[PIE DERECHO] La situación de entrampamiento que ha generado la crisis de la Fiscalía de la Nación, al descubrirse el trasiego de votos parlamentarios a cambio de impunidad para un grueso número de congresistas, la decisión de Patricia Benavides de no renunciar, la imposibilidad de la Junta Nacional de Justicia de removerla, la implicación del Ejecutivo en el “juego de tronos” puesto de manifiesto detrás de las broncas internas del Ministerio Público, solo se va a resolver con una salida política, más allá de lo legal.
El tejido institucional del país está colapsado, el descrédito ciudadano de prácticamente todas las instituciones vigentes es enorme, la democracia se ha convertido en una quimera formal, la crisis política destruye la confianza empresarial para invertir, no hay salida a la crisis económica mientras ello perdure, el país se desangra con una pésima gestión ejecutiva del gobierno, en suma, una coalición de factores que lo único que permiten avizorar es que la situación va camino a empeorar.
Y el riesgo mayor es que esa pendiente de deterioro nos conduzca a unas próximas elecciones generales en las que el ciudadano vote con el hígado, repitiendo la debacle del 2021, en las que un candidato funesto, como Pedro Castillo, terminó de presidente, con los resultados consabidos. Al paso que vamos, si se mantiene el gobierno de Dina Boluarte hasta el 2026, el escenario va a ser peor.
Hoy más que nunca recobra sentido resetear el escenario. Y eso pasa por adelantar las elecciones generales, tanto presidenciales como congresales. Ello no resuelve la crisis institucional del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo ni de la Junta Nacional de Justicia, pero abre un escenario bajo el cual, todos esos problemas pueden ser afrontados por una clase política nueva y no con la deleznable que hoy nos rige.
Lo más expeditivo sería que la presidenta Boluarte, consciente de sus limitaciones, renuncie y precipite un adelanto de elecciones, pero queda claro que ella está muy lejos de evaluar siquiera esa salida. Bueno, pues, que el Congreso, ampayado en triquiñuelas ilícitas, tome consciencia de la magnitud de la crisis y proceda a la vacancia presidencial por el tema de los muertos en las protestas, que más allá de la torpe maniobra de la fiscal Benavides, sí es un asunto que golpea la línea de flotación del régimen.
Y que sea un nuevo Congreso el que limpie la cancha y reconstruya la institucionalidad dañada del país. No se avizora otra salida a la crisis institucional del Perú. Podría irnos peor, sin duda, es un riesgo, pero al menos sabemos, a ciencia cierta, que si seguimos como estamos, vamos camino al abismo.
Uno de los aspectos de más ingrato recuerdo en la historia judicial reciente del país es el trato especial y la protección legal que la Junta Nacional de Justicia ha brindado en los últimos años a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, algo que no tiene antecedentes en la historia judicial del país.
Hay hechos que considerados en conjunto y en contexto revisten gravedad y que no pueden ser pasados por alto.
En primer lugar, resalta el hecho de que en la entrevista del 3 de noviembre del 2022 para ser ratificada o no en el cargo de Fiscal Suprema los miembros de la Junta Nacional de Justicia no hicieron una sola pregunta a Zoraida Ávalos acerca de los certificados falsos que habría utilizado para acceder al cargo de Fiscal Suprema en el año 2013, pese a que ella tocó el tema. Ningún miembro de la JNJ siquiera se molestó en realizar una pregunta tangencial, de refilón o para salvar la vergüenza sobre un asunto tan delicado, serio y que revestía extrema gravedad a lo largo de los 65 minutos que duró la entrevista.
Para los miembros de la JNJ no había nada de interés público y de relevancia en el hecho de que se afirmara que una Fiscal de la Nación habría utilizado documentos falsos para participar y pasar con las justas el examen curricular cuando postuló al cargo de Fiscal Supremo y salió nombrada. El hecho es sumamente extraño y revelador debido a que diversos medios de comunicación se habían ocupado del tema con evidencias fílmicas contundentes acerca de la fábrica de documentos falsos a la que habría acudido Zoraida Ávalos y otros magistrados para tratar de mejorar su curriculum.
La total inercia, ni siquiera pasividad, de los miembros de la Junta Nacional de Justicia para tratar el cuestionamiento más grave que tenía Zoraida Ávalos alrededor de los certificados falsos de LIBREJUR es verdaderamente aleccionador en lo jurídico y en lo ético tanto para todos los jueces y fiscales como para todos los estudiantes de derecho del Perú, pues nos enseña que se puede acusar a una persona de haber matado, robado o violado y se puede llegar a absolverla, frente a la gravedad de los cargos y el peso de la evidencia, sin preguntarle al sospechoso si efectivamente mató, robó o violó.
Incluso, un miembro de la JNJ, en el colmo de su simpatía y apoyo a Zoraida Ávalos en la entrevista le preguntó acerca de las “expectativas a futuro en lo personal e institucional” en el Ministerio Público, sellando por anticipado lo que se veía cantado: su segura ratificación por unanimidad. No se le preguntó sobre los hechos pasados extremadamente graves que se la atribuía, sino sobre su cómodo futuro en la Fiscalía que ya tenía asegurado con una pregunta de regalo. Otro miembro de la JNJ en la entrevista resaltó el “coraje” de Zoraida Ávalos, además, de enaltecer la figura personal de la entrevistada como si el acto de ratificación fuera una reunión de amigos o una charla de café.
Para los incrédulos acerca de la entrevista de Zoraida Ávalos por la Junta Nacional de Justicia se puede ver el enlace:
En segundo lugar, la JNJ, el 23 de mayo del 2023 emitió un comunicado público en la que mostraba su total respaldo a Zoraida Ávalos en el trámite de la acusación constitucional que se vería al día siguiente en el Congreso de la República. Tal fue el grado de apoyo de la JNJ que se permitió “invocar respetuosamente, a las señoras y señores representantes en el Congreso de la República, la mayor reflexión en torno de la acusación constitucional que se tramita contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos”.
La JNJ de la manera más descarada hizo suyo el principal argumento de defensa de Zoraida Ávalos y lo dejó en claro en su comunicado que no se puede pretender sancionar a un fiscal por “el criterio jurídico adoptado en el ejercicio legítimo de la función fiscal, como expresión de su propia independencia”. Se debe resaltar que la JNJ en ningún otro caso distinto al de Zoraida Ávalos emitió un comunicado o pronunciamiento a favor de la defensa de un magistrado (del Poder Judicial o del Ministerio Público) cuya independencia o autonomía se podía ver amenazada como puede ser, por ejemplo, el caso de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Vargas, que son objeto de campañas mediáticas de demolición.
La JNJ dejó sentado en su comunicado que lo importante para sus miembros no era tanto la preservación de la independencia de los jueces y fiscales, sino garantizar que Zoraida Ávalos no sea removida de su cargo como Fiscal Suprema titular por el Congreso de la República. ¿En los cuatro años que viene funcionando la JNJ el único caso en el que se amenazaba la independencia de un Fiscal era el de Zoraida Ávalos? Para la JNJ vivimos en un país de ensueños en cuanto al sistema de justicia, ya que en el único caso que se consideró que se amenazaba la independencia de un Fiscal era en la investigación que se seguía en el Congreso contra Zoraida Ávalos.
En tercer lugar, una de las muestras de mayor protección e incondicionalidad de la JNJ con Zoraida Ávalos es su absoluta indiferencia y total desconexión con la realidad respecto a los hechos relatados en las publicaciones de Sudaca que se han presentado contra Zoraida Ávalos y que han generado cero investigaciones de oficio por parte de la JNJ, pese a la gravedad de las publicaciones, lo que difiere de otros casos en los que por hechos menos graves se abrió investigación inmediatamente a jueces y fiscales supremos.
Una sanción con sabor a impunidad
Algunos defensores de Zoraida Ávalos advertirán que ella fue sancionada por la JNJ con un mes de suspensión del cargo por el indebido nombramiento como Fiscal Superior adjunta de la hija de su comadre María Zavala Valladares (Carla Estefanía Bourdieu Zavala), miembro de la JNJ, en el distrito Judicial de Piura y que, por tanto, no se puede hablar de que ella fue favorecida indebidamente o recibió un trato especial.
Sin embargo, basta revisar la resolución de la JNJ para advertir que se dio por probado “el vínculo de amistad y comadrazgo entre la investigada y la madre de Bourdieu Zavala” al considerar que “María Zavala Valladares y Zoraida Ávalos Rivera han coincidido en señalar que tienen una relación de amistad desde que estudiaron la carrera de derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, relación que se ha mantenido en el tiempo, incluso la investigada es madrina de la hija menor de aquella; así consta en la declaración testimonial de esta última obrante a fs. 1855, y en las declaraciones de Zoraida Ávalos Rivera de fs. 1003 y 1201”.
Zoraida Ávalos, inclusive, en sus descargos, lejos de reconocer su falta llegó a sostener que: “no existe ningún impedimento legal que configure tal relación de amistad para la aludida designación”, es decir, admitió expresamente que podía manejar al Ministerio Público como si fuera su empresa privada, o algo suyo, y que podía nombrar a los hijos de sus amigos, de sus compadres y comadres como fiscales sin ningún problema.
La gravedad del caso es que Zoraida Ávalos con su puño y letra llegó a firmar la resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 2929-2019-MP-FN del 21 de octubre de 2019 en la que designaba como Fiscal adjunta superior de Piura a: Carla Estefanía Bourdieu Zavala, hija de su comadre y amiga íntima, miembro de la JNJ: María Zavala Valladares.
Se ha consultado a especialistas en temas penales y administrativos sobre el tema y formulan dos observaciones a la decisión de la JNJ de solo imponer la sanción de 30 días de suspensión en el ejercicio del cargo. Un primer cuestionamiento reside en la proporcionalidad de la sanción, ya que en un caso semejante de nombramiento de una juez supernumeraria de la Corte del Callao, la JNJ impuso la sanción de destitución al juez supremo Aldo Figueroa Navarro, pese a que se acreditó que él solo recomendó a que se nombrara como juez a una persona que ya había ocupado cargos semejantes en la Corte de Justicia de Lima y tenía un mejor currículum que la hija de María Zavala; mientras que Zoraida Ávalos nombró directamente, sin rubor y abusando de su cargo, a la hija de su comadre. No es que Ávalos pidió que un tercero la nombrara en el cargo de Fiscal superior adjunta, sino que ella misma firmó la resolución.
Un segundo cuestionamiento, es que la JNJ no deriva ni remite copias al Congreso de la República o a la Fiscalía de la Nación para que se investigue penalmente a Zoraida Ávalos por la comisión del delito de aprovechamiento indebido del cargo y por el delito de patrocinio ilegal, dado el manifiesto conflicto de intereses en los que había incurrido, lo que, según los entendidos, supone cometer el delito de omisión de deberes funcionales.
Resulta grave que la JNJ luego de dar por probada la relación de amistad íntima, de comadrazgo entre Zoraida Ávalos y María Zavala como el claro conflicto de intereses no haya derivado el caso a las autoridades competentes por la probable comisión de por los menos dos delitos.
La Junta Nacional de Justicia no cancela el título de Fiscal Suprema a Zoraida Ávalos
La ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos fue inhabilita por el Congreso de la República mediante la Resolución Legislativa del Congreso número 024-2022-2023-CR que fue publicada en el diario oficial “El Peruano” el 23 de junio del 2023 y en el que se ordena “INHABILITAR por cinco años para el ejercicio de la función pública a la señora Zoraida Ávalos Rivera”.
Sin embargo, la Junta Nacional de Justicia, pese a la decisión del poder Legislativo de ordenar la inhabilitación de Zoraida Ávalos por cinco años no ha cumplido, luego de más de 70 días, con cancelar el título profesional de Fiscal Suprema, tal como lo ordena el artículo 2 inciso h de la Ley N.º 30916 que regula la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia.
En la elaboración de esta nota se ha consultado a dos destacados constitucionalistas quienes al tiempo que pedían reserva de su nombre nos señalaban que la consecuencia inmediata de la inhabilitación efectuada por el Congreso de la República lleva consigo que cualquier funcionario público no solo no pueda seguir ejerciendo la función pública, sino que en el caso de funcionarios nombrados en la administración pública, especialmente, en el caso de fiscales y jueces, se les debe cancelar su título profesional.
Los especialistas consultados nos hicieron ver que el artículo 4 inciso 2 de la ley de la carrera fiscal establece como un requisito general para el ingreso y permanencia en el cargo de Fiscal de cualquier nivel el “Tener el pleno ejercicio de la ciudadanía y los derechos civiles”, situación que se pierde de manera irremediable al ser alguien inhabilitado “para el ejercicio de la función pública”. La inhabilitación implica que a persona se le suspende el ejercicio de poder ingresar o permanecer en el ejercicio de cualquier actividad de la función pública, entre los que se cuenta el cargo de Fiscal Supremo.
Se nos hizo ver que el Tribunal Constitucional peruano tiene zanjada la cuestión en la sentencia del EXP. N° 3760-2004-AA/TC del 18 de febrero del 2005 que tiene efectos jurídicos vinculantes para todos los poderes y organismos públicos. En dicha sentencia se señaló que del artículo 100° de la Constitución como del artículo 89° del Reglamento del Congreso se infiere que el Congreso de la República puede imponer, luego de realizado el procedimiento de acusación constitucional, sanciones políticas que pueden manifestarse de tres formas: 1) la suspensión, 2) la inhabilitación o 3) la destitución del funcionario público. Y que la inhabilitación política es una sanción política discrecional y que es distinta a una inhabilitación administrativa y a la inhabilitación penal. Ella es una sanción política que impone el Congreso de la República a los más altos funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99º de la Constitución por infracción a la Constitución y por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, los mismos que sólo comportan una restricción en el ejercicio de los derechos políticos del funcionario que sea sancionado.
Por su parte, SERVIR (la Autoridad Nacional del Servicio Civil) en el Informe Técnico N° -2022-SERVIR-GPGSC ha señalado, sobre la inhabilitación política, que “tiene como efecto la restricción al derecho de acceso a los cargos públicos derivados de elección, acceso mediante concurso público o de designación; por lo que, el sujeto infractor queda inhabilitado para postular, concursar, ejercer y/o acceder a cualquier cargo o realizar función pública durante el período en que se encuentra vigente la mencionada inhabilitación”.
Los constitucionalistas consultados nos refieren que el funcionario público inhabilitado que no puede ejercer cargo público alguno, ya sea de elección popular o de otro orden, se distingue del caso en que el funcionario recibe una sanción política de suspensión en el ejercicio del cargo en la que luego de cumplida la sanción puede regresar sin problemas a ejercer su cargo anterior. El funcionario público inhabilitado políticamente debe salir, o ser retirado de la función pública, y puede postular a cualquier cargo de la función pública, luego de cumplido su tiempo de inhabilitación.
La Junta Nacional de Justicia parece haber entendido que Zoraida Ávalos ha sido suspendida (y no inhabilitada) en el ejercicio del cargo, ya que solo así se puede explicar su decisión de mantenerla en el Ministerio Público a cualquier costo cuando la decisión correcta es proceder a cancelar su título como Fiscal Suprema.
En relación a la inhabilitación impuesta por el Congreso en la historia política y judicial se tiene el caso de las ex congresistas Luz Salgado y Martha Chávez quienes recibieron una sanción política de inhabilitación de cinco años (tiempo semejante por la que se inhabilitó a la ex Fiscal de la Nación) y que generó que el Congreso de la República mediante la Resolución Legislativa Nº 051-2001-P/CR, publicada en el diario oficial El Peruano el 18 de agosto de 2001, se declaró la vacancia del cargo de Congresistas de la República. Dicha inhabilitación se discutió en la justicia constitucional y el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda presentada en el EXP. N.° 3593-2006-AA/TC del 4 de diciembre del 2006.
En un blindaje reiterado y escandaloso con Zoraida Ávalos, la JNJ ha decidido hacerse de la vista gorda y mirar a otro lado para no remover y sacar del Ministerio Público a la exfiscal de la Nación. Según los especialistas consultados se ha incurrido en el delito de omisión de funciones.
El día de ayer, lunes 19 de junio, Zoraida Ávalos, la exfiscal de la Nación, decidió responder en su twitter personal el artículo que publicamos en Sudaca el día domingo 18 de junio titulado “Zoraida Ávalos y el lobby congresal para que no la inhabiliten en su cargo”.
Se debe reconocer que el hilo de twitter es una respuesta frontal, directa, sin medias tintas y que cuestiona el artículo que publicamos. No sostiene que se trata de afirmaciones falsas o tergiversadas. En realidad, lo que hace la exfiscal de la Nación es tratar de explicar y contextualizar el artículo de Sudaca. Sin embargo, el contenido de sus twitters ha generado una profunda sorpresa que la hemos compartido con algunos hombres de derecho (jueces de la Corte Suprema, fiscales, abogados reconocidos) y todos sin excepción nos han mostrado su molestia e indignación por lo que allí se indica. Una de las personas consultadas nos señaló que posiblemente la cuenta de twitter sea falsa, lo que nos llevó primero a determinar si la cuenta era auténtica. Luego de las indagaciones correspondientes pudimos verificar que efectivamente se trata de la cuenta personal de Zoraida Ávalos no solo porque aparecen fotos suyas y los datos personales, sino porque publica con frecuencia en su twitter información confidencial de la Fiscalía de la Nación que solo ella puede manejar como, por ejemplo, la referencia al contenido de la denuncia constitucional que presentó el 2020 contra el flamante Ministro de Salud César Vásquez Sánchez, quien, según Zoraida Ávalos, “había pedido favorecer a un empresario de Chota, para que le dieran un par de obras a cambio de que los ayude en su campaña al Congreso”. A ello se suma la afirmación recurrente del twitter de hace menos de 15 horas de: “Como he mencionado antes, el sector del Congreso que pretende destituirme y copar el sistema de justicia es el mismo que desestima denuncias constitucionales contra excongresistas. ¿Quién los sanciona? (FIN/)”.
Más allá de la actitud desafiante y confrontacional que tiene la exfiscal de la Nación contra el Congreso de la República, o una parte importante de él, a quien acusa, sin paños fríos, de “desestimar denuncias constitucionales contra excongresistas”, las respuestas que ha brindado a través de su twitter, respondiendo la última publicación de Sudaca sobre ella, conduce a realizar algunas observaciones.
En primer lugar, Zoraida Ávalos ha confesado abiertamente y sin tapujos al país que está realizando lobbies en el Congreso de la República y con congresistas para tratar de impedir la inhabilitación que se discutirá mañana 21 de junio. Ello fluye de la afirmación colgada en su twitter personal el día de ayer, y que no ha desaparecido hasta ahora: “Segunda aclaración. Claro que hay personas ayudándome a explicar a los congresistas mi verdad frente a esta campaña de difamación. ¿Qué pretende? ¿Que me quede de brazos cruzados y que no me defienda?”.
Si la ex Fiscal de la Nación reconoce abiertamente de que “hay personas ayudándome a explicar a los congresistas mi verdad frente a esta campaña de difamación” está admitiendo con total desparpajo que dichas personas son distintas a su abogado defensor que está apersonado en el Congreso de la República (el constitucionalista: Francisco Eguiguren Praeli) e, incluso, a ella misma; lo que supone literalmente el confesar que está haciendo lobby, el litigio de pasadizos y el tarjetazo a nivel de la administración pública y, en su caso, en el Congreso de la República. Nos preguntamos: ¿Puede una Fiscal Suprema en ejercicio, y que recientemente ha sido ratificada por la Junta Nacional de Justicia, aceptar que viene cometiendo una conducta ilegal o, por lo menos éticamente reprochable, de buscar a terceras personas para que hagan lobby a su favor en una institución pública (“explicar a los congresistas mi verdad”)? ¿Cuándo usted era Fiscal de la Nación y ahora Fiscal Suprema titular en ejercicio permitía o permite que terceros hablen en algunos casos que les interesa y expliquen una “supuesta verdad”?; ¿puede un fiscal o juez buscar a terceros (no abogados o abogados no apersonados) para que intercedan en un proceso disciplinario o un proceso penal que se les sigue en su contra? ¿Sabe de esta conducta su abogado defensor o se mantiene al margen?
Lo que ha publicado Zoraida Ávalos ayer en su cuenta de twitter hace sonrojar a cualquier ciudadano, a los abogados y exige un necesario pronunciamiento de los Colegios de Abogados a nivel nacional, ya que con el ejemplo de la exfiscal de la Nación se puede buscar a terceros y a cualquier hijo de vecino para que expliquen “su verdad” en cualquier dependencia de la administración pública; al margen de los procedimientos legales, de las normas jurídicas establecidas y de la representación de un abogado defensor.
Se debe destacar que en un arranque de honestidad Zoraida Ávalos reconoce que “hay personas ayudándome”. En Sudaca nos quedamos cortos. Solo habíamos identificado a una persona: a Malena Chacón Arenas. ¿Quiénes son las demás personas que la ayudan? ¿Trabajan en el congreso o en algún sector de la administración pública peruana? ¿Qué clase de lobby hacen: político, legal o de otro orden?
En segundo lugar, la exfiscal de la Nación al responder el reportaje de Sudaca en relación a los correos que ha enviado a todos los congresistas señala que “Las direcciones de los correos son de acceso público: están en la misma página web del Congreso para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda comunicarse directamente. Enviar los alegatos de mi abogado es solo una forma de ejercer mi derecho a la defensa”. Ello supone la implementación de una reforma legal de facto en todas las instituciones públicas, entre las que se incluye el Ministerio Público, el Poder Judicial y el mismo Congreso de la República, ya que con lo que acaba de hacer Zoraida Ávalos no es necesario mantener más una mesa de partes (física o virtual), porque el ciudadano, litigante o abogado, puede directamente presentar escritos, alegatos o documentos dirigiéndose al correo (personal o institucional) del fiscal, juez o congresista.
Nos preguntamos: ¿a Zoraida Ávalos le parece normal o correcto que los escritos de un caso (judicial o fiscal) se presenten directamente al juez o al fiscal y no ingresen a la Mesa de partes de la institución pública? ¿Cuando era Fiscal de la Nación cuántas veces los escritos de los abogados se dirigían a su correo personal o institucional; y no a la Mesa de Partes de la Fiscalía de la Nación? ¿Usted dio alguna directiva al respecto? ¿Ahora, en el cargo de Fiscal Suprema, los escritos del despacho que maneja también se pueden presentar de manera directa a su correo personal o institucional?
Pese a no ser abogados, no nos imaginamos que a algún abogado en el Perú se le ocurra enviar escritos, documentos o alegatos de un caso al correo (personal o institucional) de los jueces César San Martín Castro; Elvia Barrios Alvarado, Víctor Prado Saldarriaga o de los fiscales supremos Pablo Sánchez Velarde o Juan Carlos Villena Campana.
En el artículo que publicamos nunca discutimos cómo y de qué manera Zoraida Ávalos accedió a los correos de los congresistas; en realidad, lo que analizamos es si una alta funcionaria pública, una exfiscal de la Nación puede acudir directamente al correo (privado o institucional) de los congresistas para presentar los alegatos de defensa que como ella misma admite ya los había presentado formalmente a “la Presidencia del Congreso a través de la Mesa de Partes Virtual”. La respuesta que brindamos fue negativa: toda comunicación o escrito que se presenta en un determinado procedimiento que se sigue en una institución pública (v. gr. Congreso, Ministerio Público o Poder Judicial) debe seguir su trámite regular y debe ingresar a la Mesa de partes (física o virtual). No se debe remitir algún escrito directamente al juez, al fiscal o al congresista, ya que se salta la formalidad y la legalidad del ingreso de la información que se pone en conocimiento del funcionario. Zoraida Ávalos podía, incluso, solicitar a la Presidencia del Congreso que remita en el día y bajo responsabilidad sus escritos a cada uno de los congresistas. Lo que no podía ni debía es presentarlos ella directamente.
En tercer lugar, el ofrecimiento de favores que se hace a su nombre para que no se la inhabilite del cargo es algo que le consta a los congresistas de la República, a algunos asesores y, sobre todo, según lo que se nos indica, hay un audio que se encuentra en manos del Ministerio Público.
En cuarto lugar, la ex Fiscal de la Nación señala que debería preguntarme: “quién sí está en capacidad de ofrecer favores. ¿Lo hará?”; en una franca y abierta referencia a la actual Fiscal de la Nación: Patricia Benavides. Si ello es así y le consta a Zoraida Ávalos, como miembro del Ministerio Público, debería inmediatamente presentar una denuncia penal, debido a que ofrecer favores a cambio de obtener una decisión de un funcionario público es delito aquí en el Perú como en cualquier país civilizado del mundo.
Por último, debemos enfatizar que es mentira que Sudaca o el autor de la nota “se haya sumado a la campaña de mentiras para buscar mi destitución” junto a otros medios de comunicación, ya que, por el contrario, en Sudaca somos consecuentes con la línea periodística que hemos venido manteniendo hace más de dos años al publicar artículos críticos contra la gestión de Zoraida Ávalos como Fiscal de la Nación. Lo que hacemos ahora es simplemente ser coherentes y mantener una línea de independencia, difundiendo información de interés público que puede ser incómoda a personas y funcionarios que gozan de un enorme poder.
Sin embargo, el Fiscal Pérez hizo caso omiso al archivamiento del “delito fuente” sobre el cual basa su acusación de “lavado de activos” contra Briceño. Lo lamentable es que el juez Víctor Zúñiga —que ha devuelto 9 veces la acusación fiscal— dejó pasar este extremo de la acusación contra Briceño. Sin embargo, si no hay delito fuente, no hay lavado de activos. Continuar la acusación es inconstitucional, viola un principio básico del debido proceso penal: a nadie se le puede acusar por una conducta no delictiva.
Briceño ha recurrido a la justicia constitucional a través de un hábeas corpus que ha sido visto por la Segunda Sala Constitucional de Lima el pasado 29 de marzo. Los jueces Roberto Vílchez Dávila (presidente), Eduardo Romero Roca y David Suárez Burgos, tienen en sus manos hacer justicia y encausar el caso “Cócteles” por el camino adecuado, sin manchar honras ni afectar derechos constitucionales básicos.
Sada Goray, en diciembre de 2022 brindó una entrevista a canal N1 en la que señaló que el monto total de las entregas de dinero fue de 4 millones de soles más 20 mil dólares y que además tenía pruebas, las que fueron entregadas a la Fiscalía. La inversión, a modo de coima, que aportó al gobierno de Pedro Castillo fue a cambio del apoyo de los trámites administrativos del Fondo Mi Vivienda con la finalidad de que se emitan resoluciones que le sean favorables, mientras que la entrega de los 20 mil dólares fue para comprar un carro a uno de los sobrinos del presidente Pedro Castillo.
El Equipo 3 del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción que investiga a Sada Goray, Salatiel Marrufo y otros, ha emitido la Disposición N° 5-2023 de fecha 25 de enero de 2023, en la que aceptan en su totalidad la versión de la empresaria en la que subrayan que la suma de dinero entregada por Sada Goray a Salatiel Marrufo fue de 4 millones de soles, obviando por completo la declaración de éste último brindada a dicha Fiscalía en la que confiesa haber recibido una suma de dinero muchísimo mayor.
Se está ante un caso absolutamente inédito e inverosímil, dado que la justicia da por cierta la declaración de una persona que dice haber entregado cuatro millones de soles cuando el receptor del dinero confiesa haber recibido más del doble del dinero (nueve millones de soles). Lo peor de todo es que la declaración de Salatiel Marrufo no solo abunda en detalles, sino que se encuentra corroborada con hechos que Sada Goray ha ocultado dolosamente a la Fiscalía.
Increíblemente Sada Goray no ha sido imputada por organización criminal
Para cualquier ciudadano de a pie y para cualquier persona con dos ojos en la frente Sada Goray ha sido y es la principal financista de la organización criminal liderada por Pedro Castillo. Sin embargo, para la Fiscalía Sada Angélica Goray Chong solo es responsable de los delitos de cohecho activo y tráfico de influencias y se le excluye escandalosamente de la imputación por organización criminal. En la Disposición N° 5-2023 de fecha 25 de enero de 2023 se puede leer algo indignante:
¿Cómo una persona que maneja las riendas del Estado a su antojo en más de tres ministerios a raíz de pagar sumas gigantescas de dinero recibe un trato no solo benigno, sino injusto y se le excluye exprofesamente de la condición de financista de la organización criminal?
No hay explicación racional alguna de por qué una persona que participó activamente, conjuntamente con los demás miembros de la supuesta organización criminal, no se encuentra investigada por dicho delito. Existe claramente un trato discriminatorio y desigual ya que Salatiel Marrufo Alcántara, Jorge Mauricio Fernandini Arbulú y Julieta del Pilar Celinda Tijero Martino han sido imputados por el delito de organización criminal como podemos apreciar a continuación:
Sin embargo, la dueña del negocio, la que orquestó y pagó millones de soles recibe un trato sorprendentemente generoso sin justificación alguna por parte del Ministerio Público; mientras que sus empleados o los intermediarios que la ayudaron a consumar sus delitos son involucrados como parte de la organización criminal. Los que entregaron circunstancialmente el dinero a Salatiel Marrufo son considerados miembros de la organización criminal y la propietaria de los fondos con los que se paga la coima, la dueña del aparato criminal y la verdadera interesada en que el negocio se cierre es excluida del caso de organización criminal.
La explicación de todo: el abogado de Sada Goray ha sido mano derecha y el hombre de confianza de Marita Barreto
Los beneficios y el trato preferente que recibe Sada Goray en el Ministerio Público tiene nombre y apellido: su abogado estrella Telmo Zavala Bayona ha sido por mucho tiempo el hombre de confianza de la Fiscal Superior Marita Barreto (la coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción) al trabajar por muchos años como su fiscal adjunto.
Telmo Zavala Bayona el flamante abogado de Sada Goray, quien la asesora y defiende en la investigación que se le sigue en su contra en el Equipo 3 del Equipo Especial de Fiscales de la Corrupción del poder, ha sido por muchos años el brazo derecho y la persona más cercana a Marita Barreto (por ejemplo, trabajaron juntos en el caso Orellana).
La cercanía del abogado de Sada Goray y la actual coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción ha sido plasmada en un comunicado que hizo el Ministerio Público a la opinión pública en septiembre del 2018. Allí se perennizó que la promoción de Telmo Zavala Bayona como fiscal provincial de lavado de activos contó con la aprobación y el visto bueno de Marita Barreto.
La astucia y habilidad de Sada Goray en los negocios y en el manejo del gobierno de Pedro Castillo ahora se traslada y aplica en su defensa legal en el Ministerio Público. Ha contratado como su abogado a un exfiscal de lavado de activos que por muchos años era el hombre de confianza de Marita Barreto.
La empresaria Sada Goray no solo hacía y deshacía a su antojo en el gobierno de Castillo, sino que continua ahora con sus pillerías controlando la investigación en la Fiscalía.
Una declaración en las playas del Caribe. La Fiscalía gasta en viáticos para que Marita Barreto viaje a tomar la declaración de Sara Goray en Punta Cana
Según el reporte migratorio, Marita Barreto Rivera, la coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción, viajó del 1 al 5 de noviembre de 2022 a República Dominicana y del 31 de enero al 4 de febrero de 2023 a Estados Unidos.
El viaje a República Dominicana, según la Resolución del Ministerio Público número 2312-2022 y 2337-2022-MP-FN, obedece a que la Fiscalía de la Nación autorizó a Kelinda Janampa (en ese entonces fiscal provincial del equipo 3) y a Marita Barreto Rivera (fiscal coordinadora) a que viajen en comisión de servicios al CARIBE, a efectos de que desarrollen diligencias presenciales.
El viaje que se autorizó a Marita Barreto Rivera y a Kelinda Janampa a República Dominicana tenía como único propósito el tomar la declaración de Sada Goray Chong. ¿Tanto es el poder, el manejo y las relaciones que tiene la empresaria en el Ministerio Público que consigue que los fiscales que la investigan hagan un viaje delivery al CARIBE (Punta Cana) a tomar una declaración que podía haberse realizado en el Perú a través de una simple citación de que la persona investigada concurra a la sede de la Fiscalía como es la obligación de cualquier peruano de a pie?
En las investigaciones fiscales a los peruanos pobres se los cita a que declaren en las oficinas de la Fiscalía; a los peruanos ricos y poderosos que han cometido delitos se les toma su declaración en las playas paradisiacas del Caribe.
Consultadas algunas fuentes del propio Ministerio Público si hay una conducta impropia de los fiscales Marita Barreto y Kelinda Janampa; nos señalan que se habría cometido el delito de peculado de uso ya que se han utilizados fondos públicos de manera indebida habida cuenta que la diligencia de Sada Goray podía haberse realizado de modo presencial en las instalaciones del propio Ministerio Público o se podía utilizar los recursos de Google meet o cualquier servicio tecnológico alternativo.
La autoridad, el poder y el crédito de investigación de la Fiscalía ha quedado por los suelos y envía la peor señal a la población en la investigación de la corrupción del poder, debido a que el Ministerio Público brinda un trato privilegiado a criminales confesos que, lejos de someterse a la justicia peruana, piden la gollería que su declaración se tome en el extranjero (en una playa del caribe), pese a que la persona que va a declarar cuenta con la ciudadanía peruana y supuestamente domicilia en el Perú. Un caso paradigmático de justicia delivery.
Lo más grave de todo es que la Fiscal Marita Barreto Rivera viaja al Caribe y no participa de modo alguno en las diligencias que se llevan a cabo. Llama la atención de que la Fiscal Barreto pese a estar autorizada a viajar no haya firmado las actas, sino únicamente lo haya efectuado la fiscal Kelinda Janampa.
¿Por qué motivo tendría que viajar la fiscal coordinadora, si quien se encarga de llevar a cabo las diligencias es la fiscal provincial? ¿Por qué la fiscal Marita Barreto viaja por el motivo de las diligencias y no firma las actas?
El viaje a Estados Unidos de la Fiscal Marita Barreto y el ExFiscal Telmo Zavala: otro caso de justicia delivery
La Fiscal Marita Barreto, utilizando fondos del Estado peruano, ha viajado a Estados Unidos a realizar, según la Resolución N° 203-2023-MP-FN del 25 de enero del 2023, una comisión de servicios que “tiene por finalidad desarrollar diligencias presenciales de carácter reservado, las cuales se señalan en el oficio de visto, en el marco de una investigación a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder”.
Marita Barreto en dicho viaje coincidió en los Estados Unidos con su viejo amigo, ex fiscal adjunto y ahora abogado defensor de la empresaria Sada Goray: Telmo Zavala Bayona.
Como se puede verificar el ex mano derecha de la Fiscal Marita Barreto y actual abogado de Sara Goray: Telmo Zavala Bayona, viajó a los Estados Unidos desde el 29 de enero del 2023 hasta el 7 de febrero del 2023. En dicho país coincidió con Marita Barreto 4 días, entre el 1 al 4 de febrero del 2023.
Mayor exhibición de poder y manejo que Sada Goray en el Ministerio Público, imposible.
Al parecer, cuando se tiene plata y poder todo se puede; total la justicia en el Perú se asemeja a una víbora que solo muerde a los que caminan con los pies descalzos.
1. Entrevista recuperada de: https://www.youtube.com/watch?v=S0kRtXh4Y7c
Es muy probable que el abogado Pedro Grández, defensor oficial de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, así como no explicita el conflicto de intereses al criticar la decisión de la Fiscal de la Nación de remover a su esposa, la fiscal Fanny Quispe Farfán del Equipo del caso “Cuellos Blancos” y de tildar a unos periodistas como rentados que celebran el logro de su campaña previa y anota que ya pueden cobrar el presunto honorario de éxito, busque influenciar en la Junta Nacional de Justicia, donde trabaja temporalmente, para que ratifique como Fiscal Suprema a su defendida y a la vez la JNJ abra proceso disciplinario a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que se atrevió a remover de su posición de poder a su esposa que había logrado en la gestión de Zoraida Ávalos como Fiscal de la Nación.
Audios reveladores que exponen la estrecha relación del operador Jose Luis Cavassa y el control que ejercía en el defenestrado CNM.
El gobierno es un desmadre absoluto. Cada ministro hace -y, sobre todo no hace- lo que buenamente puede, sin el respaldo presidencial suficiente para que sus iniciativas lleguen a buen puerto. Lo que es más grave, resulta evidente que el presidente ni siquiera sabe lo que sus ministros hacen y ni le interesa. Él está más preocupado por la Fiscalía de la Nación que por sus responsabilidades administrativas.
Castillo ha olvidado que es jefe de Estado, no un “sindicalista básico” empeñado en salir bien librado de las desventuras judiciales en las que se ha metido él mismo con su desprolijidad e inmoralidad gestora y que actúa solo en función de presionar, política, mediática y socialmente a los que él considera los responsables de su desgracia (Congreso, medios de comunicación, Fiscalía de la Nación y Poder Judicial). Tenemos un presidente que en la práctica ha hecho abandono de sus funciones.
Desde el inicio de las investigaciones hemos podido apreciar dos momentos en la estrategia legal de su defensa. Al inicio el presidente por un lado mostraba una aparente voluntad de colaboración con las investigaciones, pero su defensa, sobre todo desde la decisión de Pablo Sánchez, ha buscado impedir y/o destruir las investigaciones. En este escenario la decisión de juez supremo Juan Carlos Checkley que declaró estrictamente legal y constitucional la decisión de Sánchez de continuar las investigaciones del Ministerio Público ha sido uno de los dos más duros reveses que la estrategia del presidente ha sufrido. Si el presidente y su defensor creían que la equivocada interpretación que durante décadas estuvo instalada en la Fiscalía de la Nación aquella decisión del juez supremo los dejó completamente desamparados.
Luego, tras el inicio de las otras investigaciones, pero sobre todo de las últimas que han involucrado a sus familiares directos como su esposa y su cuñada/hija, hemos pasado a un momento en el que el discurso político y la acción legal son una sola. Ya no tenemos expresiones de colaboración, sino todo lo contrario. Ahora el presidente y el coro estable de ministros – escuderos denuncian la supuesta existencia de un complot de todo el sistema de justicia contra su persona. Y desde la defensa es evidente que el objetivo no ha cambiado: impedir el curso de la investigación.
Todas las encuestas ratifican que aquello que más mortifica al pueblo peruano es la corrupción, seguida de la delincuencia, frente a la que el gobierno ha mostrado su incapacidad -en ello no se distingue de sus antecesores, valga decirlo-, y el alza del costo de vida, frente al que el régimen no ha sabido reaccionar a tiempo. Todos los ingredientes mencionados en este combo de irritación los suma el gobierno actual, con desparpajo e ineficacia insolente.
No saldrán las calles, pues, en su defensa, sino para echarlo del lugar al que nunca debió llegar y colocarlo en el que se merece, que es la cárcel, por haber sido cabecilla de una organización criminal, instalada con precocidad en las cumbres del poder palaciego.
-La del estribo: soberbia actuación de Ebelin Ortiz y magnífica producción y dirección, en la obra El ocaso de una estrella, sobre los tiempos finales de la extraordinaria Billie Holiday (su último concierto en Filadelfia). Va hasta el 19 de setiembre en el entrañable Teatro Ricardo Blume.
