Consejo privado de competitividad

La segunda norma, es la Ley 31457 publicada en abril de 2022, que modifica e incorpora diversos artículos a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, con la finalidad de establecer procedimientos para el nombramiento de ministros y viceministros. Según esta norma, el Ejecutivo debe incluir como anexo a las resoluciones supremas de nombramientos de ministros y viceministros, la declaración jurada del nombrado, consignando que cumple con los requisitos para el cargo, así como las investigaciones fiscales, judiciales y administrativas en los cuales está o estuvo incurso en calidad de imputado o cómplice, el estado en que se encuentre, así como la decisión de las sentencias o resoluciones administrativas, si el proceso hubiera concluido. La finalidad de esta exigencia es transparentar el perfil básico de quien ha sido seleccionado para ejercer como ministro o viceministro de Estado, garantizando con ello que, en caso de incumplimiento de las exigencias para el cargo, se generen responsabilidades en el premier, quien es el encargado de verificar el contenido de la declaración jurada. Es decir, se trata de una norma que busca garantizar la designación de personas idóneas para ejercer como ministros y viceministros y con ello reducir el riesgo de un mal desempeño en el cargo.

En materia de gestión de recursos humanos en el sector público no existe una solución perfecta, sin embargo, las normas en mención constituyen un buen paso; por lo que, es fundamental fiscalizar su cumplimiento, a fin de contar con un Estado eficiente que preste servicios de calidad y trabaje por el bienestar de los ciudadanos.


  1. El Comercio. (2022). Gobierno de Pedro Castillo acumula 122 funcionarios cuestionados en menos de 10 meses. Publicado el 14-05-2022. Disponible en: https://elcomercio.pe/politica/gobierno/gobierno-de-pedro-castillo-acumula-122-funcionarios-cuestionados-en-menos-de-10-meses-peru-libre-ecdata-noticia/
  2. DS 053-2022-PCM

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gestión pública, Pedro Castillo

Actuar de manera eficiente ante esta problemática es crucial, ya que la inversión acumulada a abril del 2022 ha caído respecto al mismo periodo de 2021 (-6,5%) y una nueva gestión inicia el siguiente año, lo cual implica un costo de aprendizaje. Al respecto, se podría iniciar replicando algunas buenas prácticas que permiten reducir demoras y acelerar la ejecución. Un ejemplo son los procedimientos especiales de contratación (PEC) —utilizados en el marco de la Reconstrucción Con Cambios—, que en 2021 redujeron los tiempos de adjudicación hasta en un 57% con respecto a la modalidad de licitación pública. Asimismo, se podrían utilizar mecanismos de intervención con una mirada territorial estratégica como la que utilizan los PEIP. Estos esquemas permiten, entre otros, contratar PMO, suscribir G2G, y cuentan con facilidades para la obtención de permisos de habilitación urbana y licencias de edificación. No obstante, estas herramientas requieren funcionarios públicos idóneos que puedan utilizarlas.


  1. CPC. (2022). Índice Regional de Gestión Pública al 4T2021.
  2. CPC. (2022). Informe de Competitividad 2022. 
  3. CGR. (2019). Designación de funcionarios en cargos de confianza en los gobiernos regionales y locales (Informe 1247-2019-CG/LICA-OCS). Contraloría General de la República.

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contratación, inversiones subnacionales

En 2021, el actual gobierno aprobó la Agenda 19 que incluye medidas que dirigen la gestión del MTPE. Sin embargo, ninguna está orientada a reducir la informalidad, ni procurar que una mayor proporción de trabajadores tengan beneficios laborales, ni garantizar el crecimiento de empresas pequeñas. Por el contrario, generan un mercado laboral más rígido y sobre regulado, protegiendo los beneficios de muy pocos.

En esta línea, el MTPE presentó normativas con efectos perjudiciales para el mercado laboral. Así, prohibió la tercerización de actividades del núcleo de negocio de una empresa [10] sin evaluar sus impactos. También autorizó un incremento de la RMV [11] sin una metodología para su actualización periódica ni estimar el impacto en el mediano plazo. Igualmente, el anteproyecto del Código de Trabajo no identifica los costos y beneficios de la norma ni establece indicadores de monitoreo, como lo regula el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) aprobado por el Ejecutivo.

Esto no solo muestra una falta de continuidad e impulso de políticas que contribuyen a reducir la informalidad, sino que los objetivos actuales no están alineados con el PNCP para potenciar la competitividad y que las normas emitidas no resuelven el problema de la informalidad ni garantizan los beneficios laborales al presentar un AIR deficiente.


  1. OIT. (2022). ILOSTAT explorer. Informal employment rate by sex and economic activity (%) – Annual. https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer58/?lang=en&segment=indicator&id=EMP_NIFL_SEX_ECO_RT_
  2. Loayza, N. (2018). Informality: Why is it so widespread and how can it be reduced? (Resúmenes de investigación y políticas públicas del Banco Mundial, 133110).
  3. Loayza, N. y Wada, T. (2010). Informal Labor: Basic Measures and Determinants. Banco Mundial. No publica
  4. CTS, vacaciones, gratificaciones, seguro de salud, entre otros
  5. Alaimo, V., Bosch, M., Gualavisí, M. y Villa, J. M. (2017). Medición del costo del trabajo asalariado en América Latina y el Caribe. BID.
  6. Jaramillo, M. y Campos, D. (2021) La dinámica del mercado laboral peruano: creación y destrucción de empleos y flujos de trabajadores. GRADE
  7. Jaramillo, M., Lavado, P. y Medina, R. (2022). Estudio sobre el efecto del régimen especial de la pequeña empresa sobre la formalidad laboral. CPC.
  8. Según una encuesta de Mibanco del 2019, el 64,0% de las Mypes encuestadas no conocían los regímenes laborales especiales vigentes
  9. MEF (2022). AYNI: Portal de Seguimiento al Plan Nacional de Competitividad y Productividad. https://www.mef.gob.pe/ayni/dashboard
  10. DS 001-2022-TR
  11. DS 003-2022-TR

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CPC, empleo, Informalidad, Reactivación
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