Una de las inquietudes que más acompañan a los observadores de la política peruana es nuestro déficit de gobernabilidad. Por qué nunca hemos sido capaces de tomar grandes acuerdos e implementarlos en el mediano y largo plazo, se preguntan públicamente. Por qué seguimos fragmentados, polarizados y, en consecuencia, persistentes en el rezago mundial y el subdesarrollo. Por qué, nuevamente, una crisis de origen natural nos muestra incapaces de respuesta.
Hacer gobierno democrático no es otra cosa que buscar equilibrios estables en el tiempo. La gobernabilidad suficiente es una oferta político-estatal que satisface a la gran mayoría de una demanda ciudadana, siendo que al interior de ambas fuerzas hay conflictos y alianzas. A esto se suma la preminencia legal de la autoridad pública, para fines de impedir el incumplimiento de las reglas acordadas y de dirimir conflictos. Los demandantes más poderosos influyen formal o informalmente sobre el gobierno, que también es capaz de realizar actos ilegales o inmorales.
Si esto es así, nuestros pendientes para alcanzar equilibrios políticos estables saltan a la vista: débil oferta estatal (institucionalidad política y aparato público muy disfuncionales), y orden económico sólo satisfactorio para una minoría privilegiada de la demanda ciudadana, que corrompe al Estado para sus fines y abusa de una mayoría depredada. Como es de esperarse, oferta y demanda están muy alejados de las valoraciones y formas democráticas, y de los equilibrios estables.
Se ha venido sugiriendo, desde hace algunas décadas, que gran parte de la solución a este déficit de gobierno es un paquete reformista exitoso, que abarque institucionalidad política y administración pública. En cuanto a lo primero, además de calidad de representación y participación, se plantean candados anti-golpistas en las relaciones ejecutivo-legislativo de nuestro sistema político. Y la verdad es que resulta hasta ingenuo esperar que una mayoría de congresistas y sus partidos quieran sacrificar poder político en nombre del país, y que sus financistas quieran exponer la legislación del modelo a una ciudadanía empoderada frente a sus representantes. Lo del aparato público eficiente también es quimera: de dónde van salir masas de buenos profesionales en una economía rezagada como la nuestra, donde hay una insignificante oferta educativa de calidad. El problema de fondo es económico: no hay equilibrio gobernante duradero – ni cerrojo que lo asegure – en la asimetría extrema favorable a unos pocos.
La historia de los países más gobernables manifiesta un orden opuesto al reformismo descrito, donde lo económico abre trocha a lo político. Se trata de sociedades que han ingresado a la lenta construcción de una democracia gobernante por medio de procesos que igualan clases sociales, incluyendo en los beneficios del progreso a grandes grupos humanos. Ese fue el papel de las llamadas revoluciones burguesas, como la inglesa, la francesa, la norteamericana u otras europeas: igualaron a buena parte de sus grandes mayorías, que eran sus burguesías emergentes. Y a partir de ese equilibrio estable en el largo plazo, fueron perfeccionando sus instituciones políticas y estatales, y universalizando derechos sociales hasta consolidar estabilidades democráticas, en la segunda mitad del siglo XX. Desde luego, nada de esto fue barato: lo hicieron con las ventajas comparativas que produce colonizar por siglos, lo que les permitió industrializarse y, finalmente, costearse un Estado de bienestar.
El punto, harto conocido, es que nosotros tuvimos un destino radicalmente opuesto. Mientras ellos se empezaban a igualar para unirse y tomar históricos acuerdos fundacionales, nosotros heredábamos – de una España todavía muy medieval – un modelo económico primario-exportador inestable por naturaleza, y sin ninguna posibilidad de industrializarse para dar empleo masivo de mínima calidad. Eso nos catapulta como una sociedad profundamente asimétrica, conformada por una pequeña minoría hispanista privilegiada – coludida con políticos mafiosos – y una gran mayoría sin educación y depredada en diverso grado. El paquete incluye la voluntad de continuar subordinando política, económica y culturalmente al hombre del Ande, de explotarlo e incluso asesinarlo, si pretende oponerse a las inversiones del Perú oficial. Por último, el virreinato dejó un Estado corrupto, centralista y sin capacidad de penetración – represiva y simbólica – en extensos territorios del país.
Ese fue nuestro proyecto de nación en la práctica. Lo que para otros significó revoluciones igualitarias que posibilitaron democracias gobernantes, para nosotros implicó sólo un cambio de colonos y de ciertas apariencias formales, bajo la explícita intención de no modificar el orden económico precedente. En términos de gobernabilidad, la herencia inmediata es una sociedad política convulsiva y militarista, muy ajena a la estabilidad política y al afán de construir una democracia.
Cuánto ha cambiado de aquello en 200 años. Claramente no lo suficiente como para pretender equilibrios de gobierno duraderos. El modelo primario-exportador y su orden social resultante siguen vigentes: se calcula que el 85% de peruanos ganan del sueldo mínimo hacia abajo y que el 50% tiene salarios menores a 500 soles. El modelo sólo asegura calidad de vida a menos de un 15%, y hace millonarios a unos cuantos cacos de traje. La administración pública sigue siendo operativamente insuficiente, centralista y corrupta, aun cuando últimamente ha tenido cierta modernización inercial, básicamente tecnológica. Nuestra institucionalidad política es severamente deficitaria en cuanto a cantidad y calidad de representación, y desincentiva la aparición de nuevos partidos y liderazgos.
Lo que sí ha mutado es nuestra relación con el campesino indígena, aunque la agricultura familiar sigue olvidada, y por ello nuestros mayores bolsones de pobreza son rurales. Muy lentamente, recién a partir de finales del siglo XIX, empieza a haber mínimos cambios en el orden de explotación legal que seguía sometiendo a nuestra población andina: el gran golpe final a lo que parecía no ceder, lo asesta Juan Velasco Alvarado. Y la violencia terrorista, cuya principal víctima es el campesino de la sierra, completa la dramática lección histórica. Hoy el racismo es condenado públicamente y desde todo sentido común. Sigue habiendo desprecio y olvido estatal hacia nuestros andes, pero cada vez menos. Y de a pocos, comienzan a ser respetadas nuestras culturas ancestrales, salvo que sus peruanos no tienen existencia política en el congreso.
Desde la independencia a la fecha, hemos tenido 68 gobiernos (1 cada 2 años y medio), de los cuales sólo 21 obtuvieron el mando por elecciones, muy excluyentes hasta antes de 1980. Hemos estado sujetos a 12 constituciones (1 cada 15 años). Claramente ha habido un alto grado desgobierno; es decir, equilibrios inestables entre oferta y demanda políticas, y muy breves para lo que requiere un país que inicia su construcción republicana con las finanzas públicas en quiebra, y tras 300 años de servidumbre, explotación y asesinato, tanto humano como moral y cultural.
El bicentenario nos encuentra en nuestro tiempo más deficitario en términos de gobernabilidad, lo que se expresa en el rechazo general a la clase política y los partidos, en las dos renuncias presidenciales de los últimos cinco años, en la baja popularidad de nuestros candidatos a palacio, en el rápido declive de popularidad de nuestras gestiones de gobierno, y en varios otros. Nuestra demanda ciudadana está al límite de la insatisfacción, debido a que la oferta político-estatal fomenta, facilita y refuerza – mega corrupción incluida – el modelo primario-exportador en su versión más global y predatoria. Este se inició en 1990, y tras dos bonanzas pasajeras, está desbordado por la pandemia, y sin respuestas a sus naturalezas precarizantes luego del último ciclo exportador.
A esta inestabilidad crónica se suma otra de las caras de la globalización: las nuevas tecnologías de la información. Como se sabe, debido a su bajo costo y a su infinita capacidad divulgativa en tiempo real, han generado ciudadanías más reactivas, notorias e influyentes, y han transparentado la acción pública, lo que ha erosionado la legitimidad política a nivel mundial. Así, tenemos una demanda política mayoritariamente depredada pero mucho más conciente y poderosa, y una oferta político-estatal conservadora, hoy en pública alianza con el gran empresariado. De dónde podría haber gobernabilidad democrática.
La única solución realista para esta imposibilidad gobernante es ponernos al día con la historia, igualar de verdad. Sólo eso podrá consolidar un estado-nación legítimo, y nos dará gobierno en el largo plazo. Es claro que decirlo es muchísimo más fácil que hacerlo: no está al alcance de nuestra economía crecer lo suficiente como para repartir riqueza e igualarnos en calidad de vida: somos un país irremediablemente rezagado bajo el orden mundial vigente, donde el desarrollo es privilegio de países que colonizaron, se industrializaron y se democratizaron en siglos. El liberalismo económico no está hecho para llevar a países pobres hacia el bienestar, y el desarrollismo industrializador requiere de insumos y plazos con los que no contamos. De ello, no queda otro camino inicial de cambio que el de la austeridad compartida en democracia, con derechos sociales lo más extendidos posible.
Este modelo de desarrollo, pendientes de detallar en próximas columnas, implica sacrificios y tiene segura resistencia en los tiempos que corren, pero es tan lógico como la estrategia de una numerosa familia pobre que quiere progresar sin poner en riesgo su salud y unidad: hacer un pacto de ayuda mutua, consumir lo indispensable, y de a pocos ir alcanzando los insumos que le permitan competir para lograr sus mayores sueños. El gran problema de nuestro país, es que hay un grupo de familiares que no son pobres, y son los más reacios a dejar sus placeres consumistas. Unos cuantos de ellos quieren mantener el sistema que les permite seguir abusando, y complotan en esa dirección. Y el resto – que podría empujar muy bien el cambio – no es concientes de la relevancia de un consumo inteligente para terminar con nuestro atraso, y más bien fomentan lo contrario desde sus alcances en redes. Salvando escalas, así de sencillo es el asunto, sobre todo si logramos mirarlo sin velo.
El abogado Adolfo Gamarra tuvo que trasladar a su hija Mikaela del colegio Regina Pacis de Surco al colegio Newton de Jesús María (foto). Señala que no le quisieron rebajar la pensión más del 10%; una beca o media beca, menos.
