El gobierno ha logrado una mejoría significativa con el reciente cambio ministerial. Faltaron algunos, como el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que no da pie con bola, pero en líneas generales la perspectiva mejora. Ya hay, además, temas relativamente descartados: una asamblea constituyente y elecciones adelantadas. Se supondría que en algunos meses, el régimen podría ir subiendo puntos en las encuestas.
Necesita, sin embargo, ampliar sus horizontes políticos. Necesita puntualmente resolver dos grandes temas de enorme vigencia y sensibilidad, como son la crisis económica y la inseguridad ciudadana. ¿Puede solo? No, requiere del apoyo congresal. ¿Lo puede conseguir? Sí. Ya lo tiene en buena medida.
Si el gobierno sale del área chica, si el premier Otárola se olvida de su disputa menuda con el hermanísimo, Nicanor Boluarte, y entiende que su rol político es primordial, podría lograr tejer una alianza reformista con el Legislativo y apuntalar los dos grandes temas que se han mencionado.
Ya no hablemos de salud y educación públicas, de regionalización, de reforma del Estado. Son palabras mayores para los que ya no da ni siquiera el tiempo. Que el gobierno, en conjunción con el Parlamento, se aboque a una agenda reformista en materia económica y de seguridad ciudadana.
Con ello habrá avanzado mucho y, sobre todo, habrá logrado una performance superlativa en términos de percepción ciudadana, que hoy le es adversa, con índices de desaprobación apenas vistos en los peores tiempos de desgobierno de Alejandro Toledo.
Dados los temas mencionados, contará con el concurso de Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Somos Perú y algunos no agrupados. Ya es bastante y podría cambiar dramáticamente la perspectiva sombría que el desenlace electoral del 2026 arroja sobre las expectativas empresariales.
Un gran pacto reformista puede ser, además, la ocasión del fujimorismo, en particular, de reivindicarse de la tragedia ocasionada por su punible irresponsabilidad el 2016, y de esa manera reasomarse el 2026 con mejor aliento del que hasta ahora muestra. La figura consejera de Alberto Fujimori parece estar jugando ya en esas ligas mayores.
[EN LA ARENA] En las últimas marchas que se han convocado contra el Congreso, la Fiscal de la Nación, la Presidenta de la República y el indulto a Alberto Fujimori, se ha sentido la poca participación de jóvenes y adolescentes. Varias explicaciones puede haber al respecto. Una, por ejemplo, se vincula a haberlo vivido, haber estado ahí. Si no se estuvo, ¿se sentirá lo mismo? Por ejemplo, tener 18 años cuando Fujimori comenzó su primer gobierno, implicó haber crecido con apagones, con bombas, espionaje, relatos de torturas y familiares desaparecidos. Tener 28 al terminar su gobierno, cuando se reveló la información sobre la corrupción, el tráfico de armas y drogas, las masacres, supuso salir a marchar y, con la evidencia de los vladivideos, exigir la verdad, enardecidos.
Hoy, una persona de 18 años ha crecido con violencia, robos, extorsiones y asesinatos. Los medios de comunicación de alcance nacional les han mostrado interminables documentales sobre un terrorismo que ya no existe y que solo puede ser vencido por Alberto Fujimori y familia, la razón por la que hay que liberarlo y devolverles el poder. O también puede ser que sus profesores vivieron la toma de sus escuelas por parte de Sendero, y no han querido mencionar el tema en las aulas por temor a la reacción familiar. No vayan a ser denunciados. Y con el sistema judicial que tenemos, quizá sus profesores hayan preferido callar.
Hoy, el Congreso está compuesto en gran medida por parlamentarios que encabezan mafias y diversos grupos de poder informal, como el de los dueños de universidades sin licencia para titular. También en 1990 el Congreso peruano estaba muy mal. Y Fujimori se recuerda como aquel presidente que tuvo el coraje suficiente como para dar un golpe de Estado y frenarlo. (Gesto que quizá pensó Castillo iba a funcionarle a él también.) Ese pragmatismo deja de lado que luego Fujimori convocó a una constituyente, que copada por su partido, consiguió hacer una Constitución adaptable a los intereses del Poder Legislativo (hoy no queda la menor duda) y velada por el Tribunal Constitucional.
Ese “dejar de lado” quiere decir ocultar información. Siguiendo esta argumentación, el silencio político juvenil respecto del indulto podría entonces estar ligado a carecer de referencias que los indignen. ¿Cómo saber que me están contando la historia de manera tergiversada? Más aún, si el mismo Congreso y sus aliados, como el alcalde de Lima, se dedican a satanizar, a caviarizar, a las personas que sí recuerdan los crímenes cometidos. Si los acusan de mentir, de sólo hablar “ideología”, nada mejor que dejar de pensar en temas vendidos como alerta de pobreza socialista.
Esta vieja falacia siempre será efectiva porque un tema doloroso como la verdad ocurrida cuando hay crímenes de lesa humanidad, tan angustiante como la violencia y la corrupción, nos obliga a vivir en un mundo centrado en la desconfianza y ningún joven quiere sentirse así. Es el momento de enamorarse, de construir, de poder proyectarse hacia el futuro. Y para eso se necesita confiar. Suficiente desconfianza hay con las mafias y delincuentes que salen todos los días en televisión. Que quedan libres y de los que tienes que escapar diariamente.
Contra eso tampoco salen a las calles a protestar. ¿Será porque las mafias les son tan naturales como a los mayores de cincuenta un apagón? La marcha contra Merino hizo pensar a todo el país en una generación comprometida a defender su futuro en las calles, y de pronto, ¿dónde está la generación de Inti y Brian? ¿Dónde están aquellos jóvenes de la UNI y San Marcos que apoyaron al Perú que vino a reclamar a Lima las masacres de Boluarte? ¿Será un efecto de la pandemia? ¿Qué tendrían que haber hecho la Fiscal de la Nación y su mafia parlamentaria para conseguir indignarlos y sacarlos a protestar? O si se indignan, ¿se ha agotado el poder de la marcha?, ¿creerán que carecen del poder para logarlo? O será que está naciendo una nueva forma que aún nos resulta invisible.
[ENTREVISTAS] ¿Qué tan inusual es que un país desacate una orden de la CIDH?
En los casos de Venezuela y Nicaragua es frecuente. ¿A eso nos queremos parecer? Lo que estamos haciendo es golpearle la médula a nuestros indicadores de sostenibilidad institucional. Si no respetamos sentencias de los tribunales internacionales, qué clasificador de inversiones extranjeras recomendará invertir en un país que respeta sentencias internacionales solo cuando le da la gana.
¿Liberar a Alberto Fujimori bajo las condiciones en que se realizó afectará la imagen del país?
Eso no es imagen, eso es reputación, lo que es mucho más serio y forma parte de los indicadores en base a los cuales se desarrollan las relaciones internacionales, las políticas y la inversión. Este desacato forma parte de los indicadores que influencian hasta en la tasa de interés de los préstamos. Influencian hasta en la estabilidad de los bonos que puede intentar colocar el Estado en el futuro.
¿El gobierno y el Tribunal Constitucional contaban con argumentos para ignorar la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y liberar a Alberto Fujimori?
Bajo ninguna. Porque la falsa doctrina que se ha estado difundiendo con respecto a que las resoluciones de supervisión de sentencia pesan o vinculan menos al Estado que las sentencias mismas no tiene apoyo en ningún precedente del derecho internacional. No tiene apoyo en las prácticas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, además, todos los tribunales internacionales tienen procedimientos de supervisión a la ejecución de sus decisiones que permiten hacer cosas como las que hizo la CIDH el 5 de diciembre. Eso en ningún sistema internacional está en discusión. El gobierno sabe que lo que ha perpetrado es un desacato que contradice prácticas establecidas en el derecho internacional y, sin embargo, ha decidido hacerlo.
Usted ha señalado que el argumento de menor fuerza vinculante no podrá ser el camino utilizado para sustentar el desacato a lo ordenado por la CIDH, ¿pero hay otro camino que sí podrían intentar seguir?
No. No hay un solo autor en el derecho internacional sobre procesos ante tribunales internacionales que pretenda válido lo que el gobierno ha hecho. No hay una sola regla que justifique que las resoluciones de los tribunales tengan menos valor que las sentencias. Lo que ha hecho el gobierno es un desacato que va a tener consecuencias. Estos días se ha venido diciendo que no importa, que no es cierto que hay consecuencias y reportar el desacato ante la OEA no significa nada. Pero eso significa el registro de un país que no cumple sentencias internacionales y eso va a ser tenido en cuenta en los clasificadores de riesgo y en cada arbitraje internacional que el estado sostiene en protección de inversiones. Vamos a perpetrar un papelón en la próxima audiencia ante la CIDH . Porque quien ponga la cara simplemente no va a tener nada para decir.
¿Por qué el gobierno de Dina Boluarte no frenó la excarcelación de Fujimori teniendo en cuenta todos los factores mencionados?
Nos lo tendrán que explicar. Lo único que puedo dejar en claro es que el señor Otárola ha sido coautor de trabajos sobre derecho constitucional con uno de los principales expertos de derechos humanos que es Enrique Bernales Ballesteros. No puede pretender desconocer lo que sabe, las reglas del derecho internacional que defendió cuando se adjudicó la primera medida de indulto. Tendrán que explicar por qué están contradiciendo cosas que saben que rigen en el derecho internacional.
El magistrado Manuel Monteagudo declaró que él y otro magistrado no tenían conocimiento del fallo que liberaba a Alberto Fujimori y que este no fue debatido por todos los miembros del Tribunal Constitucional, ¿esta situación demostraría que se buscaba liberarlo bajo cualquier condición?
Todo el procedimiento ha sido forzado y se pone en evidencia con los tres errores gruesos que han cometido los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que han respaldado esta decisión. El primero es que nadie se dio cuenta que el juez de Ica se iba a negar a seguir las instrucciones que públicamente le dieron los tres jueces que se presentaron en medios durante esta crisis. El segundo error es la sentencia que dijeron estar ejecutando es una sentencia del pleno del TC que tenía que ser ejecutada por el pleno del TC y este no fue convocado. El presidente sólo convocó a los magistrados que suscribieron los autos de aclaración que no tienen nada que ver con la libertad de Fujimori y uno no firmó la orden de liberación. Tercero, para ordenar la libertad de una persona que está en la cárcel, las firmas de los magistrados debieron ser registradas en el INPE. Esos tres errores muestran el apresuramiento que tiene una sola explicación: lograr que Fujimori salga de la cárcel antes que la CIDH pueda reaccionar.
¿Estos errores que menciona podrían llevar a que se invalide la decisión de liberar a Alberto Fujimori?
Para eso era la orden provisional de la CIDH que iba a suspender el procedimiento hasta que se llame a una audiencia de supervisión que, no tengo dudas, hubiera concluido que la decisión del Tribunal Constitucional de marzo del 2020, y también la de diciembre, no se podían ejecutar. El camino correcto era suspender el procedimiento.
Debido a que esto no ocurrió, ¿cuál es el procedimiento que seguirá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?
La CIDH llamará a una audiencia en la cual le va a ordenar al Estado suspender la ejecución de la liberación, lo va a reportar a la OEA y va a comenzar este despliegue de las consecuencias en la reputación. El Perú es un estado cuyo gobierno es incapaz de armar una agenda internacional. Qué va a pasar ahora que, además de arrastrar las muertes de diciembre y enero, arrastrará también un desacato a la CIDH.
¿Qué tan probable es que Fujimori vuelva a prisión?
No voy a especular sobre ese extremo. Me preocupa más la situación de los familiares de las víctimas de los crímenes de los años noventa que sufren en carne propia las consecuencias. La situación de Alberto Fujimori no es estable. Algo más tendrá que pasar para darle una forma definitiva a esto. Espero se reconozca el derecho de las víctimas a ser incorporadas en cualquier decisión sobre el destino final de estos casos y se deje de utilizar a Alberto Fujimori como una moneda de cambio cuando es una persona condenada por crímenes que se cometieron durante su gobierno.
Se ha cuestionado que el indulto que le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski se dio en un momento en el cual Fujimori parecía estar agonizando y que, en los años posteriores, su salud se ha mantenido estable, ¿considera que actualmente se reúnen las condiciones para que sea indultado?
Las cuestiones sobre el destino final de un condenado por derechos humanos son muy complejas. Creo que es importante notar que es un hombre de 85 años con salud precaria, pero que tiene una ruta definida por una condena judicial de la que la única inflexión posible se produce a partir del reconocimiento de lo que pasó en sus años de gobierno en materia de derechos humanos y ese reconocimiento supone pedir perdón de manera mínimamente seria a las víctimas. Sobreponer a eso la discusión de su salud como causa de la libertad es eludir el debate sobre las consecuencias de un perdón que no ha pedido seriamente.
¿Perú se expone a algún tipo de sanción?
El derecho internacional no es como el derecho penal. No funciona con cárceles ni policías. Funciona sobre las consecuencias que sus decisiones tienen en la reputación.
La Fiscalía ha solicitado dieciocho meses de prisión domiciliaria para Alberto Fujimori por la masacre de Pativilca, ¿es un pedido viable?
Es muy poco probable. Estas son cuestiones sobre peligrosidad procesal, capacidad para eludir la justicia o alterar las evidencias de un caso, y Alberto Fujimori, a estas alturas de su vida, está lejos de representar un peligro procesal.
[ENTRE BRUJAS] A casi un año de la explosión de una de las crisis sociopolíticas más profundas que hemos vivido, es desalentador constatar que la situación no ha mejorado. La democracia, lejos de fortalecerse, sigue siendo erosionada y vaciada de contenido. Hoy en día la palabra «democracia» es utilizada con total impunidad por los sectores más autoritarios para justificar la vulneración de libertades y derechos humanos.
La crisis ha llevado consigo un fuerte debilitamiento del estado de derecho, evidenciado en el cooptamiento de instituciones estatales, la vulneración del principio de separación de poderes, y, una corrupción institucionalizada que se manifiesta en los últimos acontecimientos. Las protestas sociales que se desencadenaron entre el 7 de diciembre del 2022 y el 23 de enero de este año fueron históricas. Plantearon reivindicaciones postergadas por siglos y pusieron de manifiesto la profundización de la desigualdad, la discriminación y el racismo estructural arraigados en nuestra sociedad, en particular hacia las comunidades campesinas y poblaciones de los territorios ubicados al sur del país.
Sin embargo, la respuesta del Estado fue brutal, dejando un saldo trágico de 63 fallecidos y cientos de personas heridas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó una investigación con enfoque étnico/racial, calificando los hechos como posibles masacres. Además, condenó el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza durante las movilizaciones. Todo este escenario ha generado una profunda fragmentación difícil de superar y ha sembrado el miedo en la ciudadanía a ejercer su derecho a la protesta.
Contrariamente a los que muchos quieren posicionar, los derechos humanos son principios fundamentales para una convivencia social adecuada. Aquellos que deslegitiman estos valores son actores y sectores cuyo interés es mantener el campo libre para seguir enriqueciéndose y ejerciendo poder con impunidad. Lamentablemente, el discurso contrario a los derechos humanos crece cada día, a la par que se fortalecen posturas autoritarias y coaliciones fundamentalistas y corruptas que continúan secuestrando el Estado.
El gobierno, con un alto nivel de desaprobación, persiste en apoyar narrativas que impulsan el odio y adopta medidas que ponen en riesgo a la ciudadanía y criminalizan la protesta. Siguiendo estrategias clásicas de gobiernos autoritarios, el canal del Estado produce una canción titulada «peruanos de verdad», buscando romantizar el conflicto social que aún vivimos y negando nuevamente la condición de ciudadanos/as a quienes protestan y se oponen al gobierno.
¿Quiénes son los verdaderos peruanos y quiénes los “de mentira”? No solo se busca influir en los imaginarios de la población, como forma de manipulación, sino que también se generan medidas graves que ponen en riesgo nuevamente a quienes desean expresar su descontento. Recientemente, el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Legislativo 1589, que busca sancionar a quienes participan en movilizaciones. La criminalización de la protesta se esconde tras una supuesta preocupación por el funcionamiento de los servicios públicos y la prevención de disturbios.
Este decreto no solo apunta a sancionar a quienes salen a protestar, sino también a aquellos que apoyan de diferentes formas las movilizaciones. Sumado a todo esto, la reciente decisión del Tribunal Constitucional de dar la libertad a Alberto Fujimori, uno de los más grandes asesinos y violadores a los derechos humanos; confirma la erosión de la justicia y el triunfo de la impunidad. El desafío persiste: recuperar la democracia y los derechos fundamentales en medio de una crisis que parece no ceder.
[PIE DERECHO] Al final de la jornada de ayer, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique, emitió una resolución en la que requiere al Estado del Perú que, “para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú (TC), del 4 de diciembre del 2023, en la que se dispone la ‘inmediata libertad’ de Alberto Fujimori, hasta tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuente con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones establecidas en la resolución de la Corte del 7 de abril del 2022”.
El indulto amañado por el Tribunal Constitucional ha procedido de manera harto irregular. Como bien ha señalado el magistrado Manuel Monteagudo, quien no fuera consultado de la resolución del TC, “todo esto requería un pronunciamiento de fondo que tuviera en cuenta los estándares del sistema interamericano, la legislación peruana, la Constitución. Como lo dije también, no está excluida la posibilidad de acoger una solicitud de indulto, pero con los criterios que correspondan en nuestro ordenamiento”.
Había varios caminos para conseguir la libertad de Fujimori. Uno de ellos era volver a plantear el indulto humanitario, con estándares adecuados. Otro, que el Congreso modificara las leyes para permitir salidas penitenciarias a personas de cierta edad con problemas de salud. Pero no, en lugar de la puerta grande jurídica, se optó por la puerta falsa, y hoy eso coloca al Estado peruano ante la tesitura de desacatar abiertamente el ordenamiento internacional que nuestro texto constitucional reconoce.
Muchos cuestionan con razón la sentencia del juez San Martín contra Fujimori, que con una argucia legal le endilgó delitos de lesa humanidad que no solo no estaban contemplados en nuestro orden legal de entonces sino que no encajarían en los delitos efectivamente cometidos por el expresidente.
Ello es inexpugnable, pero sí podría alimentar consideraciones éticas para otorgarle la libertad a Fujimori, a contrapelo de las comprensibles resistencias de los deudos de Barrios Altos y La Cantuta o los organismos de derechos humanos. Pero ese procedimiento justiciero no puede tramitarse de la forma como se ha querido hacer y por ello, ahora, coloca al gobierno ante una disyuntiva legal insalvable, ya que no puede desconocer impunemente la autoridad de la Corte.
Muchos de esos rasgos antipolíticos se han mantenido y se han exacerbado a lo largo de más de dos décadas. Ahora no son patrimonio de tal o cual fuerza política o de tal o cual liderazgo. Por el contrario, se les encuentra en líderes y partidos políticos que se ubican en las derechas, en las izquierdas y en el centro del espectro político; algunos de los cuales tienen hoy responsabilidades gubernamentales y legislativas. Por eso, durante las movilizaciones de protesta, los cuestionamientos al gobierno de Boluarte fueron respondidos con un uso excesivo de la fuerza policial y militar que causó la muerte de 49 ciudadanos. O cuando Perú Libre y Fuerza Popular, partidos ubicados, al menos declarativamente, en polos opuestos la elección del Defensor del Pueblo teniendo en el horizonte sus particularísimos intereses. Como se aprecia, la antipolítica, por el momento, goza de buena salud y seguirá, en consecuencia, erosionando nuestra precaria democracia.
Carlos Iván Degregori partió a la eternidad un 18 de mayo de 2011. Aquel día nos dejó un estupendo intelectual, un antropólogo sin par, un excelente docente y un escritor excepcional. Aquel día se nos fue uno de los imprescindibles como diría el dramaturgo y poeta Bertolt Brecht. Hoy queda releerlo, pensar los problemas del país, imaginar futuros posibles muchos más dignos y humanos que el presente y actuar en consecuencia para hacerlos posibles.
Los organismos jurídicos internacionales sobre derechos humanos, los convenios firmados y las alianzas establecidas con otros países nos dan un marco fundamental de regulación. Como nuestros parlamentarios saben de ese marco, buscan agraviarlo. Nos quieren hacer creer que la justicia se resuelve con pena de muerte y que por eso debemos romper con el Pacto de San José de la OEA. Que debemos retirar a los embajadores de los países de la Alianza del Pacífico que nos acusan porque el comunismo nos hundirá en la peor de las pobrezas. Pero no pueden tapar el sol con un dedo, por más que cuenten con la complicidad de la prensa y sus escandaletes mediáticos, con la evidencia compartida en las investigaciones de las autoridades internacionales contamos con una base para detener su desborde legislativo, su autoritarismo de gamonal y su festín de corrupción. Sépanlo bien, no nos vamos a rendir.
Yo no he corrompido a nadie, ellos ya eran corruptos cuando los conocí. Marcelo Odebrecht
Sus declaraciones provocaron una eclosión en el universo político. Aseguró que los propios políticos le proponían darle obras, a cambio de un monto que ellos decidían.
Toledo me pidió 35 millones de dólares por la Interoceánica y Camisea.
Humala se quería hacer el difícil, pero al final aceptó, con las manos abiertas, por la amable sugerencia de su mujer.
AG era un hombre honesto, de principios, que jamás se vendería por migajas, solo por millones.
La señora K, a cada rato, pedía que le aumenten 500 mil.
Y pensar que el Arq. Fernando Belaunde Terry, a finales de los ochenta, fue a una entrevista a la revista Caretas. Luego de finalizada la misma, salió a la calle. Entonces, la gente lo reconoció y lo comenzaron a saludar con respeto y por el cariño que se había ganado.
Esto no ha vuelto a suceder más. Increíble.
Recordemos lo que escribió el respetado periodista Cesar Hildebrandt acerca del ex Presidente.
Belaunde no tocó un centavo del tesoro público, no se hizo rico en la presidencia de la República, no se ensució en contabilidades invisibles ni firmó declaraciones juradas plagadas de mentira. Y hoy que la política peruana consagra la impunidad y azuza el saqueo. Hoy es preciso decirles a los jóvenes que la política de este país supo también de gente decente que llegó al poder sin dinero y salió del poder sin dinero. Sin dinero, pero con honor. Y es bueno que lo escriba un periodista que fue implacable con Fernando Belaunde. Un periodista que hoy extraña a rabiar esa perseverancia en el decoro que hoy agiganta su figura.
Como en el Perú, la realidad supera a la ficción tanta fue la lealtad y el agradecimiento a la traición a San Martín de un cierto sector del fujimorismo con Pérez Arroyo que en el año 2018 termina siendo designado como el abogado defensor de Alberto Fujimori en la audiencia realizada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que revisó el indulto brindado por Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2017. Sin embargo, la Corte Interamericana, como se sabe, ordenó que se revise el beneficio de indulto que se había concedido.
Miguel Pérez Arroyo en la audiencia ante la Corte IDH en 2018 (Fuente Caretas)
Algunos fiscales consultados por los hechos que componen esta entrega periodística señalan que la estrecha relación de Miguel Pérez con el fujimorismo es la mejor explicación y la pieza del rompecabezas que faltaba para justificar el blindaje que recibió su amigo Hinostroza Pariachi por parte de la bancada naranja, luego del estallido del caso Cuellos Blancos en julio del 2018.
La relación umbilical del fujimorismo con Pérez no acaba allí.Hace pocos días Pérez Arroyo se presentó en un programa de Exitosa como abogado conjunto de los excongresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez y Alexei Toledo, quienes fueron acusados por la Fiscalía de la Nación de negociar los votos para frustrar la moción de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski en el año 2017, y cuyo contubernio fue captado en los famosos ‘mamanivideos’.
Excongresistas Kenji FujimoriPérez Arroyo y los casos de narcotráfico del Callao, la Sala Penal Nacional y la Corte Suprema de Justicia
Como es conocido, el caso Cuellos Blancos del Puerto surgió como una derivación del caso Rich Port, que consistía en una investigación derivada de seguimientos y escuchas telefónicas a narcotraficantes, lugartenientes y sus abogados en la Corte del Callao. La investigación ha generado que se conforme un grupo especial de la DIRANDRO, la DEA y la inteligencia británica que no se limita a escuchar los audios del caso Rich Port, Cuellos Blancos, Caracol y otros casos de intervención de las comunicaciones, sino que se encuentra realizando un laborioso trabajo de campo que comprende la revisión de expedientes judiciales de las grandes mafias y capos mexicanos, colombianos y de otras nacionalidades y un denominador común que encuentran en la defensa de los cabecillas es el patrocinio del abogado Pérez Arroyo.
La investigación comprende, entre otras cosas, procesar la frondosa información, muchas de ella ubicada en el archivo de la Corte del Callao y de la Sala Penal Nacional, y relacionar las decisiones de Hinostroza Pariachi, Ríos Montalvo, Molina Huamán, Peyrano Sánchez, Benavides y otros con graves hechos de narcotráfico y su relación con abogados cuya constante es defender casos de tráfico de drogas.
La pesquisa no solo abarca casos de narcotráfico, sino también la identificación, procesamiento y análisis de hábeas corpus que abogados inescrupulosos han logrado para liberar impunemente a capos de la droga mexicanos y colombianos. Uno de ellos tiene como protagonista a Pérez Arroyo quien hace algunos años logró que se declare fundado un hábeas corpus en un juzgado de Lima a favor de un narcotraficante internacional de alto vuelo –cuyo nombre y nacionalidad no publicamos para no entorpecer las investigaciones– y que en la búsqueda de acelerar su libertad envío a un abogado de su estudio –ahora fiscal del caso de la “Corrupción contra el poder”– quien alegaba que Pérez Arroyo era conocido por algunos magistrados de la Corte Suprema y de la misma Sala penal nacional a los que Pérez se encontraba llamando en ese instante. La libertad del narcotraficante no se pudo consumar, finalmente, debido a la actuación enérgica de magistrados de la Sala Penal que no cedieron a las presiones.
Otra línea de investigación es identificar los casos de libertad provisional, por medio de la variación o cese de la detención o la prisión provisional, con los que se ha dado no solo libertad a narcotraficantes en la Corte de Lima y el Callao, sino que se ha permitido su salida y desaparición del país para no regresar nunca más. Uno de los muchos casos que ejemplifican la mala práctica y el juego en pared de algunos abogados y jueces es el caso del narcotraficante Roberto Gómez Herrera (a) ‘Huevo’ que es el personaje central en el artículo titulado “La droga en la piedra” que publica Gustavo Gorriti en IDL-Reporteros. En la Sala Penal Nacional es recordada la anécdota de cómo un conocido abogado se entrevistó dos días después con un magistrado que había amparado la variación de la detención de su cliente imputado por tráfico de drogas, pidiendo que se revoque la orden de libertad ya que no le habían pagado sus honorarios profesionales.
También en la revisión de los audios de escuchas telefónicas de organizaciones de narcotraficantes y personas vinculadas han saltado las llamadas y visitas que realizó Pérez Arroyo al despacho de Hinostroza Pariachi durante los años 2017 y 2018 cuando éste se encontraba presidiendo la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia y que toman como referencia las llamadas entre estos personajes y las personas interesadas en lograr la libertad de individuos ligados al mundo de las drogas.
Llamadas entre Cesar Hinostroza Miguel Perez Arroyo
2019: Los amigos comparten la misma situación: La condición de extraditables
Curiosamente, más allá de la innegable relación de amistad e intereses comunes que Hinostroza Pariachi y Pérez Arroyo compartían en el año 2019, gozaban, además, de una misma condición jurídica: Hinostroza Pariachi tenía un requerimiento de extradición del Perú que se había presentado al Reino de España, lugar donde residía; en sentido semejante, pero inverso, Pérez Arroyo tenía un proceso de extradición solicitado por el Reino de España al Perú por la comisión de varios delitos.
Como diversos medios de comunicación dieron cobertura (El Comercio, La República, RPP, gestión, entre otros) en la mañana del 07 de septiembre del 2019 el abogado Miguel Pérez Arroyo, fue detenido por Interpol, por un proceso penal que se le siguió en España por presuntamente haber facilitado la entrada de peruanos a España por el delito de los derechos de los trabajadores y por el delito de falsedad documental.
Por ejemplo, RPP señalaba: “Agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)capturaron esta mañana al abogado Miguel Pérez Arroyo -exdefensor del recluido Alberto Fujimori-, quien es requerido por la justicia de España. Pérez Arroyo, quien tenía notificación roja de Interpol, es procesado por los presuntos delitos de falsedad de documento oficial y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros”. Canal N informaba: “Miguel Pérez Arroyo, exabogado de Alberto Fujimori Fujimori, fue detenido por agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en el distrito de Surco, al estar requerido por la justicia de España. Pérez Arroyo contaba con notificación roja, la cual alerta a los efectivos policiales de todo el mundo para su detención. El abogado es procesado por el Primer Juzgado Penal de Albacete de España, bajo los presuntos delitos de falsedad de documento oficial y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Arroyo habría facilitado la entrada a España de peruanos a cambio de dinero. “Fingieron contratos de trabajo para poder solicitar permisos de residencia y trabajo, a cambio de 3000 euros”, precisa la notificación que recibió la Interpol”. La República remarcaba: “Luego de la intervención, fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para luego pasar a un juzgado penal de turno. Un magistrado decidirá si Miguel Pérez llevará el proceso en su contra en libertad o continuará detenido”.
Los medios de comunicación coincidían en ese entonces que al momento de su detención por motivos de extradición “el abogado actualmente defiende al excongresista José Luna Gálvez, dueño de laUniversidad Privada Telesup, en la denuncia que se le sigue a esta casa de estudios por supuestamente haber servido como fachada para recibir el dinero ilícito de OASy Odebrechta favor deLuis Castañeda Lossio”.
Miguel Perez Arroyo
Por supuesto, que Hinostroza y Pérez Arroyo están amparados por la presunción de inocencia y deben ser tratados adecuadamente, mientras no exista una sentencia penal de condena; sin embargo, posee un claro interés público y forma parte del derecho a contar con una información pública veraz, el analizar la relación de dos personajes públicos que hasta ahora no se encontraban vinculados, que aparentemente no tenían puntos en común y que las investigaciones los une de manera inevitable.
