La titularidad de los jueces y fiscales a nivel nacional viene disminuyendo cada año. Según información estadística publicada por el Poder Judicial y el Ministerio Público, el número de magistrados provisionales y supernumerarios es mayor al número de titulares.
Poder Judicial:
De acuerdo con el último boletín estadístico del Poder Judicial, a marzo de 2022 se cuenta con 3.526 jueces a nivel nacional, de los cuales 43% son titulares (se redujo respecto al año anterior), 19% provisionales y 37% supernumerarios (se incrementó respecto al año anterior).
Si desagregamos estos resultados por instancias, vemos que la Corte Suprema de Justicia es la instancia con mayor provisionalidad, ya que el número de jueces supremos provisionales representa más del quíntuple (47) que la cantidad de titulares (9). Esta situación se agrava si tenemos en cuenta que, de los 9 titulares, sólo 4 administran justicia, mientras que los 5 restantes ejercen cargos administrativos (1 en la presidencia del Poder Judicial, 1 en la Jefatura de la OCMA, 2 en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y 1 en la presidencia del JNE), con lo cual, la conformación de las diez Salas Supremas está compuesta casi en su totalidad por jueces provisionales.
Para los jueces y juezas superiores, la situación es mejor porque la mayoría son titulares (58%); sin embargo, en el caso de los jueces especializados y los jueces de paz letrado –que representan la mayor cantidad de órganos jurisdiccionales y son la base del sistema de justicia– la provisionalidad alcanza a 57% y 73%, respectivamente.
Ministerio Público
Según el último Anuario Estadístico publicado por el Ministerio Público, durante el 2021 se contaba con 8,028 fiscales, de los cuales 36% eran titulares (se redujo respecto al año anterior), 11% tenían la condición de titulares promovidos provisionales y 53% eran provisionales (se incrementaron respecto al año anterior).
El mayor porcentaje de provisionalidad se encuentra en las fiscalías provinciales, donde los titulares alcanzan al 34,7%, mientras que los provisionales llegan al 57,5% y los titulares con encargatura provisional representan el 7,7%. En tanto que, en la instancia suprema, los fiscales titulares representan el 45% y los provisionales el 55%.
Avances de la Junta Nacional de Justicia (JNJ)
La JNJ es la institución que tiene entre sus competencias nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles. En ese sentido, como parte de su labor, esta institución convoca a concursos en base a la demanda de cobertura de plazas vacantes. Actualmente, la JNJ ha convocado a ocho concursos públicos para la selección y nombramiento de 222 plazas vacantes de todos los niveles (98 de jueces y 124 de fiscales), de los cuales dos han culminado con el nombramiento de 2 fiscales supremos y 6 jueces supremos.
Cabe mencionar que estos son los primeros concursos que convoca la JNJ desde que se instaló en el 2019, luego de la desactivación del ex Consejo Nacional de la Magistratura. La razón principal de la demora fue la falta de presupuesto, toda vez que, para poder convocar a un concurso público de méritos se necesita de las partidas presupuestales para cubrir las plazas vacantes.
Tal como señala la CIDH, uno los problemas más frecuentes de la región que menoscaba la independencia de las y los operadores de justicia son los nombramientos en provisionalidad, porque coloca a estos funcionarios en situación de vulnerabilidad ante la influencia que, sobre su actuación, podrían tener factores de poder. En esa misma línea, la Corte IDH ha señalado que “los nombramientos provisionales deben constituir una situación de excepción y no la regla. De esta manera, la extensión en el tiempo de la provisionalidad de los jueces o el hecho de que la mayoría de los jueces se encuentren en dicha situación, generan importantes obstáculos para la independencia judicial.”
Urge que la JNJ culmine los procesos abiertos y convoque a nuevos concursos para revertir la alta provisionalidad existente en la carrera judicial y fiscal. Para cumplir este objetivo es importante que: i) el Poder Judicial y el Ministerio Público sinceren el número de magistrados titulares y provisionales e identifiquen los ámbitos priorizados a ser cubiertos en base a la demanda existente; y, ii) el Poder Ejecutivo otorgue mayor presupuesto para cubrir las plazas vacantes que se saquen a concurso.
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