La masificación del gas natural (GN) que se produce en Camisea, de manera que llegue a todo el país, es un reclamo largamente postergado, y ha sido un punto central en el discurso del actual gobierno como una manera de enfrentar la crisis energética global y paliar los efectos del alza en el precio del petróleo.
El problema es que hasta el momento lo único que se ha propuesto es modificaciones normativas. Y este –coinciden expertos, gremios, cabezas de los mismos concesionarios e incluso ministerios– es importante pero no es lo más urgente. Para masificar el GN se necesita un trabajo articulado entre los sectores público y privado.
Se necesitan nuevas leyes y políticas, pero también derrumbar mitos respecto a la utilidad de este combustible.
Diamante en bruto
El GN tiene ventajas comparativas frente a otros combustibles fósiles. Para comenzar, es 100% peruano, por lo que contribuye a nuestra independencia energética y nos ofrece cierta protección de las fluctuaciones de precio del mercado internacional, que sí afectan a los combustibles importados, como el petróleo y sus derivados (gasolina, GLP, diésel, etc.).
Nada de lo anterior sería posible sin los yacimientos de Camisea. “El Perú es productor de gas natural gracias a los dos lotes de Camisea [56 y 88] que tienen producción para soportar toda la demanda de gas natural de los próximos 20 a 25 años”, asegura Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH).
El potencial de ahorro que ofrece el GN está probado en lugares con alta conectividad como la ciudad de Lima. “La canasta energética de una familia promedio de cuatro personas es de 250 soles cuando tiene secadora y terma. Cuando te pasas a gas, con cocina, terma y secadora, tu gasto baja de 250 a 155. Se ahorra bastante plata”, considera Erick García, exdirector de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en base a cálculos del mismo ministerio.
Sus bondades no terminan ahí. El gas natural es multiusos. Contrario a lo que se piensa, no solo sirve para cocinar. “La mayoría cree eso. Eso nos ha hecho mucho daño como país. El gas natural es un combustible para todo: cocina, terma, secadora. Puedes generar hasta luz y refrigeración para hospitales”, agrega García. Con el GN también se mueven industrias y vehículos, gracias al gas natural vehicular (GNV).
De hecho, el GN es el combustible fósil más amigable con el ambiente que actualmente dispone nuestro país. Según el Índice de Nocividad de Combustibles (INC), del Ministerio del Ambiente, el cual rankea los combustibles utilizados en el mercado nacional de menor a mayor grado de contaminación, el gas natural ocupa el primer lugar como el menos contaminante con un valor de 1,0. El podio lo completan el gas licuado de petróleo (2,3) y el carbón antracítico (6,2). El más contaminante es el petróleo industrial, que llega a 36,0.
“Se tienen que tomar decisiones, como migrar la matriz de transporte público a gas natural. Otros países lo han hecho de forma acertada. Hoy es principalmente en base a diésel y gasolina, razón por la cual tenemos altas emisiones de dióxido de carbono”, sostiene Felipe Cantuarias, presidente de la SPH, a partir de los índices anteriores.
El INC del Minam es contundente: el gas natural es la energía menos contaminante que tenemos en el país.
Pero ese sueño está lejos de ser realidad. El Perú tiene 13.24 trillones de pies cúbicos de gas natural (TCF, por sus siglas en inglés) como reservas, de acuerdo con el Informe del Sector Gas Natural de Promigas del 2020. Esto permite garantizar que nuestro país tenga gas disponible hasta, al menos, el año 2049, según estimaciones de Cálidda. El gran detalle es que, de ese total, se consumen solamente 0.46 TCF al año.
Entonces, ¿por qué no se masifica finalmente el uso del gas natural en el Perú? Felipe Cantuarias da una posible respuesta: “Falta la decisión política para invertir en infraestructura de ductos. Para que eso ocurra, hay que construir la demanda. Hoy cualquier inversión tiene ese obstáculo para ser rentable”, afirma el presidente de la SPH. Y es que no todos los concesionarios han tenido la misma suerte que el mejor posicionado: Cálidda.
Un modelo a replicar
El gas natural llega a Lima y Callao desde el año 2004. Su distribución está en manos de Cálidda, empresa cuyos socios accionistas son el Grupo Energía Bogotá y Promigas. El Estado peruano le dio la concesión para explotar los yacimientos de Camisea y distribuir el gas natural en la capital, por lo menos, 30 años.
Desde entonces, Cálidda ha conectado a la red de distribución de gas –unos 15 mil kilómetros de tuberías– a más de 1.45 millones de viviendas. Para ello, la empresa asegura haber invertido US$1,560 millones.
¿Por qué no puede llegarse aún a algo similar en otras regiones? El caso es que Cálidda goza de un privilegio que el resto de los concesionarios no tiene: un territorio operativo altamente desarrollado. “Tenemos a los generadores eléctricos que consumen el 70% del gas que distribuimos. El resto es entre residenciales, industrias y comercios. Tenemos esa ventaja: 700 millones de pies cúbicos de demanda”, asegura Martín Mejía del Carpio, director general de Cálidda.
Los otros concesionarios –Contugas (Ica y alrededores), Quavii (en ciudades del norte como Piura o Trujillo) y PetroPerú (Arequipa, Moquegua y Tacna)– no gozan de semejante ventaja. “Para expandir redes necesitamos una demanda ancla: grandes clientes. No tenemos industria, porque nuestras tarifas para su sector no son competitivas. Están por encima de las tarifas limeñas. Nosotros tenemos una infraestructura que está diseñada para soportar una demanda de 300 millones de pies cúbicos por día. Actualmente utilizamos 20”, dice, por ejemplo, Luis Salas, gerente de tarifas y regulación técnica de Contugas.
Para el exdirector de Hidrocarburos, Erick García, esta diferencia se debe al esquema regulatorio. “Es muy lento. Se basa en subsidios cruzados, es decir, los grandes clientes aportan un poco más para darle a los chiquitos, pero eso funciona en ciudades como Lima que es centralizada y con generadores, aunque hasta ahora [ahí] no hay gas en todos los distritos”, asegura.
Y las diferencias las siente el consumidor. Quavii, por ejemplo, tiene tarifas residenciales y vehiculares de 16.9 y 9.4 dólares por millón de BTU [unidad de medición para el gas]. Cálidda, por su parte, mantiene una tarifa residencial y vehicular de 11.2 dólares y 6 dólares por millón de BTU, respectivamente.
Ante la ausencia de gasoductos en todo el territorio nacional, el costo aumenta por el transporte en camiones, conocido como ‘virtual’. “Fuera de Lima y Callao es muy alto, lo que genera un precio final mayor a otras fuentes de energía como el GLP. Los dos ductos de TGP abastecen a la costa, pero luego desde Pisco hay que llevar el gas natural al resto del país. Este sistema de distribución virtual es excesivamente caro. Esto resta competitividad al gas natural”, explica Felipe Cantuarias, presidente de la SPH.
Ese es el panorama actual. Para que la expansión del gas natural a todo el territorio nacional sea finalmente algo posible muchas de estas variables deben cambiar.
Error conceptual
Sin demanda, no hay inversión y sin inversión no puede haber mayor distribución. Ese es el camino que el gas natural necesita y que hoy no tiene. Para avanzar, se vuelve imperativo que el Estado peruano se ponga manos a la obra en ciertas paradas cruciales de este recorrido.
De momento, va cojeando. Un primer paso para crear esa demanda sería cambiar la matriz energética del transporte público. “Una casa consume 12 metros cúbicos al mes. Un carro consume eso al día. Necesitamos al transporte para generar volumen en provincias, donde no hay industrias. A más demanda, menos dinero se pedirá para construcción”, sostiene Erick García.
Para construir, el Estado deberá desembolsar dinero. “Hay regiones que, por falta de demanda, tal vez necesiten un subsidio. Todo eso requiere decisión política. Parte de la inversión en ductos deberá salir del bolsillo estatal porque hay regiones donde no es rentable para un privado construirlos”, explica Felipe Cantuarias, presidente de la SPH.
Lo sugerido por Cantuarias es un modelo ya aplicado en otros países de la región. “Argentina y Colombia construyeron infraestructura inicial y después la cedieron a los privados para que la administren. Así, las tarifas se reducen. El Estado debe poner dinero del fisco, como del canon gasífero o el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), que podrían pagar esa infraestructura”, propone Erick García.
Y esos recursos están ahí para usarse. Según informó el Ministerio de Economía a Sudaca, entre enero y agosto de este año se ha transferido S/ 2,233,516,430.95 en canon gasífero. Dicho monto está en función al comportamiento mensual de las cotizaciones y producción de los lotes 88, 56 y 57 del proyecto Camisea.
Perupetro, por su parte, aseguró a este medio que Cusco, región donde se encuentra Camisea, ha recibido 6,425 millones de soles en canon gasífero desde el 2004. “Adicionalmente, desde el año 2005, las regiones por donde pasa el ducto de Camisea, reciben transferencias mensuales del Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea (FOCAM), las mismas que ascienden a 5,580 millones de soles”, agregaron desde su área de prensa.
Además, el Minem ha destinado un presupuesto de S/ 150 millones del FISE para el conocido proyecto “7 regiones” desde abril de este año, según informó dicho ministerio a Sudaca. Esta iniciativa busca impulsar la masificación del gas natural en las regiones de Ayacucho, Cusco y Ucayali en una primera etapa aprovechando su cercanía a ductos ya existentes. En una segunda etapa se hará lo mismo con Huancavelica, Apurímac, Puno y Junín. A comienzos de este año, el ministerio aseguró que en 2 años lograrían el objetivo.
La construcción de más gasoductos también es necesaria. Uno de ellos es el recordado –y manchado por la corrupción de Odebrecht– Gasoducto del Sur. Ahora el proyecto se llama Sistema Integrado de Transporte de Gas Natural – Zona Sur del Perú (SITGAS). Desde el Minem aseguraron a Sudaca que “se encuentran coordinando la segunda etapa de los estudios necesarios para continuar con el proceso de adjudicación”, aunque sin un plazo fijo para hacerlo finalmente realidad.
Aunque lo anterior suena prometedor, corregir la disparidad tarifaria es otro pendiente. El organismo estatal encargado de fijar las tarifas es Osinergmin. Cada cinco años las empresas concesionarias le presentan un plan quinquenal con proyecciones de demanda, metas y un mecanismo de promoción. Osinergmin analiza la propuesta alcanzada, arma una propia, y establece la tarifa final.
Contugas pasó por ese proceso este mismo año y no terminaron muy contentos. “En algunos puntos no estamos de acuerdo. Para fijar las tarifas Osinergmin usa un modelo regulatorio llamado empresa eficiente. Es idealizada. Hay infraestructura y gastos operativos que no son tomados en cuenta por el regulador y hacen que la tarifa finalmente no remunere las inversiones y los gastos operativos del concesionario”, reclama Luis Salas, gerente de tarifas y regulación técnica de la empresa operadora en Ica.
Una comparación del kilometraje y recorrido de nuestros gasoductos con otros países de la región dan cuenta de lo mucho que falta por construir.
Desde el Ejecutivo parecen haber tomado conciencia de este problema, aunque no contaban con que el Legislativo entorpezca las cosas. En noviembre del año pasado presentaron el proyecto de ley 679 que buscaba fijar una tarifa única de distribución para el GN. Este fue aprobado por el Congreso en julio. Sin embargo, Castillo observó su autógrafa el último 15 de agosto.
La iniciativa del gobierno buscaba que el FISE y el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos (SISE) financiara la ejecución de proyectos para la masificación del gas en todo el país. Sin embargo, en su versión aprobada el Congreso excluía de su alcance a las empresas concesionarias con contratos vigentes.
Al observar la autógrafa, el Ejecutivo manifestó que la postura legislativa constituye una decisión contraproducente con el objetivo de la ley, ya que dejaba fuera de su alcance a las regiones de Arequipa, Tacna, Moquegua, Áncash, Piura, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima, Callao e Ica, donde sí hay concesionarios y no hay conexión absoluta. Hoy, el proyecto está de nuevo en la Comisión de Energía y Minas.
“La tarifa única nacional es fundamental. Los congresistas se confundieron, pensaron que al extender la tarifa se beneficiaba el concesionario. Fue un error conceptual. Los concesionarios tienen un contrato y no ganan más por tener tarifas más reducidas. Si la aprobaban así en regiones donde hay concesionarios los domicilios pagarían una tarifa más cara que aquella donde no hay concesionario”, explica Felipe Cantuarias, presidente de la SPH.
Sudaca buscó la versión de Osinergmin sobre las críticas planteadas a su sistema para establecer las tarifas, así como su opinión sobre el proyecto de una tarifa universal. Sin embargo, aunque se comprometieron a hacerlo, al cierre de esta edición no recibimos respuesta.
Para Erick García estos cortocircuitos entre Ejecutivo y Legislativo ocurren por la ausencia de un articulador estatal. “Acá lo que se necesita es una autoridad nacional que alinee a todos. Eso tiene que cambiar”, sostiene el ex funcionario.
Complejo o no, el camino para masificar el gas natural ya está trazado. Falta, como es evidente, escoger una dirección segura para avanzar. Toca esperar que los poderes del Estado, tan acostumbrados a jalar agua para su propio molino, no lo hagan con este recurso energético fundamental para el futuro nacional.
**Fotoportada por Darlen Leonardo
