“Sudaremos y Sudaremos” fue la promesa que el general Juan Velasco Alvarado le hizo al pueblo peruano cuando fundó el primer y único gobierno revolucionario militar en el Perú. Y efectivamente, el libro Velasco de Héctor Béjar refleja la visión, esfuerzos, vaivenes y preocupaciones del general en una odisea política por la transformación del país.
El autor es Héctor Béjar, ex-guerrillero, sociólogo, abogado, escritor, artista, académico, ex-Canciller y uno de los pocos intelectuales peruanos con una combinación de experiencias únicas que lo coloca como referente para los y las que investigan, estudian, y persisten en el camino de la justicia social. Para total transparencia de esta reseña, el autor es mi tío, hermano de mi padre.
El libro empieza con Béjar en la clandestinidad, amenazado por el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, conocido como el “felón”, al igual que Pinochet porque traicionó al presidente que servía y debía lealtad. Personalmente, me trae los primeros recuerdos registrados de mi tío, cuando de muy pequeña con mis padres lo visitábamos a su cuarto al fondo de una casona antigua en Jesús María, donde vivió escondido a fines de los 70s.
Velasco es un libro en tapa dura, con un diseño moderno y cuidadosamente editado por Ediciones Achawata. Son 334 páginas con fotos de cartas y portadas de los diarios de la época. La curiosidad te hace escudriñarlas para reconocer a los que formaron parte del primer gabinete del gobierno revolucionario. Desde los primeros comunicados de la Junta Militar anunciando el golpe contra Belaúnde hasta fotos de Velasco erguido, sonriente y decidido, y en donde un joven alto aparece, casi desapercibido, Javier Pérez de Cuellar, embajador de Velasco en la Unión Soviética.
Con ese nivel de detalles, Héctor Béjar relata cronológicamente todo el proceso del gobierno de Velasco, con una visión “clara y honesta” como lo menciona Hugo Neira en el prólogo. Al igual que en sus otros libros, hay una parte personal que le da un tono emocional a lo contado.
Después de 5 años preso en Lurigancho por liderar el Ejército de Liberación Nacional, Héctor Béjar fue liberado por una ley de amnistía, dada previa consulta con los jefes policiales, los comandantes generales y almirantes, y firmada incluso por el ala de derecha del gobierno, los generales Artola y Vargas Caballero. Béjar, al igual que muchos profesionales e intelectuales de izquierda, entró a trabajar en el proyecto revolucionario y vivió desde dentro este proceso.
El libro detalla rigurosamente el momento político que desencadenó el golpe, la reforma agraria, la toma de tierras, el proyecto de socialización y autogestión en la producción económica, la reforma en la prensa, las presiones políticas dentro y fuera del gobierno, y las conspiraciones para la sucesión de Velasco. Nombres de personajes que cumplieron un rol decisivo en este proceso, algunos olvidados, vuelven a la vida para sumergirnos en una época hasta ahora contada por los que llegaron después, esos que traicionaron el proceso. Este libro le hace justicia a esa época.
El libro Velasco es una secuela de Revolución en la Trampa, libro que Béjar escribe en la clandestinidad el cual le presenta a Velasco debilitado, casi fuera del gobierno y muy enfermo por la arteriosclerosis. Otro logro del libro es que humaniza a Velasco. Así conocemos su origen campesino, su escape de Piura a Lima a los 16 años en un barco chileno con peligro de ser descubierto, y su ingreso en el ejército peruano con el más alto puntaje.
Velasco es la figura político-militar más importante del Perú, quien organizó y lideró a la única generación de militares nacionalistas que usaron su poder para servir al país, y no para defender intereses privados ni extranjeros. Al parecer una especie en extinción. Desde los 90s, las fuerzas armadas se han fujimorizado y sus comandantes son la antítesis de Velasco.
Gracias a Ediciones Achawata que publica libros de esta calidad y al alcance de las mayorías. Ediciones Achawata inicia su proyecto editorial en el 2020 con el propósito de constituirse como una promotora cultural de investigaciones peruanas y trabajos sociales que apunten a momentos históricos relevantes del país.
Así como Velasco es imprescindible para comprender nuestra historia, lo es igualmente conocer la importancia de la toma de tierras desde 1950, que influenciaron la ejecución de la reforma agraria, una de las más radicales de la región. Líderes campesinos como Eduardo Sumire, quien fundó la Federación Campesina del Cusco, organizador, innumerables veces torturado y preso, merecen un lugar en nuestra historia. Estos testimonios deben difundirse.
En la Feria Bicentenario Ediciones Achawata están presentando la reedición de Soy señora, testimonio de Irene Jara de Francesca Denegri, la reedición de la Autobiografía de Gregorio Condori Mamani y Asunta Quispe de la profesora Carmen Escalante y del profesor Ricardo Valderrama. Felicitaciones a Ediciones Achawata y sus editores César Coca Vargas y Magdalena Suárez Pomar por ayudarnos a reclamar nuestra historia.
Usted, quién lee esas líneas (sí, usted), en el mejor de los casos en una persona que se transporta en auto particular. Si es así, probablemente todos los días se enfrente a un tráfico insufrible, reniegue porque las combis y taxis paran en frente suyo sin aviso alguno, viva mirando con frustración como Waze le sube los minutos a su ruta hasta que se duplican, y alguna vez le han chocado en carro y se han dado a la fuga.
En el peor de los casos, usted es una persona usuaria de nuestro transporte “público”, y si vive en la periferia de la ciudad y trabaja en algún centro empresarial, es posible que pase alrededor de 6 horas al día transportándose. Sí, 6 horas, en un transporte además incómodo e inseguro por donde se lo vea.
La reforma de transportes nos afecta a todos. Al que maneja auto privado, al que utiliza las combis y micros, y a quienes las manejan con escasos derechos laborales. Por supuesto, como en todo, a quienes más afecta es a quienes menos tienen. Nuestro sistema de transporte nos roba horas, días y años que podríamos invertir con nuestras familias y amigos, contamina a diario nuestra ciudad, que ya es de las más polucionadas del mundo, genera pérdidas económicas por 27 millones de soles al año y ha dejado 30mil víctimas mortales en los últimos 9 años.
Por eso señores, es que nos toca defender esta reforma con uñas y dientes. El pasado 03 de noviembre se filtraron audios que revelaron que el Ministro de Transportes, Juan Silva, se comprometió ante los representantes de los gremios de transporte urbano de Lima y Callao a ampliar por 10 años más las autorizaciones de las rutas de las combis, coasters y buses. Esto frustra por completo la reforma en marcha, que contempla la renovación del parque automotor y la reorganización de las rutas. En cristiano: el sueño de tener un sistema de transportes digno, al menos en el mediano plazo, se vería boicoteado.
Es verdad que los beneficios de la reforma de transportes aún no son tan palpables para los ciudadanos. La Autoridad Única de Transportes (ATU), responsable de ejecutar dicha reforma, se instaló recién en el 2019, y en el 2020 vino la pandemia. Es verdad que su estrategia de comunicación es pobre y los ciudadanos no entienden necesariamente que está en juego porque aún no gozamos de muchos beneficios. Pero, aunque no podemos defender algo tangible, nos toca hoy defender una apuesta a futuro: el sueño de que un día Lima tenga un sistema de transporte público funcional, seguro, ordenado y eficiente, el cuál podamos usar independientemente a nuestro poder adquisitivo, que haga de nuestra capital una ciudad más limpia, ordenada, con menos bulla y bocinazos, en la cuál todos podamos transitar de manera segura. Y este sueño solo se podrá cumplir en el largo plazo si defendemos hoy, y cuantas veces sea necesario, una reforma que es de largo aliento.
Tener un transporte digno no va a demorar 1 año o dos, sino probablemente 10 o 20. Pero valdrá la pena. Si vamos a levantar nuestra voz por algo, que sea por esto.
*Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de las organizaciones a las cuales pertenece.
Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 261: Secretario general de Palacio intentó presionar a jefe de la Sunat. ¿Es Pacheco el hombre del “trabajo sucio”? ¿Qué hará Pedro Castillo? ¿Lo sacará de su entorno? ¿O, una vez más, intentará hacerse el muertito? Y sigue la caída en las encuestas!
Todos los días de lunes a viernes «Si el Río suena» con Patricia del Río, entrevistas exclusivas. Este es nuestro episodio número 49.
Para el politólogo Omar Awapara, este gobierno ya terminó su luna de miel con la población del sur. Y, ahora, refleja que pierde piso constantemente en todas las encuestas de popularidad.
Además indicó que el acercamiento entre Castillo y el transporte informal o algunos sindicatos es con el fin de construir alianzas en una ciudad que le resulta hostil.
El complejo de restaurantes ‘Bordemar’ se ha enfrascado en una guerra judicial contra la municipalidad de Barranco. Desde que José Rodríguez asumió la alcaldía distrital, ha buscado la manera de desalojar a los inquilinos de este terreno, ubicado frente a la playa Las Cascadas, que fue concesionado en los 90 a una compañía de Gustavo Delgado Cafferata. Se trata del hijo del desaparecido broadcaster Genaro Delgado Parker.
Bordemar no cuenta con la zonificación correspondiente, no tiene el permiso de la Autoridad del Proyecto Costa Verde y, según la comuna, el concesionario debe más de US$7,5 millones de soles por la explotación del terreno. “Para nosotros el contrato ya está anulado y estamos en la fase de requerimiento de devolución del inmueble”, dice el alcalde Rodríguez a Sudaca.
A las deudas se suma una denuncia del año pasado por falsificar documentos ante la Marina de Guerra del Perú, en su afán por ampliar el negocio. La compañía niega las acusaciones, dice que las deudas son producto de los cierres que ha padecido y se aferra al contrato de concesión que le fue otorgado en los 90, protegido desde hace siete años por medidas cautelares.
La Autoridad del Proyecto Costa Verde (APVC), que maneja un plan de desarrollo para esa franja costera y está adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima, también se opone a las autorizaciones obtenidas por Bordemar. “Es importante mencionar que este caso se encuentra judicializado, por lo que la comuna limeña espera un fallo justo que permita revertir lo autorizado, por cuanto en su momento no obtuvo opinión favorable por parte de la APCV”, dice en un escueto comunicado Fátima Gomero Denegri, gerenta de esta entidad.
La funcionaria no quiso emitir más comentarios a pesar de tener un rol clave en todo este asunto.
Izquierda: Carta de la municipalidad enviada a la concesionaria exigiéndole el pago de la deuda de más de S/7 millones. Fue en julio pasado. Derecha: Los cálculos del municipio.
CONCESIÓN SIN ZONIFICACIÓN
Gustavo Delgado Cafferata era presidente del directorio de la desaparecida empresa GD Group cuando, el 6 de julio de 1994, la Municipalidad de Barranco le dio en concesión un terreno de 10.000 metros cuadrados frente a la playa Las Cascadas. El contrato tenía una vigencia de 20 años y el objetivo de desarrollar allí un centro turístico, con restaurantes e incluso un casino.
Pero la zonificación no le permitía llevar a cabo esas obras. En abril de ese año, además, se había publicado la Ley 26306, que señala expresamente que las autorizaciones que se den “deben respetar las zonificaciones y ser compatibles con el Plan Maestro de Desarrollo [de la Costa Verde]». En la norma se lee, además, que ”dichas autorizaciones deberán ser ratificadas por la Autoridad del proyecto Costa Verde (…) la encargada de ratificar toda propuesta municipal o privada”.
El espacio pasó una década sin explotarse, hasta que el 2005 la municipalidad firmó un contrato de alquiler con otra empresa de Delgado Cafferata: World Entertainment & Communications (WEC). Fue por un área que está justo al costado del primer terreno. Y ese mismo año, GD Group le cedió a WEC la concesión de 1994. Todo quedaba en casa: ambas compañías tenían detrás al mismo empresario.
Así que, en la práctica, el hijo de Genaro empezó a administrar un área total de casi 15.000 metros cuadrados. Luego de ese 2005, construyó un complejo deportivo al que denominó Sport Point, un negocio que sí estaba permitido por la zonificación.
Hasta que llegó el 2010. Ese año, el concejo municipal acordó cambiar la zonificación del área de “zona servicios” a “zona turística”, lo que permitía la operación de restaurantes en la zona. La empresa de Delgado Cafferata tuvo entonces vía libre para volver a su idea inicial cuando firmó el contrato de concesión en 1994. El negocio iba bien hasta que el hijo de Genaro se cruzó con José Rodríguez, hoy alcalde de Barranco.
UN ALCALDE CONOCIDO
El 2011, la Autoridad del Proyecto Costa Verde era encabezada por Rodríguez, quien consideraba un escándalo el cambio de zonificación de las playas de Barranco. La comuna se había saltado olímpicamente a la autoridad que él representaba, encargada de dar luz verde a estas modificaciones.
Rápidamente, Rodríguez envió una carta a la municipalidad distrital manifestando su preocupación por los nuevos locales construidos en Bordemar. En mayo, solicitó que se anule el cambio de zonificación. El consejo municipal tuvo que acatar.
Pero el 2014 WEC denunció a la municipalidad por incumplimiento de contrato. El monto que pedían era de US$20 millones, según dicen en un comunicado enviado a este medio. Ese mismo año, los restaurantes pudieron reabrir gracias a una medida cautelar que pedía cumplir el convenio firmado en 1994 hasta que se resuelva el proceso judicial. Gracias a ello, el negocio siguió viento en popa y llamó la atención de varios emprendedores gastronómicos. Uno es el excongresista y exministro de Vivienda, Carlos Bruce.
Medida cautelar de mayo de este año a favor de Bordemar. La municipalidad alega que eso no impide que fiscalicen el lugar por no tener zonificación.
El 2016, Afe Gourmet SAC, la empresa de Bruce, inauguró La Trastienda. Y dos años después, el 2018, llegó al vecindario Arnold’s, de Damian Ode. Ambas obtuvieron sus licencias de funcionamiento en la anterior gestión municipal barranquina.
Los empresarios estuvieron tranquilos hasta que José Rodríguez llegó a la municipalidad en el 2019. Desde que empezó su gestión en Barranco, él ha puesto en la mira el complejo Bordemar por lo ya explicado: no opera en una zonificación adecuada ni con autorización de Autoridad del Proyecto Costa Verde.
¿Por qué no fiscaliza de la misma manera a restaurantes vecinos como Cala o Rústica? En la comuna responden que ambas construcciones están sobre una zonificación que permite el comercio y adjuntan el mapa.
El gran escollo que tenía la gestión de Rodríguez, sin embargo, era la medida cautelar que le habían dejado como herencia. Pero el alcalde señala: “Ese recurso de amparo dice claramente que la municipalidad no pierde su capacidad de fiscalización. Es decir, que el contrato se tiene que cumplir. Pero si estos señores tienen la cocina sucia, tenemos que fiscalizar”. Y así lo hizo.
OBJETIVO: DESALOJO
En el 2020 la pandemia obligó a los locales de Bordemar a cerrar temporalmente. Y cuando vino la reactivación económica, hacia setiembre, la municipalidad puso en marcha un plan de fiscalización.
“Nosotros hemos clausurado locales sin licencia ni defensa civil [al interior de Bordemar]. Y quedaron Arnold’s y La Trastienda, que son los únicos con licencia obtenida el 2016 y 2018. Pero no tienen el permiso de la Autoridad del Proyecto Costa Verde. Por tanto, esas licencias tampoco han sido bien dadas”, explica el alcalde José Rodríguez, que dice que la clausura es parte de las medidas de fiscalización que la cautelar le reconoce al municipio.
En setiembre del 2020, la comuna cerró todo el complejo “por permitir el ingreso de personas para actividades no permitidas por la zonificación vigente”. En mayo de este año, una nueva medida cautelar dictaminó que la municipalidad debía dejar explotar la concesión, respetando el contrato de 1994. Pero la municipalidad insiste en que el Poder Judicial no les recortó su capacidad fiscalizadora.
Así, de acuerdo a un acta de la subgerencia de fiscalización, en octubre pasado la comuna volvió a usar los mismos argumentos para clausurar La Trastienda y Arnold’s: no contaban con la autorización del Proyecto Costa Verde.
Carlos Bruce, dueño de La Trastienda, se defiende. Dice que la mentada autorización no está contemplada en la Ley de Licencias de Funcionamiento del 2007, que exige a los municipios adecuar sus procedimientos a esa norma para emitir los permisos.
‘Techito’ también acusa a la municipalidad de sacar una ordenanza previa a la clausura de su local en la que incluían como razón de cierre precisamente eso: no tener la autorización de la Autoridad del Proyecto Costa Verde. En la municipalidad responden que lo único que hicieron fue ingresar aquello como causal de multa y que se siguen amparando en la ley de 1994.
“La ley existe y eso ya implica una obligación de parte de quienes van a sacar un permiso. Lo que nosotros no teníamos establecido en nuestro cuadro de infracciones es una sanción para quien incumpla esa medida. Simplemente le hemos puesto una multa a eso que ya tenían que cumplir”, dice Rodríguez.
Alcalde de Barranco José Rodríguez. Se ha vuelto la peor pesadilla de Bordemar.
De acuerdo a los planos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, además, La Trastienda está en el área alquilada. Como señalamos al inicio de este reportaje, desde el 2005 WEC -la dueña de Bordemar- tiene un terreno alquilado al lado de la concesión de 1994. Ahí se ubica el local de Bruce.
Aquel contrato es uno de alquiler, no de concesión, y señala que la empresa no podía subarrendar el terreno a menos que se cuente “con el asentimiento expreso de la municipalidad”. En WEC le sacaron la vuelta al asunto y aseguran -en un comunicado enviado a Sudaca- que no tienen un contrato de arrendamiento con la compañía de Bruce, sino uno de “asociación”. Dicen que AFE Gourmet es socio de la concesionaria. “No son mis socios, para nada”, había dicho Bruce a Sudaca días antes de tener la versión de la empresa de Delgado Cafferata.
En la municipalidad agregan que aquel contrato de alquiler ya caducó. Carlos Bruce, sin embargo, prefiere volver a poner como escudo la cautelar: “La cautelar es vigente para World Entertainment y para todos los locales con los que ellos tengan contrato. Al darme licencia, se me incorpora a la concesión”.
LA FALSIFICACIÓN
Hay más vacíos. El terreno donde se ubica el restaurante de Bruce está registrado a nombre de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNBE). De acuerdo a los planos municipales, el 70% de toda esa área está inscrita a favor de dicha entidad pública. Esto, según el municipio de Barranco, porque se considera una franja de protección acuática.
“Nuestra propiedad ahora se reduce al 30% de lo que teníamos antes [el resto es del SNBE]. Significa que esos locales están ahora en un lugar que debía ser libre, donde no debería haber nada porque ahora eso es una playa”, dice Rodríguez.
Pero Bruce no le reconoce ni siquiera ese 30% a la comuna. Por eso, dice que Bordemar ha empezado a tratar los asuntos empresariales con La Marina. Parece que no empezó con el pie derecho.
Parte de la resolución de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas que sanciona a la dueña de Bordemar: «Ha quedado evidenciado que la empresa, representada por su apoderado Gustavo Delgado Cafferata, ha presentado documentación fraudulenta e información falsa».
El 26 de agosto del 2020, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) emitió una resolución sancionando a WEC porque había “presentado documentación fraudulenta e información falsa” ante la Marina. El documento señala que la empresa de Delgado Cafferata solicitó un permiso para ampliar el proyecto Bordemar hacia el área acuática y colocar ahí un embarcadero. La resolución dice que WEC entregó dos oficios supuestamente elaborados por la Autoridad del Proyecto Costa Verde (APCV) que le daban al proyecto “la compatibilidad de uso” y una “certificación definitiva” para permitir su instalación.
Parecía que el imperio Bordemar crecería hasta que, en julio de ese año, la APCV le dijo a la Marina que no reconocía como suyos los documentos que presentó la empresa. La Dicapi dispuso sancionar a la empresa con 10 UIT (S/43.000) y remitir la resolución a la Procuraduría de la institución “a fin de que interponga la acción penal correspondiente”.
En WEC rechazan las acusaciones. “Quien realiza la falsificación es un trabajador del gobierno regional de Lima, por ende mi representada tomó acciones legales y denunció ante la fiscalía de corrupción de funcionarios”, dice la abogada de la empresa, Magaly Salvador. Eso no es lo que dice la Marina de Guerra en su resolución.
Bordemar, que enfrenta ahora a su posible desaparición, ha exigido al juez que le brindó la medida cautelar que ordene a las fuerzas del orden reabrir el complejo. Pero José Rodríguez tiene un plan B para clausurarlo.
El alcalde ha apuntado a las deudas de la concesionaria para resolver el contrato de manera definitiva. Según cálculos de la comuna, desde el 2007 la empresa ha dejado de pagar en rentas más de U$943.000. Con intereses, el monto ha llegado hasta los US$7,5 millones, asegura un informe.
En agosto de este año, el concejo municipal decidió que esto era una causal para resolver el contrato inmediatamente. WEC alega que el inicio de pagos debió empezar el 2009, dos años después de obtener sus licencias, y que “la municipalidad sigue cobrando sobre el año que nos han cerrado”.
Pero no es la única arruga de la empresa dueña del complejo. Según los registros de la Sunat, la compañía debe S/211.503 al Tesoro Público y a EsSalud. La empresa de Delgado Cafferata dice que no pudieron pagar los años en los que fueron clausurados.
El último sábado, un grupo de vecinos protestó en las instalaciones del complejo de restaurantes. «Sí a la playa, no a Bordemar», fue el mensaje.
EL PROBLEMA COSTA VERDE
El problema de la Costa Verde, sin embargo, excede a Bordemar. Es el producto de una serie de autoridades locales que dieron permisos sin apegarse al Plan Maestro de la franja costera. “La Costa Verde ha sido un espacio vulnerado en las últimas décadas en sus características geográficas y paisajísticas, y también en sus características de uso. Ya en el Plan Maestro, la Costa Verde estaba destinada a usos deportivos y de recreación, y esto se ha ido desvirtuando a raíz de las malas prácticas de ciertos alcaldes”, señala Oscar Apaza, arquitecto de UDEAL, organización que agrupa a profesionales y estudiantes de temas urbanos.
Para el especialista las autoridades han hecho con la Costa Verde lo mismo que con otros espacios públicos de nuestra ciudad “Concesionarlos, privatizarlos y desnaturalizarlos en su uso, generando en muchos casos espacios que funcionan alrededor del consumo. Consumo que, dicho sea de paso, sólo es accesible para algunas personas. Porque no estamos hablando de restaurantes al paso, sino de locales para clase media y alta”, apunta.
Aldo Facho Dede, cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas, profundiza en el caos. “El problema de fondo no es si tiene que haber comercio o no en la Costa Verde. La manera más natural de que este espacio sea nutrido y concurrido es que tenga actividad urbana y comercial. Eso debería responder a un análisis mayor de qué es lo que queremos que sea la Costa Verde y qué hacemos para que eso sea así”, opina.
El fondo, dice, está en la gobernanza: “Es una sumatoria de actos individuales de corto plazo o con una intención política más que colectiva. Y tiene un problema de gobernanza, porque la Autoridad del Proyecto Costa Verde no es ni autoridad ni autónoma. Quienes tienen la responsabilidad sobre los terrenos y los recursos son los distritos. Y el distrito no piensa en la metrópoli, sino que tiene una mirada distrital”. Urge el liderazgo en la Municipalidad Metropolitana de Lima, que lamentablemente no existe.
Hay tres poderes fácticos -gremios empresariales, tecnocracia liberal y medios de comunicación- que a lo largo de las últimas décadas han jugado un rol de contención importante respecto de cualquier devaneo populista o estatista.
Esta trenza derechista logró que Alejandro Toledo se quitase la vincha roja, que Alan García II no hiciese realidad sus promesas populistas de campaña, que Ollanta Humala elija la hoja de ruta, etc. Gracias a su presión, terminaron por evitar que el país se vaya al abismo, y a pesar de la enorme corrupción de la transición democrática, el país creció, disminuyó la pobreza y lo propio ocurrió con la desigualdad.
Lamentablemente, en el último lustro, esta trenza había sufrido serio menoscabo. Los gremios empresariales se hallaban seriamente desprestigiados por el caso Lava Jato y el Club de la Construcción, los tecnócratas liberales habían perdido capacidad de influencia al haber salido del Estado, y los medios atravesaban no solo una serísima crisis económica -que perdura-, sino que arrastraban errores de indulgencia cometidos, sobre todo, con el gobierno de Martín Vizcarra.
Felizmente, sin embargo, luego del triunfo de Pedro Castillo, esta triada de poderes fácticos está recuperando su capacidad de influencia y está logrando lo que, por ejemplo, un Congreso opositor mediocre y blandengue no ha logrado, como es la caída de un gabinete y luego de varios ministros, o que se modere la línea económica inicialmente planteada por el régimen.
Los gremios se han modernizado y entendido que su rol político no puede ser “a lo bestia” y que bien dosificada la postura enérgica es mucho más decisoria. Los medios, casi por unanimidad, han puesto el acento hipercrítico en la denuncia de las tropelías del gobierno, recobrando prestigio, y la tecnocracia liberal ha logrado compensar su ausencia de las instancias de decisión públicas con una presencia mediática influyente.
En medio de la ausencia de liderazgos políticos, de la defección de los principales partidos, de la debilidad institucional del Congreso o de los poderes locales, que la trenza derechista se haya recompuesto, recupere bríos y capacidad de influencia, es una extraordinaria notica que hay que ponderar. El Perú de estos años críticos lo va a agradecer.
