Las primeras investigaciones del caso Lava Jato y de los negociados de la empresa brasileña Odebrecht, en los diferentes niveles del Estado peruano, fueron mostrando en su estado natural a quienes más gritaban que luchaban contra la corrupción, pero llevaban años perpetrándola. La labor de fiscales como José domingo Pérez y Rafael Vela Barba, y las primeras sentencias del juez Carhuancho, empezaron a dar la impresión de que por fin teníamos un sistema de justicia que sí quería castigar todos estos delitos.
Pero mientras más avanzaba el trabajo fiscal, más se fue intensificando la arremetida contra quienes buscaban la verdad. Políticos como Keiko Fujimori y Alan García necesitan a fiscales como Pedro Chávarry y a jueces como César Hinostroza para seguir sintiéndose seguros. En los chats de “la botica” los congresistas fujimoristas dejaban en claro que proteger a estos oscuros personajes era cuestión de vida o muerte.
El exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, intentó destituir a los fiscales Pérez y Barba, pero no pudo: la arrolladora respuesta ciudadana lo impidió. Por su parte, Tomás Aladino Gálvez intentó controlar la Junta Nacional de Fiscales Supremos, pero tampoco lo consiguió.
Es verdad que no hemos llegado a los niveles de Fujimori y Montesinos, quienes generaron una institucionalidad paralela para consagrar el robo de las arcas públicas, pero es innegable que, desde hace años, existe dentro del sistema de justicia una maquinaria eficaz para asegurar la impunidad de los criminales. La hoy conocida red de “Los cuellos blancos del puerto”, eran una suerte de impunidad por delivery para el mejor postor. Prebendas, favores políticos y puestos clave para los amigos eran cotidianos en una maraña que se extendía por las oficinas del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Tras el referéndum, llegó la Junta Nacional de Justicia que luego de revisar los nombramientos a dedo hizo lo que tenía que hacer: sacar a estos personajes del Poder Judicial y el Ministerio Público. En la Junta Nacional de Fiscales Supremos quedaron solo dos miembros de los seis originales: Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, quienes por su labor sufrieron maltratos. En el caso de Ávalos, el acoso llegó hasta su propia familia. Posteriormente se nombró a dos miembros más entre quienes está la recientemente nombrada fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas.
Con una trayectoria de más de veinticinco años en el Ministerio Público, le esperan duras presiones en el doble rol que le toca desempeñar en la entidad, no solamente jurídico sino también político y administrativo. Ciertamente, lo mínimo que podemos esperar de ella es que no retroceda lo avanzado en las investigaciones fiscales en curso.
Pero no solamente son los temas políticos más mediáticos los que se tiene que atender desde la Fiscalía de la Nación, en un país tan diverso y con tantas desigualdades sociales como el nuestro. Los defensores ambientales en las comunidades indígenas llevan años reclamándole al Estado, centralizado en Lima, un verdadero acceso a la justicia que impida que sigan siendo asesinados por mafias que gozan de impunidad en los últimos rincones del país.
De igual manera, es vital que Benavides Vargas defienda su fuero y se mantenga independiente de los poderes políticos y fácticos en un momento crucial en que diversas fuerzas, incluso contendientes políticos a quienes los une la impunidad, se unen para sabotear la labor fiscal. Cabe recordar que, hace unos días, el premier Aníbal Torres presentó un cuestionable proyecto de ley para castigar, incluso con cárcel, a jueces y fiscales quienes realicen filtraciones de información de procesos judiciales a la prensa.
