verdad

El reciente intento del gobierno de Dina Boluarte, mediante el Ministerio de Educación conducido por Morgan Quero, de retirar 22 libros de educación básica ha desatado una justificada ola de críticas desde la academia y la sociedad civil. Estos libros contienen términos como «conflicto armado», «conflicto social», «dictadura», «ideología de género», «aborto» y «educación sexual integral», considerados adversos a la narrativa promovida por el fujimorismo y otras bancadas conservadoras, como Renovación Popular y Avanza País, entre otras. Esta acción representa una amenaza a la libertad de expresión y al derecho a la información.

La censura de estos términos es una maniobra para manipular la información y la historia. Este acto busca reforzar la impunidad para militares y políticos, generalizando el uso del término «terrorista» para deslegitimar a los opositores del gobierno y minimizar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado y sus fuerzas del orden. Esta estrategia de manipulación histórica no solo tergiversa la verdad, sino que también distorsiona la percepción pública de eventos trascendentales, afectando la memoria colectiva.

Eliminar términos como «conflicto armado interno» es particularmente preocupante. La inclusión de este término en los textos escolares permite a los estudiantes entender el contexto y las características del conflicto ocurrido en el país, el cual tuvo profundas implicaciones sociales, políticas, económicas y culturales. Eliminar este término distorsiona la comprensión de estos eventos cruciales y su impacto en la historia nacional.

El silencio del Congreso ante esta grave situación es alarmante. A pesar de la polémica generada, ningún legislador ha citado al ministro Quero para que rinda cuentas, y varios congresistas vinculados al ámbito educativo han optado por la complicidad del silencio. Este mutismo institucional no solo evidencia una falta de compromiso con la defensa de una educación libre y plural, sino que también sugiere una preocupante alineación con las políticas de censura y manipulación del régimen de Boluarte.

En un país como el Perú, marcado por una historia de conflictos y dictaduras, es vital que la educación refleje de manera fiel y completa los acontecimientos del pasado. La manipulación de la verdad y la historia desde el Ministerio de Educación no solo traiciona el legado de aquellos que lucharon por la democracia y los derechos humanos, sino que también hipoteca el futuro de las nuevas generaciones.

Es imperativo que la sociedad civil, los académicos y los defensores de los derechos humanos se unan para resistir estos intentos de censura. La educación debe ser un espacio de libertad y verdad, donde se fomente el pensamiento crítico y se promueva una comprensión profunda y matizada de nuestra historia y realidad contemporánea. Solo así podremos construir una democracia sólida y una sociedad justa y equitativa.

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[CIUDADANO DE A PIE] El XIX Encuentro Internacional de Periodistas, llevado a cabo a inicios de este mes en la ciudad mexicana de Guadalajara, tuvo como invitado a Pablo Iglesias Turrión. Politólogo, fundador de Podemos, exvicepresidente del Gobierno de España y actualmente periodista en medios digitales, Iglesias tuvo a su cargo la conferencia titulada “La delgada línea entre el periodismo y la política.” Su experiencia en movimientos sociales e instituciones democráticas, así como el hecho de haber sido el blanco de una intensa campaña de lawfare, permitieron a Iglesias abordar este complejo tema con un enfoque perspicaz e incisivo, el cual nos ha servido como punto de partida para hacer algunas breves reflexiones sobre el periodismo político en nuestro país.

El periodismo como política 

El desprestigio mundial que sufre la política ha alcanzado niveles paroxísticos en el Perú, donde el sistema democrático representativo atraviesa una profunda crisis causada, como ya ha sido dicho tantas veces, por la ausencia de partidos políticos dignos de ese nombre. Esta carencia se hace particularmente evidente en el paupérrimo nivel moral e intelectual de la mayoría de nuestros congresistas, incapaces como son de articular un discurso propositivo y medianamente coherente. Es en estas condiciones de dolorosa ausencia de liderazgos, que adquiere especial relevancia la observación que hace Pablo Iglesias sobre el nuevo rol que han adquirido los periodistas, en tanto que verdaderos actores políticos e ideológicos en nuestras sociedades. Son ellos quienes, con sus formas de jerarquizar, abordar y analizar la actualidad nacional e internacional, van modelando la opinión pública según sus propias convicciones, motivaciones e intereses. No creemos que exista actualmente un personaje político en nuestro país, cuyas opiniones puedan atraer más la atención que las de un Marco Sifuentes en “La Encerrona” o las de un César Hildebrandt en “Hildebrandt en sus trece”. “La gente ya no milita en los partidos políticos, sino en los medios de comunicación, y no existe proceso político trascendente sin ellos. El poder mediático es el poder político fundamental en sociedades en las que se deja a la gente votar”, afirmó enfático Iglesias.

Medios de comunicación y calidad democrática

El derecho ciudadano a la información veraz sobre los hechos de relevancia pública es, al mismo título que la libertad de expresión y de opinión, pilar fundamental que sustenta el buen funcionamiento de la democracia, de ahí su reconocimiento en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A este respecto, Iglesias plantea dos preguntas muy pertinentes que tocan a la propiedad de los medios de comunicación: ¿Es posible que el periodismo asuma la función democrática que le corresponde, si grandes empresas con intereses económicos particulares, son las propietarias de lo que pueden ver, leer y oír los ciudadanos? Y ¿Tiene protección el periodismo independiente cuando los medios pertenecen a empresas privadas? La recientemente defenestrada periodista Juliana Oxenford podría, sin lugar a duda, responder apropiadamente a estas preguntas, de las que en última instancia, depende la calidad democrática de un país como el nuestro.

El paradigma Fox de los hechos alternativos

En su conferencia, Pablo iglesias hizo referencia a lo que él ha denominado “el paradigma Fox de los hechos alternativos” que recibe su nombre de la cadena norteamericana de noticias Fox, condenada a pagar 787,5 millones de dólares por propagar falsedades en torno a las elecciones presidenciales norteamericanas del 2020. Este paradigma periodístico tiene dos componentes: la legitimación de la mentira informativa con fines políticos, y la relativización de la verdad, consistente en dar versiones diferentes y hasta contradictorias sobre un mismo asunto, con el objetivo de que la gente tenga muchas dificultades para conocer la verdad. Periodismo no es, como afirma el politólogo español, “contar que alguien dice que llueve y que alguien dice que hace sol, sino abrir las ventanas y comprobarlo.” Ambos procederes pueden ser detectados en los medios de comunicación de nuestro país, los que en su inmensa mayoría defienden posiciones de derecha neoliberal. Así por ejemplo, en la portada del último jueves 21 de diciembre, el diario Perú 21 publicó en su portada el siguiente titular: “Fracasó paro contra Milei. Rígido protocolo de seguridad evitó bloqueos y actos de vandalismo de grupos de izquierda.” La realidad es que para ese día en Argentina, no se había convocado ningún paro (por lo que mal podría haber fracasado), sino que se trataba de la marcha trotskista anual conmemorativa -que suele convocar un número modesto de participantes- de las movilizaciones del 2001, que significaron la caída del fracasado gobierno derechista presidido por Fernando de la Rúa. En cuanto al controvertido (por ilegal) “Protocolo de seguridad” de la ministra Bullrich, ese mismo día por la noche, no pudo impedir la movilización de decenas de miles de ciudadanos de todas las tendencias políticas, que llenaron las calles en protesta contra las medidas económicas de Milei, medidas por cierto, muy del agrado, tanto de la línea editorial de Perú 21, como del resto de la prensa concentrada.

La relativización de la verdad es un método más sinuoso y no siempre fácil de detectar. El diario “progresista” La República, cuenta en su plantel de periodistas con dos connotados defensores del neoliberalismo: Rosa María Palacios y Augusto Álvarez-Rodrich, quienes disponen de espacios de opinión en este medio “muy de izquierda” (Palacios dixit) con el que ya quisieran contar personalidades de esa tendencia política. Ambos despliegan lo que bien podría calificarse como una estrategia de “hechos alternativos”. Así, mientras RMP defendía el derecho a la protesta y lamentaba las muertes extrajudiciales ocurridas durante las movilizaciones sociales en el sur del país, AAR abundaba en la tesis gobiernista -sin pruebas hasta el día de hoy- de que las mismas eran instigadas por grupos delincuenciales y extremistas aunadas a oscuras fuerzas foráneas de inspiración izquierdista, lo que desgraciadamente no podía sino justificar indirectamente su brutal represión. Al tiempo que RMP abogaba por un adelanto de elecciones como único medio para superar la crisis, AAR criticaba las marchas en pro de la renuncia de Dina Boluarte, asegurando que estas deberían exigir únicamente el cambio de algunos ministros. Cuando el pasado noviembre, RMP criticó duramente la afirmación de Dina Boluarte de que el Perú “estaba en calma y paz” recordándole la responsabilidad de su gobierno en 49 muertes extrajudiciales y los graves problemas de seguridad ciudadana existentes, el buen AAR afirmaba que Boluarte en el fondo tenía razón. Todo esto podría bien atribuirse al sano derecho de opinión y discrepancia, pero en todo caso, menudo problema habrán tenido los seguidores de ese medio de comunicación, para saber de qué lado se encontraba la verdad, y más aún para  entender cuál es su línea editorial… si es que tiene alguna. Hay algo en lo que RMP y AAR coinciden plenamente, aunque discrepen en ello con el 88% de los peruanos: mantener intocable la Constitución neoliberal de 1993 ¿Sorprende eso a alguién?

¡Feliz 2024!

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Esto se puede ver más claramente con el ejemplo de las noticias falsas. Existen muchas explicaciones de por qué las personas comparten noticias falsas: tienen un sesgo a favor de lo que les da la razón, tienen expectativas sociales de convertirse ellos mismos en fuentes de información, no tienen la voluntad para ir más allá y averiguar, etc. Pero yo creo que existe, además de lo mencionado, algo que tiene que ver con la absoluta incapacidad de distinguir lo verdadero de lo falso. Si uno les pidiera a estas personas que averigüen si la noticia compartida es verdadera, ‘como si su vida dependiera de ello’, la gran mayoría no tendría ni la más mínima idea de por dónde comenzar. Pueden tener la voluntad de querer averiguarlo, y la integridad para hacerlo genuinamente, pero no poseen las herramientas adecuadas. Simplemente no saben qué hacer. Y esto es totalmente independiente de su nivel de educación, pues sucede también con personas provenientes de los mal llamados ‘mejores colegios y universidades de Lima’. Que esto sea así muestra que realmente el problema del Perú es la educación, pero esto incluye también a las personas que usan ese cliché de manera clasista.

Lo mismo sucede con el fraudismo. Más allá de la tira de fraudistas mentirosos (que son despreciables por varias otras razones), los fraudistas son la muestra viva del fracaso de la educación peruana. 


* Manuel Barrantes es profesor de filosofía en California State University Sacramento. Su área de especialización es la filosofía de la ciencia, y sus áreas de competencia incluyen la ética de la tecnología y la filosofía de las matemáticas. 

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