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Sus manos y jeans tienen manchas de colores por dedicarse a su arte sin descanso. Su corazón está coloreado con humildad y sueños de seguir creando. A sus 39 años, Gerardo Aguirre es uno de los artistas residentes y más característicos de Monumental Callao, el espacio cultural que reúne todo tipo de expresiones artísticas en el distrito chalaco.

También conocido como Sesión DMJC, Aguirre es el maestro grafitero por excelencia de Monumental Callao. Desde 2016 trabaja enseñando las técnicas básicas del graffiti mediante trazos en los muros, sobre todo a niños y adolescentes, pero recibe a toda clase de alumnos. “El éxito de enseñar es saber transmitir y que se lleven la experiencia más bonita del mundo. Hay gente que ha regresado hasta cuatro veces y me han recomendado mucho. Me llamaban diciendo ‘tal persona me pasó tu teléfono’ y así se ha ido moviendo como una cadena”, cuenta el artista urbano que ha recibido interesados por este arte desde Hong Kong, Francia, y Nueva Zelanda.

De la ilegalidad a las galerías

Su relación con el graffiti empezó en 1998, cuando estaba por culminar la secundaria. En ese momento era muy difícil conseguir permisos para pintar paredes, o incluso conseguir, como ahora, que los propietarios de las viviendas ofrezcan sus paredes para el arte urbano. “Antiguamente era más de figurar tu nombre o tu seudónimo. Ibas a las diez de la noche y pintabas muy rápido tu seudónimo en una pared. Era una cosa más ilegal. Yo comencé haciendo los bocetos en mis cuadernos, luego pasé a la spray y luego practiqué en la cochera de mi tía, porque me la ofreció”, cuenta Aguirre.

“Cuando yo comencé a pintar en la cochera, no dije ‘voy a vivir de esto’, pero era algo que me apasionaba, algo que yo sentía que podía seguir haciendo más adelante, pero nunca me imaginé que hoy en día yo iba a vivir de esto”, reflexiona el artista, que cree fielmente que así como algunos pueden vivir del deporte, los artistas también pueden vivir de su trabajo.

Muchas de las coloridas pinturas de la Línea 1 del Metro de Lima son de su autoría. “Trabajé con dos chicos que admiro mucho y que pertenecen a mi grupo. Entes y Pésimo. Ellos me jalaron a su empresa de arte y comenzamos trabajando con la Línea 1, para muralizar varios barrios en Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores. Como parte de ese equipo, los ayudaba en todo, haciendo murales para los barrios, arreglando los puentes que cruzan las líneas de tren. Luego conocimos este maravilloso lugar que se llama Monumental Callao. Yo llegué gracias a ellos”, cuenta Sesión DMJC con mucho agradecimiento.

Al llegar a Monumental Callao, y tras participar de un festival y tour de graffiti en dicho espacio cultural, en 2015 apareció una gran oportunidad para el artista. “Fue una experiencia muy bonita. Me dijeron ‘¿qué te parece si vives y trabajas acá?’ y yo dije bueno, probemos”, recuerda. Aguirre solía vivir en Salamanca y al mudarse, rápidamente su corazón se hizo chalaco. “No es necesario haber nacido acá, solo tener el corazón de ayudar, el corazón de salir adelante y el corazón de que las cosas mejoren para todos. Así como tú sales adelante, hacer que todos puedan salir adelante con mucho trabajo”, comenta.

Desde abril de este año cuenta con su propia galería en el místico espacio artístico chalaco. Tras sobrevivir a la pandemia, apoyándose en otros compañeros artistas, y en su capacidad de crear para luego vender su arte, le solicitó a la directora de Monumental Callao un espacio propio: una galería. “Yo la admiro mucho. Le pedí un espacio porque lo necesitaba. Me dijo ‘yo te lo doy si tú me prometes que lo vas a cuidar, lo vas a abrir todos los días y te vas a sacar la michi por el espacio’. Yo le dije ‘no sólo te lo voy a prometer, te lo voy a demostrar’. Apenas me dio las llaves, lo primero que hice fue agradecer. Fue levantar todo desde cero y ahora es mi responsabilidad”, recuerda.E

Emprender con el arte

Para Aguirre, la parte más complicada de emprender, fue tener que empezar todo solo. “Si tú comienzas solo y todavía estás en el inicio, no tienes cómo pagar a personal. Tienes que hacerlo todo entonces. Yo tenía que ir a comprar, mover, arreglar, pintar, atender, dejar de atender y seguir pintando. Era una cosa loca. Hoy en día, gracias a Dios, cuento con la ayuda que necesito”, cuenta.

Reconoce también que en la travesía de ser independiente, está el tratar de encontrar momentos para descansar. “Nosotros los independientes nunca descansamos. Yo trabajo de lunes a domingo, llega la otra semana y nuevamente comienza la semana de lunes a domingo”, reconoce. Ahora, su día a día es abrir la galería y empezar con los pedidos de la semana. Luego de dos horas, trabaja en proyectos de la galería y en obras grandes. Con el pasar de las horas, van llegando visitantes curiosos a su galería para comprar sus coloridas piezas o hacer alguna solicitud personalizada.

“Hoy en día vivo del arte y feliz, feliz de que a mis 39 años he logrado tener mi propia galería, haber pintado murales. No hay nada más gratificante que tu madre pueda sonreír y decirte: así se hace”, cuenta Aguirre.

Dato:

Pueden seguir a Gerardo Aguirre en su cuenta de Instagram, o agendar clases de graffiti al 981 379 183.

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Gerardo Aguirre, Grafiti, Monumental Callao

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El último mensaje de Keiko Fujimori es políticamente equívoco. Si bien reconoce el triunfo de Castillo luego de la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones, lo considera a la vez ilegítimo ya que nacería de un presunto fraude en el que la excandidata no deja de insistir con terquedad digna de mejor causa.

A nadie le quedan dudas de que si Castillo se ensoberbece y cree que haber ganado con las justas le otorga el derecho de refundar la República en base a una cuestionable Asamblea Constituyente y además desoye los mandatos de moderación económica, ameritará una dura y férrea oposición democrática desde el Congreso y desde las calles movilizadas, ya que la inmensa mayoría del pueblo peruano no está de acuerdo con la deriva chavista ni nada que se le parezca.

Pero si Castillo se modera efectivamente y además recula en el tema de la Constituyente y la acota a lo que decida el Congreso o a algunas reformas constitucionales puntuales, lo que merece es libertad política para poder trabajar y desplegar un programa económico de centroizquierda dentro de los márgenes de lo viable. Y para ello va a necesitar de cierto respaldo congresal que en principio debería incluir también a la derecha parlamentaria donde recala el keikismo.

Pero Keiko no anuncia eso. Ella anuncia guerra anticipada a un gobernante que considera espúreo. Una vez más no reconoce su derrota, creyendo quizás, equivocadamente, que con ello no va a irritar a las huestes ultras que la han acompañado, sin percatarse de que ese esfuerzo es inútil (ya de inmediato, luego de su reconocimiento bamba a Castillo, han salido voceros extremistas a considerarla una rendida y tibia).

Comete un grosero error político Keiko Fujimori prestándole oídos a la ultraderecha peruana, que por más bulliciosa que sea, es minoritaria y lo seguirá siendo. Es más, fue por haber conservadurizado en extremo al fujimorismo, luego del 2016, que Keiko casi destruyó el partido. Solo una buena campaña de marketing en primera vuelta, sumada al acierto político de reconducirse al centro, le volvieron a dar vida en esta última elección. Debería aprender de su reciente historia si quiere seguir teniendo vigencia política en el Perú.

Lo que corresponde es una oposición keikista firme y hasta recia, pero leal. Y eso pasa, en principio, por considerar su derrota legal y legítima, sin cortapisas ni argucias verbales. A diferencia de algunos politólogos, no creo que Keiko sea ya un cadáver político, pero los pasos que está dando la conducen a pie firme al cementerio.

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Asamblea Constituyente, Keiko Fujimori, Pedro Castillo

El Código Penal Peruano dice que hay estafa cuando alguien saca provecho ilegal de un bien ajeno, a través de un fraude al dueño para que éste acceda a entregar  voluntariamente lo que le pertenece.

 

Eso es lo que pusieron en marcha Fujimori y 8 AFP en 1992. Y lo que constitucionalizaron* con el decreto ley 25897 (norma de dictadura), en pleno autogolpe y sin congreso. El solo texto de la norma invita a sospechas: escueto, sin justificación alguna pese a que se trata de un tema de alta relevancia. Más parece un reglamento dirigido a asegurar las utilidades e intereses de las partes.

 

Pero aun legalizada, la mecánica de la estafa está ahí, a vista del quien se detenga a mirar. Nos obligaron a incorporarnos a una AFP con varias tretas adicionales al decreto ley 25897, que habla de afiliación voluntaria. Divulgaron la absurda idea de que el Estado no era capaz de administrar las jubilaciones, y se presentaron como eficientes y bienintencionados. Luego petardearon a la ONP (sistema público) con un tope de 600 soles (hoy 893) para sus pensiones jubilatorias. Así, el esquema no tiene nada de voluntario para los millones de trabajadores formales que están legalmente obligados a afiliarse a uno de los dos sistemas (público y privado), y aspiran, razonablemente, a un retiro laboral con ingresos más elevados. La opacidad informativa de entonces, y los prejuicios contra lo estatal, nos hicieron presa fácil de empresarios carroñeros, quienes hoy administran los aportes jubilatorios de tres millones de peruanos con sueldos superiores al promedio, obligados a entregar, mensualmente, un porcentaje de sus ingresos a una entidad privada de origen inconstitucional, además de ventajista e ineficiente.

 

El fraude es conceptualmente escurridizo y se protege con los mismos vacíos legales que aprovecha. Pero en este caso, la estafa legalizada es bastante visible, porque los perpetradores se inventaron un problema, copiaron una solución privada ineficiente que los hacía millonarios sin el menor riesgo, la constitucionalizaron con un decreto ley dictatorial y la hicieron obligatoria con normativa complementaria. La forma institucional que le dieron al esquema expresa el ánimo que lo inspira, y es una innegable violación a la constitución. Pudieron mantener un sistema estatal que centralice los descuentos y tercerice la administración de los fondos, de tal forma que los jubilados estuvieran protegidos y no sujetos a la voracidad acumulativa de los privados, pero eso era inseguro para el saqueo (por decreto) a perpetrar, pues cualquier nuevo gobierno podría ser fácilmente presionado por los aportantes, y cambiar de proveedores o de sistema. Así que hicieron que cada trabajador – aislado y desvinculado del Estado – contrate con la misma entidad privada, para que el modelo no corra peligros políticos. Y dado que entregarle el servicio a una sola firma hubiera sido demasiado escandaloso, se inventaron un oligopolio de ocho oferentes, que se ha terminado fusionando (con un par de nuevas firmas entrantes y alguna saliente) en cuatro. En la práctica es casi un monopolio a cuatro dueños, pues todas las AFP cobran casi lo mismo y generan – a los fondos – rentabilidades anuales bastante parecidas. La constitución vigente prohíbe las posiciones de dominio, y esto llega mucho más lejos, porque es un oligopolio totalmente protegido (sin posibilidad de pérdida), que esconde una situación cercana al monopolio.

 

Hay que decir que aquí las responsabilidades no son sólo de Fujimori y sus ministros firmantes: todos los congresos, salvo el actual, así como todos los presidentes y sus titulares de economía – desde entonces hasta hoy – han sido cómplices silenciosos de esta infamia, cuando han debido denunciarla e intentar solucionarla de emergencia. Los dos últimos gobiernos incluso hacen de bufete voluntario de las AFP, planteando acciones de inconstitucionalidad contra leyes con las que el congreso pretende hacer mínima justicia, dado que el ejecutivo no tienen ningún interés en empujar las cosas hacia el lugar que les corresponde.

 

Los argumentos de los voceros de las AFP (periodistas y economistas conservadores, autoridades públicas, políticos y ex-funcionarios del MEF ahora ejecutivos suyos) son falsos, y sublevantes cuando se mezclan con lugares comunes manipuladores. No hay espacio aquí para analizar la frecuente publicidad engañosa a la que apelan.

 

Un mito populista, que siguen alimentando desde 1992, es el que asegura que el Estado no está en capacidad de mejorar la gestión previsional privada. Es indiscutible que el Estado podría ofrecer un servicio superior a los pensionistas de las AFP: no cobra, no tiene interés legal contrario a los jubilados, tiene mayor capacidad de cobertura por legitimidad y herramientas legales, está más obligado a la transparencia y, por su naturaleza pública, tiene un mayor número de modelos pasibles de implementar con fines de favorecer a los pensionistas. No hay complejidad desbordante en administrar e invertir fondos, mucho menos para una entidad de gobierno especializada. Y, además, las AFP están muy lejos de ser una inversión eficiente. En principio, la posibilidad de poder usar esos dineros los haría mucho más rentables. Estamos en una revolución tecnológica que ofrece cada vez más opciones de inversión financiera y nichos comerciales, por lo que disponer del capital ahorrado permitiría muchos movimientos estratégicos en el tiempo, que terminarían redundando en una mucha mayor rentabilidad del dinero. También son opciones más eficientes la bolsa de valores (inestable en el corto plazo, pero segura frente a la paciencia del largo plazo), los fondos mutuos (algo menos rentables pero utilizables en cualquier momento) o la compra conjunta de una propiedad inmueble (ahora que están bajando).

 

Es cierto que desde el 2016 (recién) se puede retirar todo el dinero acumulado a los 65 años (y no verlo por partes en pensiones mensuales muchas veces miserables), o a partir de los 55 años en situaciones de largo desempleo. Y que también se puede sacar el 25% para adquirir una vivienda. Pero aun con esta reforma – que fue conseguida ante la agresiva y sonora oposición de las muy poderosas APF – la ineficiencia que genera el secuestro no desaparece. Y tampoco es que sea alta su pensión jubilatoria promedio: es aproximadamente 1100 soles. Según la misma Asociación de AFP, al 2018, el 35% de sus pensionistas superaba esta cifra, y el resto estaba por debajo. El 43% recibía menos de 750 soles, y el 6% menos de 450 soles. No pueden decir que no sabían que esto sucedería en una realidad de subempleo como la nuestra. Sumado a ello, los pensionistas han estado sujetos a una gravísima desinformación sobre la situación de sus montos (no sabían ni cuánto tenían) hasta por lo menos el 2010. ¿Y cuánto se llevan las AFP por obligarnos a contratarlos como administradores de nuestras futuras jubilaciones? Según la Superintendencia de Mercado de Valores, en el 2019 ganaron 501 millones de soles, y en el 2020 bajaron a 414. Sin riesgo ni inversión significativa. Año tras año y sin contar lo que ya ganaron.

 

Una estrategia retórica habitual, que han usado mucho los dos últimos ministros de economía para impedir los retiros de las AFP aprobados por el congreso, es decir que las administradores de fondos son parte del sistema nacional de pensiones, y que éste debe ser resguardado por responsabilidad con los futuros jubilados y el país. Es una afirmación deliberadamente superficial y demagógica, que obvia el tipo de vinculación de las AFP con el sistema pensionario. El decreto ley dictatorial y traidor que da origen a las AFP dice que el objeto legal de éstas es contribuir al desarrollo y fortalecimiento del área de pensiones (administrando fondos) en el sistema jubilatorio. Es decir, brindan un servicio, y no se ocupan de nada que esté fuera de su carísima labor técnica. Es claro que son un fusible del sistema, pero están amparadas por una norma inconstitucional que les permite – además de abusar – obligar como si fueran responsables, y ser defendidas bajo esa consideración.

 

Y como no tienen que responder por el sistema nacional de pensiones, no se hacen ningún problema con solo cubrir – según el BID del 2018 – al 20% de los trabajadores del país. Culpan a la informalidad, como si hubieran contratado con un Estado cuyo país era totalmente formal y protegía el empleo. De hecho, alguna vez el mismo Julio Velarde sugirió que podrían encargarse de dar una pensión universal a todos los peruanos, lo que correspondería si quisieran honrar el oligopolio. Obviamente lo rechazaron, incluso cuando esto les podría haber dado mayor margen de inversión sobre nuestros fondos. Dijeron que esa responsabilidad es del Estado. Y no se equivocan, según la oscura ley que los cobija. Así que Tony Alva y Waldo Mendoza no defienden al sistema nacional de pensiones, sino a las administradoras privadas que le dan un servicio, en un esquema de fraude constitucionalizado. Si de verdad algún gobierno quisiera proteger el sistema jubilatorio peruano, buscaría, desde su opinión y liderazgo, aliarse con el congreso para que ese dinero entre de emergencia al BCR – cortando de inmediato el secuestro legalizado – y así se pueda discutir, en plazo perentorio, si las AFP son necesarias y en qué condiciones, y cuál sería el destino óptimo de esos fondos. Soluciones institucionales hay, si se tiene voluntad política.

 

Y esto abre la pregunta de cuáles son las salidas progresistas al embrollo. Si algún ejecutivo quiere aprovechar lo acumulado en estas décadas por los afiliados a las AFP, para empezar a construir nuestro primer sistema jubilatorio público, universal y solidario (que toma tiempo pero sería lo ideal), debe encontrar esquemas en los que el futuro jubilado reciba más renta, para que desde ese excedente acepte sacrificar una parte para un fondo común. Obligarlo a compartir su dinero y recibir menos pensión que la que hoy espera,  sería seguir en el abuso granuja, esta vez con una expropiación. Si el gobierno reformista no lograr hacer aquello, pero no quiere arriesgar el futuro pensional de los actuales afiliados a las AFP, debe manejar sus fondos previsionales desde el Estado, en las  condiciones que hoy están vigentes, y con mayores flexibilidades para retiros durante el tiempo laboral. Y el último camino es simplemente devolver los dineros de propiedad privada. Mientras tanto, el presupuesto peruano está en perfecta capacidad de jubilar con – por lo menos – 500 soles mensuales a todos los peruanos mayores de 65 años que no tengan afiliación a sistema alguno, o que reciban menos de esa cifra en alguno de los dos sistemas posibles. Sería histórico y oportuno en el bicentenario, y sobre todo muy desarrollante en términos económicos.

 

* Constitucionalizar significa, aquí, legalizar con una norma que la constitución del 93 no coloca en el dominio de la acción de inconstitucionalidad, lo que la deja prácticamente fuera del control del TC. Tratándose de una norma previsional, es muy posible alegar que sus únicos caminos de derogación sean los establecidos en el artículo 200 de la carta magna, relativos a una reforma constitucional.

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AFP, Constitución del 93, Ley