En las últimas semanas viene arreciando un ataque contra la Fiscal de la Nación, que tiene como protagonistas a miembros de la propia Fiscalía, y que está muy lejos del debate jurídico sobre si es posible constitucionalmente investigar al presidente de la República y si es lícito formar un equipo de fiscales ad hoc para indagar solo a un gobierno y a un presidente de la República –lo que puede contravenir el derecho a un fiscal natural o a un fiscal predeterminado por ley–.
El fiscal Víctor Cubas Villanueva, encargado hasta hace poco de la Oficina Técnica de Implementación del Código Procesal Penal, la ex fiscal suprema Bersabeth Revilla y otros funcionarios (fiscales) que están detrás buscan no solo desacreditar la imagen de la Fiscal de la Nación, sino separarla del cargo. Esto, pese a que Benavides ha emprendido y mantiene seis investigaciones contra el presidente de la República en funciones, algo que nunca antes había ocurrido en 200 años de vida republicana.
El caso de la denuncia de Víctor Cubas Villanueva
Víctor Cubas Villanueva no solo ha sido fiscal provincial y fiscal superior muchos años, sino que, como se sabe, ha sido amigo, maestro y mentor de muchos fiscales que hasta hace poco han ocupado puestos relevantes en el Ministerio Público, concretamente, en la Fiscalía de la Nación en la gestión de Zoraida Ávalos y otros despachos supremos, como Ramiro González Rodríguez, Fanny Quispe Farfán, Elsa Aramburú Flores y Denise Neira Montoya, entre otros fiscales.
Basta leer las diversas declaraciones de Víctor Cubas para entender que su principal preocupación ha sido cuestionar la remoción de la fiscal suprema provisional Fanny Quispe Farfán del equipo especial “Cuellos Blancos”, y debe señalarse que ella ha tenido la condición de asistente de cátedra, amiga y coautora de diversos trabajos académicos, entre los que se cuenta el libro “El proceso penal. Teoría y jurisprudencia constitucional” que sigue siendo publicado en sus diversas ediciones por la editorial Palestra de propiedad de Pedro Grández Castro, esposo de la fiscal Fanny Quispe.
Es necesario siempre respaldar y escuchar las denuncias que hacen los ciudadanos en contra de altos funcionarios, como es saludable atender los reclamos del ex fiscal Cubas Villanueva en contra de la Fiscal de la Nación por el cambio de algunos fiscales. Pero al mismo tiempo es necesario revelar y aclarar, primero, el eventual conflicto de interés que existe en las denuncias que una persona realiza. En el caso del fiscal Cubas Villanueva es evidente que debía revelar no solo la relación de amistad íntima que tiene con la fiscal Fanny Quispe, sino que resulta indispensable que reconozca los eventuales pagos que ha recibido de la Editorial Palestra de propiedad del esposo de la fiscal Fanny Quispe por las publicaciones de sus libros y por las diversas ediciones de su libro “El proceso penal” o “El nuevo procesal penal peruano”.
Si existe una relación contractual en el que el denunciante recibe, presuntamente, pagos, beneficios o cualquier utilidad de una empresa es necesario que para transparentar las razones de su denuncia o reclamos explique, o, por lo menos, revele la relación comercial con la empresa familiar (Palestra Editores) de la fiscal Fanny Quispe.
En el Perú estamos acostumbrados a que las denuncias que se esconden con el lema de la lucha anticorrupción aguanten todo y se pase por alto los conflictos de interés que hay entre el denunciante y la persona que considera víctima de un atropello. Pero lo que es inadmisible e intolerable que un fiscal con más de 30 años de experiencia trate de soslayo una relación de amistad como la relación contractual que tiene con la empresa del marido de la fiscal que sale a defender.
De igual modo, otras de las razones por las que el fiscal Víctor Cubas defendería de manera abierta y encarnizada a la fiscal Fanny Quispe es que en la Primera Fiscalía Transitoria especializada en corrupción de funcionarios que dirigía Fanny Quispe, junto al fiscal Jesús Fernández Alarcón, ha terminado trabajando el antiguo personal de confianza de Víctor Cubas, entre las que destacan las fiscales Elsa Aramburú Flores y Denise Neira Montoya y que, al parecer, a criterio de Cubas Villanueva, pueden perder sus puestos con la salida de Quispe Farfán. Más allá del hecho comprobable y objetivo de que dichas fiscales fueron llevadas a trabajar a dicha Fiscalía Suprema por la fiscal Fanny Quispe, en el Ministerio Público se conoce que han merecido una serie de gollerías y beneficios inexplicables en la gestión de la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos –donde Fanny Quispe tenía el máximo poder– como el ocupar una extensa oficina en el piso 5 del Ministerio Público de Abancay, que es mucho más grande y lujosa que las mismas Fiscalías Supremas.
El caso de las denuncias de Bersabeth Revilla Corrales
En diversos medios de comunicación la ex fiscal Revilla Corrales ha señalado que la Fiscalía de la Nación la removió de su cargo de fiscal suprema de la Segunda Fiscalía Suprema transitoria especializada en corrupción de funcionarios sobre la base de un informe de productividad que contiene datos inexactos y porque estaba investigando a las dos hermanas de la Fiscal de la Nación: Ruth y Enma Benavides Vargas.
Sobre el Informe de productividad (Informe N.° 0012-2022-MP-FN-OCPF) el contenido y la veracidad de la información no es responsabilidad de la Fiscal de la Nación, sino del área correspondiente. El autor de dicho informe es la Oficina de Control de la Productividad Fiscal, cuyo jefe fue nombrado por una gestión anterior y el documento responde al procesamiento de información que las propias Fiscalías realizan y que se encuentra en los diversos sistemas operativos del Ministerio Público. La Oficina de Control de la Productividad Fiscal es un órgano administrativo de línea que maneja datos, documentos e información fidedigna que sirven para la toma de decisiones de otras áreas de la Fiscalía, entre las que se incluye la Fiscalía de la Nación. Se trata de una oficina de estadísticas que mide la productividad de todas las fiscalías de todos los niveles del Perú, y tiene protocolos y prácticas internas de trabajo que nadie ha cuestionado en los últimos años.
Sin embargo, el problema principal de la salida de Revilla Corrales reside en que era la fiscal encargada del proceso penal por organización criminal, cohecho y tráfico de influencias en contra de la hermana mayor de la Fiscal de la Nación, la juez superior Enma Benavides Vargas (Carpeta Fiscal N° 648-2021) y también de una investigación penal en contra de la otra hermana de la Fiscal de la Nación, Ruth Benavides Vargas, cuando se desempeñaba como Juez Superior en la Corte de Justicia del Callao (Carpeta Fiscal N° 68-2021).
Lo que hasta ahora no se ha dicho –lamentablemente– es que la fiscal suprema Bersabeth Revilla no conducía directamente ni veía de manera personal el caso de las hermanas Benavides Vargas. El fiscal investigador que tenía y tiene el caso a su cargo es el fiscal supremo adjunto Alcides Chinchay Castillo, junto con el fiscal adjunto José Quispe Suárez. Para quienes conocen el trabajo en el Ministerio Público una cosa es quién es el jefe de despacho fiscal y otra muy distinta quién es el encargado directo de la investigación o del proceso penal. El que dirige y conduce la carpeta fiscal es el fiscal investigador, es él quien responde por lo que se hace y no se hace en una carpeta fiscal, mientras que el fiscal jefe cumple una función de supervisión de los diversos casos que se manejan en una fiscalía. Tal es la importancia del fiscal investigador, quien tiene a cargo la concreta carpeta fiscal, que en las diversas audiencias públicas que se han realizado en el proceso penal en contra de Enma Benavides Vargas y que se han transmitido por Justicia TV –y a las que cualquier persona tiene acceso– el fiscal que asistía siempre era el fiscal supremo adjunto Alcides Chinchay Castillo y nunca la fiscal Revilla Corrales.
Debe tomarse en cuenta que el fiscal supremo que ahora está a cargo del despacho de Revilla Corrales, el Dr. Uriel Terán Dianderas, ha informado mediante Oficio N° 331-2022 que el fiscal que tiene bajo su responsabilidad las Carpetas N° 648-2021 y N° 68-2021 de las hermanas Benavides es el fiscal supremo Alcides Chinchay Castillo. Por tanto, lo grave hubiera sido remover al fiscal Chinchay Castillo, quien es el que efectiva y realmente tiene a su cargo el caso de las hermanas Benavides Vargas, cosa que no ha ocurrido. Aquí lo importante no es quién firma los documentos del despacho, sino quién tiene a su cargo y posee el control la investigación.
Debe tomarse en cuenta, además, que al proceso penal contra la jueza Enma Benavides Vargas le faltan más de dos años para su culminación. Nadie ha dicho que el cambio de la Dra. Revilla Corrales se haya producido cuando se estaba a punto, por ejemplo, de dictar una decisión fiscal importante o que se afectaba los intereses de Benavides Vargas. En realidad, como señalan, algunos abogados entendidos en la materia, el cambio de Revilla Corrales se produce luego de un año de iniciado el proceso penal contra Enma Benavides y a dos años de que el plazo de la investigación preparatoria culmine. En esta etapa no se discute ni el archivo ni la exclusión del caso de la juez Enma Benavides y menos está pendiente resolver algún pedido dirigido al sobreseimiento del caso.
Sorprende, adicionalmente, que luego de dos años la fiscal Revilla Corrales señale que a fines del 2019 recibió una visita en su despacho en el octavo piso del Ministerio Público de la actual Fiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas para hablarle del caso de su hermana Enma Benavides y que la fiscal Revilla no haya denunciado antes este hecho, porque consideró que Benavides actuaba de buena fe. Es insólito que la Dra. Revilla Corrales, una fiscal suprema con vasta experiencia, luego de tres años recuerde un hecho grave, que nunca antes lo había contado ni menos se encuentra señalado en su carta de renuncia al Ministerio Público, ni en su escrito de reconsideración que presentó a la Fiscalía de la Nación. También sorprende que no haya ingresado la denuncia a control interno del Ministerio Público y que tampoco haya presentado algún cuestionamiento ante la Junta Nacional de Justicia cuando Patricia Benavides se encontraba postulando al cargo de Fiscal Supremo. Es difícil creer que Revilla Corrales tenga un problema de amnesia de más de mil días y luego cuando se encuentra dando una entrevista periodística recobre la memoria de manera súbita en contra de quien la sacó del cargo por falta de productividad y llevó a que renunciara al Ministerio Público.
Consultados algunos fiscales, nos dijeron que a quien debe investigar la Junta Nacional de Justicia es a la fiscal Revilla Corrales por ocultar una información tan sensible tanto tiempo y que recién recuerda cuando la sacaron del cargo que ocupaba. Si a Patricia Benavides se la tiene que investigar por esto, lo debe hacer control interno del Ministerio Público. Por el tiempo transcurrido –agregan los fiscales consultados–es probable que no se pueda siquiera abrir investigación, por haber prescrito la falta disciplinaria.
El plan retorno y la cláusula de impunidad
En el Ministerio Público es un secreto a voces que quien está dirigiendo la campaña contra la actual Fiscal de la Nación es la fiscal Fanny Quispe Farfán quien prepara una serie de medidas legales para tratar de retornar a la Fiscalía Suprema que investiga el caso Cuellos Blancos, de la que fue cambiada el 22 de julio del 2022.
Quispe –que ahora labora en una fiscalía del distrito de San Luis– siente que se la humilló por no consultarle si quería ser cambiada y por no respetar su antigüedad en el cargo; ella se considera la descubridora del caso Cuellos Blancos y la persona más importante (e irremplazable) del caso. Sin embargo, la causa principal por la que quiere regresar a su antiguo trabajo se debería a que la nueva gestión fiscal, al revisar exhaustivamente los casos se encontró con carpetas mal armadas, sin foliatura, y los expedientes de colaboración eficaz en un completo abandono y ha identificado que el acuerdo de colaboración eficaz que la Fiscalía suscribe con Walter Ríos contiene una cláusula de impunidad absolutamente inédita e ilegal en la historia del derecho peruano, ya que se le otorga al expresidente de la Corte del Callao todo beneficio por hechos delictivos, presentes o futuros, que pueda cometer. Por ejemplo, si Walter Ríos mata a alguien en el penal o vuelve a cometer un delito de corrupción por el acuerdo ilegal de colaboración que suscribió la fiscal Fanny Quispe no se le podría investigar y menos castigar. Ni siquiera Odebrecht ha tenido tantas ventajas y gollerías en su trato con la Fiscalía.
Como la cláusula de impunidad de Walter Ríos ha generado un escándalo en la nueva gestión de la Fiscalía, Fanny Quispe pretendería regresar a fin de neutralizar cualquier investigación que pueda abrirse en su contra debido a la ley peruana no permite a los fiscales a llegar un acuerdo de impunidad con los delincuentes por hechos todavía no descubiertos y que no se encuentran contenidos en el acuerdo de colaboración eficaz.
Si existe una nueva autoridad decente de control interno en el Ministerio Público, que ahora encabeza Juan Antonio Fernández Jerí, se debería intervenir de oficio y de inmediato para investigar, procesar y castigar un claro caso de delito de prevaricato que se ha cometido para brindar beneficios ilegales a Walter Ríos Montalvo. La otra opción es que la nueva gestión fiscal remita copias a control interno para la investigación correspondiente, dada la gravedad de los hechos descubiertos.
La filtración de las llamadas de Patricia y Enma Benavides con Antonio Camayo y Edwin Oviedo
Uno de los temas “bombas” que aparecen en una última entrevista al fiscal Cubas Villanueva es que tiene acceso a un documento enviado por la DIVIAC (mediante oficio 496-2020 DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPAPTEC ) dirigido a la fiscal provincial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado del Callao. Dichi documento reporta que en el marco de la investigación del caso Cuellos Blancos existen ocho comunicaciones telefónicas entre Edwin Oviedo y Enma Benavides, jueza superior y hermana de la fiscal Patricia Benavides, que ocurrieron entre mediados de abril y principios de junio de 2018; así como siete llamadas entre la fiscal Patricia Benavides y el investigado Antonio Camayo Valverde, que tuvieron lugar entre finales de mayo y finales de junio de 2018 en pleno estallido del caso Cuellos Blancos.
Para cualquier persona e, incluso, para cualquier fiscal, es difícil acceder a un Informe de la DIVIAC sobre levantamiento de secreto de las comunicaciones, ya que tiene un carácter eminentemente reservado al afectar la vida privada de las personas. Cubas Villanueva, al ocupar un cargo administrativo en el Ministerio Público como jefe de la implementación del Código procesal penal, y al no investigar a nadie, difícilmente podía contar con una información tan sensible. Solo es posible que esa información se haya filtrado por las personas y los funcionarios que directamente tienen acceso a ella.
SUDACA ha consultado a los oficiales de la DIVIAC que se relacionan con el informe de registros de comunicaciones a las que Cubas alude y nos señalan de manera enfática que ellos solo han entregado de manera oficial el documento de registros de comunicaciones a la fiscalía que lo solicitó y no a otra dependencia del Ministerio Público y que es imposible que dicha información ellos la hayan entregado a la prensa, o a cualquier otro fiscal, debido a que estarían incurriendo en delito y en falta grave que les podría costar su carrera. Asimismo, se ha consultado a la fiscal que ordenó el informe de la DIVIAC, la Dra. Rocío Sánchez y también nos negó enfáticamente que haya tenido una copia en su poder de dicho informe y menos que haya filtrado la información a la prensa o que haya proporcionado dicha información a Cubas Villanueva, con quien no tiene ninguna relación, o que haya elevado un informe a otra dependencia fiscal.
Si tanto la DIVIAC y la ex fiscal encargada del caso niegan de manera rotunda haber entregado a terceros el informe de registros de llamadas en la que se encuentran Patricia y Enma Benavides, la única opción posible es que dicho informe haya sido filtrado por la misma fiscalía que investiga a Camayo Valverde y a Edwin Oviedo Pichotito. Se recuerda que la investigación fiscal de ambos personajes se encuentra a cargo de los fiscales provinciales Magaly Quiroz y Juan Carlos Cabrera Segovia.
Se debe recordar que sobre la fiscal Magaly Quiroz hay graves hechos que pesan en su contra, y que hasta ahora nadie investiga, debido a que ocupa el lugar de principal investigadora del caso Cuellos Blancos luego de ser designada por la antigua Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, a propuesta de Fanny Quispe, pese a ser amiga íntima y compañera de colegio de la esposa (Maritza Sánchez) del principal protagonista del caso Cuellos Blancos: Walter Ríos Montalvo. Habiendo, además, asesorado a la esposa de Ríos –tal como lo refiere ‘Hildebrandt en sus trece’ y el diario ‘Expreso’– en la defensa del cabecilla del escándalo de corrupción. ¿Cómo es posible que una fiscal que tiene una amistad pública con la esposa del jefe de la organización, a quien brindó asesoría y consejos legales, termine siendo investigadora del caso y haya, por ejemplo, desaprobado el acuerdo de colaboración eficaz de Gian Franco Paredes Sánchez que involucra a Walter Ríos Montalvo en actos de corrupción que nunca éste delató a la Fiscalía? ¿Qué sorpresas y qué hallazgos nos puede brindar el levantamiento del secreto de las comunicaciones de la fiscal Magaly Quiroz a través de los registros históricos de llamadas con su amiga Maritza Sánchez?
Una situación semejante ocurre con el fiscal Juan Carlos Cabrera Segovia, que investiga también en primera instancia el caso Cuellos Blancos y hace unos meses fue denunciado en señal abierta, tal como informó el programa ‘Panorama’ de Panamericana Televisión, por su asistente Dina Maguiña por abuso de autoridad, peculado de uso y hostigamiento laboral debido a que la enviaba a trabajar indebidamente para sus trámites personales y no para los casos de la Fiscalía, en especial, para recoger información de distintas entidades públicas que le podía servir para su ratificación en la Junta Nacional de Justicia. Dina Maguiña ha presentado a control interno de la Fiscalía chats de conversaciones personales con las que prueba sus afirmaciones y ha acusado a Cabrera Segovia de maltrato y de haberla humillado en su trabajo, situación inaceptable para un representante del Ministerio Público que debe respetar a la dignidad de la persona. Cabrera es conocido en el Ministerio Público por la prepotencia con su personal, su carácter ácido y por tener una relación cercana con la fiscal Fanny Quispe.
Con lo dicho, queda en evidencia que el principal peligro y fuego graneado que tiene la Fiscal de la Nación no proviene de terceros, sino de los propios integrantes del Ministerio Público que, desde distintas instancias y posiciones luego de acceder a información reservada, buscan desestabilizar a la cabeza del Ministerio Público para recuperar posiciones de poder que han perdido. El hecho que Patricia y Enma Benavides, o cualquier otra persona, hayan conversado telefónicamente con una persona investigada en algún caso que investiga el Ministerio Público no las convierte en sospechosas de algo y menos en delincuentes, peor aun cuando no hay audios de dichas conversaciones y no se conoce el contenido.
