar sintiendo-, aflorarán y harán que se elija frentes de batalla artificiales para disimular la propia mediocridad.
No vienen tiempos fáciles para la democracia peruana. Lamentablemente, el pueblo se equivocó al elegir a su gobernante y lo hizo por alguien no solo ideológicamente descaminado sino además personalmente incapacitado para gobernar con relativa eficacia.
Son los costos de la democracia y hay que asumirlos hasta donde sea posible, pero lo que no debe ser admitido bajo ningún concepto es que a causa del paulatino descrédito en el que viene cayendo el régimen, pretenda desplegar psicosociales arremetiendo contra libertades fundamentales, como la de prensa, piedra de toque de una democracia que se precie de funcional.
Los rumores de un cambio de gabinete son claros indicativos de que la alianza Castillo-Cerrón empieza a resquebrajarse. Hay sectores crecientes dentro del oficialismo que no ven con buenos ojos la influencia del exgobernador de Junín y presionan para que el Presidente dé un golpe de timón y cambie de rumbo.
Así, los congresistas del magisterio -desplazados por Waldemar Cerrón de la vocería de la bancada-, Dina Boluarte, primera vicepresidenta, con juego propio moderado en el Ejecutivo, los sectores tecnocráticos de los aliados Juntos por el Perú y Nuevo Perú, el grupo “Los Nadies”, que encabeza la congresista Betsy Chávez, son, entre otros, factores de contención de las pretensiones controlistas de Cerrón.
Vladimir Cerrón parte de una concepción leninista clásica, por la cual el partido es el poder, y el gobierno es solo una proyección de ese poder real (no es casualidad que en Cuba o en la Unión Soviética a quienes elegían secretarios generales del Partido Comunista fuesen de inmediato jefes de gobierno).
Es por esa razón que el cacique de Junín se siente con pleno derecho a cogobernar. Él cree que el partido es la representación del pueblo y que, por ende, Castillo debe subordinarse a sus deseos. Cualquier disidencia a ese pensamiento es traición, ya ha escrito en las redes sociales.
El problema para Cerrón es que vivimos en una república y no en una dictadura de partido, y en esa medida los poderes institucionales superan largamente los de una agrupación tan precaria, además, como Perú Libre. Castillo, empoderado con el cargo, ya debe haber entendido que las riendas del poder las tiene él y no Cerrón.
¿Esta aparente disputa puede ser una simple estratagema para ablandar a los congresistas díscolos que aún dudan de darle el voto de confianza al gabinete Bellido? Puede ser, claro, pero los indicios más razonables apuntan a que está germinando una real diferencia en la cúpula del poder, que ojalá derive en una reconducción del gobierno por rutas más moderadas que las maximalistas propuestas por Cerrón y sus allegados.
Todas las encuestas coinciden: desaprueban al gobierno de Castillo, rechazan al gabinete Bellido y cuestionan abrumadoramente la presencia de Cerrón. El Primer Mandatario tiene que entender que seguir los dictados radicales de Cerrón, que conducen a una Asamblea Constituyente para refundar socialistamente al Perú, chocan con la realidad mayoritaria del pueblo peruano y con el establishment político vigente en el Congreso.
Por ese camino solo va a una confrontación desgastante y que pone en riesgo, inclusive, su permanencia en el cargo por cinco años.
