Instituto de Defensa Legal

En segundo lugar, azuzar y mantener el miedo resulta también efectivo para la práctica política. La sociología ha investigado muy bien el miedo como un instrumento de control social. Una población temerosa es capaz de otorgar mayor poder a quien aparentemente le garantice seguridad. Por ello la venia con los estados de emergencia, la militarización de la seguridad pública y un mayor retorno de poder dirimente de las Fuerzas Armadas y la Policía. Es un silencioso retorno a las prácticas autoritarias, el abuso del decretismo y con ello el resquebrajamiento de la democracia. Mientras tanto, una ciudadanía pasiva, temerosa y delegativa deja que poco a poco vayan ganando mayores espacios y cediendo derechos a los sectores más antidemocráticos del sistema político.

Por el panorama que se puede apreciar, parece que estas elecciones municipales en Lima serán nuevamente cuatro años perdidos de gestión. El premio consuelo de la alcaldía, para quienes están dispuestos a dejar el cargo si se convocara a elecciones generales, no nos trae la mejor de las expectativas. Y en este proceso, las garantías de una ciudad sin miedos ni inseguridades, ¿qué tan favorable les resulta verdaderamente a nuestros políticos? ¿Es rentable que la inseguridad deje de ser uno de los principales problemas del país? Por lo visto, por el momento no. 

 

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inseguridad ciudadana

Después de 38 años de incansable lucha, los familiares sienten que les han hecho justicia y exigen que se les brinden información sobre el lugar en el que se encuentran sus familiares desaparecidos.

Estos son los nombres de las víctimas de Farfán Araujo: Marino Cuya Villagaray, Zozimo Villagaray Tinco, Elario Noa Villagaray, Fernando Jerónimo Villagaray, Fortunato Méndez Huamancusi, Ernesto Allaccaco Ucharima, Alejandro Sacatoma Allccaco, Emiliano Huamani Huamán, Julián Inca Huamán, Luciano Maldonado Tinco, Bernardo Ipurre Tacsi, Marcos Díaz Bautista, Alejandro Oncebay Cuba, Antonio Apari García, Placido Rosalio Torres Díaz, Renación García Palomino y Lázaro Palomino Apari.

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IDL

La actual gestión, lamentablemente, está abriendo un sin fin de incertidumbres para, bajo un errado y aún desconocido concepto de evaluación del desempeño de casos de corrupción y complejos, retirar sin más (porque ningún fiscal provisional removido ha tenido a la mano previamente el informe que lo saca de las investigaciones que trabajaba, o ha tenido la oportunidad de decir algo sobre su evaluación), a fiscales de casos que involucran a operadores de justicia (incluso en actividad) e incluso a la hermana de la fiscal de la Nación. Se suma el retorno de personajes que hicieron méritos para que ya no estén en la actual historia fiscal. La contratación de personas cercanas a anteriores gestiones cuestionables, al poder político que antes tuvo impunidad, muestra que estamos en franco retroceso. El repetido “orden, firmeza y celeridad” se está haciendo violando la ley. Sí, la nueva gestión está violando la ley: ¿dónde está el respeto a la Ley de la Carrera Fiscal?, ¿dónde está la prohibición de interferir en investigaciones?, ¿dónde está la prohibición de interferir en casos de familiares?, ¿dónde está la igualdad en el ejercicio de la acción penal, o es que solo importa el caso Castillo?, ¿dónde está la igualdad en la aplicación de la ley?, ¿dónde está el respeto a la independencia de los fiscales?, ¿dónde está la institucionalidad? 

Esto compromete gravemente a la actual gestión fiscal y a todas las autoridades que deben hacer el control. Mientras el Parlamento solo tiene como agenda principal a Castillo en la que va y viene, la Junta Nacional de Justicia brilla por su ausencia. Pero la ley es la ley y los tiempos para hacerla respetar no han proscrito.

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Fiscalía, Gobierno

Desde el inicio de las investigaciones hemos podido apreciar dos momentos en la estrategia legal de su defensa. Al inicio el presidente por un lado mostraba una aparente voluntad de colaboración con las investigaciones, pero su defensa, sobre todo desde la decisión de Pablo Sánchez, ha buscado impedir y/o destruir las investigaciones. En este escenario la decisión de juez supremo Juan Carlos Checkley que declaró estrictamente legal y constitucional la decisión de Sánchez de continuar las investigaciones del Ministerio Público ha sido uno de los dos más duros reveses que la estrategia del presidente ha sufrido. Si el presidente y su defensor creían que la equivocada interpretación que durante décadas estuvo instalada en la Fiscalía de la Nación aquella decisión del juez supremo los dejó completamente desamparados.

Luego, tras el inicio de las otras investigaciones, pero sobre todo de las últimas que han involucrado a sus familiares directos como su esposa y su cuñada/hija, hemos pasado a un momento en el que el discurso político y la acción legal son una sola. Ya no tenemos expresiones de colaboración, sino todo lo contrario. Ahora el presidente y el coro estable de ministros – escuderos denuncian la supuesta existencia de un complot de todo el sistema de justicia contra su persona. Y desde la defensa es evidente que el objetivo no ha cambiado: impedir el curso de la investigación.

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Estado, Fiscalía de la Nación, Presidente Castillo

Parece que pocos quieren darse cuenta de que la frase “Que se vayan todos” no solo implica un cambio de autoridades vía elecciones y punto. Es un hartazgo contra el sistema político que poco a poco va escarbando hasta la raíz e involucrará el armatoste sobre el que se sostiene. Se está creando una situación de ingobernabilidad a futuro, producto de un clima de polarización política y fractura social, que de lejos trasciende la figura de Pedro Castillo. El miedo al cambio de los sectores políticos conservadores, e incluso de los progresistas liberales, no ha hecho más que sembrar semillas sobre las cuales no se sabe qué cosecha tendrán. Y para desdicha de todos nosotros, se convertirá en un ciclo irrefrenable de crisis políticas, o peor aún, de autoritarismos para intentar apagar los incendios que vendrán.

Historia ya conocida, lamentablemente.

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Presidente Castillo

El pasado jueves, el último proyecto de ley de este tipo fue aprobado con 105 votos a favor. Un proyecto de ley que buscar modificar la Ley de Migraciones para, entre otras cosas, obligar a que las personas que alquilen inmuebles en el país lleven un control identitario y documentario de sus inquilinos si estos son extranjeros y reporten cualquier irregularidad a la Superintendencia Nacional de Migraciones, a riesgo de ser multados en caso de no hacerlo.

En un país donde casi el 80 % de las viviendas alquiladas son informales —es decir, no declaran ni tributan— el Congreso busca convertir a los arrendatarios en pseudofuncionarios de Migraciones y policías encubiertos. Una especie de Gestapo para aquel país ubicado entre la línea ecuatorial y el trópico de Capricornio.

Y ese es solo uno de cincuenta proyectos y una de tantas razones que demuestran que, en el Bicentenario de nuestra Independencia, decidimos como nación elegir a un Parlamento que es orgullosamente homófobo, xenófobo, aporofóbico, “terruqueador” y que está lleno de cuentos sobre realidades paralelas pero que, lamentablemente, refleja muy bien la sociedad que somos. Ojalá no tengamos que esperar hasta el Tricentenario para ver algún cambio, por más de que ello solo parezca otro cuento de Bradbury.

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Economía, migración venezolana, Pedro Martínez Talavera, Pobreza

¿Puede la prensa limeña darse la prerrogativa de asignar cuáles son o no los derechos de las comunidades campesinas? Esta ha sido la oportuna ocasión que muchos han tenido para destilar prejuicios sobre una realidad que desconocen. Lo sorprendente es que “ilustres” académicos se sumaron a este cargamontón desde un nada disimulado clasismo. Algunos se han atrevido a decir incluso que este no es el actuar común de las rondas y que habría detrás un elemento azuzador. Negar la agencia y las posturas políticas que pueden asumir las organizaciones sociales —nos gusten o no— es más bien el camino contrario del que se acusa al activismo: romantizar las rondas, o más bien tratarlas como sujetos infantiles, carentes de capacidad de decisión.

Miremos en panorámica. ¿Por qué ocurren hechos como este, y pueden volver a ocurrir? ¿Qué ha llevado a que una comunidad actúe de manera hostil contra periodistas? Para nadie es sorpresa la pérdida de credibilidad del periodismo peruano, y también el deterioro de su legitimidad frente a la sociedad en los últimos tiempos. La grosera postura política que asumieron los medios, durante la campaña presencial, y en particular contra Pedro Castillo, viene pasando factura. Y no es que el cargamontón contra el actual presidente sea solo una preocupación de sus simpatizantes, sino incluso de quienes estando descontentos con el Gobierno ven en el periodismo mismo un peligro contra los principios democráticos más básicos.

Esto, en efecto, es un duro golpe para la legitimidad de los medios. Y lo es peor cuando no existe control ni sanción sobre la prensa, o siquiera un proceso de autocrítica sobre su papel en este proceso de crisis política y fractura social. Frente a grandes retos se esperan grandes respuestas. Y los medios no han estado a la altura de las circunstancias, sino más bien respondiendo a intereses que llamaremos “particulares”, solo por utilizar un eufemismo. ¿Qué ha ocurrido? Se puede hacer un desfile de hechos: desinformación, ataques, criminalización, parcialización abierta, entre otros tantos. Los medios han sido actores activos de esta crisis, para nadie es sorpresa.

¿El papel de los medios justifica algún tipo de agresión contra ellos? Por supuesto que no, y desde esta tribuna lo rechazamos claramente. Pero sí ayuda a entender que los ánimos vienen caldeándose desde hace algún tiempo, y es necesario que los medios puedan asumir su responsabilidad sobre los mismos, haciendo mea culpa. Las comunidades tendrán que responder sobre su responsabilidad también; claro, si alguna vez les dejaran tener igual voz y resonancia que el poder mediático. ¿Se abrirá entonces un diálogo entre medios y sociedad civil intentando apaciguar este delicado momento de tensión y recuperando la legitimidad de los primeros? Me parece que están muy lejos de seguir ese camino y que se echará más leña al fuego, intentando aprovechar políticamente este incidente para desestabilizar al Gobierno. Y ya lo vienen haciendo. El detalle es que este fuego termina por quemarnos a todos, y los medios muy librados no están de su propio carácter corrosivo.

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medios de comunicación, Rondas campesinas, secuestros

Existe, además, un grave problema de fondo que el Estado no logra atender: el incremento de la violencia contra las comunidades rurales, especialmente indígenas, sobre todo en la Amazonía. La proliferación de economías ilícitas, por ejemplo, es un problema cotidiano que se traduce en una urgente necesidad de seguridad. Actividades como el narcotráfico, la tala, el tráfico ilegal de especies silvestres o la minería ilegal continúan expandiéndose o consolidándose por todo el territorio nacional sin que las autoridades tengan los medios o la voluntad para frenarlas.

Desde un punto de vista interseccional, este fenómeno se hace más complejo entre los pueblos indígenas por dos razones. La primera es su especial vulnerabilidad frente a las agresiones de organizaciones criminales, al ser núcleos reducidos de población asentados sobre grandes extensiones de tierra (la comunidad de Saweto, donde fue asesinado el líder Edwin Chota, tiene 78 mil hectáreas en la frontera con Brasil). La segunda es la autonomía de la que gozan en virtud del derecho internacional. Es en base a ella que, en ausencia del Estado, han conformado sus propios cuerpos colectivos de seguridad, muy por encima de las rondas o las juntas vecinales. Para los shipibos o los kakataibos, reciben el nombre de guardias. Para los awajún, es el comité de reservistas. Para los asháninkas, además de los CAD, existen los ovayeriite (o el ejército) y la seguridad indígena.

Todo lo dicho tiene la intención de complejizar el debate. A nuestro juicio, no caben espacios para las opiniones totalizantes. Ciertamente, los CAD han probado su vigencia y utilidad como mecanismo de autoprotección en la selva central, aunque transpolar dicha experiencia a otras regiones del país sin una orientación clara no solo sería peligroso, sino también contraproducente. En ese sentido, como sugiere Matías Pérez, es preferible entablar un diálogo con las organizaciones indígenas de los ríos Ene y Tambo para una eventual modificación a la norma y delimitar su ámbito de aplicación territorial, antes que optar por su derogatoria.

Otro error, sin duda, es el de homogeneizar las funciones de seguridad que corresponden a poblaciones indígenas y no indígenas. Una junta vecinal no puede equipararse a una ronda campesina o nativa, mucho menos a una guardia que refleja la organización de pueblos en vez de solo comunidades. Para los pueblos, cualquier iniciativa legal debe reconocer un régimen diferenciado que garantice su autonomía, en el marco del respeto a los derechos humanos. Además, deben contar con asistencia especial del Estado para evitar que se expongan a peligros que sobrepasen sus capacidades de autoprotección.

Al respecto, hubiera sido más oportuno que el Congreso evalúe la nueva ley de CAD en conjunto con la propuesta de ley sobre seguridad indígena amazónica. Ahora, no obstante, cualquier reforma legal debe excluir a los cuerpos colectivos de seguridad indígena para garantizar su reconocimiento oficial con independencia de las Fuerzas Armadas. Sin duda, ello no quiere decir que los pueblos indígenas que tradicionalmente han recurrido a los CAD deban dejar de hacerlo. Esta decisión corresponde también a su autonomía.

Existe un factor adicional y transversal que no puede dejarse del lado en la nueva ley: el rol claudicante del Estado en garantizar la seguridad de los pueblos y organizaciones indígenas. La norma falla también porque evidencia la renuncia de las autoridades a cumplir con esta obligación, donde su respuesta a la violencia ha sido fragmentada, errática y absolutamente limitada. Una eventual reforma debe servir para establecer mecanismos horizontales de coordinación entre los cuerpos de seguridad indígenas –incluyendo a los CAD, cuando corresponda– y estatales, con mayores responsabilidades para estos últimos.

Finalmente, en el escenario actual de abandono estatal, ¿tiene sentido negar el relanzamiento de los CAD también en las zonas donde ha probado tener éxito? Aunque aún no encuentro una respuesta concluyente, dos cosas son seguras: la discusión es más rica y compleja que la derogatoria exprés de la nueva ley, mientras que deben priorizarse las propuestas de solución que fluyan de abajo hacia arriba y no al revés.

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CAD, Comités de Autodefensa

Con una trayectoria de más de veinticinco años en el Ministerio Público, le esperan duras presiones en el doble rol que le toca desempeñar en la entidad, no solamente jurídico sino también político y administrativo. Ciertamente, lo mínimo que podemos esperar de ella es que no retroceda lo avanzado en las investigaciones fiscales en curso.

Pero no solamente son los temas políticos más mediáticos los que se tiene que atender desde la Fiscalía de la Nación, en un país tan diverso y con tantas desigualdades sociales como el nuestro. Los defensores ambientales en las comunidades indígenas llevan años reclamándole al Estado, centralizado en Lima, un verdadero acceso a la justicia que impida que sigan siendo asesinados por mafias que gozan de impunidad en los últimos rincones del país.

De igual manera, es vital que Benavides Vargas defienda su fuero y se mantenga independiente de los poderes políticos y fácticos en un momento crucial en que diversas fuerzas, incluso contendientes políticos a quienes los une la impunidad, se unen para sabotear la labor fiscal. Cabe recordar que, hace unos días,  el premier Aníbal Torres presentó un cuestionable proyecto de ley para   castigar, incluso con cárcel, a jueces y fiscales quienes realicen filtraciones de información de procesos judiciales a la prensa.

 

 

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Fiscal, Fiscalía
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