En nuestra región, una de cada cuatro mujeres que trabajan lo hace a tiempo parcial. En contraste, esto sucede solo con uno de cada ocho hombres que trabajan.

A la fecha, en el Perú habitan 16 millones 640,000 mujeres y representan el 50,4% de la población total, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En el marco del Día de la Mujer, recordamos cuáles son los mayores retos que enfrentan en el mercado laboral y cómo empezar a cerrar las brechas pendientes.

 

Según el último informe Panorama Temático Laboral: Mujeres en el mundo del trabajo, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo, las condiciones desfavorables de las mujeres en los mercados de trabajo no se restringen a los salarios. Hablamos de que la participación laboral femenina alcanza poco más de dos tercios de la masculina, la tasa de desempleo femenina excede a la masculina y persisten las barreras culturales en el ingreso de hombres y mujeres a segmentos importantes de los mercados de trabajo predominantemente femeninos, como el de servicio doméstico y predominantemente masculinos como el de la minería.

 

Retos para las mujeres en el mercado laboral

 

Este informe de la Organización Internacional del Trabajo hace un análisis de la situación actual de las mujeres en el mercado laboral y concluye lo siguiente:

 

Trabajo y vida: Una característica observable que explica en gran medida las brechas de ingresos laborales es el tiempo dedicado al trabajo. En nuestra región, una de cada cuatro mujeres que trabajan lo hace a tiempo parcial –menos de 30 horas de trabajo semanal–; en contraste, esto sucede con uno de cada ocho hombres que trabajan. Esta restricción para la oferta laboral en el margen intensivo también se observa en la posibilidad de trabajar con sobretiempos. Mientras uno de cada ocho hombres trabaja 60 horas o más por semana, esto sucede solamente con una de cada quince mujeres que trabajan. Estas diferencias de género en la disponibilidad para trabajar se vinculan con múltiples indicadores de los mercados laborales como salarios, posibilidad de ascenso, estabilidad, formalidad y otros.

 

Evaluación de puestos de trabajo sin sesgos de género: La OIT destaca que esta ofrece una visión consensuada sobre el valor que aportan los diferentes puestos de trabajo, al posibilitar la exposición y el contraste de los distintos puntos de vista de los responsables de la gestión de personas y de los trabajadores, a través de un análisis riguroso que no se ve afectado por sesgos de género. Además asegura la legitimidad y sostenibilidad del proceso y de los resultados ante los trabajadores representados en los diferentes procesos. Adicional a ello, reparte la carga de trabajo derivada de la aplicación de la metodología de evaluación de los puestos de trabajo entre varias personas.

 

Políticas de protección social de las mujeres en el mundo rural: Las desigualdades de género en los mercados de trabajo y la asimétrica distribución de las labores domésticas plantean retos para mejorar la protección social de las mujeres en la economía rural. Esto es especialmente retador en un contexto de dispersión donde impera el carácter casi generalizado de una economía informal. Se requiere, complementariamente, de políticas e instrumentos para hacer frente al problema de brechas de activos, bienes y servicios, y a las distintas desigualdades (económicas, territoriales, étnicas y de género) que enfrenta el mundo rural y sus habitantes.

 

Habilidades de negociación: Participar en procesos de negociación colectiva o tomar conciencia de técnicas de negociación como, por ejemplo, en espacios donde se enfaticen los principios de justicia, podría fomentar un mejor desarrollo en la carrera. En la misma línea, es importante trabajar para cambiar el estereotipo que penaliza socialmente a las mujeres que toman actitudes típicamente masculinas, como negociar para sí misma un salario más alto.

 

Flexibilidad en el lugar de trabajo: La innovación In-the-office days ofrece una solución intermedia que incentiva a los teletrabajadores a asistir ciertos días a la oficina. Esta es una medida que puede implementarse al salir de la pandemia que vivimos actualmente, pues esta forma de trabajo reporta tener trabajadores más felices que aquellos que trabajan remotamente de la manera convencional.

 

 

“Yo creo que fue una mala decisión. Fue una apuesta que se hizo por la industria nacional”, sostuvo el pasado viernes 5 de marzo el presidente Francisco Sagasti en entrevista con el programa “Sálvese quién pueda”, que se transmite en redes sociales. Se refería al convenio firmado en octubre con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para la entrega de 47 plantas de oxígeno y cuyos plazos fueron incumplidos por la casa de estudios. La UNI debía hacer una primera entrega de 18 plantas hasta el 24 de enero, según la Contraloría General de la República. El día de las declaraciones de Sagasti, la cuenta estaba estancada en cinco. Ahora está claro que todos perdimos esa “apuesta”.

Horas antes de la entrevista al presidente, el ministro de salud, Oscar Ugarte, anunció que daría un ultimátum de cinco días para la entrega de las 13 plantas restantes y que, de no cumplir con este, se rescindiría el convenio. Fuentes de Sudaca en el Minsa apuntan que dicho ultimatum ya ha sido enviado por escrito a la UNI y que esperan una respuesta.

¿Cómo llegamos al caos de un convenio ad portas de rescindirse? Este artículo reconstruye una parte clave de la historia, previa al 30 de octubre, el día en que la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, y el entonces rector de la UNI, Jorge Alva, firmaron lo que meses después se convertiría en una pesadilla y que se bautizó con el nombre de “Oxigena 47”.

Malas decisiones

Cuando el pasado 21 de octubre, el Minsa solicitó a diferentes empresas cotizaciones por 47 plantas de oxígeno —que serían destinadas a 46 hospitales—, dio menos de dos días para la presentación de solicitudes (ver correo y anexo con la lista de plantas y hospitales). El italiano Marco Cocco, representante legal de Chopin Management Limited, una compañía con sede en Reino Unido que lleva la representación comercial de más de 50 firmas a nivel global, fue uno de los que envió la documentación en tiempo récord. “Se iban a montar las 47 plantas [de la marca danesa Oxymat] en sesenta días, incluso en dos días menos. Las íbamos a entregar funcionando”, asegura Cocco. Y añade: “Todo llegaba por avión”. Era la vía más rápida de entregar las plantas de manera progresiva y semanal.

El empresario italiano sostiene que la cotización que presentó en soles equivalía (sin incluir el IGV) a los 26.586.269 dólares (cerca de cien millones de soles) por los que el Convenio con la UNI fue firmado.

Meses antes, entre junio y octubre, Cocco ya había contestado diferentes solicitudes de cotizaciones de plantas de oxígeno requeridas por el Minsa. Una experiencia por la que también pasó Itay Ingber, empresario de origen israelí. Ingber es gerente de operaciones de la empresa peruana Macrourbe Desarrolla y representante legal de la firma EL-AV Compressors, de Israel, dedicada a la venta de equipos médicos.

El pasado 27 de julio, por ejemplo, el Minsa le solicitó una cotización vía correo electrónico con el título: “Muy urgente- adquisiciones de 17 generadores de oxígeno de 365 LPM mínimo de capacidad” (sic). La compra iba a beneficiar a la misma cantidad de hospitales (ver correo y anexo con especificaciones técnicas). Cuando menos en cinco de estos, de Lima y otras regiones, la urgencia de oxígeno se diluyó a ojos del Minsa y fueron incluidos recién en octubre pasado en la lista de las 47 plantas del convenio con la UNI. Algunos de estos hospitales esperan las plantas hasta hoy.

A través de las solicitudes de cotizaciones realizadas por el Minsa, Marco Cocco e Itay Ingber vieron cómo iba creciendo la cantidad de plantas requeridas por el gobierno hasta llegar a las 47. “Han esperado hasta finales de octubre para firmar un convenio por plantas por las que he recibido solicitudes de cotizaciones desde junio”, apunta Ingber. La UNI terminó siendo la elegida.

Sudaca solicitó una entrevista al Minsa, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición.

“Si tú ya sabías que existían empresas privadas que podían cubrir [la necesidad] en el grado de urgencia que lo estabas pidiendo, ¿para qué suscribes un convenio donde entregas toda la necesidad [a un solo proveedor]?”, sostiene Cecilia Ruiz, abogada especializada en contratos públicos y asuntos regulatorios.

Para la abogada, la decisión fue una forma de “sacarle la vuelta a la norma”, es decir, al principio de pluralidad de postores de la Ley de Contrataciones del Estado que prevé que, si existe oferta en el mercado actual, se debería convocar a un elenco más amplio de proveedores. «Y eso no se cumple acá, porque se ve que toda la demanda se la pasó al Convenio [con la UNI]”, apunta.

Según Ruiz, habría sido más eficiente realizar contrataciones directas con distintas empresas privadas y, en paralelo, suscribir un convenio con una universidad nacional como la UNI. No sólo para cubrir la necesidad pública sino para asegurar el uso eficiente de los recursos del Estado.

«Yo no voy a hacer un convenio con una sola institución para que me haga 47 plantas de oxígeno, cuando puedo hacer 5 o 6 convenios o contratos con entidades particulares que me puedan garantizar, por una [carta] fianza o un mecanismo de solución de controversias, que voy a recuperar el dinero si me estafan, como en este caso”, agrega en el mismo sentido el abogado Cristian Castillo, también experto en contrataciones del Estado.

En la práctica, se constituyó una especie de monopolio paralelo al de Praxair-Linde, la mayor proveedora de oxígeno medicinal en Perú. Un monopolio de la UNI.

«Ella me dijo que era ingeniera”

“Primeramente, en octubre no teníamos pandemia. (…) Este proyecto [Oxigena 47] se inicia para mejorar el sistema de salud, no pensando en la segunda ola, porque en ese momento no había segunda ola”. Las increíbles declaraciones son del decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Elmar Javier Franco, y fueron realizadas durante una sesión del Consejo Universitario el pasado jueves, un día antes del anuncio del ministro Ugarte sobre la rescisión del convenio.

“Oxigena 47” estuvo, por supuesto, en agenda, y a Franco le tocó defenderse luego de ser cuestionado por no haber previsto posibles demoras en un proyecto tan urgente. Su facultad es la responsable legal del convenio con el Minsa.

Franco fue el responsable de designar como directora ejecutiva del proyecto a Elizabeth Chahuares, una supuesta ingeniera que no está colegiada ni registrada entre los egresados de la UNI. «Ella me dijo que era ingeniera”, se defendió el decano. “Lamentablemente ya no está en nuestro proyecto», se lamentó. En efecto, desde el lunes último, el ingeniero Walter Yañez asumió el cargo de manera interina, como confirmó él mismo a Sudaca.

Para la firma de “Oxigena 47”, Elizabeth Chahuares ya era un personaje con antecedentes negativos en la UNI. El primero: un proyecto para fabricar un ventilador mecánico que no logró la aprobación de Digemid y cuyo liderazgo habría arrebatado al profesor de la UNI Manuel Luque. El segundo: un inconcluso convenio con Ejercito del Perú para producir desde cero plantas de oxígeno.

Al centro: Elizabeth Chahuares y Elmar Franco luego de la firma del Convenio de la UNI con el Ejército peruano para la fabricación de plantas de oxígeno. Foto: UNI.

¿Cumplirán?

«En enero no tenían las plantas listas y se pidió una ampliación. Se la consignó hasta febrero. Cuando se ha visitado, solo algunas [plantas] estaban listas y pidieron un nuevo acuerdo, [dijeron] que no iban a poder cumplir con las 47, sino solo con 18 [plantas]. En las últimas semanas han entregado cinco y debían completar las 13 restantes hasta ayer [jueves], pero no han entregado ninguna más», explicó el pasado 5 de marzo, en conferencia de prensa, el ministro óscar Ugarte.

El presidente Francisco Sagasti se mostró, sin embargo, entusiasta en una entrevista que dio por la noche de ese mismo día. “En este momento la UNI tiene suficientes componentes para producir 18 plantas. Entonces ya tienen todo eso comprado. Se van a producir esas 18 plantas, y de ahí en adelante se rescinde el contrato”, comentó.

Al día siguiente, la cuenta de plantas entregadas subió a seis, con la instalación de una en Chota, Cajamarca. La UNI respondió al ministro de Salud con otra conferencia de prensa, donde presentaron siete plantas móviles más: tres culminadas y cuatro en “trabajos finales”. Estas plantas, según la universidad, se entregarán esta semana. Pero faltan otras cinco para llegar a la meta de las 18. ¿De dónde las sacarán? Todo indica que los cinco días de ultimátum serán insuficientes y la rescisión será inminente. Quizá por ello Ugarte se apresuró en anunciar la cancelación del convenio ante el Congreso.

La apuesta del gobierno le pasó factura a los pacientes de 34 hospitales que no tienen ni siquiera una fecha de entrega de las plantas de oxígeno, aquí el detalle de cuáles son:

Diseño: Leyla López.

El Hospital María Auxiliadora (HMA), en San Juan de Miraflores, y el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador (HEVES) figuran entre ellos. Ambos rechazaron la donación de una planta de oxígeno de parte de la cementera privada Unacem en diciembre último. El HEVES incluso argumentó estar a la espera de Oxigena 47. Desde febrero, sus pacientes de Covid-19 llevan balones de oxígeno por su cuenta.

* Fotocomposición de portada por Leyla López. Fotos: La República, Andina, Universidad Nacional de Ingeniería.

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Gobierno, Oxígeno, UNI

La lucha por los derechos de la mujer y sus cabales prerrogativas ciudadanas está en serio peligro, si prosperan algunas opciones electorales conservadoras que no solo no proseguirán el camino de conquistas ya iniciado hace algunas décadas sino que seguramente darán marcha atrás en muchas de ellas.

Hay que insistir en la lucha contra todas las formas de violencia de género, vinculando la misma con el respeto y garantia a los derechos sexuales y reproductivos, lo que nos lleva a la vez al derecho a decidir de las mujeres y el aborto legal y seguro.

Puntualmente, educación con enfoque de género pero a la vez, en las políticas públicas en todas las entidades del Estado. Eso implica en el sector Mujer, implementación y presupuesto para la política de igualdad de género y reforma del Programa Aurora.

En Salud, seguimiento a la aplicación del protocolo de aborto terapéutico y garantizar que se distribuya el anticonceptivo oral de emergencia, que hoy está aprobado, pero que no se implementa a cabalidad por prejuicios religiosos de algunos profesionales de la salud. Deber ser política obligatoria.

Como tema específico y acuciante, debe garantizarse el enfoque de igualdad de género e intercultural en el sistema de búsqueda de personas desaparecidas e impulsar un protocolo interinstitucional para la atención e investigación de casos de mujeres y niñas desaparecidas.

En Interior, Ministerio Público y Poder Judicial, disponer esfuerzos mancomunados para atender la ola de feminicidios que asola el Perú (somos uno de los países más violentos contra la mujer en el mundo) y que no quede en letra muerta la legislación que existe al respecto. Lo que ha sucedido con mujeres y niños durante la pandemia ha sido de espanto.

Lo mismo debe decirse de la discriminación social y laboral que sufren las mujeres por su sola condición de género. A igual trabajo, menos sueldo, ocurre no solo en el sector público sino también en el sector privado.

No calificamos como sociedad republicana, moderna ni liberal, mientras la mujer siga siendo ciudadana de segunda clase en muchos aspectos de su vida social. Ese es el mensaje que cabe dar en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, advirtiendo seriamente que existe el peligro político de que retrocedamos décadas si tienen éxito visiones ultraconservadoras que anidan, por lo que se  ha visto, en agrupaciones de los candidatos Rafael López Aliaga, Yonhy Lescano o, por supuesto, el Frepap.

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Elecciones 2021, Gobierno

En los últimos años, diversas marcas han unido fuerzas para sacar adelante algún producto o mensaje en particular que logre el beneficio de todos.

“La colaboración entre competidores tiene sentido cuando justifica una conveniencia para ambas partes, tiene estructura y claridad e implica procesos que no son diferenciadores”, afirma Evan Rosen, autor del libro The Culture of Collaboration.

 

En los últimos años hemos visto cómo empresas dedicadas al mismo rubro han sabido unir fuerzas para sacar adelante algún producto o mensaje en particular. Casos claros son, por ejemplo, BMW y Toyota que unieron esfuerzos para crear un vehículo de lujo amigable con el medio ambiente, o McDonalds y Burger King con campañas de sensibilización a sus clientes.

 

Según un estudio realizado por el Instituto de Publicación Digital Multidisciplinario reveló que la competencia colaborativa, cuando dura de tres a cinco años, tiene más del 50% de posibilidades de reducir mutuamente los costos de la empresa.

 

Fuerza en la colaboración

 

Paavo Ritala, profesor de Estrategia e Innovación en la Universidad Tecnológica LUT en Finlandia sostiene que el mejor socio podría ser nuestro competidor directo. “Los competidores tienden a enfrentar mercados similares y usan recursos y tecnologías similares. Por lo general, tienen que lidiar con desafíos similares en general. Por lo tanto, con el aumento de los costos de investigación y desarrollo, y la competencia globalizada, a menudo tiene sentido colaborar con los competidores en el desarrollo de productos, la innovación y la fabricación conjunta”, indica.

 

El experto explicó además a Forbes un ejemplo de ello: Amazon Marketplace, la plataforma de ventas de terceros de e-commerce de Amazon, como un modelo de negocio que demuestra la eficacia de la cooperación. Ritala indica que en esta asociación Amazon.com se beneficia con un margen de las ventas del mercado, mientras que sus vendedores externos se benefician al obtener acceso a una gran base de clientes.

Sobre esta asociación, Joel Sider, portavoz de Amazon indicó que “las ventas de terceros son ahora el 58% de nuestras ventas brutas porque estamos comprometidos a ayudar a los minoristas independientes a satisfacer las necesidades de los clientes de Amazon en todo el mundo”, dijo el portavoz de Amazon, Joel Sider.

 

Otro ejemplo de ello es la alianza YouTube – Vimeo. Durante la Cumbre ForbesWomen 2019, la CEO de Vimeo, Anjali Sud, indicó que las plataformas unieron fuerzas al permitir que los creadores publiquen sus contenidos en ambos servicios de video. “Lo que desbloqueó fue en realidad una estrategia totalmente nueva para nuestra empresa, uno de los mayores valores de valor agregado en nuestro producto, y todo vino de cambiar el guión en términos de cómo piensas si alguien es un competidor o un socio y priorizando el problema que quieres resolver “, dijo Sud.

Existen cerca de diez tipos de comprobante de pago bajo el sistema de emisión electrónica de la Sunat.

Los recibimos al adquirir un producto y los entregamos al vender uno. Los comprobantes de pago son documentos que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicios. Estos son usualmente entregados por negocios, pero es posible que personas naturales lo emitan por ejemplo al alquilar un inmueble o prestar un servicio de manera independiente.

 

En estos tiempos de transformación digital, los comprobantes de pago son también emitidos de forma electrónica. La Sunat explica que mediante su sistema de emisión electrónica se pueden emitir los siguientes tipos de comprobantes de pago:

 

Factura Electrónica

 

Es el comprobante de pago emitido por el vendedor o prestador de servicios en las operaciones de venta de bienes y prestación de servicios. Se usa para sustentar costos o gastos para efectos del Impuesto a la Renta y el crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas. Se emite a favor del adquirente que cuente con número de RUC.

 

Boleta de Venta Electrónica

 

Se emite a consumidores finales. No permite ejercer derecho a crédito fiscal ni pueden sustentar gasto o costo para efectos tributarios.

 

Nota de Crédito Electrónica

 

Documento electrónico que se usa para acreditar anulaciones, descuentos, bonificaciones, devoluciones y otros, relacionados con una factura o boleta de venta otorgada con anterioridad.

 

Nota de Débito Electrónica

Es un documento electrónico que se utiliza para recuperar gastos o costos incurridos por el vendedor. Es emitido de manera electrónica, con posterioridad a la emisión de una factura electrónica o boleta de venta.

 

Recibo de Servicios Públicos Electrónico

 

Es un comprobante de pago que se emite por los servicios de luz, agua o teléfono, en operaciones con usuarios que proporcionen o no un número de RUC. Este sólo podrá ser emitido por el suministro de agua y energía eléctrica. En el caso de telecomunicaciones, sólo podrá ser emitido por aquellos  que no incluyan servicios de telefonía fija o móvil, o servicios ofrecidos en forma empaquetada que consideren algún servicio telefónico.

 

Recibo por Honorarios Electrónico

 

Comprobante de pago emitido por personas naturales que brindan servicios de forma independiente, por percibir rentas que la ley clasifica como rentas de cuarta categoría.

 

Comprobante de Retención Electrónico

 

Es un comprobante de pago emitido por un Agente de Retención, cuando en una operación comprendida en el Régimen de Retenciones del IGV, su proveedor le retribuye un pago total o parcial.

 

Comprobante de Percepción Electrónico

 

Es un comprobante de pago emitido por el Agente de Percepción cuando realice el cobro total o parcial al cliente, sea por adquisición de combustible o por Ventas Internas comprendidas en el Régimen de Percepciones del IGV.

 

Liquidación de Compra Electrónica

 

Se trata de un comprobante de pago emitido por personas naturales o jurídicas, u otros entes colectivos por las adquisiciones que efectúen a personas naturales productoras o acopiadoras de productos primarios derivados de la actividad agropecuaria, pesca artesanal y extracción de madera, de productos silvestres, minería aurífera artesanal, artesanía, desperdicios y desechos metálicos, desechos de papel y desperdicios de caucho, siempre que estas personas no otorguen comprobantes de pago por carecer de número de RUC.

El Día de la Mujer es una oportunidad para reflexionar sobre la búsqueda de la equidad, así como saber cómo contribuir a ella desde el ámbito laboral, ya sea desde una pequeña o gran empresa

En el marco del Día Internacional de la Mujer, una manera de conmemorarlo es identificar aquellas prácticas y actitudes que persisten y se necesitan cambiar para cerrar las brechas que atentan contra sus derechos y evitan su desarrollo pleno, siendo los micromachismos una de las prácticas más frecuentes.

 

Para generar un ambiente laboral seguro para las mujeres, hay que hacer un análisis de la organización y que todos tengan claro cuando ocurra e ir evitándolo de forma consciente.  Por ello, Silvana Fernández, Gerente de Desarrollo Organizacional de Pacifico Seguros, da algunas pautas de cómo reconocerlos y prevenirlos.

 

“Los micromachismos son cotidianos y sutiles, y pueden darse en distintos ámbitos de la vida diaria, como en la familia, entre un grupo de amigos o en un espacio laboral. Parte del compromiso de cada empresa con sus trabajadoras es brindar un entorno saludable para que no se sientan limitadas frente a estas conductas” explica.

 

¿Cuándo ocurren? Debido a lo arraigado que están como sociedad, los micromachismos pasan desapercibidos, pero suelen presentarse como comentarios en una reunión de trabajo, en los sesgos que pueden aparecer durante la decisión de un ascenso (como pensar  que las mujeres que son madres son menos comprometidas y no podrán afrontar grandes retos laborales), el comentario de un líder durante una reunión haciendo referencia a que las mujeres son las idóneas para organizar “fiestas” o hacer comentarios innecesarios sobre su vida personal.

 

¿Cuáles son sus efectos? Genera incomodidad, pérdida de motivación y culpa, produce una sensación de doble jornada, falta de confianza en sí misma y aumenta la desigualdad de oportunidades, así como fortalece estereotipos y prejuicios.

 

Identifícalos: Es necesario reflexionar sobre los comentarios y acciones que realizamos en dichos espacios: ¿estoy juzgando a la persona? ¿estoy siendo ofensivo o minimizándola? ¿estoy limitándola a algún rol en específico? ¿estoy reproduciendo estereotipos? ¿cómo reacciona esa persona?

 

Evalúa los por qué: Reflexiona en qué situaciones ocurren estos comentarios y acciones ¿por qué decir o hacer eso? ¿está bien decir o hacer eso? ¿es el momento adecuado? Es importante conversar como equipo de estas situaciones para que estas reflexiones se den en conjunto y los micromachismos se puedan identificar de mejor manera.

 

¿Cómo los combatimos? Las organizaciones necesitan identificar estas prácticas y actitudes, así como de las consecuencias negativas. Parte importante de la solución es considerar la equidad como un pilar fundamental en la estrategia general de la empresa. En base a ello, se debe capacitar a todos los colaboradores para generar conciencia y fomentar la reflexión respecto a sesgos inconscientes, estereotipos y micromachismos que atentan contra el bienestar de las personas y de la empresa.

 

"Por último, es de enorme importancia la elaboración de una política de equidad de género. Esto no solo enmarca todas las acciones que pueda realizar la organización, sino que provee de indicadores que permitan conocer si realmente las acciones tienen resultados positivos evidenciados en la disminución de este tipo de situaciones. Además, también ayuda a crear un ambiente laboral seguro, en el que las personas que presencien o sufran de algún micromachismo alcen la voz y no los toleren, evitando su reproducción a través del ejemplo", finaliza Fernández.

Es una buena noticia que el Jurado Nacional de Elecciones haya autorizado las candidaturas de George Forsyth, Rafael López Aliaga y Ciro Gálvez, y que además el Poder Judicial haya amparado la postulación parlamentaria del PPC.

Debe ser tarea futura del Congreso retirarle tanta discrecionalidad al poder electoral. No puede haber democracia plena si el capricho legislativo de algunos magistrados es capaz de torcer la voluntad popular o de mantenerla en ascuas. Honestamente, deja muchas sospechas sueltas de que detrás de este circo de exclusiones pueda haber alguna razón monetaria ilícita.

Recordemos que la gran disfuncionalidad de este quinquenio se debió en gran medida a la exclusión de Julio Guzmán y César Acuña de la campaña anterior. Gracias a ello subió Kuczynski, que ya estaba desahuciado, al recibir el trasvase de los votos del líder morado. Y Keiko Fujimori obtuvo el aluvión de votos que la condujeron a tener una mayoría aplastante, inédita en la historia republicana en el Congreso, merced a que los votos acuñistas -sobre todo los del norte- recalaron casi íntegramente en las filas naranjas.

Si ni Guzmán ni Acuña hubiesen sido tachados, probablemente la segunda vuelta era entre Guzmán y Keiko Fujimori, y probablemente hubiese ganado Guzmán, por el enorme antivoto fujimorista, pero Fuerza Popular no habría tenido el poder extorsivo que tuvo en el Legislativo contra PPK. Hubiera sido un mejor escenario de gobernabilidad que el que finalmente tuvimos.

Salvo los casos del aprismo, de Fernando Cillóniz y de Fernando Olivera -sacados irremediablemente de la contienda-, el grueso de candidatos se ha logrado mantener en la carrera y eso es bueno. En una democracia de baja intensidad como la peruana restarle representación y legitimidad popular de arranque, impidiendo que algunos candidatos puedan postular, es un hecho grave que felizmente no terminó por ocurrir.

La democracia peruana ha sido puesta a prueba este lustro y si bien ha salido airosa (a pesar de que la coalición desestabilizadora conformada por medios y políticos irresponsables sigue su labor de zapa, como hemos visto estos días), ha quedado bastante magullada. La tarea de reconstruirla no podía partir de un vicio de legitimidad de origen, sacándose candidatos a pocas semanas de la elección.

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Candidatos, Elecciones 2021

Se conocieron a través de Facebook. En enero de 2020, el peruano Iván Asencios (33) y la joven venezolana Vanessa Gil (27) intercambiaron mensajes por el chat, se hicieron amigos y se enamoraron. Cuatro meses después, empezaron a convivir. Tenían planes de casarse. En diciembre pasado, ella comenzó a sentir mareos: pensó, quizá, que estaba embarazada. Pero cuando le hicieron los exámenes médicos, le informaron que tenía leucemia aguda. Vanessa está internada desde el pasado 17 de febrero en el Hospital Neoplásicas. Allí se contagió de Covid y su vida corre peligro.

Aquel 17 de febrero, Vanessa llegó a emergencias luego de sentir fuertes mareos. Iván, que trabaja como obrero de construcción, la llevó en un taxi desde la casa donde alquila una habitación, en San Martín de Porres, hasta el centro de salud oncológico de Surquillo. La joven no tiene carnet de extranjería, uno de los requisitos para acceder a la modalidad gratuita del SIS ni a la tarifa base de 15 soles mensuales que también contempla el seguro. Así que decidieron asumir el costo real del tratamiento.

“Es muy complicado. Sabemos que la mayoría de venezolanos no está en condiciones de pagar un servicio médico”, comenta a Sudaca Carlos Scull, a cargo de la embajada -aún no reconocida por el gobierno de Maduro- de Venezuela en nuestro país. Vanessa es parte de los 576.412 venezolanos que viven en Perú y que no tienen carnet de extranjería, según cifras oficiales de Migraciones. Carlos Scull añade que este vacío debería ser tomado en cuenta por las autoridades.

Cuando Iván Asencios aceptó pagar el tratamiento, los médicos le advirtieron que era mucho dinero y le preguntaron varias veces si estaba seguro. Iván respondió que Vanessa era su pareja, que iba a casarse con ella y que iba a prestarse dinero para costear el tratamiento. Les rogó que la atendieran. Les suplicó que no la dejaran morir. Entonces, los médicos ordenaron su ingreso, pero le exigieron que presente los resultados de una prueba de médula de la mujer, que compruebe el diagnóstico. Iván tenía ese documento entre sus papeles, porque días antes había tenido que pagar S/2.400 a una clínica privada para que a Vanessa le realicen el mentado examen.

El peruano Iván Ascencios y la joven venezolana Vanessa Gil se conocieron en Facebook, intercambiaron mensajes de chat, se hicieron amigos y se enamoraron. A ella le descubrieron que tiene leucemia aguda. No tiene seguro SIS, está internada en el Hospital Neoplásicas, tiene Covid y lucha por su vida. Él es obrero de construcción y tiene que gastar S/200 diarios en medicinas. Es una dramática historia de amor.

El vía crucis de la pareja venezolana-peruana recién había empezado. Cuando Vanessa estuvo internada en Emergencias, los médicos detectaron que un niño que estaba en una cama contigua a la suya tenía Covid. Entonces hicieron pruebas de descarte a todos los pacientes y ella dio positivo. La trasladaron al cuarto piso del hospital, a un centro de aislamiento, donde todavía se recupera del virus y donde ya ha sido sometida a seis quimioterapias para superar la leucemia. No sabe hasta cuándo permanecerá allí.

Desde que su pareja está internada, Iván tiene que gastar 200 soles diarios en medicinas. La estadía de Vanessa, en Emergencias, le costó S/3.000. Para conseguir ese dinero, ha realizado polladas, se ha prestado de amigos, ha gastado sus ahorros y CTS, y ha pedido un adelanto a su jefe de la construcción donde trabaja.

En enero pasado, Vanessa -que nació en  Caracas y estudió Arquitectura- fue despedida de un centro de terapia para niños con enfermedades psicomotrices, donde trabajaba como recepcionista. La dueña pensaba que estaba embarazada debido a los mareos que tenía. Pero al enterarse de que estaba internada en el Neoplásicas, le pidió perdón y ayudó a la pareja con algunos gastos del hospital. Pero el aporte es insuficiente. En Perú, Vanessa no tiene familiares.

La solución para seguir solventando el tratamiento de Vanessa es que Migraciones le otorgue el carnet de extranjería para personas vulnerables. De esa forma, podría obtener su seguro ‘SIS gratuito’, por la humilde condición en la que vive, y estarían cubiertos todos los costos de su tratamiento, al que se ha sumado el Covid. También podría acceder a la modalidad denominada “SIS pago”, que le permitiría acceder al seguro desde 15 soles mensuales. El pasado 18 de febrero, Iván inició el trámite para lograrlo.

Iván Asencios ha iniciado una campaña para solventar los gastos económicos diarios del internamiento, en el Neoplásicas, de Vanessa. Élla no tiene seguro porque no posee carnet de extranjería ni PTP. El joven peruano ha gastado sus ahorros, su CTS, realiza polladas y se ha prestado dinero de sus amigos. ¿Le ayudamos?

Casi todas las mañanas, el hombre de 33 años toma un bus para dirigirse al Hospital Neoplásicas y preguntar por el estado de salud de Vanessa. Durante el trayecto, a veces se le da por buscar una canción en su celular: ‘Te adoraré’, del compatriota de Vanessa, Ricardo Montaner. Y entonces llega a un estribillo (“te adoraré/te doy mi vida entera”) que le hace recordar la promesa que le hizo una vez a la joven: casarse y traer a Perú a la hija de ella -Valeska, de 10 años- que aún vive en Caracas. Asegura que la querrá como a una segunda hija.

Cifras de espanto

Scull señala que 500 mil venezolanos están a la espera del inicio del trámite del Carnet de Permiso Temporal de Permanencia (CPP), que fue aprobado en octubre del año pasado a través del decreto supremo N°010-2020. Es la fase previa para obtener carnet de extranjería y, además, les permitiría a los venezolanos contar con un RUC e ingresar al sistema bancario por un año (**).

Deivis Ramírez, por ejemplo, busca tener el nuevo carnet. Hace un año, su pareja quedó embarazada y estuvo a punto de pagar por la atención médica en el hospital Santa Rosa de Pueblo Libre, pero una asistenta social le permitió atenderse gratuitamente por su precaria condición económica. Él es vendedor ambulante. “En el parto de mi esposa, sólo pagué S/700 por las medicinas. Mi hija tiene su DNI y le han dado SIS gratuito”, señala Deivis. Su hija peruana se llama Isabela.

Deivis Ramírez es papá de Isabela. Ella es peruana, tiene un año y tres meses de edad y nació en el hospital Santa Rosa de Pueblo Libre. El joven ni su pareja están inscritos en el SIS porque no poseen carnet de extranjería ni PTP, al igual que Vanessa Gil. El nosocomio le apoyó en el nacimiento de su hija para que solo paguen los medicamentos (foto: Juan Carlos Chamorro).

El hombre de 27 años se dedica a la venta de mascarillas K-95 en la avenida La Marina, en Pueblo Libre. En su natal ciudad de Táchira trabajaba como pintor y, cuando llegó a Lima, hace cuatro años, empezó vendiendo gaseosas en las calles de San Miguel.

Es el único miembro de su hogar que trabaja. Su pareja se dedica a cuidar a la bebé de ambos, Andrea. Antes de la pandemia, Deivis podía ganar entre S/60 y S/70 al día vendiendo gaseosas. Ahora sólo obtiene S/40. El migrante anhela que las vacunas contra el Covid-19 también sean aplicadas a sus compatriotas. Según los reportes del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), hasta el pasado viernes, la cifra de venezolanos muertos desde que empezó la pandemia es de 286. No se especifica si fue a consecuencia del virus porque no se realizan las necropsias.

Los números que deja la migración venezolana no son alentadores. La directora de la ONG, Veneactiva, Nancy Arellano, dice que de los 826 mil venezolanos que viven en Perú, solo 50 mil venezolanos poseen un trabajo formal. Según cifras oficiales de Migraciones, de enero de este año, existen 32,500 trabajadores independientes, 21,001 comerciantes, 14,652 vendedores, 13,469 administradores de empresas y 76,617 empleados [ver infografía].

Lima, con 450 mil venezolanos, es la ciudad que alberga la mayor cantidad de migrantes que huyeron del régimen de Nicolás Maduro. De los 826 mil venezolanos que viven en nuestro país, solo 50 mil trabajan en el sector formal (Infografía: Leyla López).

Una encuesta regional del centro de investigación Equilibrium CenDE, realizada en octubre del año pasado a 687 venezolanos que viven en Perú, determinó que el 43% de los migrantes vio reducido sus ingresos por la pandemia a más de la mitad; y, un 17%, casi a la mitad. Es el caso de Will, que nos pide no revelar su identidad.

El joven de 28 años es natural de Caracas y es chef especializado en comida japonesa. En Lima fue cocinero en varios restaurantes, pero recibía un sueldo mínimo, que no le ayudaba a cubrir los gastos del colegio de su hermana de 17 años, que vive con él. Will también tuvo Covid, pero fue asintomático.

Hace dos años, la crisis lo llevó a ser repartidor de la empresa Rappi. Cuenta que sus ingresos han caído casi en un 40% desde que empezó la pandemia. Según cifras de la Embajada de Venezuela del 2019, había 5 mil venezolanos trabajando en la empresa distribuidora por el aplicativo Rappi. Hoy esa cifra podría haberse disparado.

Will reclama que los montos que la empresa paga por el reparto de comida es muy bajo. Actualmente, sus ingresos diarios oscilan entre 20 y 40 soles diarios, trabajando más de 12 horas. Aunque -confiesa- a veces es menos.

El migrante se queja de que la empresa no considera, como parte de su pago, la distancia que recorre desde el punto donde se encuentra esperando el pedido hasta el local donde recoge la comida para llevársela a los clientes del aplicativo. Sudaca envió un cuestionario a Rappi, vía Messenger, pero no respondieron.

Will responde que su sueño es tener un local de venta de makis con entrega a domicilio. “¿Quieres seguir viviendo en Perú?”, le preguntamos. El migrante dice que el trato que recibe de las autoridades peruanas “es mejor que en Panamá”, donde pasó una temporada. “El tema migratorio [allá] es difícil. La persecución era atroz. Muy fuerte. Literalmente: entraban al restaurante a buscar extranjeros [sin papeles], para sacarlos y deportarlos. Tuve que irme”, cuenta, mientras coge su celular para ver si tiene un nuevo pedido.

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(**) Según Migraciones, de los 826.412 venezolanos que viven en el país, 439.362 recibieron la entrega del Permiso Temporal de Trabajo (PTP). Además, hay 250 mil que poseen carnet de extranjería. El PTP tenía vigencia de un año y permitía a los migrantes poder trabajar y, después, obtener el carnet de extranjería, que les da el acceso al Seguro Integral de Salud (SIS), solo bajo la opción de «SIS-pago». Cuando venció el PTP, que tenía duración de un año, de esos 439.362 venezolanos, muchos optaron por sacar su carnet de extranjería (entonces, si se hace cálculos separados, la cifra de venezolanos en el Perú pareciera que se incrementa, pero lo que pasa es que, en realidad, en el número de quienes tienen PTP se suma, en muchos casos, a los que les entregaron dicho documento y a los que, a su vez, han obtenido el carnet de extranjería; entonces, en el papel, aparecen migrantes que tienen los dos documentos; la cantidad de quienes tienen PTP «entregados» no discrimina a los que ya tienen carnet de extranjería); aparte, otro grupo, hizo su trámite y aún no recibe ese documento (carnet de extranjería). Además, hay 500 mil venezolanos que están tramitando sus refugios y no poseen PTP ni carnet de extranjería. ¿Qué harán? Ellos tendrán que sacar el Carnet de Permiso Temporal de Permanencia (CPP), que es un documento que reemplaza al antiguo PTP (cuya entrega se suspendió en eñ 2018). En octubre del año pasado, el gobierno promulgó la resolución suprema N°010-2020 que autoriza  la entrega del CPP, pero aún no se inicia el trámite de inscripción. ¿Por qué? Porque no habría aún la decisión política de hacerlo.

(*) Fotocomposición e Infografía: Leyla López

(*) Fecha de publicación: 7 de marzo de 2021

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migraciones, Pandemia, venezolanos

Jorge Nieto Montesinos nos atiende desde su casa en Punta Hermosa, el balneario donde registra cinco inmuebles a su nombre. Con su justificación de estas adquisiciones empezamos.

Al revisar su declaración al Jurado Nacional de Elecciones me llamó la atención la cantidad de inmuebles que usted tiene. Cinco de ellos en el balneario de Punta Hermosa. ¿Vive en Punta Hermosa?

Vivo en Punta Hermosa.

¿Tiene algún negocio inmobiliario en ese balneario?

No, no hay ningún negocio inmobiliario. Soy una persona que ha trabajado cuarenta años de su vida, ha ahorrado en el extranjero, ha regresado a su país y, para tener cierta seguridad económica, ha tenido compra de bienes inmuebles. Es tan simple como eso. Todos los bienes están declarados en el 2016, cuando fui ministro. Todos los que había comprado hasta entonces. Todas las transferencias están bancarizadas. No hay ningún motivo de desazón.

Otro detalle de su hoja de vida es que no declaró sus ingresos, ¿por qué?

No es que no haya declarado, es que no he tenido ingresos. Tengo un sistema de vida que me permite, de los ahorros que tengo, poder seguir viviendo.

¿En todo el año 2019 no ha tenido ningún ingreso?

No, ningún ingreso. Todo lo que está declarado en mi hoja de vida es exactamente la verdad.

Se abre la posibilidad de gobernar sin bancada mayoritaria, ¿cómo gobernar sin bancada mayoritaria?

Quien gane las elecciones va a estar obligado a construir una coalición parlamentaria de gobierno. No es una coalición de apoyo en el Congreso para el gobierno. Es una coalición parlamentaria que sea gobierno. No es fácil.

¿Eso significa que si Victoria Nacional llega al gobierno va a convocar a otros partidos para participar en el gabinete?

Yo pienso que debería ser así.

¿A qué partidos preferiría usted convocar?

Eso se verá cuando se vea la composición del Congreso. Uno no puede anticipar correlaciones. Dependerá de la votación quiénes están en la situación de construir mayorías estables en el Congreso y, según eso, resolver las cosas [con] una agenda de temas muy clara.

Revisé declaraciones suyas a otros medios. Deja clara cierta distancia entre Victoria Nacional y el Partido del Buen Gobierno, el partido que usted lidera. ¿Cuál es el acuerdo entre estas agrupaciones? 

Más que clara distancia, somos entidades distintas. Y somos aliados leales. Estamos haciendo la campaña, colaborando con las ofertas y propuestas del plan de gobierno. ¿Cuáles son las bases de nuestro acuerdo? Primero, recuperar el Estado para el interés público. El Estado está capturado por intereses privados a través de la corrupción. Segundo, introducir políticas contra las desigualdades. Somos un país con abismos sociales profundos. Necesitamos recuperar en la agenda pública nacional la necesidad de introducir políticas contra la desigualdad.

¿El acuerdo incluye otorgarle ministerios al Partido del Buen Gobierno? 

No nos hemos planteado el tema.

¿Hay alguna diferencia entre estas dos organizaciones?

Hasta ahora no las hemos encontrado, pero me imagino que ellos son un poco más conservadores en materia cultural. Debo suponer, pero hasta ahora no hemos encontrado grandes diferencias.

Usted es candidato designado, ¿por qué decidió no militar en Victoria Nacional?

Porque soy militante del Partido del Buen Gobierno y me parece que militar en un partido solamente para ser candidato es una impostura a la que no estoy dispuesto. Creo que nadie debería estar dispuesto. De hecho, una vez que yo no pude registrar el partido para ser candidato presidencial, se acercaron otros para ofrecerme que me inscribiese en sus partidos y yo fuera candidato presidencial. Agradecí el gesto, pero me parecía una impostura que solo por ser candidato yo firmara como militante cuando en realidad no lo era.

En setiembre, antes de establecer el vínculo, declaró que no estaba de acuerdo con los “partidos taxi”. Así los llamó. ¿Victoria Nacional no es un ‘partido taxi’?

Nosotros tenemos un acuerdo político. Quienquiera que esté en contra de los acuerdos políticos no entiende políticamente el Perú. 22 partidos, 22 candidatos en el proceso electoral es una barbaridad. Necesitamos articular acuerdos. Una cosa es un acuerdo político y otra cosa es registrarse como militante ficticio de un partido para ser candidato.

No está negando que Victoria Nacional sea un ‘partido taxi’.

No, no. Por supuesto que no lo es. Es un partido político con el cual nosotros tenemos acuerdos.

También declaró que no haría alianzas con los partidos inscritos. En noviembre, dos meses después, anunciaron el acuerdo entre Victoria Nacional y el Partido del Buen Gobierno. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión?

Que no haría alianzas con los partidos inscritos en condiciones en las cuales nosotros tuviéramos que fingir una militancia que no era, eso fue exactamente lo que declaré.

LA IZQUIERDA, PPK Y SU PARTIDO

Jorge Nieto militó en el Partido Comunista Revolucionario y en la Unidad Democrático Popular (UDP). En 1980 postuló a la cámara de diputados por esta última agrupación. Renunció antes de las elecciones. “Estaba en desacuerdo con la enésima división de la izquierda”, dice. En el libro Izquierda y Democracia (1983), de su autoría, dejó sus razones: “La primera es que conocimos en los hechos, en la práctica, a la democracia. Y yo pensé que el horizonte utópico de la revolución había caducado y que se abría el horizonte utópico de la democracia, y que teníamos que transitar por esa vía”. ¿La segunda razón? “Tiene que ver con la comprensión del país. Yo sentía que, como militantes de izquierda, conocíamos mucho las historias políticas de otras realidades: la revolución rusa, la china, la cubana, pero conocíamos muy poco de las tradiciones y la historia política del Perú”, cuenta.

 

Está dando a entender que no tiene mucha confianza en que haya una izquierda democrática. ¿Es así?

Yo espero que haya una izquierda democrática. Creo que necesitan construir eso. A mí me da un poco de tristeza cuando veo, por ejemplo, sobre la situación en Venezuela, una gran tartamudez para explicar el fenómeno. O, simplemente, adhesiones que no toman en cuenta lo que está pasando en ese país y que los resultados, tanto políticos como económicos, han sido desastrosos. Espero que, progresivamente, la izquierda se afirme en una mirada democrática del país.

 

¿Por qué hizo ese tránsito desde la izquierda hasta llegar, podríamos decir, al extremo derecho de ser ministro de PPK y ahora postular con George Forsyth?

Yo no diría que he terminado en la extrema derecha. Al contrario, creo que fui parte de un gobierno de centro derecha en donde yo era un hombre que estaba ubicado más al centro.

Usted asesoró la gestión de Susana Villarán. En julio del año pasado el señor José Miguel Castro (exgerente de la municipalidad de Lima) declaró que usted había recibido 60 mil dólares de OAS y se le abrió una investigación. Usted dijo que era una calumnia y que lo iba a denunciar por difamación. ¿Cuál es el estado de esa investigación? 

La investigación preliminar está en curso. Yo estoy a disposición de la fiscalía. Ese tema está tratándose en la instancia que corresponde.

¿Hizo la denuncia por difamación? 

No, yo he dejado el tema en manos de mis abogados. Ellos son los que deciden las instancias jurídicas que hay que tomar.

Usted tiene una experiencia importante en el Ejecutivo y además es un académico. ¿Realmente tiene confianza en el liderazgo y en la capacidad de un candidato sin estudios superiores, como Forsyth?

Mire, en América Latina está el caso de Lula, un político que tampoco tiene estudios superiores. Un gran líder y, sin embargo, sin ningún estudio superior. Y en el Perú tenemos miles de dirigentes populares que, sin pisar siquiera la primaria, fueron excelentes dirigentes de sus comunidades y lograron conquistas formidables. Por tanto, creo que apelar al tema formativo me parece que es un argumento que no cuenta con peso. Lo importante es que el líder político tenga la capacidad para mirar los problemas, tomar decisiones, encontrar soluciones y salidas, y construir equipos. Hay muchos políticos con grandes títulos que han tenido comportamientos deleznables.

¿Cree que es el caso del expresidente Kuczynski? 

No, no he pensado en él. Por Pedro Pablo Kuczynski solo tengo gratitud. Él me ofreció ser ministro de Cultura prácticamente sin conocerme. Confió en mí.

Usted renunció al Ministerio de Defensa después del indulto a Fujimori. Además, ha declarado que Keiko Fujimori es una de las responsables de la actual crisis política. En su cuenta de Twitter criticó a Fujimori por politizar la vacunación. ¿Es usted antifujimorista?

No, para nada. En absoluto soy antifujimorista. Al contrario, creo que debe haber un diálogo con todas las fuerzas políticas. Pero hay cosas que no me parece que estén bien. Por tanto, uno tiene que señalarlas. Precisamente para eso es la democracia y el diálogo político, para expresar puntos de vista y, eventualmente, contrastarlos y ver de qué manera eso se encausa en una salida colectiva.

¿La falta de habilidades políticas del presidente Kuczynski gatilló la crisis política que sucedió después de su gobierno?

Creo que cometimos errores de tipo político, sin duda.

¿Cómo cuáles?

Señaladamente, el que me llevó a la renuncia: el indulto del señor Fujimori. Lo advertí en su momento, la tarde del día en el cual, antes de anunciar públicamente la decisión, el presidente Kuczynski me señaló que iba a tomar esa decisión. Yo hice el esfuerzo por convencerlo de que era una decisión incorrecta. Le advertí que eso abriría nuevamente un proceso de vacancia. Revisé el expediente y me pareció que no era suficientemente sólido y le dije que, meses después, esa decisión sería tirada atrás por un juez porque no había consistencia en lo que se había hecho, pero lamentablemente no me escuchó. Le presenté, en ese momento, mi renuncia. Él me pidió que no la hiciera pública y yo le dije que la haría pública cuando él me lo dijera porque no tenía interés en complicarle la vida o en generar un conflicto con alguien que había tenido una actitud muy abierta y muy generosa conmigo.

¿Qué otros errores cree que cometió el gobierno del presidente Kuczynski? 

No tuvimos la capacidad para construir una coalición fuerte en el Congreso para hacer lo necesario para enfrentar, con la sociedad, una mayoría que era muy hostigadora. La señora Fujimori, en el primer discurso importante que da después de no haber saludado y reconocido la victoria del candidato Kuczynski, dice que va a gobernar desde el Congreso. Ahí estaba inscrito el curso de los próximos años. No se le había elegido para que gobernase desde el Congreso. No tuvimos la habilidad para producir un mejor manejo de esta situación en particular.

Si Victoria Nacional llega al Ejecutivo y usted llega al Congreso, ¿cuál sería la prioridad legislativa y cuál sería el punto del plan de gobierno que priorizarían? 

Las prioridades son dos. La primera: controlar la pandemia y desarrollar una exitosa campaña de vacunación. La otra prioridad también es la reactivación económica y la generación de empleo. El Estado va a tener que ser mucho más eficiente en el manejo de la inversión pública. En cuanto a mí, como candidato al Congreso por Lima, hay dos o tres temas que me son muy relevantes. El primero: el Perú necesita una nueva ley de gestión de riesgos y desastres. Lo experimenté durante mi acción con el Niño costero. El otro [tema] tiene que ver con el acceso al internet. La pandemia nos ha empujado al uso de estas redes y solamente el 38% de hogares en el país tiene acceso al internet. Necesitamos que el acceso al internet sea de calidad y barato. Hay otros temas, por ejemplo, el costo de la energía eléctrica. Necesitamos abrir un espacio de competencia para que haya un mejor flujo y un sinceramiento de precios en el mercado, de modo que la energía sea mucho más barata de lo que hoy día es.

La última pregunta: ¿independientemente del resultado electoral, la inscripción del Partido del Buen Gobierno va a continuar en marcha? 

Nosotros estamos trabajando eso muy intensamente. Mientras desarrollamos la campaña electoral estamos en el esfuerzo de construcción de comités y de recolección de firmas. Necesitamos estructurar instituciones políticas reales, partidos con militancia, con líderes políticos, con programas, con iniciativas permanentes, con vida partidaria permanente. Estamos en ese esfuerzo permanentemente y espero que lo logremos.

** Esta entrevista se realizó antes de la publicación de la última encuesta del IEP.

 

[Publicado el 7 de marzo de 2021]
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