Haría bien el Congreso en ya no volver a darle permisos a la presidenta Boluarte para viajar al extranjero. Las mentiras con las que ha sostenido sus viajes anteriores -todos ellos perfectamente inútiles para los intereses nacionales- la desacreditan para volver a las andadas.
Que viaje la presidenta, pero al norte, donde las obras de prevención contra el fenómeno del Niño no avanzan al paso debido, al sur, donde la gente la aborrece, pero donde, justamente por ello, es menester reconstituir la imagen presidencial.
Que se quede en Lima y se aboque a reunirse con su ministro de Economía y busque algún remedio a la crisis económica que transitamos y que radica básicamente -además de las políticas contractivas necesarias del BCR- en la ausencia de confianza del sector empresarial para invertir; que haga lo propio con su ministro del Interior, a ver si encuentra una fórmula, que no sean los populistas estados de emergencia, para aliviar la ola de crimen organizado que agobia a la ciudadanía en todo el territorio nacional; que coordine una agenda de supervisión con la ministra de Vivienda para constatar in situ qué pasa con los presupuestos destinados a la prevención del Niño y que no se gastan como es esperado.
La oposición no existe y eso parece que le da tranquilidad a la gobernante para hacer lo que le venga en gana, con absoluta impunidad. Pero viene creciendo en el hemiciclo una sensación de malestar y fastidio por lo que consideran una conducta insidiosa de Palacio. La estabilidad mediocre que se ha instalado, de la mano del Ejecutivo y del Congreso, puede romperse si esa alianza tácita entre ambos poderes se empieza a resquebrajar.
Sería bueno que algo semejante ocurra. Sin una oposición que le marque la agenda al gobierno vamos camino a una mayor crisis económica, política y social, con las imprevisibles consecuencias electorales que ello generará para el 2026. Con una oposición más beligerante, lo natural, como sucede en toda democracia que se respete, es el que gobierno sometido a exigencia, mejore, no que empeore. Ello sería una buena noticia y podría cambiar el rumbo de colisión al que vamos, a paso fijo, para los próximos comicios.
–La del estribo: nunca imaginé el placer de leer a Shakespeare en su versión original. Lo acabo de hacer, con Romeo y Julieta, la tragedia acontecida en Verona, narrada, como obra de teatro, por el genio británico, gracias, una vez más, a la agenda maravillosa del Club del Libro que dirige Alonso Cueto. Entre a Patreon y allí lo encuentra. Lo recomiendo.
[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] La destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en curso, es una muestra más de que los congresistas pueden hacer lo que les plazca. Es como si con ello demostraran que son capaces de cualquier cosa para proteger y garantizar sus intereses personales y de grupo. Intereses que no se condicen con el bien común, sino todo lo contrario. Son intereses mezquinos, particulares e ilegítimos. Esa demostración de poder es obscena. Su intención no solo es la de copar la JNJ, elegir a las máximas autoridades electorales del país sino, sobre todo, proteger y garantizar impunidad a sus jefes y jefas.
A los congresistas de Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, Acción Popular, entre otros más, no les importa que la JNJ sea un órgano fundamental para la defensa del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción; y que su independencia garantiza la imparcialidad y el correcto funcionamiento del Poder Judicial. La destitución de sus integrantes es un acto serísimo de autoritarismo y arbitrariedad.
Ebrios de poder, olvidan que la democracia se sustenta en la independencia de poderes, que es importante para proteger los derechos y libertades de todos los ciudadanos y ciudadanas. Cuando el poder está concentrado en una sola persona, grupo o coalición, es más probable que se abuse de ese poder. Actúan de forma arrogante, prepotente y abusiva, legislando a su favor, contratando a amigos y familiares de sus parejas sentimentales, viajando al extranjero con pasajes pagados por empresarios y “mochando” sueldos al personal a su servicio, por citar algunas de sus tropelías. Muchos se dirán «quien puede, puede”.
Una presidenta demócrata condenaría la destitución de los miembros de la JNJ como un ataque a la democracia y exigiría al Congreso que reconsidere su decisión. Además, apoyaría a las organizaciones de la sociedad civil en su lucha por la defensa del Estado de Derecho. Dina Boluarte, como no lo es, declaró que su gobierno respetará el resultado del proceso sumario llevado a cabo por el Congreso.
La destitución de los miembros de la JNJ, un acto de autoritarismo y arbitrariedad, es un golpe a la democracia. La denuncia nacional e internacional y la movilización y protesta ciudadana, como únicas herramientas para defender la democracia, son esenciales para enfrentar el golpe a la democracia. Además de la consolidación de una plataforma democrática que convoque y organice no solo a las organizaciones de la sociedad civil limeña sino también a las de las regiones, y a los partidos políticos democráticos como, por ejemplo, el Partido Morado, el Partido del Buen Gobierno y Primero la Gente.
[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] La hipocresía es un fenómeno complejo que se ha manifestado en la política durante siglos. El término se originó en la Grecia antigua, donde los actores cambiaban sus máscaras y comportamientos para interpretar a diferentes personajes. Con el tiempo, el significado de la palabra «hipocresía» evolucionó para referirse a la discrepancia entre lo que una persona dice y lo que realmente hace, especialmente cuando alguien muestra una falsa virtud, moral o sinceridad.
En el ámbito político, la hipocresía puede adoptar muchas formas. Una de las formas más comunes es cuando los políticos hacen promesas que luego no cumplen. Esto puede incluir promesas sobre políticas, reformas o acciones específicas que no se materializan. Esta forma de hipocresía se debe a menudo a limitaciones políticas, financieras o burocráticas que pueden hacer que sea difícil cumplir con todas las promesas hechas durante la campaña electoral. Otra forma es cuando algunos políticos pueden adoptar un discurso público que difiere significativamente de sus creencias o intenciones reales. Pueden expresar apoyo a ciertas políticas o valores en público mientras actúan de manera contraria en privado. Esto a veces se hace para evitar mayores controversias.
Por ejemplo, luego de las primeras ejecuciones extrajudiciales en diciembre del año pasado, la Fiscalía intervino. La presidenta Boluarte y el premier Alberto Otárola públicamente saludaron el inicio de las diligencias y expresaron su compromiso de otorgar todas las facilidades para el esclarecimiento oportuno de lo sucedido. Sin embargo, nueve meses después, ambos solicitaron discretamente a la Fiscal de la Nación que se archive la investigación, según informó el semanario ´Hildebrandt en sus trece´ la semana pasada.
De igual modo, en algunas conferencias de prensa o presentaciones públicas, Boluarte responsabilizó de las muertes a los «ponchos rojos» bolivianos, a una avalancha de cinco mil personas y, recientemente, a los propios ciudadanos muertos. Esta retórica pública contrasta con lo declarado ante la Fiscalía, donde señaló que solo tiene «mando» y no «comando». Es decir, ella se exime de responsabilidad alguna y de manera implícita hace responsables a policías y militares.
¿Cuándo el papa Francisco le pregunte sobre la situación de los derechos humanos en el país y las 49 ejecuciones extrajudiciales, o si tomó en cuenta las palabras de su Nuncio Apostólico, Mons. Paolo Rocco Gualtieri, quien señaló que “ignorar la existencia y los derechos de los demás, tarde o temprano, provoca alguna forma de violencia inesperada, como estamos siendo testigos actualmente”? ¿Boluarte le responderá que el Perú es un país respetuoso de la democracia, del estado de derecho, de los derechos humanos y del derecho internacional, como lo dijo en la ONU?
La hipocresía en la política es un problema serio, que tiene consecuencias negativas para la sociedad. La hipocresía daña la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes y provoca la pérdida de legitimidad de los mismos. Por eso mismo, para nuestra democracia es un costo muy alto seguir manteniendo hipócritas que gobiernan y cínicos y mentirosos que legislan.
[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] La democracia peruana se encuentra en riesgo. El actual gobierno de Boluarte ha demostrado un desprecio colosal por las instituciones democráticas y los derechos humanos. Ha intentado restringir la libertad de prensa, ha criminalizado la protesta social y ha respondido las movilizaciones ciudadanas de manera brutal. A la fecha, 49 ciudadanos han sido ejecutados por disparos de armas de fuego de la policía y el ejército.
A ello se suma el Congreso, que inició una investigación sumaria contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia por presuntamente haber cometido una serie de “faltas graves”. Esta medida busca destituirlos irrespetando el debido proceso y la presunción de inocencia, socavando así la estabilidad jurídica del país.
Boluarte, Otárola y los congresistas de Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza para el Progreso, entre otros, se saben poderosos e impunes. Se reconocen como aliados y, por ello, creen que pueden cometer cualquier tropelía, vulnerar derechos o erosionar la institucionalidad democrática sin mayores consecuencias, como ocurrió con la repartija del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.
La derrota política de la coalición gobernante no será fácil ni inmediata. Las fuerzas opositoras carecen de fuerza, se encuentran divididas y sin mucho poder de convocatoria. Esto quedó demostrado en las movilizaciones del 16 de septiembre en Lima, que fueron poco concurridas. En este contexto adverso para la democracia, es imprescindible la conformación de una coalición democrática amplia y plural. Sin embargo, su constitución presenta una serie de desafíos.
Las fuerzas opositoras están divididas entre partidos políticos de izquierda, centro y derecha; y organizaciones de la sociedad civil. Esta división, junto con las diferentes estrategias para enfrentar a la coalición gobernante, dificulta la construcción de una agenda común, la cooperación entre ellas y la coordinación de acciones. La superación de estas divisiones es fundamental para que las fuerzas opositoras puedan conformar una coalición democrática que tenga la capacidad de derrotar a la coalición gobernante.
En ese sentido, la formación de una coalición opositora requiere de los factores siguientes: una agenda común que refleje su compromiso con la defensa de la democracia y el adelanto de elecciones; un liderazgo fuerte y comprometido que pueda unir y liderar a las fuerzas opositoras en la lucha contra la coalición gobernante; y un compromiso para cooperar entre sí, a pesar de sus diferencias. Además de estos factores, también es importante que aquellas fuerzas cuenten con el apoyo de la ciudadanía, lo cual les dará la legitimidad y la fuerza necesaria para enfrentar al gobierno autoritario.
Por último, la unificación de las fuerzas opositoras es un proceso complejo y desafiante. Sin embargo, es un proceso necesario e imprescindible para defender la democracia y los derechos humanos de una coalición cuya continuidad en el poder representa un peligro para la estabilidad del país. Los partidos políticos democráticos tienen no solo la palabra.
[TIEMPO DE MILLENNIALS]La semana pasada la presidenta Dina Boluarte estuvo en Nueva York para participar en la 78ª sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Su asistencia a este evento no solo dejó en evidencia la improvisación de nuestras autoridades, sino también lo aislados que estamos a nivel internacional.
Su presencia en este evento ha dejado mucho que desear por su limitada agenda y por sus intervenciones. Sobre su agenda, esta solo incluía una reunión con el presidente de Paraguay, mientras que otros jefes de Estado de la región sostuvieron reuniones con sus pares de otros países. O la cancillería falló en su rol, o no hay interés de otros mandatarios por reunirse con nuestra presidenta. Asimismo, sus discursos destacaron por las verdades a medias como cuando aseguró que había “devuelto la estabilidad y esperanza al país”.
Primero, desde diciembre del 2022, las manifestaciones en contra del gobierno se han venido dando recurrentemente en todo el país. Esto ha llevado a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentara varios informes en los que se señala que en el Perú se violan derechos humanos ya que hay 49 fallecidos por proyectil de arma de fuego. Segundo, el Congreso aprobó que se realice una investigación sumaria a los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia, decisión que ha sido respaldada por Boluarte, y que ha llevado a que otros jefes de Estado se manifiesten en contra, ya que en el Perú no se está respetando la separación de poderes. Y tercero, desde Nueva York nuestra presidenta declaró el estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana para que las Fuerzas Armadas puedan prestar “apoyo” a la policía.
Entonces me pregunto, ¿de qué estabilidad y esperanza habla? Hace poco el BCRP declaró que el crecimiento del PBI en el 2023 será solo de 0.8%, creciendo por debajo del promedio de América Latina por segundo año consecutivo. Además, la inversión privada cayó -7.5% en el primer semestre del año. Cómo puede Dina Boluarte presentarse con un discurso con una narrativa tan falsa, al frente de otros presidentes, como si ninguno estuviera al tanto de lo que pasa en nuestro país.
El Perú no solo merece una mejor agenda, sino que quien nos gobierna esté a la altura del cargo. Pretender engañar a otros mandatarios es muy caradura, y también lo es el faltarle el respeto a nuestra prensa y ciudadanos peruanos. Según lo aprobado por el Congreso, la presidenta puede gobernar de manera remota cuando se ausente del país, por lo tanto, está obligada a responder preguntas sobre anuncios que haga en sus viajes al exterior. Cuando un medio peruano le preguntó en Nueva York por la declaratoria del estado de emergencia, su respuesta fue: “Los temas del Perú los hablamos en el Perú”. Sin comentarios. Lo único que me queda claro es que en nuestro país no hay estabilidad y menos esperanza con Dina Boluarte al mando.
Cuando uno recibe encima una responsabilidad que excede sus propias capacidades, debe tener la hidalguía de admitirlo y dar un paso al costado. Es el caso de Dina Boluarte, exprimera vicepresidenta de Pedro Castillo, quien, ante la salida abrupta del poder del exmandatario chotano, tomó las riendas del Estado, al principio con mucha expectativa, pero paulatinamente con terrible decepción por su orfandad e inoperancia.
Boluarte vive pendiente de su propia supervivencia y por eso es una mandataria rehén del Congreso, poder del Estado que, sin responsabilidad política alguna, hace lo que le viene en gana, inclusive cambia ministros, y desde Palacio no hacen nada para confrontarlo. Es una “presidenta cogoteada”, como bien la ha definido la parlamentaria Flor Pablo.
Lo peor, sin embargo, no es la precariedad política de Boluarte y hasta podría ser explicable que haga lo indecible para sobrevivir en el poder. El problema mayor es que no está capacitada para gobernar y como resultado de ello, sufrimos un gobierno inerte, sin perspectiva de reformas, ni reacciones rápidas y eficaces ante problemas solucionables.
La inflación no es achacable a este régimen. Empezó por las políticas económicas globales seguidas frente a la pandemia y continuó con los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania. El planeta entero está en inflación y el Perú no podría ser indemne a ello.
Pero la recesión, la falta de buena inversión pública y el desplome de la inversión privada, que explican la caída del PBI y de la confianza empresarial, sí son responsabilidad de este gobierno, quien no hace nada para resolver ese y otros problemas acuciantes (como el de la inseguridad ciudadana).
Si antes era deseable, hoy es imperativo que Boluarte renuncie y se proceda a un adelanto de elecciones. ¿Que la izquierda está mejor parada que la derecha? Bueno, es responsabilidad de la derecha y de su sostén empresarial, guiados por la indolencia y la torpeza, y eso no va a mejorar de acá al 2026. Al contrario, va a ir para peor.
Si mañana fueran las elecciones, podría pasar un candidato de la centroderecha a la segunda vuelta. Al paso que vamos, el 2026 van a ser dos candidatos de izquierda los que lo hagan.
Le llegada de Dina Boluarte al poder, pese a que no estuvo impulsada por ella sino por la actitud golpista de su predecesor Pedro Castillo, careció de popularidad desde el primer día en que se puso la banda presidencial. La falta de una rápida respuesta política a las manifestaciones que se realizaron en diciembre así como el respaldo de un Legislativo que ya en ese entonces contaba con el rechazo de un considerable sector de la población llevaron a que la primera mujer en asumir la presidencia del Perú cuente con una desaprobación casi inmediata.
Meses después, el blindaje a las fuerzas del orden que cometieron excesos en las marchas así como la elección de ministros que no ofrecían respuestas a los problemas que atravesaban sus respectivos sectores lograron que el descontento con Boluarte se mantenga. Sin embargo, la estrategia para intentar torcer la curva de desaprobación del Ejecutivo podría comprometer seriamente a TV Perú y Radio Nacional.
DECISIONES INEXPLICABLES
Este jueves, Crisólogo Cáceres, quien condujo durante doce años “La Voz del Consumidor”, anunció que su programa había llegado a su final. Esta decisión tomó por sorpresa a Cáceres, que no dudó en resaltar en su publicación en redes sociales que el programa contaba con “alta sintonía y participación”. Sudaca se comunicó con el ahora exconductor de Radio Nacional para conocer los pormenores de una decisión que, a primera impresión, parecía inesperada.
Hoy es un día muy triste para mí. Luego de más de doce años, conduje por última vez #LaVozDelConsumidor en @RadioNacionalFM, un programa único en el mundo y de alta sintonía y participación.
Espero que @IRTP_Oficial mantenga el tema en su parrilla con la independencia necesaria pic.twitter.com/BvF3V48yHE
“El sábado 26 de agosto me llamó la secretaria del señor Gilber Llapapasca Cunya, a quien a partir del 19 de agosto se le había encargado el puesto de gerente de Radio Nacional, para informarme que el programa “La voz del consumidor” que produje y conduje por 12 años, no iba más”, contó Cáceres a Sudaca y agregó que el actual gerente nunca se reunió con él para explicarle las razones detrás del final de su programa.
“Lo que quiero creer es que tanto la Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP) como la Ministra de Cultura, de quien depende dicha entidad, no estaban al tanto de los planes del señor Llapapasca y que, ahora que los conocen y están viendo el repudio que generan en la sociedad, tomarán las medidas correctivas necesarias. Recordemos que no sólo se canceló mi programa sino que, en simultáneo, se tomaron medidas similares contra otros de la mayor importancia. Una verdadera carnicería contra la programación”, señala Cáceres ante la ola de críticas que el IRTP está recibiendo a raíz de las cancelaciones de programas que incluso han llevado a que la congresista Susel Paredes le solicite a Leslie Urteaga, ministra de Cultura, que reconsidere la decisión del gerente de Radio Nacional.
Norma Yarrow, parlamentaria de Avanza País, también se ha pronunciado y, en el oficio dirigido a la ministra Urteaga, ha calificado como abuso de autoridad la decisión de Llapapasca Cunya y exhortó al IRTP no realizar acciones que puedan afectar los derechos laborales de los trabajadores.
“En los doce años que estuve en Radio Nacional, nunca se me dio una instrucción similar. Absolutamente todos presidentes de la república, ministros, presidentes del IRTP y gerentes de radio respetaron nuestra autonomía porque las críticas que hacíamos a las dependencias del Estado eran alturadas, documentadas y propositivas”, comentó Crisólogo Cáceres a Sudaca y lamentó que haya llegado a su final un programa que él describe como “sesenta minutos diarios para hablar exclusivamente de los problemas que agobian al consumidor. En el mundo entero no existe un espacio similar que haya durado tanto tiempo, que haya sido transmitido a diario en vivo y en directo y que haya contado con la participación activa del público oyente a través del teléfono y el WhatsApp”.
Pero el caso de Cáceres no es la única salida que se ha producido en las últimas semanas. El pasado viernes 25 de agosto, Cecilia Brozovich, quien conducía el programa “Nacional Play” en Radio Nacional, se enteró que no continuaría en dicho medio. “Mi productor me comentó que había tenido una reunión con Llapapasca. Me dijo que se habían reunido los productores y que entendía que luego se reunirían los conductores”, relata Brozovich a Sudaca.
Y hasta que sucedió!
De manera abrupta y a través de terceros me entero que apenas entró la nueva gerencia de @RadioNacionalFM rescindieron mi contrato permitiéndome trabajar solo hasta fin de mes
10 años en @tvperupe y 4años en Radio Nacional se fueron así nomás @IRTP_Oficial
Brozovich, quien también es cantautora, explica que nunca llegó a reunirse con el recientemente nombrado nuevo gerente de Radio Nacional y que, al igual que en el caso de Crisólogo Cáceres, tampoco le ofrecieron una explicación para que su programa sea dado de baja. “Mi programa reunía los diferentes temas de cantantes de todo el Perú. Era una plataforma donde presentábamos la música de géneros contemporáneos”, cuenta Cecilia sobre el programa que condujo.
“En la reunión de productores se hablaban de cambios. Ese mismo día en la noche le dicen a mi productor que me comunique que no iba más. Mi productor le dice a Llapapasca que él mismo me lo diga, pero le respondió que no es necesario”, expone Brozovich sobre los detalles de su salida de Radio Nacional.
Aunque su programa se enfocaba en la música, la exconductora cuenta que en sus redes no tenía inconvenientes en manifestar su sentir y cuenta a Sudaca que, con motivo de las pasadas Fiestas Patrias, expresó su desazón por injusticias que padecen algunos peruanos producto de la ambición de personas por las que señala no sentirse representada. Al respecto, Cecilia considera que “esto no le puede haber gustado a alguien” y agrega que “de manera interna se escuchaba que tengamos cuidado con lo que publicamos en redes”.
— Cecilia Brozovich (@CeciliaBrozovic) July 29, 2023
ANTECEDENTES QUE ALARMAN
Pero las salidas de los medios del Estado no empezaron estas últimas semanas. Tal como lo reportó detalladamente Sudaca en el informe DECISIONES CUESTIONADAS: IRREGULARIDADES EN EL GOBIERNO DE DINA BOLUARTE publicado en febrero de este año, el criterio para prescindir de trabajadores en medios como TV Perú parecía estar más ligado a qué tanto se alineaban con el discurso que favorecía al gobierno de Dina Boluarte. En aquella oportunidad, el periodista Carlos Cornejo fue retirado de su programa en la televisión estatal tras referirse a la muerte de Víctor Santisteban durante las manifestaciones contra el gobierno y cuestionar las acciones de la policía.
A ello se le suma que, meses atrás, también se produjo la salida de otros trabajadores, como fue el caso de la periodista Leah Sacín. En declaraciones a Sudaca, Sacín tampoco se realizó de forma clara y fue inesperada. “Siempre cuando hay cambios de gestión se piden reportes y nosotros teníamos un reporte muy bueno porque se había logrado mayor interacción. Nunca se nos dijo que no estaban conformes con el trabajo realizado”, contó Leah, quien se desempeñaba como productora general y, además, estaba a cargo del contenido que se subía a redes sociales.
El inicio de una nueva gestión suele estar acompañado por cambios. Sin embargo, lo que se ha visto en medios como Radio Nacional son una serie de cambios que no parecen tener sustento ni estar relacionados al desempeño de sus trabajadores y, por el contrario, cada vez despiertas más sospechas sobre las verdaderas motivaciones que pueden haber detrás y ponen en riesgo la credibilidad de medios que le pertenecen a todos los peruanos y no deberían responder a los intereses de un gobierno de turno.
[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] Durante los primeros meses de la presidencia de Dina Boluarte, el país ha sido testigo de una serie de acontecimientos que han dejado una marca indeleble en nuestra historia reciente y en la percepción pública nacional e internacional. Ciudadanos de diversas regiones, incluyendo Ayacucho, Puno, Apurímac y Cusco, entre otras, protestaron contra su gobierno y su permanencia en el mismo. Lo que debería haber sido una oportunidad para escuchar las voces de la ciudadanía, o de los «nadies», como le gustaba decir cuando ocupaba el cargo de vicepresidenta bajo Pedro Castillo, se transformó en una tragedia de proporciones inimaginables.
La respuesta de su gobierno fue desproporcionada y mortal. Las fuerzas del orden, en un acto que desafía la noción misma de justicia y respeto por los derechos humanos, abrieron fuego contra los manifestantes, dejando un saldo trágico de 49 vidas perdidas: 49 personas ejecutadas por proyectiles de armas de fuego. Las impactantes imágenes y las historias desgarradoras de familias destrozadas por las ejecuciones extrajudiciales de sus seres queridos no dejan de conmovernos.
Lo que agrava aún más la situación es el cinismo con el que Boluarte se expresó de los manifestantes. “Hay un grupo menor ligado a actos ilegales, en este caso, la minería ilegal y el narcotráfico (…) Hay gente ligada al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef)”. Sin embargo, estas afirmaciones carecían por completo de pruebas sustanciales y parecían más una estrategia para desviar la atención de la brutalidad cometida por las fuerzas del orden bajo su mando. La incredulidad ante sus declaraciones se acentuó cuando intentó explicar algunas de las muertes como resultado de una supuesta “avalancha de cinco mil personas” o que “la mayoría de ellos [los fallecidos] es por impacto de un arma artesanal denominado dum dum”, una explicación que insulta la inteligencia y la sensibilidad de quienes buscamos la verdad y la justicia.
La presidenta Boluarte ha demostrado ser cínica, mentirosa e indigna de su cargo. Su falta de empatía hacia las vidas perdidas y su negación de la responsabilidad en estas muertes atroces son un ejemplo claro de su cinismo. Sus mentiras para justificar lo injustificable demuestran su total desprecio por la verdad y la confianza de los ciudadanos. Su indignidad se refleja en su incapacidad para reconocer los errores y asumir la responsabilidad, en lugar de esto, busca evadir las consecuencias de sus acciones.
En tiempos de crisis, el liderazgo político se somete a prueba y las acciones hablan más que las palabras. La presidencia de Boluarte ha quedado marcada por una represión desmedida y cruel, por afirmaciones infundadas y por la falta de moralidad en su respuesta a las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos. Nuestro país merece líderes capaces de empatía, honestidad y responsabilidad; no merece una presidenta cínica, mentirosa e indigna.
En cuanto a su carácter disruptivo, como el que exhibe el candidato argentino Javier Milei, sí hay posibilidades de que surja algún símil peruano. Es más, ya ha ocurrido antes en nuestra historia, empezando con Alberto Fujimori y terminando con Pedro Castillo.
Lo que resulta improbable es que sea uno libertario conservador como el economista bonaerense, porque acá hay mucho por andar en materia de reformas económicas, pero no estamos, ni por asomo, cerca del desastre ocasionado por los peronistas en Argentina. Un discurso radical centrado en lo económico solo podría pegar si rompiese los cánones del mercantilismo imperante y se atreviese a proponer ideas contra el statu quo vigente, pero es difícil porque no tiene mucha capacidad de enganche con las preocupaciones ciudadanas.
Más bien, lamentablemente, la narrativa que sí podría tener arraigo disruptivo es aquella que va contra el sistema económico vigente. Lo demostraron las elecciones del 2021 y el fenómeno podría repetirse el 2026, sobre todo si la centroderecha y el gobierno no hacen algo relevante para impulsar la economía y, por ende, asentar positivamente las actitudes hacia la inversión privada y el libre mercado.
Según la encuesta de Ipsos que hemos referido en varias ocasiones, las principales inquietudes cívicas van por el lado de la inseguridad ciudadana y la corrupción. En base a ello, es más probable que surja un Bukele antes que un Milei. Y si lo combina con un discurso económico izquierdista, puede explicar, por ese lado, la aparición de un antiestablishment (siendo, hasta el momento, alguien como Antauro Humala el que más tramo ha recorrido en esa perspectiva).
Lo cierto es que un Milei o un Bukele de izquierda (el mandatario salvadoreño ya lo es) es el escenario más probable en el futuro electoral peruano. Y mientras avanzamos hacia ello, la prensa mayoritaria, la clase empresarial y los políticos de derecha, creen que la estabilidad mediocre de Dina Boluarte, merece contemplaciones y espíritu acrítico, dejándole servida a la mesa a quienes construyen su narrativa en base a la hipótesis de que Boluarte-Otárola y la derecha son lo mismo y es el orden establecido al que hay que derrotar en el siguiente proceso en las urnas.
