A pesar que las instalaciones del Relleno Sanitario “El Zapallal” se encuentran clausuradas temporalmente, ha llamado la atención las diferentes videograbaciones de camiones ingresando a las instalaciones como si las normativas dictadas por el alcalde de Lima fueran en vano. El mencionado vídeo refiere al día 18 de febrero (dos días después de la notificación) en que se muestra a camiones ingresando a las instalaciones como si las medidas adoptadas fueran meras reglas sin cumplir.
Vecinos también denunciaron que los camiones estaban buscando la manera de ingresar al Relleno Sanitario. “El chofer me dijo que están buscando por donde entrar al relleno y que si había camino por acá. Yo les dije que no y siguieron buscando”, manifestó una vecina del lugar.
Como se puede evidenciar, a pesar de las restricciones, se sigue dando acceso a las instalaciones del relleno sanitario. Es una demanda que perjudica no solamente la fiscalización y seriedad de la gestión de Rafael López Aliaga, sino también, el rol que Innova cumple dentro de este caso, y es que puede llegar al punto de realizarlo a diestra y siniestra de las más altas autoridades públicas.
Cuando conversamos con el representante del Comité de Gestión de Alto Nivel – Parlamento 10, Roberto Salas, nos comunicó que actualmente la responsabilidad recae en manos del Ministerio del Ambiente con respecto a la reconsideración que se le ha permitido a Innova Ambiental de su PAMA. Salas reflexiono de que la salud de los niños y, en general, de los vecinos de Lomas de Carabayllo se encuentran vulneradas por el funcionamiento del relleno y espera que las autoridades tomen cartas en el asunto.
En la misma línea, en lo que respecta a la construcción de la planta de transferencia la empresa señala lo siguiente: mediante la Adenda del 25.06.1996 que modifica ese punto del contrato (segundo párrafo literal g de las bases de licitación pública internacional), la MML pone a disposición la planta de transferencia Huayna Cápac, cuya construcción había concluido. A cambio, el concesionario dejaba de cobrar S/ 66,000 mensuales por concepto de Inversión en la Instalación de la Planta de Transferencia y una reducción de 21.25% en la incidencia de dicho concepto en costos financieros, imprevistos y utilidad.
Por otro lado, acerca de los problemas que presenta El Zapallal, las denuncias de incumplimiento de protocolos, y el impacto ambiental que supone la operación de dicho residuo sanitario, ellos responden que las buenas prácticas de Innova Ambiental en la gestión de El Zapallal se evidencian en los resultados de sus monitoreos ambientales. El último de ellos, que data de mayo de 2022, incluye estándares de calidad de aire y ruido establecidos por el MINAM y PCM correspondientemente.
Los hallazgos concuerdan con las afirmaciones, pues los niveles se encuentran por debajo de los estándares establecidos por las autoridades. Asimismo, sostienen que la empresa es fiscalizada de forma constante por el OEFA y MML.
Sobre la denuncia a la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de Lima Norte que el Comité Parlamento 10 presentó en 2021 y los reproches de que en 25 años Innova no haya creado una centralización de biogases que evite el mal olor y contaminación de la zona responden:
“Acogiéndose al DS 010-2020-MIMNAM, el 26 de julio de 2022 Innova Ambiental remitió al MINAM un PAMA para gestionar futuras ampliaciones (seis años) de El Zapallal y mejorar procesos. Entre esas mejoras figura un sistema de centralización de biogases”. A esta declaración hay que sumar la contestación acerca de los metales pesados que un estudio de 2017 de impacto ambiental halló en la zona de Lomas de Carabayllo.
Según este reporte, la contaminación proviene de la entrada a una mina no metálica y la zona industrial, no al relleno ni sus operaciones. De igual manera, cuando se les interrogó acerca de la vida útil del relleno sanitario, respondieron que esta no se mide en años, sino que se calcula en volúmenes. Además, ante la pregunta sobre la posibilidad de reubicar el relleno no ofrecieron respuesta.
Por último, Innova informa a la opinión pública que cuenta a día de hoy con una certificación ISO (International Standardization Organization) Anticorrupción, la cual fue emitida en noviembre de 2019 y se encuentra en proceso de revalidación.
La respuesta de SONARE
Ante el descargo de Innova, fuentes en la Sociedad Nacional de Residuos Sólidos (SONARE) responden que la empresa está justificando su actividad irregular en un marco legal que no se encuentra vigente. En este sentido, el DS-010-2020-MINAM culminó en octubre de 2020, hecho por el cual ahora estarían operando sin permisos. Asimismo, de acuerdo al DL 1278, la licencia de funcionamiento del relleno sanitario debe ser otorgada por la municipalidad distrital; y ellos no cuentan con licencia, ni en Zapallal ni en Portillo.
A pesar de todo ello, si bien ambas partes han presentado documentación que sustenta de una manera u otra sus afirmaciones, no deja de ser alarmante la pasividad de las autoridades por subsanar la concesión en materia estricta del contrato. Con todo, no deja de ser curioso que en el mismo portal institucional de INVERMET (organismo descentralizado supervisor de la municipalidad de Lima) se señala que el plazo de concesión es de 120 días, término que se sigue sucediendo en un bucle infinito desde 2015.
Una de las obligaciones contractuales expresada en la cláusula trigésima del Contrato de Concesión indica que “al término de la concesión el CONCESIONARIO entregará a la MUNICIPALIDAD, sin derecho a pago alguno, los bienes que devengan en partes integrantes o accesorios de la concesión”. Esto incluye la planta de transferencia de residuos sólidos y los terrenos en donde está edificada. Este es un procedimiento conocido en el que la concesión de los bienes pasa a dominio del Estado, y cuenta con un fuerte marco legal señalado en D. Leg. 757 “Ley Marco del Crecimiento de la Inversión Privada” y el Art. 21 del D. Leg. 758 “Normas para la Promoción de la Inversión Privada”, normativa que al día de hoy sigue vigente.
Menos de 5 años después de obtener la concesión, la entonces Asociación Vega Upaca-Relima vende los terrenos mencionados a diferentes entidades financieras en calidad de daciones. Así, en enero de 1998 el sub lote 4 es entregado a la constructora Upaca, parte del consorcio empresarial Vega Upaca-Relima, como una dación de pago a la Caja de Pensiones Militar Policial por un valor de 797 mil dólares. Esto se hizo infringiendo claramente la obligación taxativa del concesionario en la que “los bienes que devenguen en partes integrantes o accesorias de la concesión, no podrán ser transferidas separadamente de esta, hipotecados, prendados o sometidos a gravámenes de ningún tipo” (Art. 21 del D. Leg 758).
Posteriormente, en 2003 la empresa entregó los sublotes 2 y 3 en calidad de dación de pago a Citibank por 752 mil dólares. Esto ocurrió en diciembre de dicho año, después de que el sublote 1 fue hipotecado a favor del BCP por 440 mil dólares, violando los términos del contrato y el marco legal correspondiente. Cabe mencionar al respecto que las acciones de la empresa se llevaron a cabo con el conocimiento tanto de la comuna de Lima como de la Empresa de Supervisión Municipal de los Servicios de Limpieza “SUMSEL”.
Innova Ambiental percibió como beneficio un aproximado de 2 millones de dólares respecto de los terrenos que tenía que ceder según contrato a la municipalidad de Lima. En lugar de aplicarse las sanciones y procedimientos correspondientes, la comuna construyó por sí misma la planta de transferencia de residuos sólidos, y con esto eximió a Innova de su obligación contractual y asumió todos los gastos.
En la actualidad, la planta de transferencia de residuos sólidos está ubicada en la parte lateral del parque zonal ‘Huayna Cápac’, en la avenida Mateo Pumacahua distrito de San Juan de Miraflores. Aquí los camiones recolectores descargan los residuos hacia unidades de mayor capacidad y luego son conducidos al relleno sanitario de Portillo Grande.
Modalidades del servicio de limpieza estipuladas en el contrato de renovación de 2005, página 2
En un informe de la Gerencia de Servicios a la ciudad y Gestión Ambiental se estimó que en 2018 esta planta manejaba aproximadamente 207 mil toneladas de desechos. Entre las preocupaciones sobre las operaciones en sí, es un hecho no menor que pese al paso de los años y el notable deterioro, el programa de adecuación ambiental de la planta es del año 2003. Además, no se ha encontrado a un organismo fiscalizador externo que determine la vida útil de la planta, e Innova reporta que pese a los agrietamientos debido a que el concreto no presenta reforzamiento de acero, “la vida útil es indefinida y depende del mantenimiento de las estructuras civiles”.
Asimismo, una resolución directoral de noviembre de 2008 resuelve denegar la aprobación del estudio de impacto ambiental de la planta, ya que no solo no cumple los requisitos estipulados, sino que no entrega los resultados del análisis del agua, aire y suelo. Así pues, las operaciones de esta planta no solo deben su génesis a un procedimiento irregular que viola un contrato municipal oficial, sino que están precarizadas en cuanto a las condiciones de fiscalización, control y seguridad.
Lo más llamativo, sin embargo, ha sido la manera en cómo Pacific Latam afirma que ha realizado la labor, la cual se dio “a través de la colocación de 10 notas de prensa de corte utilitario en el 2021 con temas relacionados a la importancia de las operaciones de un relleno sanitario a la comunidad y medio ambiente, logrando 35 publicaciones en medios Tier 1 como El Comercio, Perú 21, El Popular, Correo, Latina.pe, ATV.pe, Trome, Karibeña, Exitosa, Ojo”.
En este documento también especifican que hubo una campaña de medios “a causa del pedido de cierre de los rellenos sanitarios por parte de asociaciones privadas”. Esta consistía en generar entrevistas en medios grandes y en una intervención del Oefa y la Municipalidad de Lima, a través de notas informativas.
Pese a que los problemas con el servicio de limpieza pública de Innova Ambiental ya llevan arrastrándose varios años, no han sido tan difundidos por la prensa. Este reporte de Pacific Latam puede acercarnos a saber por qué.
Hay una contradicción más en esta historia, y tiene que ver con el destino de los antiguos vehículos, los 18 que fueron adquiridos en 2005 cuando se renovó el contrato. “Actualmente estos vehículos están a disposición de la MML en el predio donde se ubica la planta de transferencia ‘Huayna Capac’”, señala Innova Ambiental en la respuesta que dio por escrito.
Sin embargo, esto no concuerda con la versión de la MML, la cual dice que estos “aún no pasan a la comuna limeña debido a que dicho contrato de concesión aún no finaliza”.
En lo que sí coinciden ambas partes es en que decidieron dar respuestas puntuales por escrito y no accedieron a brindar una entrevista para brindar más detalles. En el caso de la comuna de Lima, arguyeron que es porque no tienen un vocero para explicar la totalidad del tema. Innova Ambiental optó, más bien, por no responder el correo donde se solicitaba hablar con algún miembro de la empresa.
A este estancamiento se le suma la reciente Ley 31254, que en julio de 2021 prohibió la tercerización en los servicios de limpieza pública, lo que obliga a los gobiernos locales a cambiar a la modalidad de contratación directa del personal. Por más que la ley daba un año para que las entidades se adecúen, la comuna de Lima ha cumplido el mandato a medias hasta el momento: en abril de este año, se aprobó el pase a planilla de la municipalidad solo de trabajadores de zonas específicas. El resto, según la gerencia de servicios a la ciudad, sigue en proceso de adecuación.
Innova Ambiental se ha mostrado disconforme con esta ley y ha insistido a la MML que se oponga mediante medidas como acciones de inconstitucionalidad. Ante la negativa de la entidad de optar por esa vía, ellos mismos presentaron un proceso de amparo en marzo pasado. Según la empresa, la ley no debería aplicarse en el caso de servicios de limpieza pública, por más que el Ministerio de Justicia manifestó lo contrario cuando la municipalidad le consultó.
Innova Ambiental no es una empresa desconocida en la capital. Cuando aún se llamaba Relima dicha empresa se vio involucrada en 2009 en el caso Comunicore, en el cual se pagó irregularmente y de forma poco transparente la deuda que la Municipalidad mantenía con ella. Esta deuda, precisamente, se generó durante la ejecución del servicio de limpieza y recojo de basura que hoy sigue en curso.
Durante la primera gestión de Luis Castañeda fue que se realizó este pago irregular. En sus últimos años como alcalde, se aprobó la última adenda a Relima (foto: Andina)
Relima también fue la empresa que brindó el servicio de limpieza pública en Miraflores entre 2008 y 2018, según se puede constatar en un acuerdo del Concejo de aquel último año. Durante gran parte de este tiempo (2011-2018), el distrito fue liderado por Jorge Muñoz, quien luego daría el salto al sillón municipal de Lima. Durante su interrumpido mandato en la ciudad, como se ha detallado en este reportaje, no logró concretar el fin de la concesión con esta misma empresa.
Sudaca buscó comunicarse con la Municipalidad de Lima para obtener sus descargos sobre esta concesión eterna, la extraña razón por la que cancelaron uno de los concursos públicos y el efecto que esto tiene en la ciudad. Sin embargo, al cierre de esta edición, no han respondido.
Sin supervisión gubernamental de ningún tipo, BioAmbientalistas ha continuado sus peludas actividades hasta hace unos días. Así lo dejan ver en su cuenta de Facebook. Y van a seguir haciéndolo, al menos por las próximas semanas. “Nosotros vamos a continuar hasta que lo que recolectamos se termine. Ya nos queda poco, luego veremos otro tipo de estudios. El mar también se contamina con otras cosas como basura”, dice Tania Saboya, vocera del colectivo.
A mitad de febrero, BioAmbientalistas difundió en sus redes sociales los resultados de un estudio propio donde señalaban que uno de sus cordones de cabello retenía 426,8 gramos de hidrocarburos en una hora. El “test”, sin embargo, fue hecho en baldes llenos de agua contaminada y no en el mismo mar afectado.
«BioAmbientalistas ha seguido trabajando en estos últimos meses. Su última intervención, según sus redes sociales, fue hace un par de semanas».
“Debe existir un sinceramiento de esas cifras. Se entiende el compromiso, pero las soluciones deben ser a gran escala.Esa es una de las lecciones del derrame. El uso de skimmers [aparatos para recoger hidrocarburos en agua] y barreras deben ser aplicados por Repsol, no la ciudadanía. El cabello sigue siendo una herramienta poco efectiva”, explica Gardenia Jiménez, decana del Colegio de Biólogos del Perú.
Insistir a estas alturas con utilizar cabello para mitigar los daños del ecocidio de Repsol es un absurdo, de acuerdo a biólogos consultados por Sudaca. El pelo sí puede “absorber” hidrocarburos, pero su eficacia se reduce rápidamente. “Matter of Trust [precursora en este método] explicó que en un máximo de 72 horas [después del derrame] el sistema funciona, después de eso ya es difícil porque no hay evidencia de que la película tornasolada de petróleo se adhiera al cabello. Lo que hemos visto es que la primera intervención recién fue después de dos semanas”, dice el biólogo Diego Padilla. La asociación también señaló que nunca se ha utilizado cabello a escalas como la del ecocidio de Repsol, añade.
Gardenia Jiménez, la decana del Colegio de Biólogos también explica que este método podría expandir el daño ambiental ocasionado en el mar. “El problema con el cabello como cualquier absorbente orgánico es que va absorber petróleo y el agua. Pero, cuando lo hace, el peso de las denominadas ‘salchichas con cabello’ se incrementa y se va hundir contaminando con petróleo en otro nivel hasta el fondo del mar”, apunta.
Y también podría afectar a la fauna marina si es que las “salchichas” están mal armadas y los cabellos se dispersan en el mar. “A eso se refiere [el Minam y el Oefa] con que las actividades no pueden hacerse de manera independiente y sin asistencia técnica o equipamiento”, sentencia Jiménez.
Diego Padilla, junto a otros biólogos preocupados, hicieron llegar las advertencias a la comuna metropolitana en un documento que sintetizaba la bibliografía al respecto. Trabajo que les tomó dos días, pero que para la MML fue imposible de hacer. “Si vas a priorizar tu estrategia de comunicación política para una actividad que no conoces, no tienes protocolos y donde la bibliografía dice que no se sabe si funciona de la mejor forma, y además estamos a destiempo, en mi opinión no tienes idea de qué hacer con el problema”, dice el biólogo sobre el accionar de la comuna.
No hay mayor claridad sobre la potencial contaminación extra que un mal uso del cabello en el mar podría ocasionar, pero el riesgo es grande. “Es importante que la población se involucre, pero debe contar con asesoramiento estatal precisamente para no caer en irregularidades. Si esto genera residuos peligrosos, ¿dónde se disponen?, ¿quién va a encargarse de ello? Debe existir una trazabilidad en el recojo de residuos”, señala la decana Jiménez.
“Fue una medida mediática y desesperada que se tuvo con la ciudadanía participante. Hay que acercarse al colectivo y explicarles técnicamente que esto ya no corresponde. Se les agradece la voluntad, pero en este momento podrían ocasionar más problemas sin contar con el respaldo de las autoridades”, sentencia la decana Jiménez. La municipalidad de Lima quiso tomarnos el pelo.
