[PIE DERECHO] “De acuerdo con Lorenzo Eguren, en los últimos 30 años el Estado invirtió US$6,321 millones en Olmos, Chavimochic, Pasto Grande, Majes-Siguas, Jequetepeque-Zaña y Chira-Piura, que han añadido más de 200.000 hectáreas de tierras en la costa. De esta cantidad, el Estado solo recuperó US$462 millones (el 7% de lo invertido)”, señala Humberto Campodónico en su último artículo.
Ratifica lo que venimos diciendo hace tiempo: las irrigaciones son un caso de hipermercantilismo supremo, en el que se destinan ingentes recursos públicos para subsidiar una actividad económica privada en particular. En el caso mencionado, a los grandes grupos empresariales agrícolas, que aprovechan muy bien este regalito estatal.
Propuse que se establecieran unidades agrícolas más pequeñas para generar una red de medianos empresarios agrícolas. Se me dijo que eso no era rentable, por el costo técnico de disponer las tomas de agua. Bueno, pues, que las subsidie el Estado, como ya subsidia toda la operación.
En otros países, son unidades pequeñas y medianas las que componen el grueso de la actividad agroexportadora, formando consorcios absolutamente rentables. Algo así podría lograrse en estos proyectos de irrigación obteniendo un beneficio social inmensamente superior al que hoy se logra, al entregarle estas tierras subsidiadas a megagrupos inversores.
Si a quienes alientan este tipo de esfuerzo estatal, este gran subsidio no les importa, en aras de la mejora de un sector privilegiado, pues entonces, que no se hagan ascos en apoyar la ley de promoción de la industria que la Sociedad Nacional de Industrias viene promoviendo y que tantas críticas ha merecido. Al final de cuentas, los industriales no tienen por qué ser menos que los agroexportadores.
Desde un punto de vista ortodoxo liberal, no debería haber privilegios para nadie y debería dejarse al mercado actuar libremente. Pero eso no sucede en el Perú (por ejemplo, mientras existan las AFP de contribución obligatoria no habrá libre mercado en el país) y, todo lo contrario, con el tiempo se ha ido perforando el modelo económico liberal que parcialmente se había instaurado a mediados de los 90.
Beneficios para todos o para nadie. La segunda opción es la correcta, sobre todo en un país donde el Estado es débil e ineficiente, en alguna medida por falta de recursos. A quienes saltan hasta el techo, con razón, por el despilfarro de la refinería de Talara, quisiera escucharlos haciendo lo mismo con el impresionante apoyo estatal a actividades productivas privadas, como la reseñada al inicio de este artículo.
