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José Arista, titular del MEF, y Rómulo Mucho, del Ministerio de Energía y Minas, por un mínimo de decoro y verguenza deberían haber ya renunciado a sus puestos, luego del escandaloso manejo gubernativo de Petroperú.

Contraviniendo sus propias ideas respecto del problema que acarrea la millonaria pérdida que Petroperú le endilga al fisco peruano regularmente -es decir, que pagamos todos-, el gobierno, con resabios ideológicos estatistas, ha colocado en la presidencia y gerencias del organismo estatal, a personas con prontuario estatista que caminarán muy lejos de la propuesta del anterior directorio, que proponía un manejo corporativo que condujese paulatinamente al traslado de la empresa al sector privado.

Es verdad que el problema se arrastra desde hace décadas y son varios los ministros corresponsables del desastre, pero en esta ocasión, el asunto ya tocó fondo y había, además, una solución sensata planteada, simplemente a la espera del visto bueno del gobierno para resolverlo.

Si algún ministro debe andar siempre con la carta de renuncia en el bolsillo es el ministro de Economía y Finanzas. Su propio prestigio profesional lo debería compelir a emplearla a la primera de bastos en que el gobierno se desvíe por rutas heterodoxas o reñidas con el buen manejo de la cosa pública.

Ya son varios brulotes que al ministro Arista ha dejado pasar por alto y no parece movérsele un pelo de dignidad, pero al menos se esperaba que un ministro como Rómulo Mucho, comprometido con la inversión privada y creyente en la economía de mercado, este manejo de Petroperú le resultase intolerable, pero, al parecer, el fajín tiene un poder magnético que los hace evadir la única respuesta decorosa: la renuncia.

Este gobierno no es que no sepa qué hacer con Petroperú. Lo sabe muy bien. Utilizar la empresa como caja chica y antro de favores políticos para sus allegados y socios gubernativos, para lo cual cuenta con los enormes recursos fiscales que, sin rubor, ha empleado y seguirá empleando para mantener a flote un elefante blanco como es Petroperú. Una vergüenza por donde se le mire.

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Arista, MEF, Ministerio de Energía y Minas, Mucho, Petroperú

La expectante ubicación de Francisco Sagasti en la encuesta de Ipsos sobre preferencias electorales, revela que el centro político en el país, si logra consolidar una buena candidatura, puede aspirar a un rol protagónico.

Sagasti ha dicho que no va a postular, pero hay varios otros en el candelero que bien podrían reemplazarlo en las simpatías ciudadanas. De hecho, se parte además de una realidad estadística: en todas las encuestas el centro supera a la derecha y a la izquierda en autoidentificación ideológica.

Es verdad que buena parte de ese resultado se debe a que la gente responde “centro” cuando alberga indefinición, en lugar de indicar una opción ideológica específica, pero, de todas maneras, revela que hay un espacio para quienes no quieren los extremos polarizados.

El desafío es conformar una opción de centro disruptiva, algo que parece una contradicción en los términos. Sin embargo, en medio de la izquierda radical, el fujimorismo y las derechas ultras, un paquete político que combine políticas económicas liberales con una defensa de la institucionalidad democrática -tan menoscabada hoy por los desmanes congresales- bien podría consolidar una propuesta disidente del establishment.

Ya tan solo poner especial énfasis en la construcción de una educación y salud públicas dignas y eficaces, puede marcar una diferencia respecto del resto de contrincantes. La ciudadanía resiente ambas falencias como un déficit democrático y lo percibe como una exclusión indignante del mundo normal de los peruanos de primer nivel, como deberíamos ser todos.

Al Perú de hoy le conviene la consolidación de opciones de centro y derecha potentes y políticamente viables. La izquierda, cada vez más radicalizada, es carta de garantía hacia el fracaso y destruiría los islotes de republicanismo democrático supervivientes, que el pacto infame del Congreso y el Ejecutivo se están tirando abajo con fruición sin pausa.

Lo peor que le podría pasar al Perú es que el 2026, la fragmentación del centro y la derecha produzca un triunfo de la izquierda radical. Eso pasa por consolidar ambos sectores ideológicos, y, particularmente, en medio de la polarización mundial, que reaparezca un centro democrático y liberal en el país es una noticia a celebrar.

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Encuestas, Francisco Sagasti, IPSOS

Son dos las tareas fundamentales que le corresponde ejecutar a la flamante fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Primero, hacia afuera, la defensa de los fueros institucionales frente la arremetida política del Congreso. Segundo, hacia adentro, limpiar la casa de malos fiscales que han pervertido el buen quehacer deontológico al cometer excesos impunemente.

Hay una fábrica de falsos testimonios de colaboradores eficaces o aspirantes a serlo, al gusto del prejuicio o las rencillas de algunos fiscales, como está sucediendo con Eficoop y la fiscal Marita Barreto, quien a pesar de haber sido suspendida, sigue manejando los hilos del equipo y se ha dedicado a tomar venganza de sus críticos manipulando a diversas personas, como Jaime Villanueva, a que diga lo que quieren que diga e impute falsedades, a cuenta de evitarle el temido ingreso a la cárcel que le correspondería por los delitos confesados y por la falta de pruebas que ha otorgado para todos sus dichos, que hasta el momento no pasan de ese nivel.

De otro lado, la politización de la tarea fiscal es evidente en casos como LavaJato, donde se ha inventado cargos penales para justificar investigaciones sin sentido desde un inicio y que pronto, cuando pasen a la esfera judicial, demostrarán su levedad.

Delia Espinoza tiene que reconstruir la Fiscalía radicalmente y enmendar los rumbos tomados. Tarea descomunal la que le espera a la nueva Fiscal de la Nación. El Ministerio Público se ha convertido en un superpoder que aplana honras e inventa delitos, al son del humor del fiscal de turno, sin importarle el daño reputacional, los costos personales de los imputados y el tiempo enorme que se gasta en defenderse de cargos insostenibles.

La democracia requiere que el Ministerio Público recupere su solvencia profesional y se ponga punto final a la politización y la perversión profesional de malos fiscales. Ojalá la nueva titular de la entidad sepa aquilatar los desafíos que tiene al frente y actúe con celeridad.

La del estribo: merece teatro lleno en todas las funciones que restan, la obra María Estuardo que se presenta en el ICPNA de Miraflores, bajo la dirección de Alberto Isola y las actuaciones brillantes de Alejandra Guerra y Ximena Lindo. Es, sin duda, la mejor puesta en escena del año que pronto culmina y va hasta el 8 de diciembre. Entradas en Joinnus

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delia espinoza, Fiscalía

El triunfo abrumador de Donald Trump es una pésima noticia política y económica para los Estados Unidos y para el planeta entero. Populista, autoritario, nacionalista, proteccionista, antiderechos civiles, solo asegura un porvenir sombrío para la aún primera potencia mundial y, como efecto colateral, para el mundo.

La mediocre campaña de Kamala Harris, el papelón del retiro de Biden, y el alejamiento de los demócratas de los sectores populares norteamericanos, le abrieron la puerta a un personaje que hace pocos años nadie hubiera imaginado que iba a llegar dos veces a la Casa Blanca, más aún luego de una primera gestión gris y rupturista de la tradición democrática del país continente.

Como bien ha señalado el periodista Andrés Oppenheimer “en materia económica, la presidencia de Trump fue muy mala. Durante su mandato, la economía estadounidense creció menos que con Biden, y el déficit nacional alcanzó un máximo histórico. Trump dejó el cargo con tres millones de empleos menos que cuando lo tomó, mientras que el gobierno de Biden creó 16 millones de empleos, según cifras oficiales”.

Pero lo peor es el proteccionismo comercial que Trump pregona y que ahora podrá llevar a la práctica gracias a la mayoría obtenida en ambas cámaras. Si a ello le sumamos el control de la Corte Suprema, habrá también un retroceso en los derechos civiles que tan bien definían una democracia liberal como la norteamericana y que ahora sufrirá, sin duda, un retroceso radical.

Trump no es un representante de la derecha liberal. Es la versión gringa de la DBA. Su desempeño complicará al mundo y a la sostenibilidad -ya precaria- de las democracias liberales del orbe, que transitan por una severa crisis de legitimidad y representación.

Por lo pronto que Ucrania y Palestina se pongan a buen recaudo, dada la política exterior del rubicundo autócrata. Y que el Perú se prepare para ver sus exportaciones afectadas por el reaccionario proteccionismo trumpiano. Estados Unidos ha dado un salto para atrás y solo queda confiar en que la poderosa sociedad civil y política democráticas, que anida en su seno, sepa cómo contener los desmanes que, no cabe la menor sospecha, Trump pretenderá perpetrar desde el poder que se le ha conferido.

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DBA, Elecciones, Trump

No debiera tranquilizar a nadie que hayan sacado de la carrera electoral a Antauro Humala. Es verdad que su presencia protagónica -ya aparecía segundo en la reciente encuesta de Ipsos respecto de preferencias electorales- y sus desvaríos hacían temblar a cualquiera y en esa medida resulta saludable que la democracia se proteja (ojalá la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional no reviertan la inicial decisión judicial), pero lo que la centroderecha debe entender es que los candidatos disruptivos radicales van a aparecer de todas maneras.

Si no es Antauro será otro y por ello nadie debería confiarse y cejar en el empeño de construir una candidatura sólida y potente en dicho sector del espectro ideológico. Hay que saber, además, si el Congreso amplía el plazo ya vencido para registrarse en un partido y postular. En ese escenario, Antauro podría hacerlo y moderar su discurso estratégicamente. Es un tema aún por definirse plenamente.

El grado de irritación popular, que se arrastra desde la pandemia y la escandalosa inacción gubernativa y estatal para atender las demandas de los más pobres, que se acentúa con la brutal represión tras la caída de Pedro Castillo -entre diciembre del 2022 y enero del 2023- y que ahora alcanza su cúspide por la mediocridad absoluta del gobierno de Dina Boluarte, producirá que la narrativa radical de algún candidato prenda rápidamente, peor aún cuando se asocia a la centroderecha con el régimen y solo unos pocos líderes de ella toman debida distancia del establishment.

Si Antauro finalmente no postula, hay dos candidatos que se asoman como receptores de la alta intención de voto que Antauro ya tenía (8% según Ipsos): Guido Bellido y Aníbal Torres, ambos tan o más radicales que el líder etnocacerista, y cuyo discurso fácilmente tendría empatía con la cólera ciudadana vigente, la misma que ya ha empezado a manifestarse con paros y protestas, como no ocurría hace meses.

Que el susto no se pase, pues lo peor que podría ocurrir es que lleguemos a abril del 2026 con más de treinta candidaturas de centroderecha (en general, ya hay 37 partidos inscritos y 31 en proceso). Le dejarían la mesa servida a los radicales antisistema, sean Antauro, los mencionados o cualquiera que surja en el horizonte final del proceso electoral (como sucedió con Pedro Castillo).

En reciente entrevista a la cadena Telemadrid en España, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha declarado que aún no decide si postula o no a la presidencia de la República.

Por el bien del Perú, no debería postular ni ella ni nadie en su reemplazo por Fuerza Popular, un partido político que se ha constituido en una rémora para la construcción de un Estado moderno, democrático y liberal.

Es de verdad una lástima que el encomiable esfuerzo de construir un partido se haya ido por la borda al conducirlo a la deriva autoritaria, mercantilista y conservadora, a la que Keiko Fujimori lo ha conducido.

Pudo ser -por ello el lamento- un partido liberal popular, con gran arraigo social en los estratos bajos, cosa que es un activo enorme para un partido de derecha, pero los gruesos errores políticos de su lideresa han aniquilado esa perspectiva.

La tremenda irresponsabilidad mostrada en el sabotaje al gobierno de Kuczynski, peor aún cuando se le habían abierto las puertas para firmar una alianza gubernativa, ya de por sí mostraba la entraña pueril del liderazgo keikista. Pero la actuación que está teniendo ahora la bancada de Fuerza Popular en el Congreso, sirviendo de sostén político de un régimen desprestigiado, mediocre, insolvente e incompetente como el de Dina Boluarte, nos revela que el error del 2016 no fue casual sino que el radar político de Keiko Fujimori está seriamente averiado.

Su abstención en las elecciones del 2026 podría permitir que algún partido o alianza de centroderecha coseche un caudal de votos que le permita pasar a la segunda vuelta (ojo que no viene en automático la cosa, que la matriz de transferencia del voto keikista es variopinta y va hasta a la izquierda) y nos evitaría el trance de tener que elegir entre un Antauro o similar y Keiko Fujimori.

Ya eso solo le otorga la valía suficiente a la abstención de Keiko de postular el 2026, quienpodría dedicarse ya con tiempo y tranquilidad a otros menesteres, que la política definitivamente no es lo suyo.

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Keiko Fuimori

La percepción que transmitió la presidenta Boluarte en su reaparición ante los medios de prensa, fue la de una persona soberbia, altanera, sobradora y, sobre todo, evasora de la verdad.

Boluarte, ese es el principal resumen de lo acontecido, no es consciente de la enorme responsabilidad que conlleva conducir las riendas de un país al borde de la ingobernabilidad por culpa del desborde delincuencial.

Para ella, su altísima desaprobación es producto de la mala prensa que tiene, que solo la critica y cuestiona en lugar de ensalzar los sonoros triunfos (¿?) que ha logrado.

El problema político que se desprende de este perfil psicológico de la primera mandataria, es que la lleva a ser refractaria al cambio y, por el contrario, a reafirmarse en lo que viene haciendo, creyendo que está bien hecho. En otras palabras, nada o casi nada va cambiar de acá a julio del 2026, si dura hasta entonces el régimen.

Boluarte se precia del crecimiento económico, cuando no es ese un logro suyo, sino de la resiliencia del inversor privado, producto de la estabilidad macroeconómica que el BCR ha logrado asentar a pesar de la crisis política.

En materia de seguridad ciudadana resalta avances que nadie de la población percibe (hoy justamente hay un paro de transportistas por este hecho) y, más bien, hizo gala de una gran xenofobia hacia los venezolanos, creyendo quizás que eso le da a dar algún rédito político, cuando todos los expertos coinciden en que la naturaleza del problema de la delincuencia no nace ni se asienta en la migración masiva de compatriotas venezolanos.

El problema es que no tenemos gobierno, sino solo uno de utilería, tan débil que depende de su alianza con un Congreso que también muestra tasas de desaprobación superiores al 90%.

Deberíamos crecer a 5 o 6%, no lo vamos a hacer. Debería haber un comando unificado contra la delincuencia encabezado por la presidenta, no lo va a haber, porque a Boluarte le importa poco resolver ese problema. Debería haber una lucha frontal contra la corrupción de los gobiernos regionales y municipales, no la va a haber porque Dina Boluarte les regala el dinero a cambio de su apoyo sin que le interese el destino de las generosas partidas presupuestales que dispone. En suma, estamos fregados hasta que venga un nuevo gobierno que ojalá no nos lleve a un disparadero mayor.

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gobierno de boluarte

Puede discutirse el periodo de la sanción penal impuesta a Alejandro Toledo, pero que la sentencia final es histórica y marca un hito judicial significativo es indudable.

Los delitos están comprobados, el expresidente recibió sobornos para facilitarle la entrega de una concesión a Odebrecht, lo hizo apenas ingresado al poder, o sea que ni siquiera tiene el atenuante de que el dinero que desfila usualmente por los pasillos palaciegos terminó por envilecerlo. Toledo empezó su gobierno robando.

Y debería servirnos, además, de lección política, respecto de los falsos moralizadores, aquellos que como Toledo supuestamente irrumpía virilmente contra la marmaja corrupta del fujimontesinismo, pero que a la postre terminó siendo igual o peor de corrupto.

Es el primer exmandatario sentenciado por el caso Lava Jato y seguramente vendrán más, y por ello asume el rol significativo que le adjudicamos. Es un triunfo de la justicia, nos guste o no que su protagonista haya sido un fiscal politizado y altamente cuestionado, que ya no debería seguir en el cargo que ocupa.

Se espera lo mismo con Martín Vizcarra, Susana Villarán, quizás Ollanta Humala (su caso no es tan claro), Keiko Fujimori no está comprendida en el mismo saco y, por el contrario, con ella se viene cometiendo una tremenda injusticia.

No creemos lamentablemente que esta sentencia sea disuasoria de casos futuros. Ya vimos cómo la trama judicial que llevó presos a decenas por la corrupción de la década fujimorista, fue sucedida por gobernantes corruptos por el caso Lava Jato. Y ya vimos también cómo ni siquiera eso inhibió a un gobernante como Pedro Castillo a resistir la tentación de meterle uña al erario nacional, sin ningún rubor y con absoluto descaro.

Pero sin importar ello, es ejemplar para el país que se haga justicia y que la ciudadanía vea que se castiga a los gobernantes corruptos. Es una lección democrática de primer orden y constituye, sin duda, un desfogue a la indignación popular por el grave problema de la corrupción generalizada en el país. Tarde o temprano, la mano de la justicia podrá llegar a sancionar al pillo.

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sentencia de Toledo

La próxima semana, a partir del 21 de octubre, empieza la huelga general indefinida del Sutep, que, sin proponérselo, puede ser el catalizador que integre las protestas y paros que han empezado con los transportistas y que amenazan con escalar.

La protesta social alcanza niveles de intensidad política, es capaz de mover la aguja del tablero gubernativo, cuando abarca diversos sectores, es efectivamente nacional, y no tiene final previsto. Eso puede ocurrir a partir del 21 y harían bien los gremios sociales en buscar ponerse de acuerdo para ampliar las plataformas y no solo hablar de las extorsiones o del incumplimiento del régimen de ciertos acuerdos educativos.

Si a ello se le suman inteligentemente los actores principales de la clase política opositora, el resultado puede ser sísmico para el régimen, haciéndole sentir que su basamento en Fuerza Popular y Alianza para el Progreso solo le sirve para tener paz con el Congreso.

Aunque resulte sorprendente, la centroderecha debería sumarse a la protesta y apoyar el paro. Así sea por conveniencia política, este sector debiera tener claro ya hace rato que mientras más perdure Dina Boluarte mejor les va a ir a los candidatos radicales populistas, tanto de izquierda como de derecha, y ellos, por el contrario, serán subsumidos por la vorágine polarizante que el ahondamiento de la crisis va a generar.

No pinta bien la cosa para el 2026. No surge hasta ahora un líder convocante, que se encarame sobre el resto, convoque la unidad nacional y aglutine fuerzas dispares en favor de una refundación republicana y liberal. Quizás esta coyuntura de protesta social sirva para medir la talla de quienes aspiran a ocupar ese lugar, aunque hasta el momento el mutis es total (hasta la Confiep se ha pronunciado y no los partidos ni los líderes de la centroderecha).

Quien se ponga de perfil en esta coyuntura, en la que el pueblo se pronuncia en las calles, perderá toda capacidad de convocatoria futura. A ver si lo piensan un poco y se ponen las pilas.

La del estribo: una vez más gratitud a Alonso Cueto, quien en su club del libro nos manda a leer obras extraordinarias. Este mes tocó en suerte Eugenia Grandet, de Honoré de Balzac. Y en el teatro, vamos con expectativa a ver Brotherhood, obra argentina de la dramaturga y directora Anahí Ribeiro. Va en la Alianza Francesa desde el 15 de octubre hasta el 1 de noviembre. Entradas en Joinnus.

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huelga, paro nacional, Sutep
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