Sin un shock de inversiones capitalistas acompañado de un conjunto de reformas de segunda generación, el Perú andará a la deriva, atrapado en el statu quo, con inmensos bolsones de la población al margen de la bonanza y dispuestos a saltar al vacío por el puro gusto de agraviar a quienes consideran los responsables de su desventura ancestral.
Además, el Minem ha destinado un presupuesto de S/ 150 millones del FISE para el conocido proyecto “7 regiones” desde abril de este año, según informó dicho ministerio a Sudaca. Esta iniciativa busca impulsar la masificación del gas natural en las regiones de Ayacucho, Cusco y Ucayali en una primera etapa aprovechando su cercanía a ductos ya existentes. En una segunda etapa se hará lo mismo con Huancavelica, Apurímac, Puno y Junín. A comienzos de este año, el ministerio aseguró que en 2 años lograrían el objetivo.
La construcción de más gasoductos también es necesaria. Uno de ellos es el recordado –y manchado por la corrupción de Odebrecht– Gasoducto del Sur. Ahora el proyecto se llama Sistema Integrado de Transporte de Gas Natural – Zona Sur del Perú (SITGAS). Desde el Minem aseguraron a Sudaca que “se encuentran coordinando la segunda etapa de los estudios necesarios para continuar con el proceso de adjudicación”, aunque sin un plazo fijo para hacerlo finalmente realidad.
Aunque lo anterior suena prometedor, corregir la disparidad tarifaria es otro pendiente. El organismo estatal encargado de fijar las tarifas es Osinergmin. Cada cinco años las empresas concesionarias le presentan un plan quinquenal con proyecciones de demanda, metas y un mecanismo de promoción. Osinergmin analiza la propuesta alcanzada, arma una propia, y establece la tarifa final.
Contugas pasó por ese proceso este mismo año y no terminaron muy contentos. “En algunos puntos no estamos de acuerdo. Para fijar las tarifas Osinergmin usa un modelo regulatorio llamado empresa eficiente. Es idealizada. Hay infraestructura y gastos operativos que no son tomados en cuenta por el regulador y hacen que la tarifa finalmente no remunere las inversiones y los gastos operativos del concesionario”, reclama Luis Salas, gerente de tarifas y regulación técnica de la empresa operadora en Ica.
Una comparación del kilometraje y recorrido de nuestros gasoductos con otros países de la región dan cuenta de lo mucho que falta por construir.
Desde el Ejecutivo parecen haber tomado conciencia de este problema, aunque no contaban con que el Legislativo entorpezca las cosas. En noviembre del año pasado presentaron el proyecto de ley 679 que buscaba fijar una tarifa única de distribución para el GN. Este fue aprobado por el Congreso en julio. Sin embargo, Castillo observó su autógrafa el último 15 de agosto.
La iniciativa del gobierno buscaba que el FISE y el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos (SISE) financiara la ejecución de proyectos para la masificación del gas en todo el país. Sin embargo, en su versión aprobada el Congreso excluía de su alcance a las empresas concesionarias con contratos vigentes.
Al observar la autógrafa, el Ejecutivo manifestó que la postura legislativa constituye una decisión contraproducente con el objetivo de la ley, ya que dejaba fuera de su alcance a las regiones de Arequipa, Tacna, Moquegua, Áncash, Piura, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima, Callao e Ica, donde sí hay concesionarios y no hay conexión absoluta. Hoy, el proyecto está de nuevo en la Comisión de Energía y Minas.
“La tarifa única nacional es fundamental. Los congresistas se confundieron, pensaron que al extender la tarifa se beneficiaba el concesionario. Fue un error conceptual. Los concesionarios tienen un contrato y no ganan más por tener tarifas más reducidas. Si la aprobaban así en regiones donde hay concesionarios los domicilios pagarían una tarifa más cara que aquella donde no hay concesionario”, explica Felipe Cantuarias, presidente de la SPH.
Sudaca buscó la versión de Osinergmin sobre las críticas planteadas a su sistema para establecer las tarifas, así como su opinión sobre el proyecto de una tarifa universal. Sin embargo, aunque se comprometieron a hacerlo, al cierre de esta edición no recibimos respuesta.
Para Erick García estos cortocircuitos entre Ejecutivo y Legislativo ocurren por la ausencia de un articulador estatal. “Acá lo que se necesita es una autoridad nacional que alinee a todos. Eso tiene que cambiar”, sostiene el ex funcionario.
Complejo o no, el camino para masificar el gas natural ya está trazado. Falta, como es evidente, escoger una dirección segura para avanzar. Toca esperar que los poderes del Estado, tan acostumbrados a jalar agua para su propio molino, no lo hagan con este recurso energético fundamental para el futuro nacional.
**Fotoportada por Darlen Leonardo
En segundo lugar, azuzar y mantener el miedo resulta también efectivo para la práctica política. La sociología ha investigado muy bien el miedo como un instrumento de control social. Una población temerosa es capaz de otorgar mayor poder a quien aparentemente le garantice seguridad. Por ello la venia con los estados de emergencia, la militarización de la seguridad pública y un mayor retorno de poder dirimente de las Fuerzas Armadas y la Policía. Es un silencioso retorno a las prácticas autoritarias, el abuso del decretismo y con ello el resquebrajamiento de la democracia. Mientras tanto, una ciudadanía pasiva, temerosa y delegativa deja que poco a poco vayan ganando mayores espacios y cediendo derechos a los sectores más antidemocráticos del sistema político.
Por el panorama que se puede apreciar, parece que estas elecciones municipales en Lima serán nuevamente cuatro años perdidos de gestión. El premio consuelo de la alcaldía, para quienes están dispuestos a dejar el cargo si se convocara a elecciones generales, no nos trae la mejor de las expectativas. Y en este proceso, las garantías de una ciudad sin miedos ni inseguridades, ¿qué tan favorable les resulta verdaderamente a nuestros políticos? ¿Es rentable que la inseguridad deje de ser uno de los principales problemas del país? Por lo visto, por el momento no.
Consultados algunos fiscales, nos dijeron que a quien debe investigar la Junta Nacional de Justicia es a la fiscal Revilla Corrales por ocultar una información tan sensible tanto tiempo y que recién recuerda cuando la sacaron del cargo que ocupaba. Si a Patricia Benavides se la tiene que investigar por esto, lo debe hacer control interno del Ministerio Público. Por el tiempo transcurrido –agregan los fiscales consultados–es probable que no se pueda siquiera abrir investigación, por haber prescrito la falta disciplinaria.
En el Ministerio Público es un secreto a voces que quien está dirigiendo la campaña contra la actual Fiscal de la Nación es la fiscal Fanny Quispe Farfán quien prepara una serie de medidas legales para tratar de retornar a la Fiscalía Suprema que investiga el caso Cuellos Blancos, de la que fue cambiada el 22 de julio del 2022.
Quispe –que ahora labora en una fiscalía del distrito de San Luis– siente que se la humilló por no consultarle si quería ser cambiada y por no respetar su antigüedad en el cargo; ella se considera la descubridora del caso Cuellos Blancos y la persona más importante (e irremplazable) del caso. Sin embargo, la causa principal por la que quiere regresar a su antiguo trabajo se debería a que la nueva gestión fiscal, al revisar exhaustivamente los casos se encontró con carpetas mal armadas, sin foliatura, y los expedientes de colaboración eficaz en un completo abandono y ha identificado que el acuerdo de colaboración eficaz que la Fiscalía suscribe con Walter Ríos contiene una cláusula de impunidad absolutamente inédita e ilegal en la historia del derecho peruano, ya que se le otorga al expresidente de la Corte del Callao todo beneficio por hechos delictivos, presentes o futuros, que pueda cometer. Por ejemplo, si Walter Ríos mata a alguien en el penal o vuelve a cometer un delito de corrupción por el acuerdo ilegal de colaboración que suscribió la fiscal Fanny Quispe no se le podría investigar y menos castigar. Ni siquiera Odebrecht ha tenido tantas ventajas y gollerías en su trato con la Fiscalía.
Como la cláusula de impunidad de Walter Ríos ha generado un escándalo en la nueva gestión de la Fiscalía, Fanny Quispe pretendería regresar a fin de neutralizar cualquier investigación que pueda abrirse en su contra debido a la ley peruana no permite a los fiscales a llegar un acuerdo de impunidad con los delincuentes por hechos todavía no descubiertos y que no se encuentran contenidos en el acuerdo de colaboración eficaz.
Si existe una nueva autoridad decente de control interno en el Ministerio Público, que ahora encabeza Juan Antonio Fernández Jerí, se debería intervenir de oficio y de inmediato para investigar, procesar y castigar un claro caso de delito de prevaricato que se ha cometido para brindar beneficios ilegales a Walter Ríos Montalvo. La otra opción es que la nueva gestión fiscal remita copias a control interno para la investigación correspondiente, dada la gravedad de los hechos descubiertos.
Uno de los temas “bombas” que aparecen en una última entrevista al fiscal Cubas Villanueva es que tiene acceso a un documento enviado por la DIVIAC (mediante oficio 496-2020 DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPAPTEC ) dirigido a la fiscal provincial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado del Callao. Dichi documento reporta que en el marco de la investigación del caso Cuellos Blancos existen ocho comunicaciones telefónicas entre Edwin Oviedo y Enma Benavides, jueza superior y hermana de la fiscal Patricia Benavides, que ocurrieron entre mediados de abril y principios de junio de 2018; así como siete llamadas entre la fiscal Patricia Benavides y el investigado Antonio Camayo Valverde, que tuvieron lugar entre finales de mayo y finales de junio de 2018 en pleno estallido del caso Cuellos Blancos.
Para cualquier persona e, incluso, para cualquier fiscal, es difícil acceder a un Informe de la DIVIAC sobre levantamiento de secreto de las comunicaciones, ya que tiene un carácter eminentemente reservado al afectar la vida privada de las personas. Cubas Villanueva, al ocupar un cargo administrativo en el Ministerio Público como jefe de la implementación del Código procesal penal, y al no investigar a nadie, difícilmente podía contar con una información tan sensible. Solo es posible que esa información se haya filtrado por las personas y los funcionarios que directamente tienen acceso a ella.
SUDACA ha consultado a los oficiales de la DIVIAC que se relacionan con el informe de registros de comunicaciones a las que Cubas alude y nos señalan de manera enfática que ellos solo han entregado de manera oficial el documento de registros de comunicaciones a la fiscalía que lo solicitó y no a otra dependencia del Ministerio Público y que es imposible que dicha información ellos la hayan entregado a la prensa, o a cualquier otro fiscal, debido a que estarían incurriendo en delito y en falta grave que les podría costar su carrera. Asimismo, se ha consultado a la fiscal que ordenó el informe de la DIVIAC, la Dra. Rocío Sánchez y también nos negó enfáticamente que haya tenido una copia en su poder de dicho informe y menos que haya filtrado la información a la prensa o que haya proporcionado dicha información a Cubas Villanueva, con quien no tiene ninguna relación, o que haya elevado un informe a otra dependencia fiscal.
Si tanto la DIVIAC y la ex fiscal encargada del caso niegan de manera rotunda haber entregado a terceros el informe de registros de llamadas en la que se encuentran Patricia y Enma Benavides, la única opción posible es que dicho informe haya sido filtrado por la misma fiscalía que investiga a Camayo Valverde y a Edwin Oviedo Pichotito. Se recuerda que la investigación fiscal de ambos personajes se encuentra a cargo de los fiscales provinciales Magaly Quiroz y Juan Carlos Cabrera Segovia.
Se debe recordar que sobre la fiscal Magaly Quiroz hay graves hechos que pesan en su contra, y que hasta ahora nadie investiga, debido a que ocupa el lugar de principal investigadora del caso Cuellos Blancos luego de ser designada por la antigua Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, a propuesta de Fanny Quispe, pese a ser amiga íntima y compañera de colegio de la esposa (Maritza Sánchez) del principal protagonista del caso Cuellos Blancos: Walter Ríos Montalvo. Habiendo, además, asesorado a la esposa de Ríos –tal como lo refiere ‘Hildebrandt en sus trece’ y el diario ‘Expreso’– en la defensa del cabecilla del escándalo de corrupción. ¿Cómo es posible que una fiscal que tiene una amistad pública con la esposa del jefe de la organización, a quien brindó asesoría y consejos legales, termine siendo investigadora del caso y haya, por ejemplo, desaprobado el acuerdo de colaboración eficaz de Gian Franco Paredes Sánchez que involucra a Walter Ríos Montalvo en actos de corrupción que nunca éste delató a la Fiscalía? ¿Qué sorpresas y qué hallazgos nos puede brindar el levantamiento del secreto de las comunicaciones de la fiscal Magaly Quiroz a través de los registros históricos de llamadas con su amiga Maritza Sánchez?
Una situación semejante ocurre con el fiscal Juan Carlos Cabrera Segovia, que investiga también en primera instancia el caso Cuellos Blancos y hace unos meses fue denunciado en señal abierta, tal como informó el programa ‘Panorama’ de Panamericana Televisión, por su asistente Dina Maguiña por abuso de autoridad, peculado de uso y hostigamiento laboral debido a que la enviaba a trabajar indebidamente para sus trámites personales y no para los casos de la Fiscalía, en especial, para recoger información de distintas entidades públicas que le podía servir para su ratificación en la Junta Nacional de Justicia. Dina Maguiña ha presentado a control interno de la Fiscalía chats de conversaciones personales con las que prueba sus afirmaciones y ha acusado a Cabrera Segovia de maltrato y de haberla humillado en su trabajo, situación inaceptable para un representante del Ministerio Público que debe respetar a la dignidad de la persona. Cabrera es conocido en el Ministerio Público por la prepotencia con su personal, su carácter ácido y por tener una relación cercana con la fiscal Fanny Quispe.
Con lo dicho, queda en evidencia que el principal peligro y fuego graneado que tiene la Fiscal de la Nación no proviene de terceros, sino de los propios integrantes del Ministerio Público que, desde distintas instancias y posiciones luego de acceder a información reservada, buscan desestabilizar a la cabeza del Ministerio Público para recuperar posiciones de poder que han perdido. El hecho que Patricia y Enma Benavides, o cualquier otra persona, hayan conversado telefónicamente con una persona investigada en algún caso que investiga el Ministerio Público no las convierte en sospechosas de algo y menos en delincuentes, peor aun cuando no hay audios de dichas conversaciones y no se conoce el contenido.
Entonces, parece ser que este sería un caso donde lo principista podría ser enemigo de lo práctico. Al oponerse a esta propuesta, sabiendo que el matrimonio igualitario no será aprobado en este Congreso mayoritariamente conservador, se privaría a la comunidad LGTBQ+ de contar con las protecciones y beneficios mencionados arriba. ¿Es entonces lo perfecto enemigo de lo bueno?
Quienes se oponen a la propuesta, consideran que, una vez aprobada, se usará como argumento para no debatir el matrimonio igualitario. Sin embargo, los ejemplos de otros países, como Chile, nos dicen que la Unión Civil es muchas veces un paso previo al matrimonio igualitario, en el cuál las sociedades van evolucionando y comprobando que las uniones entre personas del mismo sexo no le hacen daño a nadie.
Lo que correspondería en un Estado de derecho con igualdad ante la ley sería que la ley sea igual para todos. Sin embargo, mientras el Matrimonio Igualitario no sea una posibilidad, creo que las bancadas progresistas deberían reflexionar sobre si realmente quieren privar a las parejas del mismo sexo de tener al menos los beneficios que ofrece este punto medio. En este caso el “todo o nada” pone mucho en juego.
*Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de las organizaciones a las cuales pertenece.
Flaco favor hace el Congreso con este tipo de informes a las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público, instancia donde se debe dilucidar el caso y que ha convocado peritos nacionales e internacionales para obtener claridad sobre lo que realmente ocurrió ese fatídico 15 de enero.
Hay sin duda un interés del Gobierno por aprovechar políticamente este caso. No se explica de otra manera la lentitud de la OEFA por reabrir las actividades pesqueras en la zona. En su Informe, OEFA señala que ya hay 28 áreas totalmente libres de residuos de hidrocarburo y, sin embargo, no decreta la reapertura de estas áreas de pesca. Los perjudicados son los pescadores que están sobreviviendo con los bonos que les entrega la empresa. La demora en la emisión de los informes de OEFA, con muestras desfasadas en el tiempo (muchas datan de hace cinco meses), solo perjudica al retorno de las actividades.
Este desastre ha sido muy doloroso para el país y, sobre todo, para pescadores, comerciantes y vecinos de Ventanilla y alrededores que fueron directamente impactados. Ellos esperan una investigación seria y el retorno lo más rápido posible a sus actividades. El Informe de la Comisión que presidió Margot Palacios es una muestra más de que el Congreso no debe asumir causas que no le competen ni debe buscar aprovechamiento político y dejar que el Ministerio Público profesionalmente llegue a las conclusiones que todos demandamos.
El mercado lechero nacional está concentrado en tres grandes empresas, de acuerdo a un informe publicado por Indecopi sobre el sector lácteo publicado a finales del año pasado. Gloria, actor principal, tiene una participación de mercado del 76,7%. Le siguen Laive y Nestlé, con 9,9% y 8% respectivamente. Su influencia en el negocio es inmensa. Juntas, por ejemplo, acopiaron el 49,8% de la leche fresca producida en el 2020, según el documento.
Y no han estado exentas de cuestionamientos en el pasado. El Caso Pura Vida, producto de Gloria, es uno de los más recordados. En el 2017, la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA) prohibió que Pura Vida ingrese a ese país con el etiquetado de leche porque su composición no era exclusivamente ese alimento. Tenía un 60% leche, según Gloria. Esta decisión llegó al Perú y desencadenó toda una discusión respecto a los rótulos más exactos para el mercado lácteo.
El caso Pura Vida terminó cuando Indecopi sancionó a Gloria, Nestlé y Laive con una multa de S/ 9,573,967 en conjunto por consignar denominaciones erróneas en productos como Bonlé, Reina del Campo y Laive Evaporada Vitaminizada a finales del 2018. Varias de estas presentaciones eran consideradas mezclas lácteas.
Desde entonces, cada vez que la leche ha estado de nuevo en el ojo de la tormenta la discusión jamás ha excluido el aspecto de la industria. “Esa polémica es totalmente comercial. Mezclan la parte técnica. Con eso logran que los niños tomen menos leche”, asegura Rodrigo Valenzuela.
“Tiene rasgos comerciales que están relacionados al impacto a los productores ganaderos. Ellos han reclamado que ‘leche’ se le llame a los productos elaborados solo a partir de leche fresca, no más a las mezclas lácteas. Es importante tenerlo presente”, complementa Jessica Huamán, presidenta del Frente del Consejo Municipal contra el Hambre de Lima.
Hoy, esos “rasgos comerciales” tampoco están excluidos del debate. Esas son las bases para hablar de la leche en el Perú. Un asunto que todavía traerá nuevos capítulos.
El último martes, la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente un pedido de Gloria para utilizar provisionalmente leche en polvo para hacer leche evaporada, a raíz del decreto supremo del Midagri. La empresa apelará. Esta bebida natural seguirá dando que hablar.
**Fotoportada por Darlen Leonardo
Esto se puede ver más claramente con el ejemplo de las noticias falsas. Existen muchas explicaciones de por qué las personas comparten noticias falsas: tienen un sesgo a favor de lo que les da la razón, tienen expectativas sociales de convertirse ellos mismos en fuentes de información, no tienen la voluntad para ir más allá y averiguar, etc. Pero yo creo que existe, además de lo mencionado, algo que tiene que ver con la absoluta incapacidad de distinguir lo verdadero de lo falso. Si uno les pidiera a estas personas que averigüen si la noticia compartida es verdadera, ‘como si su vida dependiera de ello’, la gran mayoría no tendría ni la más mínima idea de por dónde comenzar. Pueden tener la voluntad de querer averiguarlo, y la integridad para hacerlo genuinamente, pero no poseen las herramientas adecuadas. Simplemente no saben qué hacer. Y esto es totalmente independiente de su nivel de educación, pues sucede también con personas provenientes de los mal llamados ‘mejores colegios y universidades de Lima’. Que esto sea así muestra que realmente el problema del Perú es la educación, pero esto incluye también a las personas que usan ese cliché de manera clasista.
Lo mismo sucede con el fraudismo. Más allá de la tira de fraudistas mentirosos (que son despreciables por varias otras razones), los fraudistas son la muestra viva del fracaso de la educación peruana.
* Manuel Barrantes es profesor de filosofía en California State University Sacramento. Su área de especialización es la filosofía de la ciencia, y sus áreas de competencia incluyen la ética de la tecnología y la filosofía de las matemáticas.
De por sí estas mafias afectan la economía nacional. Algunos, cínicamente, creen que es mejor hacerse de la vista gorda y asumir que gracias a su actividad ingresan ingentes cantidades de dinero, pero olvidan que el “blanqueo” de tales dineros destruye la competitividad sana en muchos sectores donde estos mafiosos “invierten”. Los empresarios limpios no pueden competir con estas lavanderías.
De otro lado, la propia ilicitud de estas mafias es la causante, en gran medida, de la creciente ola delictiva que sufre el país. Disputas por territorios o cuotas de poder, ensangrientan las calles del Perú a punta de sicarios y plomo. No es admisible que se le mire de soslayo y no haya conciencia plena del aspecto central que la lucha contra estas mafias debiera tener en los planes de gobierno de cualquiera que quiera regentar el Estado peruano, el mismo que está a punto de ser capturado por bandas criminales y convertir al Perú en una nación fallida.
