Instituto de Defensa Legal

Parece que pocos quieren darse cuenta de que la frase “Que se vayan todos” no solo implica un cambio de autoridades vía elecciones y punto. Es un hartazgo contra el sistema político que poco a poco va escarbando hasta la raíz e involucrará el armatoste sobre el que se sostiene. Se está creando una situación de ingobernabilidad a futuro, producto de un clima de polarización política y fractura social, que de lejos trasciende la figura de Pedro Castillo. El miedo al cambio de los sectores políticos conservadores, e incluso de los progresistas liberales, no ha hecho más que sembrar semillas sobre las cuales no se sabe qué cosecha tendrán. Y para desdicha de todos nosotros, se convertirá en un ciclo irrefrenable de crisis políticas, o peor aún, de autoritarismos para intentar apagar los incendios que vendrán.

Historia ya conocida, lamentablemente.

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Presidente Castillo

El pasado jueves, el último proyecto de ley de este tipo fue aprobado con 105 votos a favor. Un proyecto de ley que buscar modificar la Ley de Migraciones para, entre otras cosas, obligar a que las personas que alquilen inmuebles en el país lleven un control identitario y documentario de sus inquilinos si estos son extranjeros y reporten cualquier irregularidad a la Superintendencia Nacional de Migraciones, a riesgo de ser multados en caso de no hacerlo.

En un país donde casi el 80 % de las viviendas alquiladas son informales —es decir, no declaran ni tributan— el Congreso busca convertir a los arrendatarios en pseudofuncionarios de Migraciones y policías encubiertos. Una especie de Gestapo para aquel país ubicado entre la línea ecuatorial y el trópico de Capricornio.

Y ese es solo uno de cincuenta proyectos y una de tantas razones que demuestran que, en el Bicentenario de nuestra Independencia, decidimos como nación elegir a un Parlamento que es orgullosamente homófobo, xenófobo, aporofóbico, “terruqueador” y que está lleno de cuentos sobre realidades paralelas pero que, lamentablemente, refleja muy bien la sociedad que somos. Ojalá no tengamos que esperar hasta el Tricentenario para ver algún cambio, por más de que ello solo parezca otro cuento de Bradbury.

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Economía, migración venezolana, Pedro Martínez Talavera, Pobreza

¿Puede la prensa limeña darse la prerrogativa de asignar cuáles son o no los derechos de las comunidades campesinas? Esta ha sido la oportuna ocasión que muchos han tenido para destilar prejuicios sobre una realidad que desconocen. Lo sorprendente es que “ilustres” académicos se sumaron a este cargamontón desde un nada disimulado clasismo. Algunos se han atrevido a decir incluso que este no es el actuar común de las rondas y que habría detrás un elemento azuzador. Negar la agencia y las posturas políticas que pueden asumir las organizaciones sociales —nos gusten o no— es más bien el camino contrario del que se acusa al activismo: romantizar las rondas, o más bien tratarlas como sujetos infantiles, carentes de capacidad de decisión.

Miremos en panorámica. ¿Por qué ocurren hechos como este, y pueden volver a ocurrir? ¿Qué ha llevado a que una comunidad actúe de manera hostil contra periodistas? Para nadie es sorpresa la pérdida de credibilidad del periodismo peruano, y también el deterioro de su legitimidad frente a la sociedad en los últimos tiempos. La grosera postura política que asumieron los medios, durante la campaña presencial, y en particular contra Pedro Castillo, viene pasando factura. Y no es que el cargamontón contra el actual presidente sea solo una preocupación de sus simpatizantes, sino incluso de quienes estando descontentos con el Gobierno ven en el periodismo mismo un peligro contra los principios democráticos más básicos.

Esto, en efecto, es un duro golpe para la legitimidad de los medios. Y lo es peor cuando no existe control ni sanción sobre la prensa, o siquiera un proceso de autocrítica sobre su papel en este proceso de crisis política y fractura social. Frente a grandes retos se esperan grandes respuestas. Y los medios no han estado a la altura de las circunstancias, sino más bien respondiendo a intereses que llamaremos “particulares”, solo por utilizar un eufemismo. ¿Qué ha ocurrido? Se puede hacer un desfile de hechos: desinformación, ataques, criminalización, parcialización abierta, entre otros tantos. Los medios han sido actores activos de esta crisis, para nadie es sorpresa.

¿El papel de los medios justifica algún tipo de agresión contra ellos? Por supuesto que no, y desde esta tribuna lo rechazamos claramente. Pero sí ayuda a entender que los ánimos vienen caldeándose desde hace algún tiempo, y es necesario que los medios puedan asumir su responsabilidad sobre los mismos, haciendo mea culpa. Las comunidades tendrán que responder sobre su responsabilidad también; claro, si alguna vez les dejaran tener igual voz y resonancia que el poder mediático. ¿Se abrirá entonces un diálogo entre medios y sociedad civil intentando apaciguar este delicado momento de tensión y recuperando la legitimidad de los primeros? Me parece que están muy lejos de seguir ese camino y que se echará más leña al fuego, intentando aprovechar políticamente este incidente para desestabilizar al Gobierno. Y ya lo vienen haciendo. El detalle es que este fuego termina por quemarnos a todos, y los medios muy librados no están de su propio carácter corrosivo.

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medios de comunicación, Rondas campesinas, secuestros

Existe, además, un grave problema de fondo que el Estado no logra atender: el incremento de la violencia contra las comunidades rurales, especialmente indígenas, sobre todo en la Amazonía. La proliferación de economías ilícitas, por ejemplo, es un problema cotidiano que se traduce en una urgente necesidad de seguridad. Actividades como el narcotráfico, la tala, el tráfico ilegal de especies silvestres o la minería ilegal continúan expandiéndose o consolidándose por todo el territorio nacional sin que las autoridades tengan los medios o la voluntad para frenarlas.

Desde un punto de vista interseccional, este fenómeno se hace más complejo entre los pueblos indígenas por dos razones. La primera es su especial vulnerabilidad frente a las agresiones de organizaciones criminales, al ser núcleos reducidos de población asentados sobre grandes extensiones de tierra (la comunidad de Saweto, donde fue asesinado el líder Edwin Chota, tiene 78 mil hectáreas en la frontera con Brasil). La segunda es la autonomía de la que gozan en virtud del derecho internacional. Es en base a ella que, en ausencia del Estado, han conformado sus propios cuerpos colectivos de seguridad, muy por encima de las rondas o las juntas vecinales. Para los shipibos o los kakataibos, reciben el nombre de guardias. Para los awajún, es el comité de reservistas. Para los asháninkas, además de los CAD, existen los ovayeriite (o el ejército) y la seguridad indígena.

Todo lo dicho tiene la intención de complejizar el debate. A nuestro juicio, no caben espacios para las opiniones totalizantes. Ciertamente, los CAD han probado su vigencia y utilidad como mecanismo de autoprotección en la selva central, aunque transpolar dicha experiencia a otras regiones del país sin una orientación clara no solo sería peligroso, sino también contraproducente. En ese sentido, como sugiere Matías Pérez, es preferible entablar un diálogo con las organizaciones indígenas de los ríos Ene y Tambo para una eventual modificación a la norma y delimitar su ámbito de aplicación territorial, antes que optar por su derogatoria.

Otro error, sin duda, es el de homogeneizar las funciones de seguridad que corresponden a poblaciones indígenas y no indígenas. Una junta vecinal no puede equipararse a una ronda campesina o nativa, mucho menos a una guardia que refleja la organización de pueblos en vez de solo comunidades. Para los pueblos, cualquier iniciativa legal debe reconocer un régimen diferenciado que garantice su autonomía, en el marco del respeto a los derechos humanos. Además, deben contar con asistencia especial del Estado para evitar que se expongan a peligros que sobrepasen sus capacidades de autoprotección.

Al respecto, hubiera sido más oportuno que el Congreso evalúe la nueva ley de CAD en conjunto con la propuesta de ley sobre seguridad indígena amazónica. Ahora, no obstante, cualquier reforma legal debe excluir a los cuerpos colectivos de seguridad indígena para garantizar su reconocimiento oficial con independencia de las Fuerzas Armadas. Sin duda, ello no quiere decir que los pueblos indígenas que tradicionalmente han recurrido a los CAD deban dejar de hacerlo. Esta decisión corresponde también a su autonomía.

Existe un factor adicional y transversal que no puede dejarse del lado en la nueva ley: el rol claudicante del Estado en garantizar la seguridad de los pueblos y organizaciones indígenas. La norma falla también porque evidencia la renuncia de las autoridades a cumplir con esta obligación, donde su respuesta a la violencia ha sido fragmentada, errática y absolutamente limitada. Una eventual reforma debe servir para establecer mecanismos horizontales de coordinación entre los cuerpos de seguridad indígenas –incluyendo a los CAD, cuando corresponda– y estatales, con mayores responsabilidades para estos últimos.

Finalmente, en el escenario actual de abandono estatal, ¿tiene sentido negar el relanzamiento de los CAD también en las zonas donde ha probado tener éxito? Aunque aún no encuentro una respuesta concluyente, dos cosas son seguras: la discusión es más rica y compleja que la derogatoria exprés de la nueva ley, mientras que deben priorizarse las propuestas de solución que fluyan de abajo hacia arriba y no al revés.

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CAD, Comités de Autodefensa

Con una trayectoria de más de veinticinco años en el Ministerio Público, le esperan duras presiones en el doble rol que le toca desempeñar en la entidad, no solamente jurídico sino también político y administrativo. Ciertamente, lo mínimo que podemos esperar de ella es que no retroceda lo avanzado en las investigaciones fiscales en curso.

Pero no solamente son los temas políticos más mediáticos los que se tiene que atender desde la Fiscalía de la Nación, en un país tan diverso y con tantas desigualdades sociales como el nuestro. Los defensores ambientales en las comunidades indígenas llevan años reclamándole al Estado, centralizado en Lima, un verdadero acceso a la justicia que impida que sigan siendo asesinados por mafias que gozan de impunidad en los últimos rincones del país.

De igual manera, es vital que Benavides Vargas defienda su fuero y se mantenga independiente de los poderes políticos y fácticos en un momento crucial en que diversas fuerzas, incluso contendientes políticos a quienes los une la impunidad, se unen para sabotear la labor fiscal. Cabe recordar que, hace unos días,  el premier Aníbal Torres presentó un cuestionable proyecto de ley para   castigar, incluso con cárcel, a jueces y fiscales quienes realicen filtraciones de información de procesos judiciales a la prensa.

 

 

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Fiscal, Fiscalía

Cuarto caso: las actas la firmaron comuneros que no eran comuneros calificados sino solo comuneros empadronados. Es decir, se cumple con las firmas de 2/3 comuneros, pero estas son firmas de los comuneros empadronados, pero no de los comuneros calificados. A diferencia de un comunero empadronada que solo tiene voz en la asamblea, los comuneros calificados tienen derecho a una parcela familiar, y tienen no solo voz sino voto en la asamblea comunal.

Quinto caso: las actas o las firmas de los comuneros calificados están falsificadas pues no figuran en el padrón de las comunidades. Aparentemente se han obtenido las firmas son de los 2/3 de los comuneros calificados, sin embargo, luego de ver el padrón de comuneros calificados de la comunidad, se advierte que las firmas han sido falsificadas.    

Sexto caso: cuando se ha pagado poco dinero por las tierras. En este caso es manifiesta la no correspondencia entre las prestaciones (precio por tierras), o cuando lo pagado por las tierras no corresponde de forma clara y manifiesta con el valor de las tierras para las comunidades, en atención al principio de indemnidad patrimonial. Deberá probarse que más que un contrato o un convenio celebrado en ejercicio de la libertad contractual de ambas partes, estamos ante la imposición de un contrato de la minera a las comunidades campesinas. Este es el caso más complejo de revertir por la dificultad para determinar a partir de qué monto estamos ante una manifiesta no correspondencia. Deberá probarse en definitiva que no hubo autonomía de la voluntad, que se ha pactado contra los derechos fundamentales, que se pactó contra los derechos fundamentales, que se ha obligado a las comunidades campesinas a renunciar a sus derechos fundamentales (art. 26.2 de la Constitución); y deberá probarse que estamos ante un supuesto de abuso del derecho (art. 103 de la Constitución).

Para evitar todo este tipo de abusos, se hace muy necesario de la aprobación de una ley de debida diligencia en el Parlamento Europeo. Ese es el sentido de una campaña que hemos iniciado días atrás llamada “Espinar no puede esperar”.

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comunidades

Dicha visita hubiese permitido a los funcionarios advertir durante la sesión del CONASEC algunos de los problemas que el Modulo Integral de Justicia de La Victoria ya evidenciaba en el 2019, solo meses después de su inauguración. Problemas como oficinas de la dependencia del Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) sin acceso a una línea telefónica fija, instalaciones de los defensores públicos del Ministerio de Justicia sin acceso a internet y el efecto “cuello de botella” que generaba el contar con un solo juzgado penal permanente para la revisión de expedientes y programación de audiencias. Situaciones que terminaban por convertir al Modulo Integral de Justicia en simplemente un Frankenstein de la burocracia peruana. 

Esperemos que las UDF no se traten de otro piloto en autopiloto, de otra (mala) tradición peruana.

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CONASEC, Gobierno, Perú

Este grupo, conformado por personas alineadas a empresas madereras, bajo el eslogan “desarrollo para Loreto” quieren desaparecer a los pueblos indígenas, a quiénes los perciben como los culpables del subdesarrollo de la región, asociando el reconocimiento de las  reservas indígenas con la pobreza debido a que, en dicho territorio,  no se pueden realizar actividades extractivas. 

¿Son los pueblos indígenas los perpretradores del subdesarrollo de Loreto, o se esta queriendo tapar los ojos de la población en beneficio de pocos?

En la región de Loreto un sector muy reducido es el que se beneficia de la extracción de madera. Los permisos otorgados por el GOREL de manera ilegal -esto es inobservando la Ley Forestal- vulneran los derechos de los PIACI. La vulneración llega a tal nivel que según la  Organización Internacional de las Maderas Tropicales – OIMT (2003) se estimaba que entre el 70% a 90% de la caoba y cedro extraído de los bosques peruanos eran de origen ilegal. Del mismo modo, en 2006, el Banco Mundial estimó que el 80% de la madera peruana era talada de forma ilegal

Esta ilegalidad trajo además como consecuencia la muerte de varios lideres indígenas, que fueron asesinados por defender el bosque amazonico. Uno de ellos, Edwin Chota, quién venia denunciando que una mafia de traficantes de madera ilegal operaba en la frontera de Perú y Brasil, dentro del territorio de su comunidad.

El sector forestal peruano, en particular el de la región Loreto, se ha caracterizado por sus altos niveles de informalidad e ilegalidad. El Estado peruano no solo no ha implementado medidas de protección en dichas áreas, sino que aun conociendo el grave peligro que afrontan los PIACI, se sigue promoviendo la extracción de recursos naturales en sus territorios. La invasión de estas áreas por una serie de personas y empresas dedicadas a actividades de extracción forestal puede significar la expansión de enfermedades como la gripe e influenza, el Covid-19 (enfermedades que son letales para los PIACI), lo que significaría la aniquilación de los pueblos mencionados. 

El negacionismo, expresado por este grupo, a lo único que llevaría  es al exterminio de estos pueblos, tal como sucedió en la epoca del caucho. De acuerdo a lo planteado por Alberto Chirif y Juan Carlos Ruiz en su artículo “Una Comisión de la Verdad  debe investigar qué paso con los pueblos indígenas en la etapa del caucho”, existieron dos procesos para el exterminio de los pueblos indígenas: “1) Limpiar el área de la población indígena, para luego mediante sus propios trabajadores, dedicarse a la recolección de las gomas. 2) Enganchar a la población mediante el sistema de habilitación, que creaba deudas impagables en los habilitados, que eran trasmitidas de padres a hijos (…)”. 

Lo que está sucediendo actualmente en Loreto es un escenario similar:  exterminar a los pueblos en aislamiento para que personas vinculadas a empresas madereras tengan el camino libre para extraer los recursos naturales que existe en su territorio ancestral. En ese entender, nos preguntamos, ¿el exterminio de los PIACI es la solución para que Loreto supere la enorme desigualdad en cuanto a sus condiciones de vida? La respuesta es no, pues las necesidades básicas insatisfecha no se resolveran negando los derechos de otros pueblos. Un auténtico desarrollo sostenible es respetuoso de los derechos humanos y de las normativas internacionales. 

Al respecto la Declaración de las Naciones UnidasSobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ha señalado qué “los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblo sidistintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningun otro acto de violencia, incluido el traslado forzado de niños del grupo a otro grupo”.

¿Son intangibles los territorios de los pueblos en situación de aislamiento?

El fundamento de esta intangibilidad está en el principio de respeto al núcleo mínimo de derechos intangibles. Este principio debe ser interpretado en consonancia con el principio de irrenunciabilidad de derechos, en virtud del cual, bajo ninguna circunstancia se puede obligar o compeler a los pueblos indígenas a renunciar a sus derechos reconocidos por derecho internacional de los derechos humanos, el Convenio 169 de la OIT y la Constitución. 

Esto implica que, al momento de analizarse los impactos que conllevaría una supuesta derogación de la Ley PIACI, deben evaluarse con sumo cuidado y distinguirse aquellos derechos que pueden ser limitados en el marco de una ponderación entre derechos que, por su propia naturaleza, son intangibles. En ese sentido, debemos tener claridad que el derecho de los PIACI a la vida, a la salud, a la integridad, a la existencia como pueblo indígena, a la conservación de la identidad cultural y a vivir en un medio ambiente adecuado y equilibrado, no pueden ser objeto de restricción, limitación o afectación por medida estatal alguna.

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indígenas

Son diversos derechos, principios y reglas del propio reglamento que se han violentado, y aunque quiera hacerse pasar por un proceso limpio, objetivo y meritocrático, es una simulación que apunta a la peor de las etapas del TC y, con él, de nuestra frágil democracia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un mensaje urgente de preocupación, indicando que hay estándares supranacionales que atender en la selección de un tribunal tan importante. Estos involucran a toda autoridad pública y a todo ciudadano, lo que incluye a un juez o una jueza que pueda tener en sus manos una necesaria demanda de amparo que, esperemos, no se demore en llegar. Mientras tanto, es la inconstitucionalidad y la violación de estándares supranacionales lo que prevalece en esta elección.

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Tribunal Constitucional
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