El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, no deja lugar a dudas respecto de los sucesos acaecidos entre diciembre y enero de este año, en medio de las protestas sociales ocurridas luego de la asunción de mando de la actual presidenta Dina Boluarte.
Confirmando lo que ya había señalado Human Rights Watch, se concluye que el Estado peruano perpetró ejecuciones extrajudiciales, hizo uso excesivo de la fuerza represiva y violó derechos fundamentales en su reacción frente a la protesta.
Ya de este tema no debería caber duda. Sendos informes periodísticos y misiones internacionales constatan que las fuerzas armadas y policiales se excedieron en sus actos y que corresponde, de parte del gobierno, una actitud distinta respecto de lo acontecido.
Según señala La República, “entre las recomendaciones que ha hecho la CIDH, está el diseñar e implementar, desde el más alto nivel del Estado, una estrategia de diálogo genuino, con enfoque étnico y territorial.
Diseñar una política pública con alcance nacional y con perspectiva de derechos humanos, que esté dirigida a la eliminación y prevención de la discriminación y estigmatización de personas con base en su origen étnico-racial o condición socioeconómica.
Adoptar un plan permanente y obligatorio de capacitación y evaluación para las fuerzas de seguridad que intervienen en manifestaciones.
Tomar medidas de reparación integral para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas sociales.
Aumentar el número de fiscalías especializadas en derechos humanos para que tengan presencia en todo el país”.
Lo más importante de los informes que se han presentado no es tanto la denuncia de lo sucedido, más o menos reconocido por todos, sino la indolente reacción del gobierno, con afán de minimizar lo ocurrido y, por ende, sin ánimo alguno de realizar acciones de reparación y enmienda de los excesos cometidos. Se espera que esta vez no ocurra lo propio. La CIDH no es “una ONG”, como se refirió despectivamente la presidenta al informe de HRW.
Gran parte de la desaprobación ciudadana al gobierno de Dina Boluarte se debe a este hecho. Mientras ella no entienda que no puede pasar por agua tibia los informes dados a conocer y no actúe en consecuencia, los 56 muertos por obra de la represión abusiva, serán parte de una mochila de pasivos de la que el gobierno no podrá librarse con reacciones de soslayo pueril que no se veían desde los tiempos de Belaunde, quien arrojaba los informes de Amnistía Internacional al tacho de basura.
