Consejo privado de competitividad

El Poder de los Datos, el poder ciudadano

Por: 25.11.2022

Entre la información más resaltante de la Plataforma se observa la falta de rendición de cuentas en indicadores como el avance físico de las inversiones. De acuerdo con D#Acción, de las cerca de 31 mil inversiones activas con presupuesto en 2022 que requieren informar el avance físico, el 41% no lo hace. Es decir, cuatro de cada 10 proyectos con presupuesto no cumplen con informar su avance físico, pese a que deben hacerlo. Adicionalmente, en la plataforma se evidencia información respecto a la ineficiencia de la ejecución de inversiones en términos de plazo (demoras) y costo (sobrecosto). Al respecto se encuentra que, uno de cada cuatro proyectos se demora más de 100 días de la fecha planeada en finalizarse y el sobrecosto por encima de la viabilidad de las inversiones activas con presupuesto asciende a S/87 mil millones.

Iniciativas como D#Acción, donde se realiza el seguimiento a la ejecución física de las obras, permitirán alertar demoras para la toma de medidas correctivas, y con ello, reducir la posibilidad de paralización de estas y mejorar el uso de recursos públicos. Esto último es fundamental pues actualmente existen 2.784 obras paralizadas por S/ 14.897 millones, lo cual equivale a todo el presupuesto del sector educación para 2022 y la ineficiencia del gasto equivale al 2,5% del PBI, según el BID. De esta manera, transparentar datos para que tanto los ciudadanos como los hacedores de políticas públicas tomen acción no solo propiciará un clima de mayor confianza —hoy en niveles casi inexistentes— sino que posibilitará brindar mejores servicios públicos y mejorar el bienestar de todos los peruanos.

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corrupción, Eficiencia, Inversión, monitoreo de datos

Urgente fortalecimiento de la articulación público-privada para lograr mejoras sostenibles de competitividad

Por: 12.10.2022

Definitivamente se requiere fortalecer el CNCF. Una forma de hacerlo es avanzar hacia la construcción de un Sistema Nacional de Competitividad y Productividad en el marco de lo que establece la Política Nacional aprobada en el 2018. De esta manera se podrían articular de manera sistémica los esfuerzos del sector público y privado a nivel descentralizado a través de una normativa específica, alineado a indicadores de desempeño y articulado con los otros sistemas del MEF, presupuesto e inversiones, principalmente. Así se daría continuidad en el tiempo a las políticas públicas de mediano y largo plazo, y se aseguraría la articulación sostenible público-privada para lograr mejoras de competitividad. 

Como referencia se tiene el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación de Colombia (SNCI), que articula las diferentes políticas encaminadas a fortalecer la competitividad, y cuenta para ello con el apoyo de la Comisión Nacional de Competitividad, órgano consultivo encargado de recomendar una agenda de competitividad, donde están representados los aportes tanto de los actores públicos como privados. En Colombia el SNCI ha contribuido además a contar con una contraparte privada bien organizada y técnicamente sólida, así como a proporcionar canales institucionales para expresar las solicitudes del sector privado, aspectos fundamentales que han contribuido a una colaboración público-privada eficaz y al logro de efectos positivos en las políticas de competitividad y de desarrollo productivo (Eslava et. al, 2013)(1). 

A 20 años de la creación del CNCF, se resalta su importancia como un espacio relevante de articulación público-privada que ha contribuido al diseño y ejecución de reformas de competitividad en el país pero que sin embargo requiere ser fortalecido institucionalmente, dotándolo de instrumentos, normas y programas que se articulen en un sistema de competitividad y que permita dar continuidad a las políticas públicas en el tiempo, y que asegure la articulación sostenible público-privada para lograr mejoras de competitividad. Esto permitirá legitimar las principales estrategias políticas de competitividad de mediano y largo plazo y, reconstruir las expectativas empresariales que ahora se encuentran en tramo pesimista en aras de sostener el crecimiento económico y generar niveles de ingresos más altos y un mayor bienestar para la población.

 

(1). Eslava, M., Meléndez, M., Perry, G. (2013). Public-Private Collaboration for Productive Development Policies in Colombia. Documentos CEDE. Universidad de Los Andes. Facutad de Economía. Noviembre.

Transparencia para generar confianza: una mirada a las obras públicas a nivel local

Por: 22.09.2022

De un análisis realizado por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) respecto a los 10 principales proyectos de cada distrito —100 en total— donde ejecutaron recursos a agosto de 2022[5], se encontró que en cerca del 40% de dichos proyectos se incumple con informar sobre el avance físico. Dicho porcentaje esconde casos extremos como el de San Marcos en Áncash —distrito con S/879 millones de canon para obras, pero con el 83% de sus establecimientos de salud en mal estado—, donde el nivel de incumplimiento es del 90%. Es decir, solo ha informado el avance de uno de los 10 principales proyectos, donde ejecutó recursos a la fecha.

Lo anterior revela los bajos niveles de transparencia y rendición de cuentas de algunas autoridades, especialmente a nivel subnacional, lo cual repercute directamente sobre los niveles de confianza de los ciudadanos frente a las instituciones. En este sentido, desde el CPC se propone, entre otros, fomentar la transparencia de la información del avance físico de las obras, condicionando el pago del gasto devengado de las mismas. Transparentar indicadores como el avance físico de la obra no solo facilitará la rendición de cuentas de las autoridades y propiciará un clima de mayor confianza, sino que permitirá alertar demoras en la etapa de construcción y tomar decisiones de política pública basadas en evidencia. Esto posibilitará brindar mejores servicios públicos a todos los ciudadanos.

[1] INEI (2022). Perú: Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones”, enero – junio 2022.

[2] IEP (2016). Baja confianza en las instituciones peruanas afecta el ejercicio de su autoridad.

[3] Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Directiva N° 001-2019-EF/63.01).

[4] Las municipalidades de San Marcos (Áncash), Megantoni (Cusco), Chimbote (Áncash), Yarabamba (Arequipa), Cnel. Gregorio Albarracín (Tacna), Cerro Colorado (Arequipa), Marcona (Ica), Nuevo Chimbote (Áncash), Espinar (Cusco) y Pichari (Cusco) cuentan con S/ 2.683 millones del total de S/12.774 millones de canon y regalías para obras.

[5] Proyectos con mayor PIM de canon para 2022.

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CPC, obras públicas

Conflictos sociales y competitividad minera: Propuestas para fortalecer la gestión de la conflictividad

Por: 2.09.2022

Existe abundante literatura empírica que ha evidenciado que los conflictos sociales internos a los países son causantes de tasas de crecimiento más bajas discontinuas, así como causantes de que muchos países hayan experimentado un colapso de su crecimiento económico desde mediados de la década de 1970 (Rodrik, 1999)[4]. Para el caso peruano, el BCRP (2022)[5] estimó que los conflictos sociales habrían afectado negativamente al PBI del sector minero metálico en 2.3%, lo cual habría finalmente ocasionado un impacto en el PBI total de -0.2% para el año 2021.

Ciertamente, la gestión pública es fundamental para atender adecuadamente las necesidades de la población y evitar futuros conflictos sociales. Si se relacionan las variables de gestión pública regional, aproximada por el Índice Regional de Gestión Pública (IRGP)[6], y el número de conflictos sociales, se encuentra una relación negativa (coeficiente de correlación de -0,47). Es decir, que las regiones con menores niveles de servicios en aspectos relacionados a conectividad, salud, educación e instituciones registran un mayor nivel de conflictividad social.

Si bien la solución de los conflictos sociales requiere la implementación de un conjunto de medidas estructurales que mejoren la institucionalidad del Estado, es posible avanzar en acciones de corto y mediano plazo destinadas a mejorar la provisión de los servicios públicos en zonas de influencia minera. Una de estas acciones corresponde al fortalecimiento del rol efectivo del Estado en la prevención de conflictos sociales mediante el desarrollo de un sistema preventivo operado por personal especializado en la gestión de conflictos, debidamente acreditado y autorizado para vincular los compromisos de proyectos de cierre de brechas en los sistemas de inversión y presupuestarios. Una parte esencial de este sistema pasaría por analizar ex ante las condiciones socioeconómicas de los distritos y comunidades en donde se desarrollará un proyecto minero con el objetivo de priorizar oportunamente la reducción de la brecha de servicios públicos básicos de la población del área de influencia de dichos proyectos.

Otra de las acciones correspondería al desarrollo de un adecuado seguimiento y monitoreo a los compromisos que surgen de los espacios de diálogo de los conflictos a cargo de una unidad independiente y especializada. Esta tarea podría estar a cargo de una nueva Unidad de Gestión de Cumplimiento de Acuerdos en la Defensoría del Pueblo para realizar un seguimiento adecuado a todos los compromisos, con especial énfasis en los proyectos de inversión que surgen de dichos espacios. Asimismo, esta entidad debiera poner a disposición de la ciudadanía la información en formato de datos abiertos referida a la gestión de los conflictos sociales que facilite la generación de evidencia para el diseño e implementación de políticas públicas.

[1] Yunis, J., Aliakbari, E. (2022). Annual Survey of Mining Companies 2021. Fraser Institute.

[2] Esser, K., Hillebrand, W., Messner, D., Meyer, J. (1996). Competitividad sistémica: nuevo desafío para las empresas y la política. Revista CEPAL, 59.

[3] Defensoría del Pueblo (2022). Reporte de Conflictos Sociales N° 221. Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, julio.

[4] Rodrik, D. (1999). “Where Did All the Growth Go? External Shocks, Social Conflict, and Growth Collapses”. Journal of Economic Growth volume 4, pages385–412.

[5] BCRP (2022). Reporte de Inflación 2022. Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2022-2023. Banco Central de Reserva del Perú, marzo.

[6] El Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) 2022 del CPC mide el desempeño de 17 indicadores en los pilares de conectividad, salud, educación e instituciones. Entre 2019 y 2021, solo dos de las 25 regiones analizadas mejoraron en todos los pilares.

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Conflictos, Minería

A peor gestión pública, mayor conflictividad: Una mirada desde el Índice Regional de Gestión Pública del CPC

Por: 18.08.2022

Sobre el segundo punto, es necesario que el Estado cumpla un rol efectivo en la prevención de conflictos sociales. A manera de ejemplo, este debería analizar ex ante las condiciones socioeconómicas de los distritos y comunidades en donde se pretende desarrollar un proyecto minero. Luego de ello, priorizar la reducción de las necesidades básicas insatisfechas de la población, estableciendo una cimentación base, sobre la cual puedan construirse y mejorarse otros servicios. De esta manera, cuando la población beneficiada perciba un ingreso extraordinario (como los recursos del canon y las regalías), la ejecución eficiente de dichos recursos permitirá mejorar la calidad de los servicios, potenciando el desarrollo del territorio.

Actualmente, según información del Ministerio de Energía y Minas, existe una cartera de 63 proyectos de exploración minera por USD 586 millones y de 43 proyectos de construcción minera por USD 53 mil millones. Esta última cartera está centrada principalmente en Cajamarca y Apurímac, con cinco proyectos por USD 18 mil millones y siete proyectos por USD 10 mil millones, respectivamente. Es imprescindible acelerar la ejecución de los proyectos de inversión para el cierre de brechas y mitigar la probabilidad de nuevos conflictos sociales, especialmente en dichas zonas, que aún registran altos niveles de pobreza y bajos niveles de acceso a servicios. Así, mientras Cajamarca es la cuarta región con mayor nivel de pobreza a nivel nacional (cuatro de cada 10 personas en Cajamarca son pobres), Apurímac es la región con menor porcentaje de infraestructura departamental y vecinal pavimentada a nivel nacional (0,3%).

Actuar de manera anticipada a los conflictos permitirá facilitar la ejecución de la cartera de proyectos mineros, dando un mayor impulso a las inversiones, que registran perspectivas negativas para los próximos años. Finalmente, todo ello se traducirá en un mayor dinamismo de la economía y en un mayor desarrollo en favor de todos los ciudadanos.

[1] Consejo Privado de Competitividad (2022). Índice Regional de Gestión Pública 2022.

[2] Defensoría del Pueblo (2022). Reporte de conflictos sociales N° 221. Julio 2022.

[3] BCRP. (2022). Reporte de inflación de marzo de 2022.

[4] BCRP. (2022). Reporte de inflación de junio de 2022.

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gestión pública, Gobierno, gobierno regional

El Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) y su importancia para mejorar la calidad de las propuestas normativas

Por: 5.08.2022

Si bien estas etapas de implementación tienen el soporte de seguimiento, monitoreo y evaluación a cargo de la SGP de la PCM, es importante que las EPPE involucradas se encuentren comprometidas en el proceso mediante las siguientes acciones: i) una participación activa en los talleres de capacitación y un compromiso de réplica y difusión de estos talleres al interior de la entidad; ii) la designación del Oficial de la mejora regulatoria; iii) la conformación de equipos multidisciplinarios que sigan las pautas establecidas en el Manual para la aplicación AIR Ex Ante, y que tengan asegurada su permanencia durante el proceso de implementación del AIR. 

La implementación del AIR implica un cambio de paradigmas en la forma cómo se hacen las regulaciones, porque permite ver a una propuesta normativa, ya no como un instrumento aislado que culmina con una norma sin mayor sustento y evidencia, sino como parte de un ciclo regulatorio que tiene como objetivo mejorar la calidad de las regulaciones, lo que a su vez genera una serie de beneficios, como aumentar la calidad de la gestión pública y contribuir al bienestar general y al mejor rendimiento de la economía; por lo que, iniciativas como la plantada por la actual titular del Parlamento contribuyen a este fin, en especial si tenemos en cuenta la baja calidad de los proyectos normativos del Congreso.

 

[1] En una primera etapa, el AIR se aplicará de manera progresiva y obligatoria a entidades públicas del Poder Ejecutivo. En una siguiente etapa, el AIR se aplicará a otras entidades y niveles de gobierno, para lo cual se establecerá disposiciones normativas pertinentes.

[2] En la primera etapa de implementación del AIR (jul 2022- jul 2027), se aplicará de forma obligatoria a decretos supremos, proyectos de ley y decretos legislativos propuestos por entidades públicas del Poder Ejecutivo, incluidos en los supuestos del numeral 10.1 del artículo 10 del Reglamento AIR; y en la segunda etapa el análisis será de los demás proyectos normativos de carácter general de menor jerarquía al Decreto Supremo que abarque alguno de los supuestos establecidos en el numeral 10.1 del artículo 10 del Reglamento AIR Ex Ante.

[3] En la primera etapa de implementación del AIR (jul 2022- jul 2027), se aplicará de forma obligatoria a decretos supremos, proyectos de ley y decretos legislativos propuestos por entidades públicas del Poder Ejecutivo, incluidos en los supuestos del numeral 10.1 del artículo 10 del Reglamento AIR; y en la segunda etapa el análisis será de los demás proyectos normativos de carácter general de menor jerarquía al Decreto Supremo que abarque alguno de los supuestos establecidos en el numeral 10.1 del artículo 10 del Reglamento AIR Ex Ante.

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Congreso de la República

La provisionalidad de jueces y fiscales y su impacto en la independencia en el ejercicio del cargo

Por: 21.07.2022

Avances de la Junta Nacional de Justicia (JNJ)

La JNJ es la institución que tiene entre sus competencias nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles. En ese sentido, como parte de su labor, esta institución convoca a concursos en base a la demanda de cobertura de plazas vacantes. Actualmente, la JNJ ha convocado a ocho concursos públicos para la selección y nombramiento de 222 plazas vacantes de todos los niveles (98 de jueces y 124 de fiscales), de los cuales dos han culminado con el nombramiento de 2 fiscales supremos y 6 jueces supremos. 

Cabe mencionar que estos son los primeros concursos que convoca la JNJ desde que se instaló en el 2019, luego de la desactivación del ex Consejo Nacional de la Magistratura. La razón principal de la demora fue la falta de presupuesto, toda vez que, para poder convocar a un concurso público de méritos se necesita de las partidas presupuestales para cubrir las plazas vacantes.  

Tal como señala la CIDH, uno los problemas más frecuentes de la región que menoscaba la independencia de las y los operadores de justicia son los nombramientos en provisionalidad, porque coloca a estos funcionarios en situación de vulnerabilidad ante la influencia que, sobre su actuación, podrían tener factores de poder. En esa misma línea, la Corte IDH ha señalado que “los nombramientos provisionales deben constituir una situación de excepción y no la regla. De esta manera, la extensión en el tiempo de la provisionalidad de los jueces o el hecho de que la mayoría de los jueces se encuentren en dicha situación, generan importantes obstáculos para la independencia judicial.”

Urge que la JNJ culmine los procesos abiertos y convoque a nuevos concursos para revertir la alta provisionalidad existente en la carrera judicial y fiscal. Para cumplir este objetivo es importante que: i) el Poder Judicial y el Ministerio Público sinceren el número de magistrados titulares y provisionales e identifiquen los ámbitos priorizados a ser cubiertos en base a la demanda existente; y, ii) el Poder Ejecutivo otorgue mayor presupuesto para cubrir las plazas vacantes que se saquen a concurso. 

Resguardando la estabilidad macroeconómica, base de la competitividad

Por: 8.07.2022

En cuanto a la balanza de pagos, al primer trimestre de 2022 la cuenta corriente presentó un déficit equivalente al 3,2% del PBI. Se espera que al cierre de este año dicha cifra alcance el 3,4% del PBI, superior a la cifra presentada en 2021 (2,3% del PBI). Esto se debería principalmente al aumento de las importaciones, la ampliación del déficit por servicios y los mayores pagos de utilidades a empresas con inversión extranjera directa en el Perú[1].

Aunado a estos temas, resulta importante evaluar los aspectos institucionales de los actores involucrados en la política macroeconómica en aras de proponer medidas para fortalecer su institucionalidad política y gobernanza. Para tales efectos, resaltan propuestas como renovar el directorio del BCRP de manera escalonada para brindar una mayor autonomía a la institución. Esto permitiría (i) que los directores del BCRP asuman sus cargos sin presión política al evitar que sus nombramientos coincidan con un nuevo periodo presidencial, y (ii) garantizar un adecuado relevo al haber una transferencia de conocimientos apropiada entre los antiguos y nuevos directores[2]. Además, sofisticar el Marco Macroeconómico Multianual, que es una herramienta importante para generar credibilidad al MEF, de modo que presente proyecciones de gasto por funciones con el objetivo de mejorar su composición en el tiempo. Finalmente, asignar un pliego presupuestal al Consejo Fiscal para fortalecer su autonomía.

La lenta recuperación de los mercados laborales, la desaceleración económica y la mayor inflación aumentarán la pobreza y la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe en 2022[3]. En este contexto, se requiere resguardar y sostener los determinantes de nuestra estabilidad macroeconómica con el objetivo de evitar una reducción significativa de nuestros niveles de competitividad y productividad que afecten nuestro crecimiento de mediano y largo plazo.

[1] WEF. (2019). The Global Competitiveness Report 2019.

[2] Le Fort Varela, G., Gallardo, B. y Bustamante, F. (2020). Estabilidad macroeconómica y crecimiento económico: mitos y realidades. https://www.cepal.org/es/publicaciones/45956-estabilidad-macroeconomicacrecimiento-

economico-mitos-realidades

[3] Para mayor información ver columna “Un país sin brújula en la lucha contra la informalidad”. https://sudaca.pe/noticia/opinion/rocio-medina-polar-informalidad-consejo-privado-de-competitividad-un-pais-sin-brujula-en-la-lucha-contra-la-informalidad/

[4] BCRP. (2022). Reporte de inflación. Junio 2022. Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2022-2023.

[5] BCRP. (2022). Índice de precios Lima Metropolitana (var% 12 meses) – IPC.

[6] El rango meta de inflación del BCRP corresponde a 1%-3%.

[7] En julio de 1997 se presentó una cifra similar que ascendió a 8,9% durante el proceso de descenso de la hiperinflación de fines de la década de 1980.

[8] The Economist. (2022). People’s inflation expectations are rising and will be hard to bring down.

[9] BCRP. (2022). Reporte de inflación. Junio 2022. Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2022-2023.

[10] Proyecto de Ley 922/2016-CR

[11] CEPAL. (2022). Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania: ¿cómo enfrentar esta nueva crisis?

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Macroeconómica, políticas públicas

PNIC: Ejecución para redituar beneficios

Por: 23.06.2022

El reto consiste entonces en implementar medidas que promuevan la ejecución de estos proyectos. En ese sentido, mecanismos como los acuerdos G2G se configuran como los oportunos para acelerar la ejecución de obras públicas, dado que permiten el uso de una PMO, contratos estándar internacionales como los NEC y una Junta de Resolución de Disputas. En el caso de las APP, es necesario crear un marco normativo integral para regular la participación de los distintos actores y evitar duplicidades. Si cada actor se limitase a opinar dentro su ámbito de intervención, el proceso APP reduciría sus pasos en un 30%. Transversalmente se requieren funcionarios públicos idóneos que garanticen el cumplimiento de los plazos establecidos y la transparencia. Así, resalta la importancia de priorizar a los directivos y servidores públicos de los equipos del PNIC para su contratación mediante procesos meritocráticos y con nombramiento regulado.

Propuestas como estas son factibles de ser implementadas con altas probabilidades de presentar resultados favorables. Además, resultan convenientes con miras a la próxima actualización del PNIC anunciada por el MEF en febrero de este año. No puede pasar más tiempo sin invertir en proyectos con alto potencial para dinamizar la economía, generar empleos y contribuir al acceso de servicios públicos de calidad para todos los peruanos.

[1] CPC. (2022). Informe de Competitividad 2022.

[2] MEF. (2019). Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Disponible en: https://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=6082&Itemid=100674&lang=es&language=es-ES

[3] CPC. (2022). Seguimiento de ejecución al PNIC (Actualizado a abril de 2022). Se utiliza información del Formulario de Seguimiento del EESI, Ositran, Osinergmin, SSI-MEF.

[4] MEF. (2021). MEF emitió opinión favorable a la Adenda 13 del proyecto Majes Siguas II que generará miles de empleos en Arequipa. Disponible en: https://www.mef.gob.pe/en/?option=com_content&language=en-GB&Itemid=101108&view=article&catid=100&id=7098&lang=en-GB

[5] Proyectos Chavimochic. (2022). Presa Palo Redondo: El motor de desarrollo de La Libertad. Disponible en: http://www.chavimochic.gob.pe/noticia.php?id=presa-palo-redondo-el-motor-del-desarrollo-de-la-libertad#

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Gobierno, MEF, PNIC
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