Legitimidad

En una entrevista del 2023, Danilo Guevara, general PNP (r), exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI)y exviceministro del Interior, daba cuenta del inminente peligro que representa para nuestro país, la implantación de un complejo fenómeno delictivo conocido con el nombre de “gobernanza criminal”. En el reciente foro “Crimen organizado y captura de la democracia”, conducido por Javier Torres de “LaMula.pe”, el especialista colombiano en derecho procesal y derechos humanos, Alejandro Zúñiga, se refirió a este problema, poniendo énfasis en la situación de violencia y pérdida de derechos democráticos que padecen las personas que viven bajo esta “gobernanza”, mientras que el reconocido penalista y comunicador nacional, César Azabache, abordó la “territorialización” del control de las economías por parte del crimen organizado, y la inexistencia de herramientas legales que permitan una lucha eficaz contra este flagelo, el cual no solo constituye un delito, sino un poderoso elemento de subversión de los principios de ciudadanía, representación democrática y republica.

La gobernanza criminal, que afecta a unos setenta millones de latinoamericanos (Luna), es un grave asunto que demanda particular atención, pues sus efectos se hacen sentir en todas las dimensiones de la vida nacional. En esta nota dedicada al problema, nos referiremos a su origen y principales características.

¿Por qué “gobernanza”?

Quien se topa con el término “gobernanza criminal” puede fácilmente inferir que se trata de algún tipo de gobierno, dominio o poder, ejercido por grupos fuera de la ley, sobre la población de un área geográfica determinada. De hecho, la palabra “gobernanza” fue durante mucho tiempo utilizada como sinónimo de gobierno y gobernabilidad (basta consultar el diccionario de la RAE para constatarlo). Sin embargo, esta definición no es suficiente para llegar a entender la complejidad del problema, sus verdaderas causas, y lo que es aún más importante, las posibles -y a menudo controversiales- estrategias para enfrentarlo. Veamos el porqué.

Huida del Estado

En las últimas décadas, y como consecuencia de la total subordinación de la economía y la política a las necesidades impuestas por el mercado globalizado, “gobernanza” ha pasado a significar el repliegue de la presencia estatal en el campo social y económico. Un abandono voluntario de importantes funciones y responsabilidades gubernamentales -antaño consideradas como imprescindibles- en aras de una “Nueva Gestión Pública” (Hood). Bajo la consigna de la eficiencia, el Estado democrático, representante de la voluntad popular y garante del bien común, transfiere buena parte delplaneamiento, organización y ejecución de lo público a grupos de interés particulares (preferentemente empresas privadas), estructuradas en redes autoorganizadas y autónomas (Rhodes). Se instala de esta manera un “gobierno compartido” Estado-particulares (Monedero), en el que la función pública queda sometida a las fuerzas de mercado, bajo el imperio de la ley de la oferta y la demanda. En esta situación, es inevitable que los intereses particulares -esencialmente, la obtención de lucro- desplacen aquellas demandas sociales que no representen ganancias económicas. Los derechos ciudadanos y el avance social, tratados exclusivamente con criterios de rentabilidad, se convierten progresivamente en contribuciones voluntarias a cuenta de la “responsabilidad social empresarial” que, a menudo, no es otra cosa que una estrategia de marketing. Los países latinoamericanos, condicionados por el FMI y el Banco Mundial, adoptaron esta “gobernanza neoliberal de mercado”, privatizadora y desreguladora, cargados con el lastre de una institucionalidad precaria, una presencia territorial restringida y una práctica política corrupta (Sanín Naranjo). La abdicación por parte del Estado de su posición jerárquica y su rol de regulador ha dado oportunidad al surgimiento y desarrollo de nuevos actores nacionales, regionales y locales -tanto legales como ilegales- que pugnan en un mismo espacio geográfico o “zona gris” (Trejo) por la obtención de ganancias, valiéndose para ello de diversas modalidades de acción, entre las cuales se incluye la violencia y la coerción. Este trasfondo ideológico del manejo económico es rara vezevocado por nuestros analistas políticos como uno de los causales del incremento del crimen organizado.

La gobernanza criminal

Las acciones delictivas de las más importantes organizaciones criminales latinoamericanas responden a una lógica exclusivamente empresarial, cuyo objetivo es la obtención de utilidades millonarias sostenibles en el tiempo. Narcotráfico, minería y tala ilegales solo pueden administrarse con la máxima eficiencia y rentabilidad, asegurando el control del territorio en donde se llevan a cabo las actividades ilegales, acompañado del sometimiento o aquiescencia de los pobladores y agentes estatales, cuando no, de su activa y voluntaria participación.

Nos encontramos aquí frente a una caracterizada gobernanza, que adquiere su especificidad criminal debido al aprovechamiento de recursos nacionales, en beneficio de actores privados e ilegales estratégicamente articulados en redes delictivas -las que no pocas veces incluyen funcionarios y autoridades gubernamentales- cuyas decisiones y acciones impactan e influyen en un territorio y su sociedad (Duque). La gobernanza criminal, ejercida sobre territorios, recursos y poblaciones, no está al alcance de cualquier organización criminal, sino solamente de aquellas que cuentan con una estructura jerarquizada, compleja y especializada, una combinación de sociedad secreta, ejército y burocracia empresarial (Briceño-León).

No solo violencia: legitimando la ilegalidad

Por extraño y contradictorio que pueda parecer, la gobernanza criminal no representa únicamente sometimiento mediante la violencia; también puede generar orden, proveer bienes y ejecutar políticas públicas (Arias). Esto debido a que las grandes organizaciones criminales saben que, para ejercer un dominio sostenible sobre las poblaciones -y hasta una cierta dinámica de complicidad ciudadana- se requiere, además de la fuerza, disponer de una cierta legitimidad (Beetham). El ejemplo más saltante es el del capo colombiano del narcotráfico, Pablo Escobar, conocido como el “Robin Hood Paisa”, quien en los años 80 emprendió, campañas de apoyo económico a los pobres de Medellín, lo que le granjeó gratitud y hasta veneración en muchos sectores sociales. Pero, alcanzar una gobernanza criminal en el siglo XXI, requiere más que solamente “narcolimosnas”. Para ello, las organizaciones criminales buscan legitimarse socialmente, mediante la imposición de reglas y restricciones que condicionan y regulan el comportamiento social de los pobladores (Alda). Un nuevo “orden social” que, sirviendo prioritariamente a losintereses económicos criminales, también es susceptible de generar un sentimiento de paz, protección y seguridad en las personas, y que incluye medidas como la prohibición del robo a negocios y pobladores locales, la prohibición de la venta de droga en espacios públicos, el establecimiento de toques de queda para los menores de edad, la represión de peleas callejeras y de agresión a las mujeres. A lo que debe añadirse como un importante elemento de legitimización, los beneficios económicos que estas poblaciones -por lo general marginalizadas de los circuitos económicos legales- reciben, directa o indirectamente, como resultado de la actividad de estasorganizaciones. La frase “el Cartel nos cuida”, de origen sinaloense (Sánchez), grafica claramente el éxito que puede alcanzar la legitimación criminal.

Pero se necesitan dos para bailar el tango

¿Puede un Estado plagado de carencias, ineficiencia y corrupción, como el nuestro, enfrentarse a las gobernanzas criminales? La experiencia latinoamericana apunta, tal como señala el sociólogo Roberto Briceño-León, que ello depende, por una parte, de las decisiones que las propias organizaciones criminales tomen con respecto al tipo de vínculo que deseen establecer con las instancias estatales y, por otra, la respuesta que estas últimas estén dispuestas a dar. Desde el enfrentamiento y la guerra abierta hasta la cooperación y la complicidad, las posibilidades de relación Crimen-Estado son múltiples. Siguiendo este hilo de reflexión, en nuestra próxima nota -la primera de un crítico año 2025- nos referiremos al que todo parece apuntar, es el actual eje ordenador del país: la “crimilegalidad” (Schultze-Kraft), esto es, el entrelazamiento deliberado que se establece entre actividades criminales y legales a nivel social, político y económico. Felices fiestas de fin de año.

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crimen, Estado, Gobernanza, Legitimidad

[PIE DERECHO] Sí hay un conflicto de interés en el hecho de que los congresistas actuales aprueben una reforma constitucional que permita la reelección congresal inmediata y eso los beneficie a ellos, como me señala Carlos Anderson, quien votó en contra por esa razón, pero en este tema, el bien superior supera cualquier atingencia formal menor.

La bicameralidad es superior a la unicameralidad. Bien diseñada -esperemos que lo haga en adelante el Congreso, tiene tiempo para ello- es un salto de calidad institucional política y ya lo apreciaremos en el futuro. Pero requiere reformas consecutivas: la realización de las primarias, la renovación por tercios o mitades, la puesta en marcha de un diseño institucional representativo distinto al distrito nacional, etcétera. Si no se hace ello, como bien ha dicho el constitucionalista Luciano López, solo se estaría reproduciendo la mediocridad.

De paso, nos parece una gran noticia que el Congreso vigente empiece a emprender reformas en lugar de dedicarse al oficio ruin de destruir la institucionalidad democrática del país (esperemos que no insista con su intento de descabezar la Junta Nacional de Justicia) o a dar muestras impunes de inmoralidad (niños, mochasueldos, viajeros irresponsables, etc.).

Si completara la reforma política y desplegase al menos una más -sugiero la de la regionalización- y reactivara la función fiscalizadora puesta de manifiesto esta semana con la justificada censura al ministro del Interior, Vicente Romero, ya habríase producido un upgrade congresal significativo.

El Congreso es una entidad desprestigiada acá y en las democracias de todo el planeta. Como alguna vez me dijo el excongresista Daniel Abugattás, “al día siguiente de haber juramentado, ya la gente me mentaba la madre en la calle”. Eso es inevitable, en gran medida, pero al menos se puede lograr tasas de legitimidad si se abocase a tareas que le importen a la ciudadanía.

No lo veremos ahora, nos queda claro. Este es un Parlamento infiltrado por las mafias delictivas, políticas y empresariales, y más que deberse al pueblo, la mayoría de congresistas se debe a ellas. Pero, quizás sin ser plenamente conscientes de lo que han hecho, con la aprobación de la bicameralidad y la reelección, han dado un paso virtuoso para la mejora institucional de la democracia peruana. Y eso hay que aplaudirlo.

La del estribo: si hay una persona que merece mi admiración es Mario Vargas Llosa. Por su brillantez intelectual, su entereza moral, su impresionante capacidad de trabajo y sinfín de otras virtudes que sería larguísimo enumerar. Como lector de todos sus libros, solo queda lamentar que haya decidido renunciar, por razones atendibles, a la escritura de novelas, pero se despide con una pieza magistral, Le dedico mi silencio, donde, a propósito del vals criollo, nos da una lección de peruanidad. Hay que respetar esa decisión. Quiero recomendar dos reportajes. Uno es el último capítulo -se supone- de la serie Una vida en palabras, una conversación entre nuestro novelista y su hijo, Álvaro, donde hablan de la última novela. El otro es un viaje que realiza con sus tres hijos (Álvaro, Morgana y Gonzalo) a Puerto Eten, lugar clave para entender la vida del protagonista de la novela mencionada. Documentales imperdibles. Ambos en Youtube.

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Bicameralidad, Institucionalidad, Legitimidad, Reelección congresal

[PIE DERECHO] Un Congreso con 7% de aprobación, es decir, absolutamente sin legitimidad representativa, pretende, al amparo de la circunstancialidad de contar con los votos para hacerlo, aprobar una andanada de despropósitos en los plenos que efectuará desde hoy hasta el viernes.

Desde la probable destitución arbitraria de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, pasando por la eliminación de las PASO, el debilitamiento de la colaboración eficaz, de la extinción de dominio, la creación de una comisión para “reformar” el sistema interamericano de derechos humanos, la suspensión del financiamiento del Perú a la OEA, el bachillerato automático hasta el 2024, hasta brindarle una segunda oportunidad a universidades no licenciadas.

Una lista de insensateces que solo se explican por el regocijo del poder que siente la coalición derechista del Congreso, en algunos casos con el apoyo de la bancada de Perú Libre, que no solo dañará aún más el nivel de descrédito que adolece el Legislativo, sino que ejercerá un impacto tremendo en las posibilidades electorales de, justamente, la derecha en general (aún la no congresal), dada la identificación popular de que nos gobierna una alianza derechista entre el Ejecutivo y el Congreso, dos poderes del Estado con un inmenso rechazo ciudadano.

El Congreso se esmera en construir el escenario político propicio para que sea la izquierda, que debería pagar las consecuencias de su inefable apoyo al desgraciado gobierno de Pedro Castillo, y que hoy, gracias a cosas como las que citamos en esta columna, aprovechan las circunstancia para presentarse como virginal alternativa política.

No hay conciencia, al parecer, en el Parlamento, del inmenso bolsón antiestablishment que se está larvando y que amenaza con hacer volar por los aires el statu quo, y la relativa normalidad política, económica y social que hemos vivido los últimos 25 años. Es un Congreso cuasi inimputable que le hace mucho daño al país y, sobre todo, a las perspectivas futuras de la república democrática.

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Congreso, Decisiones Polémicas, Democracia, Legitimidad, Sistema Electoral
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