Querida Manuela,
En mi carta del 29 de julio te comenté sobre lo mal que está funcionando el Congreso de la República en relación al futuro del país. Aparte de su visión patriarcal, abusiva y poco interesada en el bien común se le suma la misoginia con la que congresistas de diferentes bancadas vienen comportándose. ¿Qué es misoginia?, te preguntarás. Como tú sabes griego, te pongo la explicación más corta, la palabra viene de dos voces griegas: “miso” y “gine”, que significa detestar a la mujer. Ahora, debemos contextualizar la palabra a hoy, siglo XXI, donde se refiere a acciones, creencias o expresiones emocionales, psicológicas, culturales que desmerecen o desprecian a la mujer y a lo femenino. Yo sumaría la omisión al buen trato de las mujeres, así como la impunidad también como misoginia.
La semana antepasada, el congresista Freddy Díaz fue denunciado por violación sexual por una trabajadora de su despacho. La víctima denunció que en las oficinas del parlamentario ubicadas en Jr. Azángaro ella fue violentada sexualmente. El congresista aprovechó los feriados patrios y desapareció por 4 días, sin dar explicaciones ni defensa por los graves cargos que le imputaron. Hace una semana, el Poder Judicial dictó contra el congresista impedimento de salida del país por nueve meses. Hasta la fecha se está investigado en la comisión de ética del congreso y no se ha pronunciado ninguna acción de sanción, al contrario, trajo reacciones de solidaridad de varios congresistas varones como Hector Acuña (APP), quien dijo: “Es lamentable, no me imagino cómo se siente mi excolega”; o las declaraciones del congresista Wilmer Elera, en ese momento tercer vicepresidente del congreso, donde responsabilizaba a la trabajadora al decir que “según lo que he podido averiguar, creo que la señorita es la única mujer que trabaja en el espacio de puros hombres, lo cual ha creado un ambiente mucho más propicio, sobre todo cuando empiezan a tomar licor”.
¿Te imaginas estos congresistas, Manuela? La Comisión de Ética es presidida por la congresista Karol Paredes (Acción Popular) y ella debe investigar las denuncias de violencia basada en género de manera legal y asertiva. Las investigaciones de la Comisión de Ética, son de carácter administrativo, no penal, por ello deben investigar para encontrar las sanciones que respondan a la gravedad de los hechos. Este es un caso muy serio, que se archive como los casos de Guido Bellido (Perú Libre) contra la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) o el caso del congesista Luis Codero (Fuerza Popular) acusado de agredir a su expareja o del congresista Héctor Valer (Perú Democrático) denunciado en 2016 por su esposa e hija de violencia familiar.
Manuela, no solo lo vemos en los problemas de conducta individual de congresistas varones, sino inclusive en proyectos de ley como el Proyecto de Ley 1520, ya lo comentamos en cartas anteriores, propuesto por Rosangella Barbaran que pretende reconocer y proteger los derechos del niño por nacer y obligar a que niñas violadas sean madres (en entrevista con la prensa la congresista Adriana Tudela (Avanza País) defiende este Proyecto de Ley y desconoce que hay niñas que son violadas sexualmente y pueden ser madres). Otro Proyecto de Ley que atenta contra las mujeres peruanas es el de Américo Gonza (Peru Libre) quien busca cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables al Ministerio de la Familia, invisibilizando así la violencia contra la mujer.
Manuela, exigir investigaciones administrativas con sanciones firmes debe ser el objetivo. Escucho equivocadamente a políticos decir que el Congreso debe esperar que los casos de violencia contra la mujer se resuelvan penalmente. La violencia contra la mujer es una política nacional donde hay sanciones administrativas como penales. El caso del congresista Freddy Díaz no puede ni debe ser archivado. La impunidad equivale a ser cómplice o condescendiente con la violencia contra la mujer como han sido los casos de Bellido, Cordero, Valer, Gonza, y Elera, todas archivadas.
El Ministerio de la Mujer, el 04 de agosto de este año, haciendo un esfuerzo por cambiar la mentalidad de las funcionarias públicas, publicó el DS 010-2022-MIMP que dispone la capacitación obligatoria en enfoque de género para la prevención de la violencia y discriminación por género en la administración pública, con el objetivo de que todas las personas que trabajan en la administración pública tengan un conocimiento homogéneo. Saludamos esta iniciativa y, con mayor razón, así como se capacita se debe sancionar.
