Dina Boluarte

[AGENDA PAÍS] El mensaje a la nación de más de 3 horas que la presidenta Dina Boluarte ofreció al país el pasado 28 de Julio, si bien contuvo una serie de ofrecimientos importantes en distintos ámbitos de la problemática nacional, dejó también la sensación de una falta de priorización y la duda sobre si con las capacidades actuales del Estado y de las Regiones, estas promesas podrían, efectivamente, ser cumplidas.

También queda el sentimiento que un mensaje tan denso y extenso, acompañado de otro extenuante desfile de fiestas patrias, con llegada presidencial en carro descubierto, estuvo buscando primero, una reconciliación con el pueblo con pedido de perdón incluido, y segundo, dar al empresariado, interno y externo, una señal que la pacificación en el país es una realidad, pero lo más importante, que hay gobernabilidad y que no hay duda de que Dina Boluarte tiene el poder.

Pero pasando a la sustancia de las propuestas, de las críticas y comentarios que el discurso presidencial ha recibido (algunos muy ácidos, otros agridulces y unos pocos entusiasmados), rescato las opiniones del ex Ministro de Economía Carlos Oliva Neyra, actual Presidente del Consejo Fiscal y Vice-Presidente del Banco Central de Reserva (BCR).

Con su conocido temple, claridad y sentido de la realidad, Carlos Oliva introduce la variable del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización-CNCF (https://www.cnc.gob.pe/) antes que la del Acuerdo Nacional-AN (https://acuerdonacional.pe/). La CNCF (a diferencia de la AN, que es más un entorno de mucha retórica pero de poca o nula efectividad) tiene como misión institucional “articular los esfuerzos del sector público, privado y la academia para implementar reformas y medidas de impacto en favor de la competitividad y productividad en el país”.

El CNCF es, por lo tanto, un espacio de interacción entre los actores relevantes y eso fortalece la credibilidad de las propuestas y de la institucionalidad. En este entorno, el CNCF desarrolló hace ya varios años un plan institucional muy bien estructurado basado en 9 objetivos priorizados con sus correspondientes medidas, que, de manera concreta y medible, busca mejorar el bienestar de todos los peruanos.

Incluso, el CNCF ha desarrollado planes regionales, identificando dónde se debe realizar inversiones para cerrar brechas, como, por ejemplo, una cartera de proyectos para la promoción de inversiones en turismo en la región San Martín.

Los 9 objetivos priorizados, que dada la realidad del país son también ambiciosos, incluyen: Infraestructura, Capital Humano, Innovación, Financiamiento, Mercado Laboral, Ambiente de Negocios, Comercio Exterior, Institucionalidad y Sostenibilidad Ambiental.

Hubiese sido interesante que el mensaje presidencial hubiera tomado estos 9 objetivos y las 84 medidas que relacionan a 14 entidades, como marco para el plan de gobierno 2023-2026, estableciendo mejoras fundamentales como el fortalecimiento de la institucionalidad. En este punto, por ejemplo, se careció de una visión integral de cómo mejorar los servicios públicos de todo el Estado, cuyo eje principal es la calidad de los funcionarios públicos y el acceso meritocrático a la carrera pública.

Las propuestas de modificación de la manera cómo se eligen a los congresistas y el regreso a la bicameralidad son interesantes, pero no articuladas con una reforma política. Otra propuesta fue la inclusión de 50,000 policías del orden cuya forma más bien, va en contra de la institucionalidad de la PNP. Estas promesas no dieron la impresión de estar bajo una visión integral en el campo de la institucionalidad, sino más bien, anuncios que buscan el aplauso de corto plazo sin medir las consecuencias posteriores.

Es tarea de la PCM tomar los objetivos priorizados del CNCF, hacerlos suyos y trabajar articuladamente en la sincronización con el mensaje presidencial, para que devengue en un plan de acción 2023-2026 con objetivos que sean medibles progresivamente y que la ciudadanía, a través de un portal que el gobierno ponga a disposición, pueda hacer el seguimiento y si es el caso, el llamado de atención a las autoridades para que se cumpla el plan y se use adecuadamente el dinero de todos los peruanos.

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En la última encuesta de Ipsos se le preguntó a la ciudadanía qué temas debería priorizar Dina Boluarte en el mensaje de Fiestas Patrias. Las respuestas son reveladoras porque denotan las reales preocupaciones de la gente. Un 44% responde que lucha contra la delincuencia, 43% lucha contra la corrupción, 28% reducción de la pobreza, 27% salud pública, recién en quinto lugar adelanto de elecciones (25%) empatado con promoción de la inversión para generar más empleos (25%).

Ahora se entiende el fracaso de la “toma de Lima” del 19 de julio y la delusión que acompaña a la izquierda peruana cuando cree ver allí la muestra cabal de un gobierno dictatorial enfrentado a un pueblo movilizado, cuando la verdad es que estamos lejos de ser una dictadura y más lejos aún de un activismo multitudinario.

Así como se erraba radicalmente haciendo del tema de la Constituyente el leit motiv central de la plataforma política de la oposición inicial a Boluarte, se marra con mayor amplitud cuando ahora se convoca performances políticas en base a un adelanto de elecciones que bien puede querer en abstracto la mayoría, pero no preocupa tanto a la misma como otros temas (indicados en la respuesta a la pregunta referida al inicio de esta columna).

De igual guía debe servir para la derecha, que no da pie con bola y anda más despistada que la izquierda y ni siquiera sabe si debe oponerse o no al régimen (satisfecha de que haya reemplazado al nefasto Castillo, le perdona casi todo a Boluarte). Y lo más grave es que los temas de seguridad ciudadana y el de reactivación económica son parte de la agenda central y excluyente de la derecha (a la izquierda no se le asocia con aquellos asuntos).

Amparada en los poderes fácticos (fuerzas armadas, empresarios y medios de comunicación), Dina Boluarte se siente tranquila, más aún si la oposición comete el grueso error de elegir la agenda equivocada para atacarla.

La única manera de movilizar a las calles es denunciar la inseguridad ciudadana, la crisis económica y la inmoralidad pública (que ya se aprecia en algunos nombramientos deleznables, como los de EsSalud). Solo así habrá una oposición capaz de mover las agujas del reloj político.

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[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] El 30 de julio, la Casa de la Literatura Peruana preguntó a sus seguidores lo siguiente: “¿Un libro que recomiendes para entender a nuestro país?”. En mi opinión, es recomendable no uno sino dos libros para entenderlo. El primero, “El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario” y, el segundo, “Aspectos legales en la responsabilidad médica en el Perú”, cuya autora, entre otros, es Dina Boluarte. Ambos fueron publicados en el 2004. Ambos depositados en la Biblioteca Nacional. Ambos escritos por la hoy Señora Presidenta de la República, al parecer, para dejar constancia de su necesidad de comunicar sus ideas y experiencias de manera estructurada y convincente; compartir sus conocimientos e información sobre tal temática; destacar como una experta en Derechos Humanos y en los asuntos legales que rodean la práctica médica y la responsabilidad del personal médico en el país; mejorar su reputación profesional y abrir oportunidades laborales.

Sin embargo, ambos libros fueron plagiados. El plagio del primero fue descubierto por los periodistas Christopher Acosta y Hernán Floríndez; y el del segundo por el programa “Al Estilo Juliana”. Como bien dice Acosta, en relación con el primero, “la obra se construye con retazos que se copian y pegan de trabajos académicos, tomando contenido ajeno que se hace pasar como propio. Un caso de plagio sistemático”. Al analizar el contenido del mismo con el Turnitin, un software antiplagio, el resultado es categórico. El 55% corresponde a fuentes bibliográficas no citadas. Es decir, plagiadas. En cuanto al segundo, abundan pasajes extraídos de autores no citados como Brenner Díaz, Ana Collado, Jiménez de Asua o de Internet. Al igual que el primero, no cuenta con bibliografía ni pies de página.

Ambos libros permiten entender, sobre todo, a tan dilecta escritora. En primer lugar, el plagio no es otra cosa que tomar ideas, palabras, obras o trabajos de otra persona y presentarlos como propios, sin dar crédito adecuado al autor original o sin obtener permiso para su uso. Una práctica antiética, la cual, todo indica, sistemática en nuestra novel escritora. En segundo término, evidencia que carece de creatividad o habilidades para generar contenido original y, por lo tanto, opta por copiar el trabajo ajeno. En tercer lugar, nula conciencia sobre el plagio. Muestra de una educación inadecuada sobre la ética y la propiedad intelectual pese a ser abogada. Por último, una absoluta despreocupación por las consecuencias del plagio. El mismo, al no tener consecuencias significativas, lo asume parece ser como una práctica aceptable.

Una vez descubiertas las copias de Dina Boluarte y ante contundentes evidencias, la respuesta gubernamental fue lamentable. Un poco más y su primer ministro Otárola repite la ya legendaria afirmación de otro plagiario serial: “no es plagio, es copia”. En esta ocasión fue algo más original y afirmó que, en cuanto al primer libro, “no es un libro, es un texto”. Es decir, “nunca tuvo la intención de ser un libro como malintencionadamente se dijo. Y prueba de ello que no se publicó, no se comercializó y no se ofreció al público” Boluarte dixit. A partir de hoy, cortesía de Boluarte y Otárola, el plagio no es plagio, ni la copia es copia. Basta con señalar que un libro plagiado es tan solo un texto y punto. Gracias por la licencia para plagiar.

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La mentada XIX Encuesta de Gerentes Generales hecha por Ipsos Perú para Semana Económica, reveló que el 71% de los CEO de las empresas del país aprueba el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Y que sus temores han variado notablemente. El 2022 el mayor riesgo potencial percibido era una Asamblea Constituyente (36%); hoy lo es la reactivación de los conflictos sociales (57%).

No se explica la complacencia empresarial con el gobierno mediocre de Dina Boluarte y que no se vea en esa medianía un riesgo potencial, capaz por sí sola de agitar el cuco de los conflictos sociales que, a la vez, tanto se teme.

Es verdad que el empresariado lo que más aprecia es la estabilidad, así ésta sea mediocre. Es la inestabilidad y la falta de previsión lo que aterra a los directorios empresariales, ya que les impide operar con relativa capacidad de previsión del futuro inmediato y mediato.

Pero la levedad para mirar los aspectos críticos del régimen sorprende. Tiene mucho que ver, sin duda, con el alivio generado por la salida de Pedro Castillo (solo 1% de los gerentes lo aprobaba) y su nefasto gobierno, pero ese entusiasmo soslaya las groseras metidas de pata de un gobierno precario y de pocas luces como el de Dina Boluarte.

Se requiere una voz más crítica de los gremios empresariales al respecto. El mensaje de Fiestas Patrias debería haber merecido severos cuestionamientos por su falta de visión reformista y de compromiso con el estímulo a la inversión privada, que está paralizada. No ha sido así.

Un caso particular ilustra lo que denunciamos. Lo que está haciendo el gobierno de Boluarte con EsSalud es de espanto. Los nombramientos en la institución son de un nivel de incompetencia que asegura que la entidad irá a la deriva. ¿Qué ha dicho la Confiep al respecto, teniendo, como tiene, dos miembros en el directorio (un tercio lo nombra el Estado, otro los trabajadores y, finalmente, el empresariado)? Mutis absoluto.

Lo peor que le podría pasar al país es que la derecha fáctica (empresarios, medios de comunicación y tecnocracia) se alinee con un gobierno al que la ciudadanía, a diferencia de los CEO, desaprueba mayoritariamente, reforzando la percepción popular de que este es un gobierno de derecha, con las enormes implicancias negativas que eso traerá para las venideras elecciones presidenciales. Los empresarios deberían mirar un poco más allá de su Excell.

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En una columna del 7 de julio hablamos de potenciales escenarios de riesgo para Boluarte. Ha transcurrido casi un mes y los mismos siguen en pie. Reactualizamos la columna.

1.- Que surja una movilización masiva y multitudinaria, no como la del 19 de julio, a tal punto que sea capaz de representar el hartazgo ciudadano con este gobierno y con el actual Congreso. Ambos hacen méritos permanentes para incrementar la cólera popular así que es un escenario potencial. Probablemente no pase por nuevas “tomas de Lima” sino por movilizaciones regionales.

2.- Que la respuesta represiva a dichas movilizaciones sea torpe y desmedida. La falta de arrepentimiento real respecto de lo sucedido en diciembre y enero -puesta de manifiesto en el mensaje de Fiestas Patrias- y la respuesta excesiva que suele aparecer ante cualquier protesta (no en la del 19 de julio, donde se cuidaron en extremo, sino en las pequeñas manifestaciones posteriores, donde hubo abusos policiales por doquier), genera dudas serias al respecto.

3.- Que el gobierno no maneje adecuadamente el fenómeno del Niño. Ha destinado una partida millonaria para hacerle frente y ha trazado un conjunto de medidas (se explayó la presidenta en ello el 28 de julio), pero ha cometido el error de entregarle la mayor responsabilidad de su ejecución a los gobiernos locales, que, como se sabe, o son muy ineficientes o muy corruptos.

4.- Que la economía siga enfriándose. No hay visos de recuperación de la confianza empresarial y, por ende, de que se recupere el flujo de inversión privada concomitante. Si eso no ocurre, aumentará el desempleo y la pobreza, dos factores coadyuvantes a un mayor malestar ciudadano. El mensaje de Fiestas Patrias fue, en ese sentido, una oportunidad desperdiciada.

5.- Que el Congreso siga haciendo trastadas, como hasta ahora. Veremos al Legislativo en su salsa, en la repartija de las comisiones, pero su verdadera resistencia al cambio se apreciará cuando sigan apareciendo denuncias de “mochasueldos”, “Niños”, viajes suntuosos e inútiles, mostrando absoluta indolencia frente al clamor popular.

6.- Que le vaya muy mal a la selección peruana de fútbol en los primeros partidos de la eliminatoria mundialista. Podemos perder los primeros cuatro partidos, contra Paraguay en Asunción, Brasil de locales, Chile en Santiago y Argentina acá. Llegar a fines de octubre con cero puntos. Es sabida la relación entre el fútbol y los ánimos políticos. Un mal desempeño de la selección alentará beligerancias cívicas, sin duda. Y Reynoso hasta el momento, no parece dar pie con bola.

 

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Ya es hora de que la derecha tome distancia de las andanzas del gobierno de Dina Boluarte. Que su arribo al poder nos haya permitido salir librados de la catástrofe política, social y económica que supuso la presencia de Pedro Castillo en Palacio, no es razón suficiente para guardar tantas consideraciones hacia un régimen que viene demostrando también una tremenda incompetencia e incapacidad para resolver las crisis que se le ponen al frente.

La abominable actuación represiva durante las protestas de diciembre y enero, su incapacidad para atemperar los ánimos beligerantes posteriores, su nula virtud para remontar la desaprobación que asola a su gobierno, su falta de visión para trazar un derrotero de reformas (más aún si, como se aprecia, pretende quedarse hasta el 2026, es decir tres años más por delante), su inoperatividad para hacer que la confianza inversora retome los cauces normales, su impericia para lidiar con un Congreso que se siente desbordado para hacer de las suyas, nos muestran a un régimen torpe y mediocre, que solo en este talante deja prever cierta estabilidad.

Ya la izquierda se empezó a lavar el rostro de la suciedad moral y política que le cayó encima por fungir de comparsa cómplice del desastre castillista, sobre todo en el aspecto moral, conocida la temprana corrupción que inundó los pasillos del poder palaciego mientras duró la gestión del taimado chotano. Hoy ha encontrado una bandera que con el tiempo será eficaz: arremete contra el “pacto derechista” Ejecutivo-Congreso que nos gobierna, con menos de un dígito de aprobación en ambos casos. Esta oposición de la izquierda, por más cínica que sea, tiene todas las de ganar, si la derecha no actúa preventiva e inteligentemente.

Llegaremos al 2026 con una derecha desgastada y una izquierda en olor de santidad política. Y las posibilidades de que el descontento haga brotar nuevamente una izquierda extrema, radical y disruptiva son muy altas. ¿Y qué va a exhibir la derecha en contraposición? ¿Complicidad con Boluarte? ¿Silencio frente a sus desmanes y despropósitos? ¿Soslayo frente al desgobierno y la crisis? Si así va a enfrentar la crucial coyuntura de la elección presidencial venidera, empieza con el marcador en contra.

-La del estribo: altamente recomendable la última novela del escritor y periodista, Renato Cisneros, El mundo que vimos arder. Apartándose parcialmente de los cánones de la autoficción literaria de sus obras anteriores, Cisneros muestra una tangible evolución narrativa. Publica Alfaguara.

 

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Entre dos malas opciones, es infinitamente mejor que haya ganado la lista apoyada por la derecha en vez de la presidida por “Los Niños” y el apoyo de la mayoría de la izquierda. Garantiza que al menos la estabilidad mediocre que nos signa, se mantendrá. Darle la Mesa Directiva a la oposición no nos salvaba de la mediocridad, pero hubiera aportado una situación de inestabilidad política que al país no le conviene.

Es el de Dina Boluarte un régimen constitucional legítimo. No es una dictadura, ni abierta ni encubierta, como nos quiere vender la narrativa de la extrema izquierda y algunos incautos de centro. Las muertes de diciembre y enero deben ser condenadas, pero su ocurrencia convierte a la democracia vigente en una teñida de sangre injustamente derramada, no cambia el signo del régimen político que representa.

Acá funciona la separación de poderes. El Ejecutivo no controla al Legislativo y aún si lo hiciese ello no es requisito o síntoma dictatorial. Si así fuera tendríamos que atribuirles esa condición a los gobiernos del segundo Belaunde, a los dos gobiernos de García, a Toledo y a Ollanta Humala, que por angas o por mangas se hicieron de la mayoría suficiente para tener al Legislativo a su disposición.

Hay libertad de prensa absoluta y cuando ha habido algunas iniciativas para afectarla, el Congreso ha terminado por retroceder. No se han capturado instituciones autónomas (véase cómo el Tribunal Constitucional, supuesto apéndice del Parlamento, le acaba de poner un “estáte quieto” con el tema del presidente del JNE). La fiscal Zoraida Ávalos bien sancionada y dentro de las atribuciones congresales. Las iniciativas por afectar a la Junta Nacional de Justicia y a los organismos electorales hasta ahora no han pasado de bravatas que ojalá no se consumen. ¿De qué dictadura hablamos?

En esa medida, es saludable para la democracia que la Mesa Directiva del Congreso recientemente electa no tenga entre sus planes sabotear al Ejecutivo y es de esperar, más bien, que el buen signo entre ambos poderes del Estado conduzca a que se plasmen algunas medidas importantes, aunque luego de escuchar el pobre discurso del flamante nuevo presidente del Legislativo, las esperanzas son pocas o nulas. Por su lado, al menos, no se augura nada bueno. Esperemos a mañana a ver si Boluarte nos sorprende.

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La movilización del 19 de julio sigue despertando discusiones respecto de su magnitud y resulta difícil ser aguafiestas respecto de su convocatoria, cuando a la par, hay que considerar saludable para la democracia peruana que la sociedad se movilice, en un país donde no hay tradición de que la calle se manifieste, a diferencia de lo que sucede en otros países de la región, donde la ciudadanía sale a expresar su descontento masivamente e incide en las políticas públicas.

Pero le haría mucho bien a los propios organizadores de esta movilización reconocer su fracaso. No hubo más de cinco mil personas en las calles de Lima y con ello no alcanza para mover la aguja del reloj político ni un milímetro. La dupla Boluarte-Otárola, o el pacto tácito Ejecutivo-Congreso respiran aliviados luego de la escuálida marcha del jueves pasado.

Hay razones sociológicas que explican esta inactividad del ciudadano peruano, siendo la principal la mayoritaria informalidad reinante, que genera un pasivo inactivismo, por su naturaleza precaria y absorbente de horas-hombre. A ello se suma que Lima es la región que más apoya a Boluarte y no parece dispuesta a convertir los segmentos de desaprobación en movilización activa.

Pero lo que más atentó contra la marcha fue el intento de expropiación política de la misma por parte de la izquierda, sector ideológico que carece de autoridad ética para convocar nada, luego de su complicidad abierta con los desmanes políticos, económicos y, sobre todo, morales del nefasto régimen castillista. Encima, con su particular gusto por la ideologización, en lugar de concentrar la agenda de la marcha en uno o dos puntos (salida de Boluarte y elecciones adelantadas), le agregó de su propia cosecha, temas que a la ciudadanía independiente le importan poco o nada o, inclusive, desaprueba.

Como van las cosas, el deseado adelanto de elecciones no se va a producir. Se requerirá una movilización inmensa, un escándalo mayúsculo de corrupción que involucre a la primera mandataria o la ruptura impensada del pacto tácito entre la plaza de Armas y la plaza Bolívar, y nada de ello parece, por el momento, inminente. Lo más probable es que este gobierno, mediocre y sin brillo reformista, dure hasta el 2026, en medio de la estabilidad de la medianía que ha alcanzado.

 

 

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La única manera de que las movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte tengan éxito (no lo es convocar a 21 mil personas a nivel nacional; generosa cifra soltada por un incauto ministro del Interior), es que logren consolidar una amalgama similar a la de las fuerzas antifujimoristas. Es decir, que se reconstituya una suerte de frente anti Keiko y haga carne en las calles.

Ello es, sin embargo, difícil que ocurra, más aún después del duro pronunciamiento de la lideresa de Fuerza Popular en contra del gobierno, y que parece ser la clarinada de un paulatino distanciamiento del régimen. Dicho sea de otra manera, quien se oponga a Boluarte no se opondrá, por default, a Keiko Fujimori.

Una agenda tan dispersa como la que convocó a la marcha de anteayer (solo faltaba que pidieran la salida de Agustín Lozano de la Federación Peruana de Fútbol) y la ausencia de un liderazgo político unificado, atentaron contra la posibilidad de que se produjera una movilización de la magnitud que hemos visto en otros países de la región (Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, etc.), donde millones de ciudadanos protestando vehementemente sí fueron capaces de mover la aguja del reloj político.

El gobierno ha ganado una batalla, casi sin costos colaterales (a diferencia de lo sucedido en diciembre y enero, donde se mantuvo en el poder, pero a costa de perder legitimidad y herir su naturaleza democrática), pero deberá saber que la oposición no va a cejar en tratar de sacarlo del poder (ya se anuncian nuevas movilizaciones) y si no escucha a la calle, expresada no solo en las protestas sino también en las encuestas, y no enmienda rumbos, va camino a escenarios políticos cada vez más precarios y riesgosos para su estabilidad.

El hartazgo ciudadano no cuaja en marchas masivas por sinfín de circunstancias (sobrepresencia de la izquierda, informalidad, crisis económica, pasividad juvenil, etc.), pero si el Ejecutivo no empieza a gobernar con eficacia y el Congreso no le pone punto final al desmadre corrupto e indolente al que le da generosa cabida, puede llegar a elevar la temperatura de la irritación ciudadana y en el momento menos esperado, favorecer que estalle una situación social de mayor magnitud e impacto real.

 

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