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El influyente diario Financial Times publica una nota en la que revela la preocupación de Washington respecto de la influencia china en la economía peruana y la eventual dependencia geopolítica que ello podría generar de nuestro país hacia la potencia asiática (particularmente por las inversiones eléctricas y el megapuerto de Chancay).

Sobra decir que la Casa Blanca llora sobre la leche derramada. Es por la renuencia inversora de empresas norteamericanas en la región, que China ha logrado el avance que exhibe y tardíamente en los Estados Unidos se están dando cuenta de que en este mundo globalizado, donde ellos empiezan a ser desplazados como la primera potencia mundial, el patio sudamericano es de crucial relevancia para sus intereses. China se ha percatado antes y ha aprovechado el walk over gringo para dar pasos enormes.

Nuestra perspectiva geopolítica no debe nunca descuidar a Washington como norte referencial, pero en términos económicos debemos mantener la política de puertas abiertas que hasta ahora hemos tenido. En ese sentido, importa poco que las inversiones sean chinas, rusas o brasileñas.

Lo que sí debería preocupar, más bien, a las autoridades peruanas es la calidad moral de muchos inversionistas chinos que se están aprovechando de la malla porosa anticorrupción de nuestro país, para reeditar las andanzas brasileñas de la década pasada. Hay empresas chinas abiertamente corruptas que ya empiezan a tener problemas de serias denuncias y el Perú debería estar más alerta para evitar repetir de acá a algunos años megaprocesos judiciales por corrupción a autoridades compradas por yuanes.

La influencia corrupta de las empresas chinas, que están acostumbradas a jugar fuera del reglamento, es algo que sí debería preocupar al gobierno nacional, porque la corrupción en obras públicas termina siempre o en obras mal hechas o en inversiones perfectamente innecesarias, despilfarrándose los recursos, sobre todo de los gobiernos regionales, tan proclives a la corrupción fácil.

En muchas licitaciones o concursos públicos se está repitiendo la figura del caso Lava Jato o del Club de la Construcción, pero bajo el dominio de empresas chinas medianas y hasta grandes que han hallado un país que más que ser un paraíso de las inversiones, es un campo abierto para prácticas corruptas, sin instituciones que la puedan impedir, y con absoluta impunidad por parte de los funcionarios públicos. Ese sí es un peligro geopolítico a tener en cuenta.

 

 

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Es necesario que la derecha se una en conglomerados importantes para el 2026, pero no deben soslayarse las necesarias distancias entre una derecha liberal y una ultraconservadora que crece y adquiere cada vez mayor presencia política. Son el agua y el aceite.

La derecha liberal, en particular, debe tener mucho cuidado en no contaminarse con dos influencias perniciosas: una, primera, la mencionada, de la derecha ultramontana, autoritaria, conservadora y mercantilista, que por más que sume votos o eventual representación, distorsionaría el proyecto y hasta eventualmente lo sabotearía en caso de ganar la elección.

Y la segunda, está a su otro costado, y es el de la llamada izquierda caviar, cuyo accionar en la política peruana ha sido muy dañino. Su falta de presencia electoral la ha suplido con penetración en poderes públicos como la Fiscalía y el Poder Judicial, para, a partir de allí, arremeter contra sus adversarios (desde Alberto Fujimori, quien recibió una sentencia exagerada, hasta Alan García, a quien querían verlo preso y humillado a toda costa), enrareciendo la atmósfera política.

El odio antifujimorista irracional nace de las canteras caviares y en muchos casos ya dejó de ser un saludable síntoma de vigor democrático para convertirse en una rémora para la convivencia política en la precaria democracia peruana. Con esta izquierda, que además ha fracasado en el gobierno, en la gestión municipal de Susana Villarán, y que se prestó de comparsa del corrupto e inoperante régimen de Castillo, los liberales no pueden marchar juntos. Sería un despropósito.

Hay varios candidatos liberales en ciernes. Algunos ya inscritos, otros en pleno proceso de hacerlo. Deben sentarse y conversar. No pueden ir divididos. Tienen la ventaja de ser una apuesta nueva, no jugada en el país, con candidatos frescos y fuera del establishment, y en esa medida, con posibilidad de disputarle los fueros a la izquierda radical, que se asoma con relativa ventaja en la futura carrera electoral.

Como no puede haber una suerte de primaria solo entre candidatos liberales, otro método es el de las encuestas. Apenas muestren que alguno de estos candidatos despunte sobre los otros, ya sería ocasión de armar un pacto claro y transparente, que ojalá prenda en una ciudadanía harta de lo ya conocido y del statu quo.

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En cuanto a su carácter disruptivo, como el que exhibe el candidato argentino Javier Milei, sí hay posibilidades de que surja algún símil peruano. Es más, ya ha ocurrido antes en nuestra historia, empezando con Alberto Fujimori y terminando con Pedro Castillo.

Lo que resulta improbable es que sea uno libertario conservador como el economista bonaerense, porque acá hay mucho por andar en materia de reformas económicas, pero no estamos, ni por asomo, cerca del desastre ocasionado por los peronistas en Argentina. Un discurso radical centrado en lo económico solo podría pegar si rompiese los cánones del mercantilismo imperante y se atreviese a proponer ideas contra el statu quo vigente, pero es difícil porque no tiene mucha capacidad de enganche con las preocupaciones ciudadanas.

Más bien, lamentablemente, la narrativa que sí podría tener arraigo disruptivo es aquella que va contra el sistema económico vigente. Lo demostraron las elecciones del 2021 y el fenómeno podría repetirse el 2026, sobre todo si la centroderecha y el gobierno no hacen algo relevante para impulsar la economía y, por ende, asentar positivamente las actitudes hacia la inversión privada y el libre mercado.

Según la encuesta de Ipsos que hemos referido en varias ocasiones, las principales inquietudes cívicas van por el lado de la inseguridad ciudadana y la corrupción. En base a ello, es más probable que surja un Bukele antes que un Milei. Y si lo combina con un discurso económico izquierdista, puede explicar, por ese lado, la aparición de un antiestablishment (siendo, hasta el momento, alguien como Antauro Humala el que más tramo ha recorrido en esa perspectiva).

Lo cierto es que un Milei o un Bukele de izquierda (el mandatario salvadoreño ya lo es) es el escenario más probable en el futuro electoral peruano. Y mientras avanzamos hacia ello, la prensa mayoritaria, la clase empresarial y los políticos de derecha, creen que la estabilidad mediocre de Dina Boluarte, merece contemplaciones y espíritu acrítico, dejándole servida a la mesa a quienes construyen su narrativa en base a la hipótesis de que Boluarte-Otárola y la derecha son lo mismo y es el orden establecido al que hay que derrotar en el siguiente proceso en las urnas.

 

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Argentina, Bukele, centroderecha, Dina Boluarte, Javier Milei

No puede pasar un día más Alejandro Soto, de las filas de Alianza para el Progreso, como presidente del Congreso. Sus inconductas y delitos son de tal envergadura que desacreditan ya no solo a su persona y sus potencialidades para ocupar tan alta magistratura sino que ensucian al propio poder del Estado que preside.

Parte esencial de la tarea de sostenibilidad del statu quo vigente (de “estabilidad mediocre” que nos rige), pasa porque los poderes del Estado no sigan la espiral de deterioro en la que se han embarcado en los últimos meses, particularmente el Congreso de la República, cuyo pacto tácito con el Ejecutivo (así lo percibe al menos la población), termina por salpicar al gobierno central y embarcarlo en el descrédito general.

Los principales partidos del Congreso (empezando por el fujimorismo) tienen que entender que a los únicos que conviene este deterioro institucional es a las fuerzas radicales disruptivas que asoman en el horizonte electoral para el 2026. Son los Milei de izquierda los que van a cosechar de la crisis institucional que asola al Ejecutivo y al Congreso, ese “pacto derechista” que la narrativa de izquierda ya ha logrado imponer en vastos sectores de la población.

El sur andino del país representa casi el 20% del electorado nacional. Bastará que vote en primera vuelta como lo hizo en la segunda vuelta del 2021 (con más del 80% a favor de Pedro Castillo) para que un candidato de izquierda asegure su pase a la jornada definitoria y eventualmente, si sumamos el voto del resto del país -también irritado con el establishment- pueda darse el caso de una final de dos candidatos de izquierda.

Para que ello no ocurra, aparte de una labor política intensa de las fuerzas de centroderecha en el sur andino, hace falta que los poderes del Estado no se sigan deteriorando ni desacreditando al ritmo vertiginoso en el que lo vienen haciendo, a punta de denuncias de mochasueldos, viajes suntuarios, denuncias penales (como las del presidente Soto), y encubrimientos punibles (como el que benefició a los Niños de Acción Popular).

Hay antecedentes de repunte en las encuestas del poder Legislativo. Daniel Salaverry, cuando ocupó la presidencia del Congreso, el gobierno anterior, duplicó en semanas la aprobación de ese poder del Estado, con un liderazgo que rompió las ataduras con Fuerza Popular.

Eso es lo que se necesita: un presidente del Congreso que ejerza un liderazgo político claro y potente ante el país. Eso no lo va a poder hacer un parlamentario acosado por mentiras y trastadas del pasado, además de denuncias vigentes que se han actualizado.

 

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Alejandro Soto, Congreso, Javier Milei, mochasueldos, statu quo

Cuando se habla de la corrupción cometida en los ascensos policiales y militares, se ve un solo lado del problema, el de los agentes corruptores que vendían los puestos de ascenso y que, claramente, merecerán la severa sanción penal que corresponde a su delito.

Pero de lo que no se habla es de por qué un policía o un militar estaría dispuesto a pagar veinte o treinta mil dólares por ser ascendido, si el aumento remunerativo que dicho ascenso implica no alcanza, ni en todos los años de servicio premiados, para “recuperar” la inversión.

Claramente sucede esto porque hay una inmensa corrupción en nuestros institutos armados. Un ascenso implica acceder a fuente de sobornos y coimas gigantescas que justifican el pago efectuado para ascender.

Todos los días o muy a menudo aparecen informaciones que muestran cómo elementos de la policía y de las fuerzas armadas están involucrados en arreglos con el narcotráfico. Si a ello le sumamos las operaciones de las otras mafias ilegales (minería delictiva, contrabando, trata de personas, maderas preciosas que se explotan ilegalmente, etc.), sumadas a la corrupción endógena que lamentablemente se ha enseñoreado en todo el sector público, en cuanto a la adquisición y licitación de compras de equipos e insumos, entenderemos la madre del cordero.

No se equivoca la opinión pública cuando, de acuerdo a una encuesta de Ipsos, identifica a la corrupción como el segundo de los problemas a resolver (y que además está ligado con el primero, que es el de la seguridad ciudadana; ¿qué puede hacer una policía corrupta para enfrentarla?).

Por lo pronto, se espera que las investigaciones fiscales en curso contra el presidente Castillo y otros subalternos, por este tema de los ascensos, saque a la luz qué oficiales malpagaron para lograr su objetivo, porque solo así, interrogándolos, se podrá ir desenmarañando esta terrible y deleznable red de corrupción, que ataca la base del contrato social que cimenta no solo una democracia sino cualquier forma de gobierno.

Si nuestras fuerzas “del orden” están preñadas de corrupción, no hay viabilidad social factible. Este escándalo reciente debiera servir, por ello, como hilo de la madeja para proceder a una extirpación quirúrgica de los elementos podridos de nuestra policía y fuerza armada, instituciones ambas que debieran ser pilares morales de la democracia.

 

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Ascensos, corrupción, Policia, seguridad ciudadana

No es posible, dadas las características de los jóvenes de hoy, reproducir los esquemas partidarios de antaño, jerarquizados, con comandos centrales unificados, con uniformidad ideológica y doctrinaria, con fajas de transmisión indiscutibles de arriba hacia abajo. Esos tiempos, de partidos cuasi leninistas, ya no volverán.

Pero tampoco debiera ser una verdad irremediable que ello nos condene a que las nuevas agrupaciones políticas sean “coaliciones de independientes”, sin ningún orden ni concierto, y fronteras absolutamente relajadas respecto de los criterios mínimos de una organización, sea de la naturaleza que sea.

Un partido no es una empresa, pero tampoco es un club social. Es una institución esencial para el buen funcionamiento de la democracia y en esa medida debe cumplir algunos requisitos mínimos: consistencia ideológica, lealtades partidarias, cuadros tecnocráticos preparados para gobernar, etc.

Lo que no puede suceder es que se repita un fenómeno político deleznable, como el que apreciamos hoy en el Congreso, con partidos infames como Acción Popular, llenos de perforaciones como Alianza para el Progreso o inconsistentes como Perú Libre (que ha perdido más de la mitad de sus congresistas), con parlamentarios que se van de un lado para otro como feria de transeúntes sin ninguna cortapisa ideológica o moral.

Con un Parlamento así, es imposible que un gobierno estructure un plan mínimo de reformas, que requiere voluntad al unísono y compromiso inquebrantable. A lo más conseguirá, como parece haber conseguido el régimen de Boluarte, que lo dejen gobernar en paz, pero punto, nada más que eso. Sin partidos políticos en su ley, no hay gobernabilidad democrática transformadora ni capaz de construir Estado más allá de la mera formalidad democrática.

Otro ejemplo a no seguir es el del partido Morado, que se la pasó años armando cuadros, organizando eventos, afinando su inscripción (cuando era infernal hacerlo), pero amarrado todo a la figura y conveniencia de su líder, Julio Guzmán, quien, caído en desgracia, arrastró al partido a su destino actual, que es el de ser un fantasma inexistente en el panorama político nacional.

Los nuevos partidos que están surgiendo en el espectro de la centroderecha liberal deberían tomar estas reflexiones, como guía a tener en cuenta respecto de qué camino no seguir y qué ruta sí emprender, sobre todo bajo la presunción de que no son aves de un solo vuelo que solo aspiran a las elecciones del 2026, para luego desaparecer tal como aparecieron.

 

 

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Acción Popular, Congreso, Partidos políticos, Perú Libre

Si un libertario ultraconservador como Javier Milei ha logrado marcar la agenda y ganar elecciones en Argentina, un país con ADN peronista, es posible que en el Perú surja un candidato liberal que se atreva a decir las cosas claras, así suenen en principio impopulares y lograr su cometido de hacerlas arraigar. Algunos ejemplos:

1.- Privatizar Petroperú y vender la refinería de Talara (algo se podrá recuperar del despilfarro criminal cometido en su construcción). Es un horror que en un país sin mayores recursos fiscales se le otorgue a Petroperú lotes para exploración y eventual explotación.

2.- Privatizar Sedapal y las casi cincuenta empresas de saneamiento municipales, que lo único que han logrado es el reinado de corruptelas y ausencia de inversión. Resultado de ello: millones de peruanos pobres no tienen agua potable y pagan fortunas para conseguirla.

3.- Reducir la maraña burocrática ambiental que se ha construido alrededor de los proyectos mineros, haciéndolos o inviables o con una morosidad de ejecución de casi una década. El Perú es un país minero y necesita poner en activo los recursos inmensos de los que goza (Quilish, Conga y Tía María incluidos).

4.- Nuestro país es uno de los de mayor rigidez laboral en el mundo, alentando la informalidad rampante que sufrimos. Hay que flexibilizar esas normas, facilitando la contratación y el despido. Al final, va a ser en beneficio de los propios trabajadores. El populismo jurídico solo trae consecuencias negativas para los presuntos beneficiados.

5.- Derogar la obligatoriedad de aportes pensionarios a las AFP u ONP, y que ese aporte de las empresas vaya directamente a un aumento remunerativo de los trabajadores. Si se quiere establecer un régimen pensionario privado, que no sea gravando los sueldos. Es un despropósito mercantilista que hay que cortar de un solo tajo.

6.- Entregar directamente el canon minero a las comunidades. Se equivocó Keiko Fujimori cuando propuso hacerlo a los ciudadanos individuales. La cosmovisión andina exige recepción y procesamiento comunal. Se vería un beneficio tangible y se evitaría la corrupción terrible de los gobiernos regionales y locales.

Son solo algunos ejemplos de propuestas que, en un país dominado crecientemente por una narrativa anticapitalista, serían disruptivos. Es hora de romper la caja y hablar claro y sin tapujos. La ciudadanía premiará la sinceridad y desfogará los impulsos radicales que hoy solo derivan en favor de alternativas izquierdistas.

 

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AFP, Javier Milei, ONP, Petroperú, sedapal

Si toca en suerte un buen gobierno centroderechista, republicano liberal, el 2026, con suficiente respaldo parlamentario, es posible pensar en una mejora rápida y cualitativa del país que hoy vemos deteriorarse a pasos agigantados.

Hay algunos candidatos que asoman dentro de ese espectro: Carlos Anderson, Jorge Nieto, Rafael Belaunde, Carlos Espá, Pedro Guevara, quizás alguno más (¿De Soto?). Son aún pequeños, algunos de ellos inexpertos, pero que tienen una ventaja, no están contaminados por el establishment político y tienen plazo suficiente para inscribir sus partidos, organizarlos y recorrer el país haciendo campaña y haciéndose conocidos.

Puede sonar iluso a estas alturas pensar que alguno de ellos pueda competir con los partidos del orden establecido, o que derrote al candidato radical de izquierda que casi con seguridad va a pasar a la segunda vuelta, pero prácticamente no nos queda más que esa ilusión, si no queremos ver al país caer en manos de los autoritarismos de derecha o izquierda que hoy dominan la política peruana.

Solo un republicanismo liberal audaz y disruptivo nos podrá sacar del hoyo, con ideas frescas, modernas, actualizadas. Un ejemplo a mano: Hong Kong hace diez años era una de las ciudades Estado más corruptas del planeta. Hoy es una isla de transparencia y honestidad pública.

Sí se puede cambiar el país. Un gobierno con ideas claras y con mayoría parlamentaria, para no verse encorsetado por los intereses subalternos de la morralla congresal, puede dejar sentadas las bases de la transformación del país en un lustro y propiciar su continuidad con un gobierno similar que lo suceda.

¿Qué consejos poder darles? Que si se animan por pactos, los hagan exclusivamente entre ellos. Que no transen con ningún partido tradicional, que no cometan el error de Vargas Llosa cuando constituyó el Fredemo y allí empezó a perder la elección del 90.

El republicanismo liberal debe ser radical y apostar por la transformación del país. No solo reavivar la inversión capitalista sino construir un Estado que brinde salud, educación, seguridad, buen transporte público, justicia, vida ciudadana de primer nivel, igualdad real que se condiga con la igualdad liberal que se pregona.

La del estribo: se viene una cartelera teatral muy nutrida. Me permito recomendar tres obras a ojos cerrados. Una, Un monstruo viene a verme, dirigida por la genial Nishmé Sumar. Empieza el 24 de setiembre en el Teatro Británico; Esperanza, de Marisol Palacios y Aldo Miyashiro (dirigida por Palacios) que arranca el 17 de setiembre en el CCPUCP; y El hombre que corrompió a una ciudad, de Mark Twain, adaptada y dirigida por Mateo Chiarella, que va en el nuevo Teatro Nos de la PUCP y que inicia el 15 de octubre (todas las obras en venta en Joinnus).

 

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Análisis, desafíos políticos, gobierno centroderechista, Reflexión, republicano liberal
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