El presidente Castillo ha sumado seis investigaciones por la supuesta comisión de diversos delitos en agravio del Estado y desde el momento en que el Fiscal Pablo Sánchez decidió no solo abrir una investigación sino disponer el desarrollo de los actos de investigación necesarios la situación legal del presidente solo ha tenido una dirección de grave empeoramiento. De hecho, no es exagerado decir que Pedro Castillo literalmente ha dejado de gobernar para dedicarse a tiempo completo a defenderse. Sin mucho éxito ciertamente.
Desde el inicio de las investigaciones hemos podido apreciar dos momentos en la estrategia legal de su defensa. Al inicio el presidente por un lado mostraba una aparente voluntad de colaboración con las investigaciones, pero su defensa, sobre todo desde la decisión de Pablo Sánchez, ha buscado impedir y/o destruir las investigaciones. En este escenario la decisión de juez supremo Juan Carlos Checkley que declaró estrictamente legal y constitucional la decisión de Sánchez de continuar las investigaciones del Ministerio Público ha sido uno de los dos más duros reveses que la estrategia del presidente ha sufrido. Si el presidente y su defensor creían que la equivocada interpretación que durante décadas estuvo instalada en la Fiscalía de la Nación aquella decisión del juez supremo los dejó completamente desamparados.
Luego, tras el inicio de las otras investigaciones, pero sobre todo de las últimas que han involucrado a sus familiares directos como su esposa y su cuñada/hija, hemos pasado a un momento en el que el discurso político y la acción legal son una sola. Ya no tenemos expresiones de colaboración, sino todo lo contrario. Ahora el presidente y el coro estable de ministros – escuderos denuncian la supuesta existencia de un complot de todo el sistema de justicia contra su persona. Y desde la defensa es evidente que el objetivo no ha cambiado: impedir el curso de la investigación.
Desde el inicio de las investigaciones hemos podido apreciar dos momentos en la estrategia legal de su defensa. Al inicio el presidente por un lado mostraba una aparente voluntad de colaboración con las investigaciones, pero su defensa, sobre todo desde la decisión de Pablo Sánchez, ha buscado impedir y/o destruir las investigaciones. En este escenario la decisión de juez supremo Juan Carlos Checkley que declaró estrictamente legal y constitucional la decisión de Sánchez de continuar las investigaciones del Ministerio Público ha sido uno de los dos más duros reveses que la estrategia del presidente ha sufrido. Si el presidente y su defensor creían que la equivocada interpretación que durante décadas estuvo instalada en la Fiscalía de la Nación aquella decisión del juez supremo los dejó completamente desamparados.
Luego, tras el inicio de las otras investigaciones, pero sobre todo de las últimas que han involucrado a sus familiares directos como su esposa y su cuñada/hija, hemos pasado a un momento en el que el discurso político y la acción legal son una sola. Ya no tenemos expresiones de colaboración, sino todo lo contrario. Ahora el presidente y el coro estable de ministros – escuderos denuncian la supuesta existencia de un complot de todo el sistema de justicia contra su persona. Y desde la defensa es evidente que el objetivo no ha cambiado: impedir el curso de la investigación.
