Boluarte

La paupérrima aprobación de 3% que le otorga Datum a la presidenta Boluarte y la desaprobación de 94% -históricas ambas- debería permitirnos extraer algunas conclusiones políticas que le sirvan a quienes nos vayan a gobernar del 2026 en adelante.

Ya no basta con prodigarse en aparecer en inauguraciones -que de eso abunda el régimen actual- o que sus ministros esta vez -a diferencia de los anteriores- se permitan apariciones recurrentes frente a la prensa. Ya no es un tema formal el que define la aprobación o no de un gobierno.

Peor aún cuando Boluarte empezó su mandato con un pasivo enorme, con los muertos luego de las protestas surgidas luego de su asunción de mando, que hasta ahora no hallan justicia ni reparación por parte del Estado, y que, por tanto, es una herida abierta que no termina de cerrar y constituye un dren de impopularidad basal que el gobierno no va a superar mientras no responda efectivamente.

Lo que la ciudadanía espera es resultados concretos frente a los problemas que la aquejan. La inseguridad ciudadana que asola el territorio nacional no encuentra remedio alguno y va empeorando en medio de declaraciones ridículas del titular de Interior, que, como sus antecesores, no tiene la más remota idea de qué hacer para enfrentar el tema. La corrupción se extiende como metástasis -involucra hasta al hermano de la primera mandataria- y el gobierno se hace el sueco al respecto (por ejemplo, el titular del Midisya debería haber sido sacado del cargo luego de las denuncias de Qali Warma).

La salud pública sigue siendo un desastre y no hay siquiera una política pública desde el Ministerio de Salud o desde el gobierno que prometa reconducir el problema. Y la sensibilidad ciudadana al respecto es enorme luego del desastre que fue el manejo estatal de la pandemia.

Los candidatos que aspiran a llegar a Palacio deben saber no sólo que el pueblo les va exigir propuestas claras y verosímiles frente a estos problemas, sino que, si llegan a cumplir su meta palaciega, se les exigirá que echen a andar una maquinaria estatal hiperactiva que establezca un horizonte de mejoría tangible en los problemas concretos señalados.

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[AGENDA PAÍS] En el Perú estamos viviendo un ataque diario a la poca institucionalidad que nos queda. 

Por un lado, nuestro menú diario, de restaurante de lujo con 3 estrellas Michelin, se compone de una entradita de denuncias constitucionales con acusaciones cruzadas, una sopita de cacicazgos electorales, un segundo bien “taipá” de ministros cuestionados por sus competencias o por sus declaraciones, copiosamente acompañado de guarniciones de congresistas que deberían asistir a los plenos en traje a raya y esposados, y de postre, periodistas politizados y agremiados en cofradías de intereses económicos. 

Por el otro lado, los ciudadanos, con menúes menos opulentos a los cuales incluso, les es difícil de acceder, observan impávidos cómo se pasan los años, tan callando, sin poder ver una luz al final del túnel y maldiciendo a ese Dios peruano del que tanto se habla pero que poco o nunca aparece.

A ese copioso menú, maloliente e indigesto, se le ha sumado una serie de declaraciones, aparentemente coordinadas, para tildar al congreso de dictador, como si el congreso fuera una sola persona, un Nicolás Maduro, que a sola mano dicta acciones sin consulta ni voto parlamentario alguno.

La señora Patricia del Río, periodista de RPP, que hace un par de años viralizó un audio donde soltaba suspiros por Vizcarra, a la vez que reconocía una relación cercana y aceptaba lo corrupto que era ese individuo, ha dicho en una entrevista con su amigo Jaime Chincha, y muy suelta de huesos, que en el Perú vivimos una dictadura congresal.

El exgobernador Mesías Guevara, aquel que junto a otros personajes se infiltraron en Acción Popular, partido al cual casi destruyen, inaugura su flamante cargo de directivo del Partido Morado para también unirse al cargamontón diciendo que “nos están llevando a una dictadura congresal”.

El recién autodenominado candidato presidencial, el rector de la UNI Alfonso López Chau, ha sido más creativo, uniéndose a la manada e instituyendo un nuevo vocablo, el de la “tiranía electiva”.

Caray, lo que pueden hacer 130 congresistas dictadores es impresionante, ¡130! ¡Record Guiness para Perú! Aplausos por favor.

¿Cuántas veces hemos reclamado al ejecutivo y al legislativo que trabajen en conjunto para lograr un mínimo de gobernabilidad para poder generar confianza y un entorno favorable a la inversión pública y privada?

Recordemos que en la época del presidente Kuczynski (PPK) con Keiko Fujimori y sus 73 congresistas, a gritos pedíamos que se pongan de acuerdo y que trabajen en conjunto por el país. Gobernabilidad pedíamos y no pasó nada. 

Bueno, sí pasó… Renunció PPK, entró Vizcarra, vacaron a Vizcarra, entró Merino, renunció Merino, entró Sagasti, llegó Castillo y se vacó solito, dejando a Dina Boluarte en la Presidencia. Entre todo este laberinto, por no haber buscado gobernabilidad y estar pensando en intereses particulares y no en el país, hemos tenido 6 presidentes en 6 años. 

Ahora parece que queremos mantener el record de 1 presidente por año vacando a Boluarte, con lo que al 2026 tendríamos 8 presidentes en 8 años. ¡Otro record Guiness! ¡Vamos Perú!

Dejemos de atacar nuestra propia institucionalidad. Hay congresistas pésimos, sí y un montón. Algunos de ellos tienen más perfil para Piedras Gordas que para la Plaza Bolívar, también. Que el ejecutivo ha demostrado ineficiencia, poca coordinación e indiferencia ante los graves problemas por los que atraviesa el país, sin duda.

Pero por ellos votamos, y si nos equivocamos, no podemos ser tan caras duras de vociferar “dictadura congresal” cuando los parlamentarios y el ejecutivo encuentran consensos que no nos gustan y por el otro, criticarlos cuando no se ponen de acuerdo porque atenta contra la gobernabilidad. 

Solo espero que la campaña presidencial del 2026, que ya está empezando, enfoque a los políticos y a la prensa en los temas de estado que deberían importarnos para luchar contra la pobreza y la anemia, para pensar en nuevas políticas públicas que aseguren una educación y una atención de salud humanas y de excelencia, para que podamos pasear por nuestras bellas ciudades y encantadores pueblos originarios con la tranquilidad de vivir en seguridad, y para así lograr un clima de paz social que es la base para el desarrollo sostenible de nuestro país.

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Boluarte, Castillo, Congreso, dictadura, Ejecutivo, Gobierno, lópez chau, Merino, Mesías Guevara, Patricia del Rio, Perú, PPK, Sagasti, tiranía electiva, Vizcarra

Nuestro país mantiene la condición de “régimen híbrido” (régimen político donde confluyen rasgos autoritarios con democráticos), según el  Index 2023 elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist. El 2022 se explicaba por los arrestos golpistas de Castillo. Esta última calificación ya concierne exclusivamente a la gestión de Boluarte.

Pesa mucho en la calificación la respuesta autoritaria del régimen a las protestas de enero del año pasado, pero queda claro que hay un desmadre institucional terrible en el país, que perjudica nuestra calificación. Autoritarismo en el Ejecutivo, mediocridad y corrupción en el Congreso, ineficacia y abusos en el Ministerio Público y el Poder Judicial (véase nomás su creciente irrespeto por la libertad de prensa).

Y de hecho, aunque no figura entre los indicadores que se toman en cuenta, la crisis económica, la corrupción y la inseguridad atentan contra la buena marcha de la democracia porque aniquila la convivencia ciudadana.

La pobreza creciente alienta el despotismo populista de quienes la sufren y la inseguridad es un cáncer terrible. Vivir con miedo es tan dañino como pasar hambre, acaba de escribir Antonio Muñóz Molina en El País. Y cita a Simone Weil cuando señala que “La seguridad es una de las necesidades esenciales del alma”. El Estado, que parece tan fuerte, puede derrumbarse de golpe, y la consecuencia no es la liberación de los oprimidos, sino el triunfo de los poderosos y los criminales, agrega.

Si a ello le sumamos la metástasis corrupta que ha tomado el organismo nacional, se entenderá que en criterios como “funcionamiento del gobierno”, “participación política” y “cultura política” salgamos pésimamente rankeados.

Ya se ha perdido la esperanza de que el gobierno de Boluarte haga algo para revertir la pendiente declinante. Por más que haga dos buenos cambios ministeriales, el maquillaje no basta. Y lo peor es que su medianía alentará la irrupción de candidatos populistas el 2026, más aún si se tiene en cuenta la punible irresponsabilidad de los sectores democráticos para aglomerarse y evitar que el Perú siga la espiral autoritaria de otros regímenes de la región.

La del estribo: dos recomendaciones librescas. Primera, Cómo salir de la crisis política, de la politóloga Milagros Campos. Toca un tema de enorme actualidad y sensible vigencia. Analiza el problema y propone salidas. Segunda, Trilogía, de Jon Fosse, último premio Nobel. Prosa aguda y certera, de aparente sequedad, pero poderosa y rica. Una voz narrativa distinta.

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[EN LA ARENA] El 28 de julio, Dina Boluarte disparó una sarta de proyectos de ley pidiendo con urgencia que fuesen aprobados por el Congreso. Como en una campaña electoral, sin preocuparse de que estos formen parte de –o deformen políticas públicas con fines claros, prometió hasta puestos de trabajo: que los licenciados de las Fuerzas Armadas, los reservistas, pasen a ser policías del Orden y Seguridad de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Ser policía no es un puesto cualquiera. Su labor es prevenir diversos hechos de violencia, mejorar la convivencia pacífica y aplacar las acciones delictivas. Trabajar de la mano con otros sectores, como el Poder Judicial, el sistema de salud y los gobiernos locales. No se trata de un soldado con deber de batallar contra el enemigo. El Estado le ha designado ciertos compromisos que responden al interés público: el evitar conflictos (políticos, religiosos, sociales, culturales) y asegurar el bienestar de la población; jamás lo contrario.

Eso implica confiar y ahí empieza el profundo problema que enfrenta la PNP, pues es considerada como la quinta institución más corrupta del Estado peruano (Proetica 2022). Es usual en la televisión ver la detención de policías por vincularse a mafias, narcotráfico, extorsionar a trabajadoras sexuales, cobrar coimas, lavar activos, etc. Como contraparte, la PNP también cuenta con espacios televisivos para difundir las capturas de delincuentes logradas en sus campañas, pero no consiguen revertir la percepción de desconfianza y corrupción.

El actual proyecto de Ley, cuestionado por especialistas en seguridad ciudadana, fue sustentado ante la Comisión de Seguridad Ciudadana por el Comandante General de la PNP, Luis Alberto Vergara, quien señaló como razón para convocar a los reservistas que solo se cuenta con un policía por cada 500 ciudadanos y que “cada año hay menos efectivos policiales para hacer frente a la creciente ola de delincuencia”. La primera es correcta, los estándares internacionales sostienen que se debe contar con un policía por cada 250 personas. Lo que sí es falso, es que cada año se tenga menos efectivos policiales y que la ola de delincuencia sea creciente.

Diez años atrás en el Perú se produjo una escalada de violencia que llegó a su pico el año 2018 cuando se alcanzó una tasa de casi 8 personas asesinadas por cada 100,000 habitantes. El advenimiento de la pandemia disminuyó notoriamente el número de asesinatos y el año pasado, la cifra fue de 6, una tasa previa al 2013, antes de la migración masiva y del desplazamiento de mafias por todo el continente. A pesar de que nuestra población ha aumentado en más de cuatro millones de personas desde ese momento, se ha mantenido el mismo número de víctimas de algún hecho delictivo, lo cual no es poca cosa: hoy, es la cuarta parte del país, hace diez años, era casi la tercera.

Es muy probable que este control sea resultado de las diversas reformas que la policía ha ido viviendo desde el año 2017, cuando se cambió la organización interna y el modelo de formación policial. Lo podemos ver en las cifras. El año 2015, la Defensoría del Pueblo sostuvo ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno que sólo había un efectivo policial por cada 856 habitantes. En el año 2017, la cobertura subió a uno para 673 habitantes. Hoy como señaló el Comandante, han llegado a 500. La pregunta es entonces, por qué promete trabajo de policía a los reservistas la señora Dina Boluarte, quien gusta aparecer rodeada de militares. Ya la ley anterior había sido rechazada porque implicaba un cambio sustancial en el presupuesto de la PNP desequilibrando la distribución del erario nacional. Ahora, reaparece como promesa tras las masacres perpetradas por la policía durante el Estallido popular 2022-2023 que ella justificó en lugar de detener.

La policía peruana tiene otras necesidades y sabemos bien que la mayor fragilidad se encuentra en su formación profesional. El 2008 Sunedu reconoció el rango universitario a la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, pero hasta la fecha no ha culminado con el licenciamiento, que asegura los estándares de una auténtica educación policial. Hay países que cuentan con centros de investigación avanzada, capaces de ofrecer diplomas y maestrías. La gran ventaja de una formación así, que abarca enfoques comunitarios, éticos y científicos, es que permite a la policía no dejarse manipular por sus autoridades políticas, abandonar la compulsión por enriquecerse ilícitamente y contar con la confianza de que la próxima vez que haya una marcha, no saldrán a matar.

 

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En la última versión del Latinobarómetro, medición regional de indicadores democráticos, el Perú no queda mal parado, a pesar de la crisis política por la que transitamos desde hace un lustro. Citemos textualmente lo que dice el informe: “Perú es otro país que tiene una categoría propia. El apoyo a la democracia alcanza el 50% en 2023 habiendo aumentado de 46% en 2020, tiene un aumento de dos puntos porcentuales de 25% a 27% en la indiferencia al tipo de régimen en el mismo período y se mantiene en 17% en su preferencia por un régimen autoritario, habiendo aumentado un punto porcentual que no es significativo en el mismo período”.

“En otras palabras, se puede decir que Perú a pesar de la debacle de sus presidentes no está tan mal con la mitad de su población prefiriendo la democracia. Sin embargo, Perú tiene el 91% de su población insatisfecha con su democracia, como veremos más adelante, es decir casi toda la población que es indiferente o prefiere el autoritarismo está insatisfecha lo que constituye un capital político negativo en contra del régimen que sea que está de turno. La deja vulnerable”.

La insatisfacción con la democracia es el problema a resolver porque puede ser una larva de eventuales proyectos autoritarios o populistas en el futuro (hoy, un 17% apoyaría un régimen autoritario). Pero ello no pasa, propiamente dicho, tan solo por un fortalecimiento político de nuestras instituciones sino por una mejora económica de la ciudadanía. No es un descontento con las elecciones, la separación de poderes o el Estado de derecho lo que explica el resultado mencionado, sino el mal funcionamiento de los servicios básicos y, sobre todo, la sensación de no progreso económico (de otro modo, no se explicaría que aumente el apoyo a la democracia).

Se necesita que volvamos al círculo virtuoso de crecimiento que se empezó a desmoronar con el gobierno de Ollanta Humala, que se agudizó con la crisis tremenda del gobierno de Kuczynski y ya explosionó con el régimen de Castillo, y cuyos efectos aún perduran en el mandato de Boluarte, el que no logra hasta el momento consolidar un ánimo confiado de los inversores.

Con un país creciendo, clase media expandiéndose y pobreza reduciéndose, se establece la atmósfera adecuada para que la satisfacción con el establishment se incremente y se reduzcan de alguna manera, los riesgos autoritarios.

La del estribo: notable el libro de Rafael Dumett, El camarada Jorge y el Dragón, el primero de una saga que versa sobre las viscisitudes vitales de un personaje fabuloso, como fue Eudocio Ravines. Confirma la talla literaria del autor, ya exhibida en la gran novela El espía del Inca. Publica Alfaguara. A propósito, este martes 25 a las 8 pm., en el teatro Ricardo Blume, Dumett hará una performance teatral (The Reading show) de su libro. Entradas en Teleticket.

 

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Dos sucesos políticos importantes se le avecinan al gobierno: la Toma de Lima, convocada para el 19 de julio, y la elección de la nueva Mesa Directiva, para el 25 de julio. Son momentos que van a poner a prueba la sostenibilidad del statu quo del que viene disfrutando un gobierno precario y mediocre como el de Dina Boluarte.

Si la marcha no es lo multitudinaria que sus organizadores calculan y no se produce una respuesta represiva irracional -como en diciembre y enero-, y si, además, el centro y la derecha congresales actúan con sensatez y arman una lista que les permita asegurarse la Mesa Directiva para el siguiente periodo, impidiendo que la izquierda lo haga y se genere un polo de desestabilización, Dina Boluarte tiene el camino allanado por un tiempo más en Palacio.

El problema es que la estabilidad precaria a la que arribaríamos no generaría un efecto virtuoso ni en la aprobación ciudadana ni en la confianza inversora, porque este gobierno no hace nada para producir un upgrade político o económico.

Se espera, por ello, que el mensaje de Fiestas Patrias no se dedique tan solo a un listado de obras de infraestructura o a detallar las labores preventivas del Niño, sino que incorpore anuncios audaces respecto, por ejemplo, de la recuperación social de los proyectos mineros trabados por el conflicto social, hecho perpetrado, en muchos casos, por extorsionadores profesionales (esa sería una señal poderosa para los inversionistas) o que se diseñe un ajuste en las políticas sociales que permita que las cifras crecientes de pobreza disminuyan (no es posible que Juntos, por ejemplo, siga dando 200 soles bimensuales cuando la inflación ha casi duplicado los costos de la canasta básica de los sectores rurales pobres; según cálculos de Apoyo Consultoría, subirlo de 200 a 340 soles representaría apenas un gasto mayor equivalente a menos del 0.1% del PBI).

Este 28 de julio es la oportunidad de que el gobierno de Boluarte se reenganche con la ciudadanía. Debe hacer un mea culpa efectivo por los muertos de diciembre y enero (con sanciones a los responsables, reparaciones a las víctimas, etc.), promover la reactivación económica y generar una afinada estrategia de alivio de la pobreza. Si lo hace, con seguridad empezará a remontar las enormes tasas de desaprobación que muestra y le brindaría al país una estabilidad menos precaria de la existente.

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Conforme avance el tiempo, la mediocre administración pública del régimen de Dina Boluarte, verá asomarse permanentes amenazas a su estabilidad política. Si nada cambia, ellas podrán ir in crescendo y amenazar inclusive la esperanza de vida política que la propia mandataria ha trazado hasta el 2026.

1.- Que la movilización del 19 de julio sea masiva. Que Lima, efectivamente, sea tomada por las huestes disidentes del statu quo y que se genere una turbamulta descontrolada que genere la sensación de que el pueblo ha tomado las calles para expresar su rechazo al proceder del Ejecutivo y del Legislativo.

2.- Que la respuesta represiva a dicha movilización sea torpe y desmedida, ocasionando muertos injustificados, como sucedió en las protestas de diciembre y enero. Que se engrose la lista fatal, podría azuzar las protestas y llevar al gobierno a una situación límite de movilizaciones continuadas, cuya precariedad no resistiría.

3.- Que el gobierno no maneje adecuadamente el fenómeno del Niño que se avecina y que veamos cómo los 1,400 millones de soles destinados a ese fin terminen dilapidados, sin ninguna supervisión ni liderazgo ejecutor. El impacto político y mediático de un fenómeno climático golpeando a miles de ciudadanos, sin respuesta eficaz del Ejecutivo, podría ser letal.

4.- Que la economía siga enfriándose. Credicorp Capital acaba de reducir sus proyecciones de crecimiento para este año a 1.3%. Inicialmente habían previsto un crecimiento de 2.3%, en marzo lo redujeron a 1.8% y ahora a la cifra referida, que es pobrísima y que solo implica aumento del desempleo y de la pobreza. El malestar popular ocasionado por ello puede alimentar protestas y mayor descontento del que ya existe respecto del orden establecido.

5.- Que el Congreso siga haciendo trastadas, como hasta ahora. De alguna manera, la ciudadanía percibe un cogobierno entre ambos poderes del Estado y el inmenso desprestigio del Legislativo irradia hacia el Ejecutivo.

6.- Que le vaya muy mal a la selección peruana de fútbol en los primeros partidos de la eliminatoria mundialista. La jornada empieza en setiembre y octubre y jugamos contra Paraguay de visita, Brasil de locales, Chile de visita y Argentina de locales, los cuatro partidos perdibles. El vínculo entre fútbol y política está sobradamente estudiado. El malhumor ante la ocurrencia de un contraste mayúsculo podría ocasionar, sin duda, irritación política.

 

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[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] Hace poco, desde España, el primer ministro Alberto Otárola anunció el fin de la crisis y el ingreso del país a un “proceso de pacificación”. “En este momento no existe una sola marcha de protesta, ni un camino bloqueado”, sentenció enfático. Pero a qué “pacificación” se refiere. Usualmente, se la entiende como los esfuerzos de un gobierno para poner fin a los conflictos sociales. Lo que implica buscar soluciones pacíficas mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo con los adversarios que lo cuestionan con el objetivo de restablecer el orden y la estabilidad social.

Por el contrario, la “pacificación”, implementada por el gobierno, encubre acciones represivas y violaciones de los derechos humanos de cientos de ciudadanos que se movilizaron en su contra desde diciembre del año pasado. En lugar de buscar soluciones pacíficas y fomentar el diálogo, el gobierno recurrió a un uso desproporcionado de la fuerza pública como un instrumento para acallar a sus opositores. ¿No son acaso las detenciones arbitrarias como lo sucedido en el campus de la Universidad San Marcos o las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas del orden estrategias que buscaron generar un clima de temor y desaliento, con el objetivo de desmovilizar y controlar a la población, limitando su participación en manifestaciones de protesta?

Esa “pacificación” se sirvió de un discurso que estigmatizaba a los manifestantes. El “terruqueo” fue la punta de lanza del mismo, el cual buscó desacreditarlos o “demonizarlos”, presentándolos como elementos violentistas y perturbadores del orden público o como integrantes de Sendero Luminoso. Además, como parte de esa narrativa, se sostuvo que las movilizaciones eran financiadas por el narcotráfico y la minería ilegal. Pese a que la canciller Ana Gervasi señalara que el gobierno no cuenta con “ninguna evidencia” de que fuera así, hoy por hoy, el primer ministro Otárola sigue sosteniendo lo mismo. Con lo cual se trata de justificar, una vez más, la represión policial y militar sin mayor control.

Asimismo, tal “pacificación” es percibida por la ciudadanía como violatoria de los más elementales derechos humanos. Han transcurrido seis meses desde las primeras ejecuciones extrajudiciales cometidos y la investigación de las mismas no avanza con la celeridad que la situación requiere. No está de más mirarnos en el espejo europeo. Esta semana en Francia, un policía asesinó a un adolescente francés. De inmediato, sus conciudadanos se movilizaron en Paris y otras ciudades exigiendo justicia. El policía, una vez detenido, pidió perdón a la familia del menor ejecutado. El presidente Macron hizo lo mismo. A la fecha, las protestas continúan con tal grado de violencia muy pocas veces visto en lo que va del presente siglo. Cientos de manifestantes han sido detenidos y ningún otro ciudadano ha sido asesinado por la policía o el ejército.

Por último, pareciera que la única paz que se ofrece desde el gobierno, resultado de su mentada “pacificación”, es “la paz de los cementerios”. Expresión que se condice con lo dicho por la presidenta Boluarte: “¿cuántas muertes más quieren?”. La paz social no será fruto de la violación de derechos humanos ni de la impunidad. Por el contrario, es el resultado de la prevención y sanción de los delitos cometidos, del respeto irrestricto de los derechos humanos y del fortalecimiento de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y no de su degradación.

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Alberto Otárola, Ana Gervasi, Boluarte, España, Macron, pacificación, sendero luminoso

El gobierno ha dado dos pasos significativos en la última semana, que ojalá revelen un cambio de rumbo político y económico. Uno, la declaración del premier Otárola, en el sentido de tomar distancia del Congreso presentando acciones de inconstitucionalidad respecto de un paquete de normas aprobadas en el recinto legislativo. Dos, el anuncio del destrabe del proyecto Chavimochic, un gol económico que podría ser un parteaguas respecto de una política más agresiva pro inversión privada.

Lo primero es esencial al Ejecutivo. Su mímesis con un Legislativo aún más desprestigiado que el gobierno central, no hacía más que agregarle a las propias, antipatías ajenas (según la última encuesta del IEP el Congreso tiene 91% de desaprobación y apenas 6% de aprobación). Es riesgoso tomar distancia crítica, porque la mayoría congresal fácilmente puede retomar aires vacadores si percibe que tiene al frente a un poder adverso, pero si desde Palacio administran con habilidad y muñeca estas eventuales divergencias, la sangre no tendría por qué llegar al río.

Hay una clara vocación de aferrarse al cargo por parte de los congresistas y eso debe ser aprovechado por el Ejecutivo. Va a ser muy extremo que se animen en el Parlamento a vacar a Boluarte, a sabiendas de que una transición congresal provocaría un desmadre social equivalente al que ocasionó el ascenso de Merino y provocó su corta duración. Les conviene que Boluarte se quede y nada se mueva y, en esa medida, el Ejecutivo tiene margen de acción para marcar su propia ruta aun a costa de esporádicos choques con el poder de la plaza Bolívar.

La segunda noticia es más relevante en términos estructurales, porque sacar adelante un megaproyecto como Chavimochic implica una señal positiva al mercado inversor, más allá de la propia dinámica capitalista que el proyecto en sí generará (ojalá nomás no lo terminen destinando tan solo a grandes grupos económicos) y ello, sumado a otros logros que se puedan conseguir pronto (Majes-Siguas, San Gabán, etc.), podría hacer que la inversión privada empiece a recuperar confianza y retorne a la dinámica pre Castillo y se logre así remontar los biafranos niveles de crecimiento que se estiman y que tanto impacto generan en la generación de empleo y en las tasas de pobreza (según estudio de Macroconsult, para este año se prevé que la pobreza aumente a 28.4%; el 2022 fue de 27.5% y el 2021 25.9%).

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