No hay ninguna duda que el derrame de petróleo de Repsol en el mar de Ventanilla a inicios de año ha sido el más grave desastre ecológico conocido en nuestro país.
Sin embargo, lo que debería ser una investigación profesional y técnica que sancione con severidad a los responsables del desastre, se ha convertido en un sainete a partir del Informe de la Comisión Investigadora del Congreso que presidió la congresista Margot Palacios de Perú Libre y que pretendió que el Congreso aprobara en el último Pleno.
¿Alguien, en su sano juicio, puede pretender que una Comisión congresal llegue a algo revelador en un tema tan técnico y sofisticado como determinar la causa de tamaño desastre?
El Informe de la Comisión de Margot Palacios en sus conclusiones muestra su clara tendencia política cuando responsabiliza sobre el derrame a “la política neoliberal implementada en el Estado peruano y que tiene su eje en la constitución de 1993, que debilitó la presencia empresarial del Estado y no garantizó la inversión en la Refineria la Pampilla S.A.A”. Señala también que “La estructuración neoliberal del Estado peruano limitó y limita la regulación y control del Estado de la infraestructura de la Refinería, así como de las operaciones de importación por parte de aduanas y el control de las operaciones marítimas”.
Finalmente señala que “El funcionamiento del Grupo Económico REPSOL como una integración monopólica se encuentra al margen de la Constitución y le otorga un dominio político que afecta a la soberanía nacional”. Esto demuestra un desconocimiento total o intencionalidad deliberada. En la producción y comercialización de combustibles Repsol en el Perú compite con PetroPeru, Valero y Exxon. Comete el mismo error del Presidente Castillo cuando de candidato dijo que Saga Falabella era un monopolio.
Flaco favor hace el Congreso con este tipo de informes a las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público, instancia donde se debe dilucidar el caso y que ha convocado peritos nacionales e internacionales para obtener claridad sobre lo que realmente ocurrió ese fatídico 15 de enero.
Hay sin duda un interés del Gobierno por aprovechar políticamente este caso. No se explica de otra manera la lentitud de la OEFA por reabrir las actividades pesqueras en la zona. En su Informe, OEFA señala que ya hay 28 áreas totalmente libres de residuos de hidrocarburo y, sin embargo, no decreta la reapertura de estas áreas de pesca. Los perjudicados son los pescadores que están sobreviviendo con los bonos que les entrega la empresa. La demora en la emisión de los informes de OEFA, con muestras desfasadas en el tiempo (muchas datan de hace cinco meses), solo perjudica al retorno de las actividades.
Este desastre ha sido muy doloroso para el país y, sobre todo, para pescadores, comerciantes y vecinos de Ventanilla y alrededores que fueron directamente impactados. Ellos esperan una investigación seria y el retorno lo más rápido posible a sus actividades. El Informe de la Comisión que presidió Margot Palacios es una muestra más de que el Congreso no debe asumir causas que no le competen ni debe buscar aprovechamiento político y dejar que el Ministerio Público profesionalmente llegue a las conclusiones que todos demandamos.
