Dina Boluarte

El Congreso se siente impune, cree que sus actos no generan consecuencias políticas, que su desprestigio no afecta a todo el establishment político, que las barbaridades que se perpetran y las corruptelas que se develan pasan debajo del radar de la irritación ciudadana.

Porque en el caso de la presidenta Dina Boluarte se entiende de alguna manera su desaprobación, más allá de lo que haga. Que haya sucedido a un mandatario que tenía la aprobación de un tercio del país y que, además, haya ocasionado las muertes conocidas, justamente en las zonas castillistas, es un pasivo que difícilmente la abandonará, y que explica en gran medida los altísimos niveles de desaprobación que exhibe y de los que no se puede librar desde que asumió la posta presidencial.

¿Pero el Congreso por qué tiene tan alta desaprobación? Es verdad que el fenómeno es global, que los Legislativos no gozan de simpatías y que en el Perú en particular la gente lo aborrece (alguna vez un congresista me refería que al día siguiente de haber juramentado ya le mentaban la madre en la calle), pero el desastre nacional tiene otras causas.

A los sótanos a los que ha llegado el Parlamento actual, solo se llega con empeño y premeditación. Una tras otra, este Congreso ha dado muestras de mediocridad y corrupción, además de absoluta indolencia respecto de los pesares ciudadanos (la condecoración y develamiento del retrato de la expresidenta del Legislativo, Maricarmen Alva, no es, si no, un síntoma más de ese desprecio por la opinión pública).

Si a ello le sumamos, la ausencia total de un programa de reformas o iniciativas legislativas orgánicas, que se basen en la relativa mayoría congresal obtenida, se entiende por qué el desenganche, aparentemente irreversible, de este poder del Estado de la gracia ciudadana.

Y en ese plan, se llevan de encuentro el prestigio de las élites políticas, abonando y allanando el camino de un autócrata próximo, que prometa arrasar con el establishment. Tamaña irresponsabilidad debe ser denunciada y los integrantes de la clase política que no tiene curules deben mostrar la mayor distancia crítica posible de este engendro legislativo que las elecciones del 2021 parieron.

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Ha salido con todo Keiko Fujimori a zarandear al gobierno de Dina Boluarte. Le ha enrostrado “una actitud triunfalista y con cero autocrítica”. “Después de ver eso, nos debe llevar a nosotros a un cambio de actitud porque si ella y su Gobierno no es capaz (sic) de hacer los cambios que corresponde, debemos nosotros de señalar justamente cambios en el gabinete”.

Así, ha pedido la salida de los ministros de Salud, Energía y Minas, Salud e Interior, nada menos. Y, por cierto, tiene razón. Son ministros que no dan la talla para las urgencias del momento y afectan directamente la viabilidad del régimen, contribuyendo a su permanente nivel de desaprobación ciudadana.

¿Le hará caso la primera mandataria? Es un juego gana-gana el de Keiko. Si le obedecen, reforzará su perfil opositor y de poder. Si desoyen su solicitud, la alineará con mayor distancia respecto de un gobierno con el que la ciudadanía la identificaba. Buen negocio político por donde se le mire.

Esta paulatina lejanía del fujimorismo y del oficialismo, puede traer, sin embargo, más allá del impacto político general referido, consecuencias directas en la gobernabilidad congresal y la anuencia facilista con la que hasta ahora contaba Dina Boluarte.

Una bancada grande como la de Fuerza Popular es el fiel de la balanza en muchas de las decisiones que se toman en el Legislativo y si se encrespa respecto de la voluntad palaciega, le puede ocasionar más de un problema. Baste mencionar la ola de interpelaciones y censuras que podrían venir (como ya ha insinuado la propia Keiko Fujimori).

Alguna vez lo dijimos: Dina Boluarte durará en Palacio, el tiempo que le demore a la derecha darse cuenta de que su permanencia allí afecta sus intereses políticos y particularmente electorales.

No ha llegado aún ese momento de ruptura total, pero es el primer paso de lo que podría ser un distanciamiento que luego sea seguido por otras bancadas de derecha, que sumadas a las de la izquierda resentida, siempre dispuesta al contragolpe, podrían reducir las probabilidades de que Dina Boluarte gobierne sin sobresaltos hasta el 2026.

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Hay muchos proyectos parados, sobre todo en el sector minero y energético, que necesitan el empujón o el aval del gobierno para proseguir o iniciar sus actividades. Y los funcionarios de segundo nivel, responsables de facilitarlo, han optado, al parecer, por hacerse de la vista gorda y por el inmovilismo, tratando irracionalmente de conservar sus puestos, creyendo que cualquier ola que se levante les traerá consecuencias administrativas por afectar la marcha inerte del régimen, que prefiere no hacer nada que le altere el estado de sitio.

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Entre la fujimorización política del régimen y su vizcarrización económica, el resultado final es fatal. No remonta la altísima desaprobación del gobierno (las últimas encuestas reflejan una fijación a tasas terriblemente bajas), y la inversión privada no fluye, a pesar de la aparente estabilidad política lograda, alcanzado así cuotas de crecimiento paupérrimas.

Alguien tiene que convencer a Dina Boluarte (y no parece que vaya a ser el premier Otárola), de que será infernal el camino que le tocará recorrer si hasta el 2026 insiste en esa fórmula de gobierno. Su precarización irá en aumento y el malestar ciudadano irá creciendo, llevándola a una situación límite de estabilidad, efecto contrario al que el inmovilismo -como parece creer- le permitirá obtener.

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Esta nueva visión es interesante y pertinente, sin embargo, no puede estar aislada de la ansiada reforma política, ya que un cambio tan trascendental debe estar acompañado de otras reformas como la recomposición del congreso (diputados) a mitad del periodo presidencial, el regreso de la bicameralidad, la eliminación del voto de confianza a los nuevos gabinetes, eliminar la posibilidad de disolver el congreso por censuras a gabinetes, pero incluyendo un articulo similar al ecuatoriano que permite la “muerte cruzada” y el incremento a 4/5 del numero legal de miembros para vacar a un presidente.

Estas reformas y otras más como el tener distritos electorales uninominales, deben permitir esta figura de la cohabitación, que podría darse a mitad del periodo presidencial si cambia la composición del congreso.

La posibilidad de tener un nuevo pacto social disminuiría radicalmente esa demanda constante de vacancias, disoluciones y “que se vayan todos”, ya que la ciudadanía sabría que, en un periodo relativamente corto, podrían elegir, a través del voto y no de la violencia, un nuevo rumbo político donde se cambia al premier (jefe de gobierno) pero se mantiene al presidente (jefe de estado).

Vizcarra encargó a Tuesta una reforma política que nos ha complicado más que otra cosa, pero una alternativa ante un congreso tan desprestigiado como el nuestro, sería que la presidenta Boluarte convoque a un nuevo grupo de expertos, liderado por algún constitucionalista de prestigio y de consenso, para que lidere una nueva propuesta de reforma política que quizá, quien sabe, se oriente de una vez, al semi-presidencialismo.

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Muchos de esos rasgos antipolíticos se han mantenido y se han exacerbado a lo largo de más de dos décadas. Ahora no son patrimonio de tal o cual fuerza política o de tal o cual liderazgo. Por el contrario, se les encuentra en líderes y partidos políticos que se ubican en las derechas, en las izquierdas y en el centro del espectro político; algunos de los cuales tienen hoy responsabilidades gubernamentales y legislativas. Por eso, durante las movilizaciones de protesta, los cuestionamientos al gobierno de Boluarte fueron respondidos con un uso excesivo de la fuerza policial y militar que causó la muerte de 49 ciudadanos. O cuando Perú Libre y Fuerza Popular, partidos ubicados, al menos declarativamente, en polos opuestos la elección del Defensor del Pueblo teniendo en el horizonte sus particularísimos intereses. Como se aprecia, la antipolítica, por el momento, goza de buena salud y seguirá, en consecuencia, erosionando nuestra precaria democracia.

Carlos Iván Degregori partió a la eternidad un 18 de mayo de 2011. Aquel día nos dejó un estupendo intelectual, un antropólogo sin par, un excelente docente y un escritor excepcional.  Aquel día se nos fue uno de los imprescindibles como diría el dramaturgo y poeta Bertolt Brecht. Hoy queda releerlo, pensar los problemas del país, imaginar futuros posibles muchos más dignos y humanos que el presente y actuar en consecuencia para hacerlos posibles.

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La memoria colectiva del país no puede albergar conmiseración alguna respecto de un sujeto de mala entraña, que entró al poder a saquearlo, sin importarle un comino la buena gestión pública y que, al final, zarandeado por las acusaciones fiscales de corrupción, intentó tomar el camino del autoritarismo golpista, felizmente de modo fallido. El Perú, gracias a sus fuerzas institucionales -incluidas las Fuerzas Armadas-, se libró de seguir el camino de Venezuela o Nicaragua, que era el que pretendía desvergonzadamente Pedro Castillo.

Corresponde hacer pedagogía política y mediática sobre la desventura castillista (los canales harían bien en repetir cuantas veces sea necesario el video del golpe del 7 de diciembre) y que ello sirva para que la población que aún sigue engañada respecto de su figura, se dé cabal cuenta del despropósito y el error de seguirle concediendo alguna virtud a un gobernante malhadado.

Posdata: esta columna, como corresponde, sale de vacaciones un par de semanas, hasta el mes de junio.

La del estribo: notable, superlativa, extraordinaria la puesta en escena de Maquinal, dirigida magistralmente por el cineasta Josué Méndez, con un elenco actoral de primer orden, encabezado por Jely Reátegui. Va en el Centro Cultural de la PUCP hasta el 10 de julio. Y recomiendo ir temprano, de paso que le dedican un tiempo a la también extraordinaria exposición Una mirada al legado de Venancio Shinki.

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Bien ha señalado el exministro de Economía, Waldo Mendoza, que, según un reporte del Banco Mundial, el 85% de la reducción de la pobreza entre 2004 y 2019 se debió al crecimiento económico y un 15% a la redistribución, es decir el gasto público. ¿Y de dónde sale el gasto público? De los impuestos que se recaudan de las empresas privadas. Mendoza concluye que el 100% de la reducción de la pobreza se debe al crecimiento económico.

No hay otra fórmula. En ese sentido hay que hacerle justicia a lo que se hizo durante el segundo gobierno alanista. No emprendió ninguna reforma importante -su más grande pasivo-, pero en lo concerniente a la inversión privada, fue un activo promotor que permitió, por ello, la más importante caída de la pobreza de todo el periodo de la transición post Fujimori. Haría bien la presidenta Boluarte -más aun ahora que ha recuperado horizonte de gobernabilidad- en abocarse a ello y mirar ese espejo.

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Lo relevante, en términos sociopolíticos, es que la inversión social del proyecto ha sido nueve veces más de aquello inicialmente previsto por el Estado en programas sociales. No obstante ello, la empresa ha encontrado (y sigue encontrando) importantes demandas de inversión pública por parte de la población, que conciernen el abastecimiento de energía, acceso a telecomunicaciones, educación y servicio de agua y desagüe. Esto se explica por dos razones básicas: la falta de inversión pública en comunidades alejadas y el rápido crecimiento de las áreas colindantes a los proyectos luego de iniciada la etapa de construcción. A esto pueden sumarse otras falencias, como la incapacidad de las autoridades locales para gestionar sus recursos, el aislamiento geográfico y la poca flexibilidad del Estado para encontrar soluciones cuando la realidad rebasa el marco normativo.

Dina Boluarte y los ministros del sector tienen la palabra. La puesta en marcha de una nueva dinámica de inversiones que generen empleo y reduzcan la pobreza en Puno requiere diligencia para responder a una solicitud que debe ser bienvenida en una coyuntura en la que la inversión privada más bien viene cayendo por la crisis política.

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