Como se sabe las empresas de mayor crecimiento en la actividad dedicada a otorgar acreditaciones para productos alimenticios y empresas, actúan como facilitador para el operador, para el productor. Y, buscan que (con la certificación) este operador o productor puede comercializar tanto a nivel local como internacional sus productos.

Las empresas representadas ante el Instituto Nacional de Calidad (INACAL), que se encargada de dar las acreditaciones como laboratorio, como organismo de inspección, como certificadora, digamos son las condiciones, una vez que las empresas están acreditadas pasan a ser autorizadas si es que los alcances de la acreditación lo permiten como autorizadas para hacer labores en favor de la certificación sanitaria oficial pesquera: el Organismo Nacional de Sanidad (SANIPES), que pertenece al Ministerio de la Producción en el área de pesca; entonces, por ejemplo, si un laboratorio hace cosas para ambientales, para alimentos y, también, para la pesca. 

Entonces, una vez que obtenida la acreditación que otorga INACAL en ejercicio de sus facultades que le confieren la Ley N° 30224 y el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Calidad, la empresa inetresada se acerca a SANIPES para solicitarle la autorización porque ya estaría en condiciones de hacer la labor, es decir, tener los apoyo que son la inspección, el muestreo y el laboratorio de sales, entonces SANIPES hace toda una evaluación profunda, inclusive más pesada que la del mismo INACAL y autoriza con una resolución ahí se está sujeto a una serie de controles y evaluaciones, y la empresa pierde la condición de acreditado o la suspenden ya sea por ene razones, también pierden la condición de autorizado en SANIPES, y ya no podría trabajar como entidad de apoyo de SANIPES hasta que no se resuelva la situación, pero, ojo, que no es tan fácil que INACAL te levante la suspensión y después se levante en SANIPES no es así, ellos te vuelven a evaluar. Este es el caso de la empresa Bureau Veritas (Inspectorate Services Perú S.A.C.) que le ha sido suspendida la acreditación  y tendría que estar suspendida en la autorización y con una resolución, el hecho concreto es que INACAL los ha suspendido y por lo tanto ellos tienen en este momento la obligación de cancelarle la autorización o suspenderle la autorización y sin embargo, siguen trabajando prestando servicios de inspección y muestreo de productos pesqueros para la exportación a las empresas pesqueras. 

informe Viviana Rodriguez

Leyenda: En la página web de la Dirección de Acreditación del INACAL, se puede confirmar la suspención de Inspectorate Services Peru S.A.C. 

Entonces, si INACAL le ha suspendido la acreditación Inspectorate Services ha debido informar inmediatamente a SANIPES para que en conocimiento de ello mediante una resolución se suspenda la autorización, y, luego de acuerdo con las razones de la suspensión evaluar si siguen o no siguen autorizados cosa que ya es un tema de profundo análisis que tienen que hacer ellos, pero la condición en este momento es que tienen que estar suspendido de SANIPES, sin embargo, parece ser que siguen trabajando tramitando los expedientes y seguramente le han dicho a sus clientes que no se preocupen porque SANIPES no le ha emitido ninguna suspensión y eso es totalmente irregular,  pero SANIPËS debe tomar acción inmediata y explicar porque razón no los ha suspendido. 

informe Viviana Rodriguez

Leyenda: En la relación de laboratorios autorizados como entidades de ensayo de SANIPES se sigue encontrando vigente Inspectorate Services a pesar de estar suspendida por INACAL.  

INACAL explica que, como parte de las obligaciones, las empresas que están acreditadas por INACAL y también son organismos autorizados por el SANIPES, entonces INACAL sí le solicita a la empresa que comuniquen este tipo de sanciones, por ejemplo, y toman conocimiento o toman alguna acción respecto a ello, pero sí sería bueno que fuera el laboratorio el que comunique a SANIPES de esa acción o algún tipo de situación que afecte su acreditación y también su funcionamiento.

Es rarísimo lo que ha pasado, SANIPES ya debería de haber tomado conocimiento porque no podría Bureau Veritas (Inspectorate Services Perú S.A.C.) estar vigentes en un registro oficial ya que se encuentran suspendidos en el INACAL y eso si es grave porque están incumpliendo la normativa relacionada a la certificación de exportación de productos pesqueros que dice los siguiente en el artículo 5: “Cuando la acreditación de las entidades de inspección y/o ensayo o el alcance de inspección y/o método de ensayo se encuentre suspendida o cancelada, no pueden realizar las actividades y/o servicios involucrados mientras dure dicha condición.” 

 

SANIPES al tomar conocimiento que el INACAL ha suspendido tendría que tomar acción inmediata y suspenderlos también y además investigar porque los han suspendido, digamos que podría pasar que la Municipalidad Provincial del Callao le quite haya quitado la licencia y por eso INACAL también puede suspender la acreditación, la empresa no puede atemperar y decir que la municipalidad ha sido muy drástica y les quitó la licencia, para operar como organismo acreditado se necesita licencia, sino tienes licencia no estas acreditado, sino estas acreditado no lo pueden tener autorizado así de simple.

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Construido con capitales chinos y peruanos en proporciones de 60 y 40 por ciento, el primer puerto privado de uso público en la costa peruana pretende convertirse en el puerto hub regional del Pacífico Sur, entendiendo que la palabra inglesa hub significa eje y que describe sintéticamente todas las actividades que se pueden realizar desde un centro que las conecte.

Esas actividades habilitarán nuevas puertas de ruta directa para mover productos desde y hacia Asia. Además, como es lógico suponer propiciará el desarrollo de cadenas de valor en diversas industrias nacionales y creará un polo de desarrollo en la zona norte de Lima, generando empleo y crecimiento económico.

Desde abril del 2011 se desarrolla el proyecto de diseño y construcción del puerto de Chancay, cuya inversión total superaría los 3,400 millones de dólares, de los cuales se ejecutarán 1,315 millones en la primera etapa.

La infraestructura del puerto de Chancay incluirá cuatro amarraderos (dos para contenedores y dos multipropósito), 730,000 metros cuadrados de área de operaciones de muelle y contará con 270,000 metros cuadrados de área auxiliar integral en el complejo de ingreso, que tendrá un equipamiento de grúas.

Debido al enorme tamaño del proyecto y a sus ramificaciones en aire, mar y tierra, algunas organizaciones ambientalistas han señalado una enorme cantidad de perjuicios para las personas y el ecosistema marítimo, pero sobre todo por su particularidad de ser un puerto privado de servicio público.

Es exactamente ese último punto el que ha desatado una guerra de varios contendientes conocidos y otros que operarían detrás de estos. 

Así las cosas, hace poco más de una semana un influyente ex ministro ha revelado que operadores marítimos chilenos a través de abogados peruanos han lanzado un desafío legal cuestionando las prerrogativas otorgadas al puerto de Cosco Chancay Ports. Dichos abogados argumentan que el puerto carece de estatus de puerto privado y, por lo tanto, debe estar sujeto a intervención y regulación de entidades concesionadas. 

A partir de ese pedido, la Autoridad Portuaria Nacional ha solicitado al procurador abrir una investigación sobre el directorio anterior y habría generado un clima de incertidumbre al cuestionar los derechos de los inversionistas chinos. 

Horas antes que comience el feriado por Semana Santa, una cadena de televisión y otra radial dieron a conocer los acuerdos del actual directorio de la Autoridad Nacional Portuaria, entre los cuales está la presentación de una demanda ante el Poder Judicial contra el artículo 2 de la Resolución de Acuerdo de Directorio de 2021 entre el gobierno peruano y el consorcio chino, por la exclusividad de los servicios portuarios que se le otorgó al consorcio en 2021.

China es desde 2014 el primer socio comercial de Perú, desbancando de ese puesto a Estados Unidos.  

Viviana Rodríguez
China es desde 2014 el primer socio comercial de Perú, desplazando de ese puesto a Estados Unidos.

Para tener una idea clara y de contenido profesional, acudimos donde el doctor José Antonio Pejovés Macedo para escuchar su opinión sobre el tema en debate.

Doctor Pejovés, ¿qué opina sobre la objeción del actual directorio de la Autoridad Portuaria Nacional a la exclusividad de los servicios portuarios que le otorgó el directorio de la Autoridad en 2021, debido a que no cumpliría con el principio de legalidad administrativa por ir contra la libre competencia?

Lo primordial es la la mala señal que se da hacia afuera respecto al clima ya bastante deteriorado de seguridad jurídica; este tipo de acciones tomadas por la administración lo que genera es un clima de inseguridad jurídica, y eso perjudica a cualquier inversionista que quiera venir al país a poner dinero en el desarrollo de infraestructuras de transporte, como son los puertos, más allá de que sea Chancay o cualquier otra empresa, eso es lo principal, porque la exclusividad como tal la puede otorgar la Autoridad Portuaria Nacional, así lo permite la ley del sistema portuario y de hecho todas las concesiones que hay en el país: el concesionario del puerto de Paita, los dos concesionarios que hay en el Callao (DP World y APM Terminals), el concesionario del terminal portuario del general San Martin de Pisco. Todos esos contratos se han firmado y se les ha otorgado la exclusividad; el hecho que Chancay no sea una concesión, sino una iniciativa privada que se ha tramitado como una autorización de uso de área acuática no prohíbe que también se le pueda dar la exclusividad, de hecho estamos hablando de casos que circunstancialmente son muy similares: inversiones hundidas para desarrollar transporte de uso público. Hasta ahí todo es muy parecido, entonces lo que se hizo fue, si bien es cierto que hay un vacío o laguna jurídica, el derecho tiene soluciones o remedios para ello, porque bajo ningún modo se puede aceptar que la administración del Estado se quede con los brazos cruzados sino que tiene que actuar y para eso hay remedio. Nosotros los abogados sabemos que uno de ellos es la integración. La integración que busca precisamente cubrir esas lagunas, cubrir esos vacíos mediante la aplicación de la analogía, los principios generales del derecho, entonces la solución jurídica está sobre la mesa, la cosa es que no la han aplicado no sé porque razón y han preferido ir a pedirle al Poder Judicial que declare la nulidad de esta resolución de acuerdo con el directorio que concedió la exclusividad.

Otros intereses 

Es posible que haya habido algún tipo de presiones, se habla, también, de intereses de los Estados Unidos, que no ha hecho inversiones en América Latina ni en otros lugares del mundo, como si las ha hecho China, que ahora opera El Pireo en Grecia, el terminal de Valencia, España, el puerto de Hamburgo y otros puertos menores en Europa. Tenemos que darnos cuenta que en el mundo ahora hay grandes intereses geopolíticos.

Finalmente, creo que está muy mal lo que han hecho la Autoridad Portuaria Nacional y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Autoridad Portuaria Nacional, que está adscrita al MTC y también Ositran porque hay un informe de Ositran en contra, luego la APN consultó con el estudio Olaechea que son abogados de APM Terminals y hay un interés ahí, entonces si yo tengo el puerto y en el puerto tengo la exclusividad yo tengo todas las operaciones portuarias, todo el manejo de la prestación de servicios esa exclusividad es distinta que yo tenga otros actores dando vueltas al rededor ofreciendo servicios porque ya no voy a tener un ingreso garantizado. Además, se tiene que determinar luego si es que hay o no competencia interportuaria porque Chancay está cerca de Callao ya luego el regulador determinará si es que hay necesidad de fijar las tarifas portuarias las tasas portuarias.  

En días pasados, se conoció que el Estudio Olaechea, uno de los más antiguos y prestigiosos del país, había representado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el pedido de anular la exclusividad de los servicios del Puerto de Chancay, tal como lo había pedido el directorio actual de la Autoridad Portuaria Nacional, contraviniendo el acuerdo del directorio de 2021. El Estudio Olaechea indicó que luego de identificarse la irregularidad se notificó a la Autoridad Portuaria Nacional, la cual admitió haber incumplido parámetros legales. Además, el Estudio Olaechea afirmó que no emprendió una acción legal para solicitar que se anule la exclusividad de Cosco Shipping Ports en los servicios esenciales en el Puerto de Chancay. El estudio indica que se ciñeron a ley poniendo solamente en conocimiento de la Autoridad Portuaria Nacional el error administrativo cometido.

“El hecho que esta irregularidad no haya sido identificada antes por la propia autoridad, las partes o por la empresa involucrada, no es obstáculo para que el Estudio Olaechea haya identificado esta inconsistencia que dio lugar a que la autoridad resuelva en favor del recto cumplimiento de la Ley, en beneficio de la seguridad jurídica; de la economía de mercado, los inversionistas y todos los actores involucrados en la actividad portuaria nacional”, informaron mediante un comunicado.

¿Por qué aparece el Estudio Olaechea en esta discusión entorno al puerto de Chancay? Recientemente, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes, reveló que el pedido de la APN a la Procuraduría del MTC para que presente una demanda alrededor de la exclusividad en los servicios del puerto de Chancay nace porque dicho estudio se comunicó con APN.

 “Una persona natural, a través del Estudio Olaechea, planteó que este segundo artículo no estaba acorde a la Ley General de Puertos y su reglamentación. Se hizo el análisis y efectivamente (…) en el derecho administrativo uno puede hacer solo lo que está permitido hacer, lo que no está reglamentado o establecido, uno no tiene que hacerlo. La ley no permitía explícitamente que se presten servicios en exclusiva”, refirió hace unos días.

Probablemente, este asunto no termine en un final feliz, porque más allá de las maniobras legales y burocráticas, los interese económicos son gigantescos, pues representan todo el futuro comercio entre Chancay y Shanghái puerta de entrada a la inmensa economía asiática. 

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Cuando aún faltan dos años para el recambio constitucional de los poderes Ejecutivo y Legislativo, un twitter de Keiko Fujimori sitúa la lucha por el sillón presidencial -entre otras- en la respuesta a la pregunta: “¿No les ha pasado que cuando van a una farmacia a comprar un medicamento les dicen que no hay o que está descontinuado, e inmediatamente le ofrecen otro?”.

Bueno, pues, porque con esa pregunta aparentemente ingenua, la señora Fujimori apareció en sus redes sociales emplazando a las autoridades respectivas a corregir una supuesta infracción a las leyes del mercado vigiladas por nuestra Constitución.

Así, en otro twitter del pasado 2 de marzo, Fujimori dice: “Nosotros siempre estaremos a favor de la inversión privada y de lo que esta genera, pero de ninguna manera permitiremos o estaremos de acuerdo con los abusos o excesos que ellas cometan en contra de la población más vulnerable y que se ve afectada en los temas de medicamentos; es por eso que la bancada de Fuerza Popular está promoviendo una serie de iniciativas para proteger al paciente, evitar los abusos y mejorar la competencia, la oferta y los precios”. Termina el enérgico tweet diciendo: ¡Nadie tiene derecho a obligarte a gastar más por tus medicinas!

 Más allá del hecho de haber obligado a las organizaciones a la derecha y a la izquierda de Fuerza Popular a pronunciarse muy temprano en un tema que no tenían pensado, Keiko Fujimori se convierte en abanderada de todos aquellos que entienden qué es monopolio, qué es oligopolio y qué es posición dominante en el mercado y cómo ellos pueden hacernos la vida más difícil.

Pero el verdadero efecto conseguido con esos dos twitter es, a saber, la dación del decreto de urgencia 005-2024 que obliga a las farmacias y a las boticas a proveer la totalidad de los medicamentos genéricos. Es decir, con dos tuits bien colocados, Keiko Fujimori sitúa la lucha por lograr el primer lugar en las preferencias ciudadanas en poner el énfasis en las necesidades primarias de los peruanos.

Desde mediados de la década pasada, la industria farmacéutica produce más de mil millones de dólares anuales de beneficios netos, siendo una industria en expansión, aunque sus lobbistas se quejan porque cada año la industria pierde millones de dólares en ingresos al convertirse cientos de marcas registradas en genéricos de uso libre.

 

¿Por qué se da el decreto de urgencia?

El Gobierno emitió en la fecha un decreto de urgencia que dicta medidas extraordinarias a fin de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los medicamentos genéricos, tras haber vencido una norma dictada en el mismo sentido hasta febrero próximo pasado.

El documento obliga a boticas y farmacias a mantener un stock de 30 por ciento de la oferta total de medicinas priorizadas.

“Dicha obligatoriedad se circunscribe a aquellos medicamentos que formen parte de la oferta de medicamentos de marca, no implicando la obligación de ampliar dicha oferta, precisa el Decreto de Urgencia 005-2024.

Se señala, además, que el incumplimiento de dichas disposiciones constituye infracción administrativa, sancionada con multa de hasta dos unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a 10,300 soles durante el presente ejercicio tributario.

El defensor del Pueblo Josue Gutiérrez dijo que la medida dada en la fecha por el Poder Ejecutivo responde “a un momento, a un contexto”, pero quien debe asumir la responsabilidad es el Congreso a través de la aprobación de una ley que defina la política sobre estos medicamentos.

«Saludamos cuando de manera rápida se busca dar solución a estos problemas centrales […] (pero) lo que buscamos y pretendemos siempre es que esta discusión pase por donde tiene que pasar y, disculpe, esta norma debe ser ley, no decreto de urgencia», dijo. 

«Entonces hay una responsabilidad directa del Congreso de la República y por lo menos el reto en los próximos días para que pueda abordarse esto con suma rapidez y tener una legislación un poco más integral», agregó. 

El defensor del Pueblo dijo que desde su institución se está estableciendo «el nivel de coordinación a través de la Comisión de Salud» del Parlamento «a efectos de que empecemos a tratar mucho más en serio este tema de acceso a la salud».

El exministro de Salud Víctor Zamora, calificó el DU sobre los medicamentos genéricos de confuso, porque, no especifica si también están incluidas las grandes cadenas de farmacias y boticas. 

«Es un problema de forma que puede tener un impacto en el fondo. Es la redacción, puede ser entendida que no son todos. O que puede ser entendida que está restringido solo a las farmacias y boticas y no así a las cadenas de boticas. Bastaba decir que era de obligatorio cumplimiento por todos los establecimientos, farmacias y boticas del sector privado», señaló. 

Además, criticó que el DU extienda un plazo de 10 días para determinar la lista de medicamentos genéricos incluidos en la norma.

«Una lista cuya composición, en términos de medicamentos, desde mi punto de vista, debería ser mínimamente lo que ya existía o mejorar, pero no retroceder», señaló. 

Zamora también indicó que el titular de Salud, César Vásquez tenía una ley preparada y que seguro necesita los meses del DU para preparara la normativa. 

«El ministro (de Salud, César Vásquez) dijo que tenía preparada una ley, luego cambió la versión de un decreto de urgencia. Sospecho que no tiene una norma preparada y este es el lapso de tiempo para preparar una norma, un proyecto de ley para enviar al Congreso», afirmó. 

El exministro también sugirió la posibilidad que el nuevo decreto de urgencia solo sirva para dentro del periodo de vigencia «nos olvidemos del asunto» y finalmente se derogue la norma de acceso a medicamentos genéricos.

Las legislaciones que regulan las ventas de los productos farmacéuticos y la conversión de muchos de ellos en genéricos contienen una serie de medidas que han llevado a dos países de nuestra región de tener medicamentos baratísimos a tener los más caros del área. Esos países son Chile y la Argentina, en el primer caso el estallido social y las secuelas de la pandemia y en el segundo la subida incontrolable del precio de los insumos los convirtió de baratos en caros. Asimismo, en ambos países y en el Brasil sucede un fenómeno singular al ingresar millones de dólares de ciertas industrias ilegales al mercado farmacéutico, generando distorsiones en los precios de los medicamentos. De igual manera, en Colombia y en el Perú se suscitan fenómenos parecidos, colocando a las industrias de ambos países en productoras de fármacos de bajos costos. Sin embargo, pese a tener insumos baratos, capital de trabajo de poco costo y regulaciones estatales, los precios de venta se mantienen altos, creando malestares y convirtiendo dichos malestares en temas de campaña electoral.

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Tal como lo reseñáramos hace más de un año la lucha solitaria de Alexander Succar contra los socios más caracterizados del Country Club de Villa, sus comités de vigilancia y de castigo y los jueces que nunca le dieron la oportunidad de conocer los expedientes de su caso, Sudaca conversó con su abogada.

A continuación, habla la doctora Nancy Olazábal, abogada defensora del socio Alexander Succar Hampton, quien desmenuza cada una de las acciones de Succar y de las reacciones cada vez más desmesuradas de uno de los socios que ocuparon la directiva del Country Club de Villa, pero creen que el inmenso centro de esparcimiento frente al mar de villa es de ellos y han terminado expulsando a Succar de modo definitivo. 

Se ve que ha habido una estrategia para poder excluir al señor Succar del Country Club de Villa. La estrategia comenzó cuando el señor Succar se quejó del maltrato recibido al haber tomado un vaso de agua fresca en el tópico del Club. En ese momento se inició el primer proceso disciplinario, no como correspondía a favor de Succar, quien fue el que sufrió el maltrato, sino por la persona que hizo cuestión de estado contra él por haber tomado un vaso de agua como lo hacía todos los días antes de dirigirse a las duchas y luego a la piscina. Como sabemos, al día siguiente del incidente Succar se dirigió al lugar donde se encuentra el libro de quejas y reclamaciones para dejar sentada su protesta contra la persona que habría pretendido impedirle tomar el vaso de agua. Pero, lejos de acoger la queja del señor Succar, el presidente del comité de disciplina de ese entonces, el señor Price Passalacqua le inicia un proceso disciplinario por supuestamente haber causado caos dentro del tópico, por haberle faltado el respeto a la denunciante -de quien nos enteramos que era una médica recientemente contratada- y no por su queja. Succar respondió preguntando en base a qué, si el asunto es exactamente al revés ya que él fue quien presentó la queja, exigiendo que le entreguen los videos y las pruebas de esa supuesta disrupción que él habría hecho en el tópico. El Club Villa no le entrega la información y resuelve antes de 10 días, violando los procedimientos y los protocolos, asumiendo que las quejas de Succar son los descargos del Comité y lo separan del Club por 30 días. Es en ese punto donde el señor Succar acude donde mi en busca de asesoría legal y me dice: “esta situación me preocupa porque me da la impresión que están utilizando esto para crearme situaciones de in conducta y para, finalmente, botarme del Club, porque hay gente en el Comité de Disciplina que me tiene animadversión”; entonces yo le respondo que eso no lo podemos saber, y vamos a presentar de acuerdo al proceso un recurso de reconsideración que está establecido dentro del proceso disciplinario para que lo vea el Consejo Directivo que es la segunda instancia, pero el Consejo Directivo tampoco tomó en cuenta los sólidos reclamos del señor Alexander Succar, en cuanto a que el Comité de Disciplina presidido por el señor Augusto Giancarlo Price Passalacqua no le había querido entregar los videos y la documentación correspondiente a esa sanción disciplinaria, el Comité de Disciplina decía que la médica había hecho su manifestación con respecto a la situación, entonces él pide esa documentación y no se le entrega, va al Consejo Directivo en segunda instancia y el Consejo Directivo obvia todo eso y ratifica la sanción, entonces en ese momento el señor Succar me indica que lo dejemos así, que prefiere cumplir con los 30 días de suspensión y que se acabe ahí, porque no quiere entrar en más discusiones con ellos, para evitar justamente la expulsión. Él cumple con sus 30 días de suspensión y va al Club, no para ingresar sino para pagar su cuota de socio porque, aunque esté sancionado tiene que seguir pagando, entonces no entra al Club.

En este segundo proceso disciplinario que le inicia el Comité de Disciplina presidido por el señor Augusto Giancarlo Price Passalacqua, Succar entra a la oficina que está fuera de los servicios del Club para averiguar sobre su estado de cuenta y se retiró; entonces cómo la persona que se encontraba en la portería sostiene que yo he dado un código de otra persona, porque ese es el segundo proceso disciplinario que se le inicia en base al informe de la persona de seguridad que dice que el señor Succar ingresó al Club dando otro número de carnet y sin esperar que lo autoricen a ingresar, y el Comité agrega que él ha ingresado cuando no podía hacerlo porque él ya estaba comprendido en la prohibición de ingresar por falta de pago de las cuotas.

Entonces, presentamos un descargo y adjuntamos toda la documentación diciendo que era imposible que él estuviese comprendido en el artículo 25 del estatuto y del reglamento del Club, porque Succar justamente había recibido una carta del Club diciéndole que debía ponerse al día en el pago de sus cuotas, y que si no lo hacía dentro de los 10 días de recibida la carta entonces iba a ser suspendido en sus derechos como asociado. Como Succar no acepta que los dichos del agente de seguridad sean ciertos, exige nuevamente que se le entreguen los audios y los videos que demuestren lo dicho por el agente de seguridad.

En lugar de entregarle los audios y los videos que demostrarían que no ingresó falseando la información en la caseta de seguridad, el Comité de Disciplina lo sanciona esta vez por 60 días. Entonces, presentamos la reconsideración de esa sanción disciplinaria ante el Consejo Directivo y también le solicitamos los audios y los videos, pero el Consejo Directivo nos lo negó y ratificó la sanción.

“Entonces, a partir de ahí, el señor Succar me dice que es evidente que lo que quieren es expulsarlo, por lo que no va a dar motivos para eso, inhibiéndose de ingresar al Club, porque son capaces de inventarle cualquier cosa. Justamente a raíz de esa situación que él consideraba injusta se inician las acciones judiciales para levantar los cargos que le habían hecho en la segunda sanción disciplinaria, en la cual, como es harto conocido, le enviaron una carta notarial diciéndole que está sancionado y no pueden ingresar al Club ni él ni su esposa ni sus hijos, porque la sanción se cumple a todo nivel, a pesar de que sus hijos eran socios juveniles. 

A partir de ese momento, iniciamos dos acciones: una penal contra el guardia de seguridad que había enviado el informe calumnioso, y una acción de amparo contra los miembros de la Comisión de Disciplina y los integrantes del Consejo Directivo, puesto que no le permitían ejercer su derecho de defensa ni le entregaban la información a la que él tenía derecho constitucional, porque acá no estamos hablando solamente de una cuestión administrativa: habían violado los derechos constitucionales del señor Succar, los derechos constitucionales a disfrutar de su espacio social, los derechos constitucionales a disfrutar de un club al cual él pertenecía y sigue perteneciendo y los derechos constitucionales al debido proceso, porque el Comité de Disciplina había resuelto antes de agotarse los diez días de plazo que tenía el señor Succar para poder presentar pruebas de descargo en el primer proceso administrativo y los derechos constitucionales al debido proceso y a la información que tenía el señor Succar para poder contestar en este segundo proceso administrativo con la información que requería. Dentro de estos procesos judiciales, el juez de ese entonces en el proceso penal era el magistrado Elmer Velásquez, quien rechaza esa denuncia y confunde las pruebas presentadas, como que al guardia varón lo confunde con una mujer, y se remite al proceso administrativo que no es de competencia penal y dice en el fundamento para rechazar esa denuncia que las instituciones del Club han actuado dentro de un proceso administrativo acorde al reglamento, y que, entonces, eso no se puede ventilar en una denuncia penal por calumnia, sino que tendría que haberlo ventilado en un proceso contencioso administrativo. Nosotros apelamos porque era un absurdo, sube a la sala y la sala, que está compuesta por tres jueces superiores repite exactamente lo mismo que había suscrito el juez Elmer Velásquez; entonces el señor Succar decide no seguir en la cuestión penal contra el guardia de seguridad porque está seguro que es un hombre presionado por los directivos para que diga lo que ellos quieren porque su trabajo depende de ello.

Pero como teníamos también la demanda constitucional contra los miembros del Comité de Disciplina y los del Consejo Directivo, nos centramos en ese proceso, pero, al igual que el anterior juez, este igualmente lo rechaza absolutamente, cuando de acuerdo con el artículo sexto del código procesal constitucional, los jueces están prohibidos de rechazar liminarmente una demanda constitucional, tienen que notificar a todos los demandados y esperar que todos estos contesten, y luego de dichas  contestaciones el juez recién puede resolver si considera dar por infundada la demanda, pero antes no. Pero en este caso, simplemente la rechaza bajo los mismos argumentos que se usaron en la demanda penal y que, por lo tanto, él debía reclamar dentro de un proceso ordinario, cosa totalmente absurda porque uno de los fundamentos del juez para rechazar la demanda es que hay derechos constitucionales que se estarían violando, pero dice que esos derechos se pueden reclamar en un proceso ordinario, ¡jamás!, eso es imposible, porque para eso existe un proceso constitucional para que sea rápido e inmediato y evitar la violación de los derechos constitucionales de las personas. Por supuesto que apelamos, y en ese ínterin cambian al juez Elmer Velásquez y ponen a otro en su lugar; a ese juez es al que requerimos y estuvimos ahí detrás para que notifique a todos los demandados para que sea elevado a sala, y los cargos de todas las notificaciones de todos los demandados tienen que regresar y estar adosadas al expediente para que pueda ser elevado a la sala superior y efectivamente el expediente es elevado a la sala, pero luego es devuelto porque había como seis cargos de notificación que no estaban adosados al expediente. Para esto han pasado meses de meses y luego ese juez es cambiado por la jueza Enith Violeta Juárez Escalante que es la que está actualmente esa jueza pide el expediente a su despacho para revisarlo y emite una resolución diciendo que el expediente que no puede ser elevado porque faltan cargos de notificación, entonces ahí está toda nuestra vía crucis en tramitología puesto que los cargos de notificación que se habían puesto y que no habían podido ser entregadas a las partes demandadas decían que no habían encontrado la dirección, que no era la dirección correcta, varias cosas, entonces el señor Alexander Succar se dio el trabajo de verificar las direcciones y entonces volvemos a presentar los escritos y pedimos a la jueza que notifique y efectivamente ordena que notifique pero se pasa meses sin resolver, entonces es una letanía uno tiene que ir constantemente   al juzgado para preguntar por qué no han hecho las cosas y decirles que cosas faltan y así pasan los meses. Ahora ya bajaron a dos casos los que no pueden notificar y eso que todas las direcciones han sido dadas de acuerdo con la ficha Reniec, entonces mi sugerencia fue que se notifique a esas dos personas por edicto porque lamentablemente en el poder judicial las cosas son demasiado lentas y justicia que tarda no es justicia, entonces presentamos un escrito y exigimos al juzgado que notifique para poder elevar el expediente y pasan las semanas y la jueza no resuelve y el señor Succar fue al juzgado y la jueza no lo quiso recibir, pero a través de una especialista le mando decir que no va a resolver ni va ordenar ni va a notificar porque no tiene especialista, la cuestión es que hace más de un mes que ella no tiene especialista y cómo no tiene especialista  no va hacer ningún trámite hasta el 15 de marzo que llegue un nuevo especialista, mientras tanto el único perjudicado es el señor Alexander Succar.  

 

Ahora tenemos el tercer proceso administrativo que le inicia el comité de disciplina del Club al señor Succar porque hizo declaraciones a la prensa, basados en qué, en la carta notarial del señor Price Passalacqua que en ese momento ya no era miembro del comité de disciplina e instiga al nuevo comité para que se inicie un tercer proceso disciplinario contra el señor Succar por haber hecho declaraciones que atentan contra la imagen y el prestigio del Club, cosa que jamás ha hecho el señor Succar, porque más evidente que la acción que no está dirigida al Club. La acción de amparo está dirigida puntualmente contra cada uno de los integrantes del comité de disciplina y el consejo directivo, o sea no es una acción contra el Club porque el Club es una institución y las instituciones no son malas o buenas, las instituciones siempre son instituciones que pueden convertirse en un objeto de maldad dependiendo de quien las dirige y los que ocasionan eso y los actos de quienes la dirigen son los actos que son establecidos como buenos o malos y son los directivos del comité de disciplina y del consejo directivo los que han actuado con encono, con hostigamiento, con maldad contra el señor Alexander Succar y no contra el club y lo siguieron haciendo ¿Por que?, porque a pesar de que era evidente que los audios que no se estaba atacando al club y no era ningún ataque sino era el derecho constitucional del señor Succar también, de poder declarar a la prensa, es un derecho constitucional por qué le van a prohibir, más aún cuando él está haciendo atropellado en todos sus derechos y sin fundamente alguno inclusive lo citan a una audiencia en la que yo lo acompañé, a pesar de que en ese momento él se encontraba con una trombosis en la pierna, él dijo: “mejor voy porque son capaces de decir que no he querido ir  y que no tengo voluntad  de levantar ningún cargo “, y fuimos y en ese momento una mujer de los miembros  de ese comité. En una de las argumentaciones dijo que la médica no tenía por qué mentir o sea y cuando yo le retruco digo: ´Usted está diciendo que usted apriori dice que la médica no tenía por qué mentir o sea que el señor Alexander Succar para usted si tiene porque mentir, o sea que clase de proceso le están iniciando cuando ustedes ya tienen una idea prestablecida con respecto al señor Alexander Succar´, por supuesto que ahí no contestaron nada dijeron que lo iban a evaluar y que ya íbamos a recibir la resolución. Y la resolución fue sancionadora, señalando la expulsión y ahí lo expulsan definitivamente del Club, a los hijos no los pueden expulsar por ellos ya son juveniles, pero ellos ni siquiera han querido presentarse ya para ser titulares porque con miembros del comité de disciplina y del consejo directivo de ese tipo y de la forma de la que lo están acusando a su padre, ellos piensan y tienen temor de que los rechacen simplemente porque son hijos del señor Alexander Succar, entonces que es lo que pasa nosotros por supuesto presentamos el recurso de consideración para que esto lo vean en el consejo directivo y que resolución emiten, dan por recibido el recurso de reconsideración y dicen que han optado porque ese recurso de reconsideración se vea en asamblea general del club. 

Hasta la fecha no convocan a asamblea para ver la reclamación del señor Succar y no hemos querido tampoco incidir porque eso es una evidencia más de cómo se violan los derechos constitucionales al debido proceso y a la información contra el señor Alexander Succar. Y también estamos estancado en la apelación en el proceso de acción de amparo iniciado por el señor Succar porque la jueza ha dicho que no va a notificar por edicto hasta que no tenga ella su especialista, de esta acción de amparo que ha presentado el señor Succar, ya han pasado dos años, esa es la angustia y desesperación que ven como lo han atropellado y se siente totalmente indefenso y se indigna ante todos estos casos de prepotencia de acoso y sobre todo de abuso de poder que la han hecho los miembros del comité de disciplina y el consejo directivo del club.

Nosotros estamos esperando que este expediente llegue a la sala porque tenemos cuatro jurisprudencias con respecto a este tipo de casos y dos puntualmente a directivos del Club Villa, lo que pasa que los directivos del club a la hora que son directivos se sienten que pueden hacer lo que quieren y eso no es así, porque el club no es de propiedad de los directivos.

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Nacida en Chile en 1939, en medio de la larga crisis económica que sufre dicho país en esos años y que alcanza su punto más alto de 1970, la vida de María Victoria Márquez Alcalde es la historia de un matrimonio forzado, del secuestro de unas niñas, de problemas judiciales debido a fuertes sospechas de acusaciones de estafas y abusos policiales. 

Leamos cómo y en qué orden nos cuenta su tragedia personal la señora María Victoria: “Hace 10 años, mi última hija Felicia María Guerra Márquez se enamoró perdidamente de Marco Antonio Tamashiro Kanashiro, un peruano de origen japones que le propuso matrimonio, pero solamente convivieron. Como mi hija era la única que vivía conmigo, me pidió que les alquilara la casa a ellos para que generaran un movimiento comercial, porque él no tenía profesión. Entonces, yo acepté para ayudarlos, además que yo estaba casi ciega por un problema de cataratas en el ojo izquierdo, y la visión del derecho la había perdido cuando balearon a uno de mis nietos y la impresión de verlo casi muerto me produjo un derrame. Estando en esa situación, me trajeron el contrato; cuando mi hija me leyó el documento, que supuestamente era de alquiler, lo firmé sin reparo alguno, aún cuando ella me dijo que eran cuatro copias: una para ella misma, una segunda para el marido, una tercera para mi y una cuarta para la Municipalidad de Jesús María, porque tenían que hacer cambio de uso, pasando de uso de vivienda a uso comercial. Pero en realidad lo que firmé fue una compra-venta, que decía que me habían pagado 100 mil dólares y ahí empezó mi vía crucis, porque me encerraron en la habitación donde vivo, la casa la pusieron a nombre de ellos, la hipotecaron y no han pagado las cuotas de la hipoteca, y ahora la cooperativa está por rematar mi casa. Cuando terminó la epidemia de la Covid, yo, así con mi discapacidad, trato de movilizarme y buscar ayuda para mi caso, porque me dijeron que efectivamente había sido estafada.  El japonés se fue una vez que puso la casa a su nombre y que recibió el dinero de la hipoteca. Entonces, le dije a mi hija que hiciera la denuncia por abandono de hogar; sin embargo, ella sólo lloraba y me decía que no lo haría por vergüenza. Mi hija me llevó al estudio jurídico Sagástegui Abogados, reconociendo el daño que me había hecho. He estado muchos años confiando en ese abogado Pedro Martín Sagástegui Bardales, pero también fue otro arreglo mafioso, porque el abogado me defendía a mí, y otra abogada del mismo estudio defendía a mi hija y a su marido, o sea me tomaron el pelo durante años, porque yo no vendí mi casa, ninguno de los dos notarios me pidió un certificado médico y ninguno me preguntó si yo quería vender mi casa. Cuando me hicieron firmar yo tenía 74 años.

Viviana Rodriguez
María Victoría Márquez cuenta que confió durante muchos años en el abogado Pedro Martín Sagástegui Bardales, pero fue otro arreglo mafioso, porque el abogado la defendía a alla, y otra abogada del mismo estudio defendía a su hija y a su marido. Imagen: B.Z.J.

Luego de algún tiempo, mi hija se arrepintió y me devolvió el 50% de la propiedad, pero me lo ha devuelto con maña porque no ha pagado el impuesto y el Servicio de Administración Tributaria de Lima, SAT, me embarga mi pensión; he acudido al colegio de abogados y no me quieren atender porque dicen que el CAL es para pordioseros, alegando que como yo tengo una casa buena en Jesús María no tengo derecho a que se me asesore gratuitamente. El estudio del señor Sagastegui que supuestamente me defendió, me sacó como 50 mil soles, pero ellos han hecho una mala defensa porque sabían que la forma en que estaban llevando mi juicio ya estaba perdido o sea esos abogados fueron contratados por mi hija pensando que yo ya no quería vivir porque estaba viuda, porque estaba ciega, porque estaba sola. El abogado Martín Sagastegui hizo un juicio basado en estafa agravada, ´que es cuando una persona se pone de acuerdo con otra para hacer una estafa y hay malicia y dolo´ cuando me lo leyeron yo lo entendí perfecto pero el problema es que esto ocurrió entre  2010 y 2012, pero recién se da la Ley de Estafa Agravada en 2016, así que perdí en todas las instancias, el abogado tendría que haber llevado mi juicio por lo civil no por lo penal, el abogado lo sabía pero en lugar de defenderme a mí todo el tiempo estuvo defendiendo los intereses de mi hija y de Tamashiro.

Mis otros hijos pensaron que como esta niña no fue hija de su padre yo me había vuelto contra ellos y le había regalado la casa a Felicia, pero no es así porque si lo hubiera hecho no tendría problema en admitirlo mi hija mayor tiene como 70 años y ella tiene 42 años. 

Yo sigo viviendo en la casa, de acá no me sacan porque yo no la vendí, ellos recibieron el dinero de la hipoteca que sacaron de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pacífico y me entregan a mí 30 mil dólares por concepto de alquiler del inmueble y que era el equivalente a los tres años y medio que no habían pagado el alquiler, entonces yo por eso lo recibí, mi hija Felicia y Tamashiro reciben de la hipoteca 180 mil dólares. 

En la casa, ellos pusieron acá una institución que llaman en japones Kazoku: Calor de hogar y familia, que es un asilo exclusivo para ancianos japoneses que pagaban 1800 dólares mensuales la pensión más cara y 850 dólares la cuota más baja. Ellos tenían 6 a 7 ancianos por habitación, percibiendo un ingreso mensual de 12 a 14 mil dólares, pero no me pagaban el alquiler con el pretexto de que construyeron un piso más y modificaron la propiedad para tener más espacio y que puedan ingresar más ancianos. El albergue funcionó algunos años, pero el Ministerio de la Mujer lo cerró porque las enfermeras eran estudiantes y algunas no sabían ni tomar la presión; murieron muchos ancianos, mi casa se convirtió en la casa de la muerte, no los cuidaban como debería ser. Trajeron unas mujeres como cocineras que eran unas mujeres prófugas de la justicia, a todas esas personas las contrataba el japones Tamashiro, mucho del personal que contrató para el albergue se iba porque no le pagaba. Según el personal Tamashiro dedicaba el dinero al juego, Tamashiro era un ludópata.

Viviana Rodriguez
Marco Antonio Tamashiro Kanashiro junto a las enfermeras y una de las ancianas que vivía en el albergue. Imagen: Javier García Wong Kit.

En los tiempos de la pandemia sobreviví gracias a unas vecinas y a un hijo de la vida que me traían víveres para que yo pudiera preparar mis alimentos. Pase los días encerrada absolutamente sola en mi habitación. Una temporada pasé 18 días enteros sin comer, y no me morí pese a que todos los días le pedí al señor que ya me recoja justo en ese tiempo llegaron los hermanos de la iglesia y comenzaron a venir seguido para curar mi alma”.

Los procesos judiciales

El Abogado Manuel Chacaltana nos explica cómo se encuentra el proceso legal que esta llevando la señora María Victoria Márquez contra su hija Felicia Guerra y Marco Antonio Tamashiro 

“En este momento hay dos procesos, uno en ejecución de garantía que es sobre la hija y el exyerno de la señora, que junto a su expareja pidieron un préstamo a una cooperativa y le hicieron firmar a la señora una escritura pública de compra-venta, indicándole que eso era como un aval, pero luego de un tiempo como no tuvieron cómo pagar las cuotas comenzaron a llegarle las notificaciones a la señora Márquez indicando que iban a rematar el inmueble y recién ahí se enteró que lo que había firmado era una escritura pública de compra-venta y procedió a presentar una denuncia en el poder judicial por nulidad de acto jurídico la cual también se encuentra en trámite.

Por la edad que tenía la señora al momento de firmar ese documento, la ley indica que tenían que haberle solicitado un certificado médico, entonces lo que me indicó la señora es que cuando fue a la notaría simplemente bajaron le llevaron la escritura pública y se la hicieron firmar por eso es que se ha presentado la demanda de nulidad de acto jurídico, y presentado el certificado médico porque se ha omitido ese requisito, que sirve para que el notario pueda verificar que la señora se encontraba en pleno uso de sus facultades”, manifestó el abogado.

Felicia Guerra le devuelve a su madre el 50% de la propiedad, no cancelando el impuesto de alcabala lo cual generad que el SAT embargue la pensión de María Victoria.

“En el año 2018, como ya estaba en este proceso de ejecución de garantías la hija de la señora accede a hacerle una escritura pública de dación en pago por el 50 por ciento del valor del inmueble, se le ha transferido ya se ha inscrito en Registros Públicos y la señora Márquez figura actualmente como copropietaria de los derechos y acciones, la expareja de la hija sigue figurando con el otro 50 por ciento. 

La hija al momento de hacer la dación en pago, tenía que hacer un pago de impuesto de alcabala, entonces qué hizo la hija: se acercó al SAT de Lima y liquidó la alcabala a nombre de ella y no a nombre de la señora Márquez que eso era lo correcto, entonces de oficio el SAT liquidó un impuesto que debía cancelar la señora Márquez y como ese pago pendiente, le vienen embargando la jubilación a la señora, hecho que como ya sabemos eso está prohibido por ley.

Viviana Rodriguez
Felicia al momento de hacer la dación en pago, se acercó al SAT de Lima y liquidó la alcabala a nombre de ella y no a nombre de la señora Márquez.

Recordemos que el abogado que estaba llevando el caso anteriormente también era el abogado de su hija, entonces ahí había un conflicto de intereses; eso no es lo único este mismo abogado presento una denuncia por estafa agravada pero el Ministerio Público rechazó esa denuncia indicando que ya había prescrito porque en el año 2013, cuando sucedieron los hechos, no aplicaba el delito de estafa agravada únicamente se establecía en el Código Penal como una estafa simple, entonces en el 2023 el Ministerio Público determinó que no procedía esa denuncia al no existir ese tipo de delitos”, indicó Chacaltana.

En pocas palabras, el abogado Sagastegui no solo defendió mal a la señora Márquez, sino que se coludió con su exyerno y su hija para consumar la estafa a un mujer ciega, sola y abandonada.

 

  

 

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Todos los que tenemos un pariente o un amigo afectado por esa enfermedad tan antigua como el hombre llamada cáncer, sabemos que en el Perú una parte de los pacientes muere irremediablemente por errores de diagnósticos, pero, sobre todo, por esa timba mensual que los pone en manos de un nuevo oncólogo cada 30 días, arrojándolos muchas veces a las manos de doctores que guardaron sus juramentos hipocráticos junto a las bolsas de la ropa vieja, de los zapatos con hueco y de los resentimientos, las envidias y las oportunidades perdidas.

Para entender de dónde vienen y a dónde van los oncólogos que abren nuestra historia clínica, la miran por encima y nos recetan lo que les viene en gana, hurguemos en sus probables biografías. Primero, en la cúspide de la cadena alimentaria están los hijos de los oncólogos famosos, con consultorio en clínica de primera y los yernos de los famosos. Esos médicos viven bien, ganan bien y están en contacto con la modernidad. Jamás atienden o atenderán a un canceroso pobre.

Segundo, son médicos que han sido y seguirán siendo asistentes de los oncólogos famosos. Atienden a los asegurados y aspiran a tener alguna vez un consultorio en un centro especializado de lujo; mientras ese día llega, atienden rápido, mal y con desgano a los pacientes de EsSalud. Viven renegando de su suerte y odiando a sus pacientes y a los parientes de estos. 

Tercero: ¿cómo cree usted que funciona el cerebro pasional de un oncólogo que no ocupa una plaza fija en un hospital de Salud, reemplaza esporádicamente a los médicos que tienen consultorio en clínicas y no tienen futuro en la especialidad.

Esos son, a grandes rasgos, los perfiles de quienes “atienden” a nuestros amigos y parientes cancerosos. Dios se apiade de ellos.

El pasado 18 de enero, el alcalde metropolitano de Lima condecoró a la filántropa María Teresa Dulanto por su incansable labor en favor del grupo más sufrido y segregado del país: el de los niños pobres que sufren algún tipo de leucemia y cuyos padres carecen de los medios necesarios para solventar un tratamiento que aumente sus posibilidades de supervivencia.

Fuera de las condecoraciones, de los aplausos que sirven de muy poco y del apoyo desinteresado de algunas personas que donan a la Asociación que preside María Teresa, todo resulta insuficiente, ya que la incidencia de esa terrible enfermedad en los niños peruanos pobres crece año tras año, mientras la asignación estatal a los hospitales de salud decrece ante el sufrimiento de los niños y la desesperación de sus progenitores.

Para enterarnos desde adentro del tamaño de la desesperanza de los niños y de sus padres, le preguntamos a María Teresa cuál es la magnitud de la enfermedad y cuáles los problemas visibles del drama.

informe Viviana Rodriguez

  El pasado 18 de enero, el alcalde metropolitano de Lima, Rafael López Aliaga, condecoró a la filántropa María Teresa Dulanto por su incansable labor en favor de los niños con cáncer.

“Los dolores, las desatenciones, las carencias y los sufrimientos que enfrentan los niños son los mismos que enfrentan los adultos, pero los primeros, además, están hacinados en hospitales que ya están colapsados por los adultos en iguales y peores condiciones. Entonces, ambos grupos etarios sufren las carencias de camas hospitalarias, de médicos especializados y de medicamentos de última generación. En el tema de los menores de edad, el sufrimiento se multiplica porque un día cualquiera la enfermedad debuta sin causa aparente; a partir de ese momento, y mientras los médicos provincianos los diagnostican tarde, mal y nunca, la mitad de los niños fallece. De los sobrevivientes, una parte de ellos consigue un médico que diagnostica la enfermedad y ordena su traslado al hospital infantil de la avenida Brasil. El niño, que ya está en una etapa avanzada del mal, llega a un nosocomio que no está acondicionado para enfermos de cáncer infantil, y, mucho menos, para pacientes afectados por leucemia. A partir de ahí, el niño enfermo y diagnosticado de leucemia solamente recibe suero, mientras espera que haya una cama disponible en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) o en el Hospital del Niño de San Borja, donde, dicho sea de paso, yo logré que se implementara el Centro de Transplante de Médula, pero, por falta de camas hospitalarias especializadas, se convirtió en un hospital de tratamientos contra el cáncer infantil donde los médicos son oncólogos, pero no hematólogos pediatras, oncólogos pediatras y oncólogos para tumores sólidos.

En ese instante comienza un capítulo nuevo del drama ya teñido con los colores de la tragedia, pues los médicos ordenan una quimioterapia, luego de la cual los niños regresan a su provincia y se preparan para la siguiente quimioterapia. Cuando se acerca la fecha para venir a Lima a recibir la siguiente quimio, los padres y amigos comienzan nuevamente a buscar el dinero para financiar el viaje familiar y el alojamiento y alimentación de los padres. Cuando consiguen el dinero y llegan al hospital para recibir la quimioterapia, los padres se encuentran con un médico que no tiene idea del avance de la enfermedad, porque en los hospitales peruanos no hay forma de hacerse una tomografía o una resonancia magnética, porque, por ejemplo, en el Hospital Rebagliati, el único resonador existente no funciona hace un año, y los dos tomógrafos están malogrados y no se espera la reparación de por lo menos uno de ellos antes de mayo”, indica María Teresa Dulanto.

 

 

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Cáncer, ESSALUD, INEN, Leucemia, Minsa

[INFORMES]  A mediados de los años ochenta, un economista arequipeño, más conocido en el extranjero que en nuestro país, definió los límites de una economía de auto construcción y su relación tangencial con la economía formal. Unos años después, cuando el régimen de Alberto Fujimori privatizó una a una las empresas públicas, menos las inútiles Sedapal y Petroperú, los cientos de trabajadores despedidos de las empresas públicas vendidas a inversionistas nacionales y extranjeros construyeron una serie de pequeños negocios que crearon una red de prestadoras de bienes y servicios que el economista arequipeño llamado Hernando de Soto el Otro Sendero, es decir, el sendero opuesto frontalmente a Sendero Luminoso, la banda subversiva que quería imponer un estado de Nueva Democracia, bárbaro, asesino y misoneísta, pues quería abolir trece siglos de historia y retrotraernos a los comienzos de la Era Wari.

Como hasta el día de hoy, nadie sabe cuántos somos, cuántos trabajamos en la formalidad y cuántos en la informalidad, ya que el censo de 2017 ordenado por Kuczynski fue el primer gran fracaso de su gobierno. Es más, desde ese octubre de 2017 hasta noviembre de 2023, cuando un científico social usó la red X para decirnos que el porcentaje de informales era el 35 por ciento de la población activa, pues según datos de EsSalud el 65 por ciento de peruanos nos atendíamos en las redes hospitalarias de ese organismo.

Si nadie sabe cuántos trabajamos en la formalidad, cuántos en la informalidad y cuántos se dedican a robar, a extorsionar, a la trata de blancas, a la producción y a la comercialización de todo tipo de drogas.

Entonces, veamos cómo la ilegalidad ha penetrado todos los sectores económicos del país, incluyendo en ese “todos” a los vendedores de tickets de conciertos exclusivos.

En redes sociales, los seguidores de Sara Baras ya están expresando su malestar como es el caso de la señora Armida Testino, quien cuenta que compró 5 entradas que suman la cantidad de S/2,590.00 soles.

“Teleticket y Non Stop Entertainment las empresas organizadoras del espectáculo de la extraordinaria Sara Baras suspendieron el evento sin dar explicación alguna ni ofrecer disculpas. Yo pagué 2,590 soles el 24 de agosto y recién el 20 de noviembre pude registrarme para la devolución, pero tampoco pude recibir confirmación alguna de mi registro.

Teleticket se comunica conmigo recién el 16 de noviembre, luego de ir repetidamente a su stand del Centro Comercial de Bajada Balta, para decirme que Non Stop Entertainment SAC, no cuenta con el dinero para devolver”.

Mensaje que recibió la señora Armida Testino por parte de Teleticket.

Le consultamos a Pablo Chumbe, gerente general de Non Entertainment hasta el 21 de diciembre de 2023, sobre por qué aún no se terminaba de devolver el dinero a las personas que habían comprado entradas para el evento de Sara Baras

“Eso ya no lo veo porque ya no trabajo en esa empresa; yo era solamente un empleado ahí, pero hasta ahora tengo cierta vinculación con esas personas y entiendo que han emitido un comunicado indicando cuándo van a pagar”.

Pero daban una explicación técnica a la negativa de la bailaora.

“Claro, porque entiendo que la cancelación salió por parte de esos señores que sostenían que la señora Sara Baras no quería presentarse porque el piso del Gran Teatro Nacional no estaba en las condiciones que el espectáculo requería”.

¿Y la artista canceló toda la gira, porque tengo entendido que en Colombia sucedió algo similar?

“Exactamente, igualito, con lo cual causó un perjuicio significativo a la productora, porque al final se le pagó el ciento por ciento de los honorarios a esos señores, ese fue el tema. Pero, al igual; al margen de quién sea el responsable se cumplirá con todo lo pactado, devolviéndole el efectivo a las personas que compraron entradas por ese medio de pago”, indicó.

Hay personas a las que se les ha devuelto el valor de las entradas, pero la tiquetera se ha quedado con la comisión; entonces ellos dicen: “¿por qué se quedan con ese dinero, si el evento no se realizó?”

“En realidad, el que devuelve no es el productor, porque el productor tiene un contrato con la tiquetera y la tiquetera es la que recauda. Esa parte no te la puedo absolver, porque entiendo que ellos cobran una comisión que es un porcentaje del valor de la entrada, porque yo tengo entendido que eso también lo estaban devolviendo; eso es un tema que escapa de la productora, porque como le digo: “ellos son los que tienen el recaudo, y hasta donde fue mi gestión estuve abonando a medida que existiera la disponibilidad, y esa es la verdad. Igual le vengo a reiterar que el señor Pedro Enrique Puentes, dueño de la empresa, ha manifestado que sí se van a devolver la totalidad de los importes, que no es mucho porque solo ascienden a 60 mil soles, mientras otros conciertos llegan a 500 mil soles. Dicen que están esperando que ingrese un dinero para cumplir con todos los acreedores. Yo entiendo el malestar porque me pongo en su lugar”, finalizó Chumbe.

Estos reclamos se suman a una larga lista de quejas contra Teleticket, porque al parecer las productoras que contratan con ella para que sus boletos sean vendidos no pasan por un filtro que garantice que cuando ocurren este tipo de problemas se hagan cargo de devolver el dinero a los compradores de los tickets. Hay personas que ya llevan un año reclamando la devolución de su dinero y han acudido decenas de veces a Indecopi y todavía no ven solución alguna a su problema.

Sergio Rodríguez nos cuenta cómo me quedé sin ver a Juan Luis Guerra por la existencia de unos estafadores

“Yo compré 4 entradas para el concierto que realizaría Juan Luis Guerra el 23 de noviembre de 2022 en el Arena Perú de Surco, previendo que el evento iba a ser un éxito, la empresa organizadora habilitó una segunda fecha de concierto para el martes 22, evento que sí se llevó a cabo en la fecha programada; pero, a pesar de todos los controles, hubo muchísima gente que no llegó a entrar. Enteradas de eso, las autoridades municipales de Surco clausuraron el local, y las personas que teníamos entradas para ese 23 nos quedamos sin ver el espectáculo y sin nuestro dinero. Semanas después, se nos comunicó que Juan Luis Guerra realizaría un concierto en el estadio de San Marcos, y se nos dijo que podíamos optar por ir al concierto de Guerra al campus de San Marcos o a esperar para que se nos reembolse el dinero pagado para el concierto de noviembre de 2022 en el Arena Perú. Yo elegí el reembolso y me dijeron que se comunicarían conmigo para confirmar el día de la devolución. Luego de enviar y de recibir un montón de correos electrónicos, decidimos elevar nuestras quejas, indicando cuánto había gastado cada uno. En mi caso, yo gasté 1,600 soles. Entonces yo informé de ese monto a Indecopi, y ellos me dijeron que habían multado a la empresa Fans & Music Entertainment (Fans & Music) con 1’769, 625 soles y al gerente general de la empresa con 24,750 soles. Sin embargo, hasta hoy no nos han devuelto el dinero que pagamos por las entradas.

Sin conocer el nombre exacto de las empresas organizadoras, en noviembre de 2022 compré 2 entradas para el concierto de Emilia Mernes, en esa ocasión la empresa canceló el concierto y avisó que a todos los compradores que habíamos comprado entradas nos iban a regalar una entrada adicional para ver “Juntos en Concierto”, en teoría yo tenía 4 entradas para ese evento. Lo cierto, lo tangible, lo importante, era que ese evento también fue cancelado. Todas esas entradas fueron compradas en Teleticket, que se volvió a lavar las manos, indicando que toda la responsabilidad era de la empresa organizadora. Fans & Music sigue haciendo conciertos, incluso han cambiado de razón social a raíz de las multas que les impone Indecopi. Preguntando por aquí y por allá nos enteramos que hay algunas personas a las que les han devuelto todo o parte del valor de las entradas, y que esos ciudadanos son los que gritaron más fuerte en el primer momento”.

Sergio Rodríguez tuvo la mala suerte que los tres conciertos para los cuales tenía entradas fueron cancelados.

“Lo que más cólera da es que no hay respaldo de Teleticket, porque esa es la empresa a la que le entregamos nuestro dinero, y ellos se hacen los locos diciendo que no tienen responsabilidad, pues solamente son una tiquetera. Y para Indecopi no somos nada, porque en la resolución que se ordenó la multa no se indicó a quién se le tenía que devolver.

Ahora, cuando uno va a comprar un ticket tiene -según los sabios de Teleticket- doble posibilidad de éxito, pues si la transacción sale mal, la tiquetera te devuelve tu dinero; y si sale bien, pues Teleticket se embolsa todo el dinero: un dineral. Este seguro para la entrada que te ofrecen es un negocio redondo porque si a mí me paso lo mismo con tres conciertos hay miles de personas en la misma condición que vamos a preferir pagar”, agregó.

“Hasta que todas las personas reciban su dinero no vamos a parar” nos dijo Jessica Parodi quien ha sido una de las pocas personas que pudo hacer que le devuelvan su dinero por el evento cancelado de Sara Baras.

“En mi caso en particular, en septiembre yo compré dos entradas en Teleticket para ver a la bailaora Sara Baras, que me costaron 1,095 soles las dos entradas más 55 soles por la comisión de la tiquetera; en octubre, Teleticket y también el Gran Teatro Nacional emiten un comunicado diciendo que el evento había sido cancelado por motivos de fuerza mayor, y que la productora se iba a poner en contacto para hacer las devoluciones del dinero, pero sucede que pasaron los meses y no recibíamos ninguna respuesta, en paralelo dejamos constancia de lo sucedido en el Libro de Reclamaciones de Teleticket: escribimos a Indecopi y tampoco tuvimos respuesta, o sea, teníamos que ver la manera de llegar a los de Non Stop Entertaiment, porque Teleticket nos decía que ellos eran los responsables, y en una de las contestaciones a los tantos reclamos que hacíamos Teleticket nos envía un correo diciendo que no se nos devolvería el dinero de las entradas porque la productora no tenía fondos.

Yo particularmente tuve la suerte de conseguir los números telefónicos de los responsables de la productora, así que no dudé en llamarlos para decirles sobre el comunicado que había enviado Teleticket y lo fastidiada que estaba con la situación, y me respondieron que el tema era de Teleticket”.

Conversamos con Crisólogo Cáceres quien es presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) y coordinador del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones de Consumidores (OCLAC), y, por lo tanto, una de las voces más autorizadas para saber qué hacer cuando un consumidor o un usuario es engañado y estafado, y no hay autoridad alguna que lo defienda del abuso del poder.

Ante el problema suscitado por la estafa de Teleticket a los compradores de boletos para el concierto de Sara Baras, le preguntamos a Crisólogo Cáceres cómo desciframos ese enredo, vale decir, quién es el responsable final en ese asunto. Aquí una aproximación al Caso Sara Baras: “Los consumidores estaban molestos y, normalmente, presentaron sus reclamos a quienes les vendieron los tickets, o sea, ante Teleticket y similares; presentar a la ticketera no era lo pertinente, sino al organizador del concierto. Si la persona que organizó el concierto no cumplió, el consumidor tiene derecho a reclamar; ese reclamo se puede hacer de dos maneras: primero ante la empresa, o, segundo, ante el Indecopi.

¿Qué es lo que se puede reclamar tanto a la empresa como al Indecopi? En cualquiera de los dos casos lo que el consumidor puede reclamar es que se le devuelva el valor de la entrada del concierto que pagó, pero no se realizó. Para ese pago, el consumidor tiene que acreditar que compró la entrada. Ahora, ¿qué corresponde a la autoridad? La autoridad es el Indecopi, el Indecopi puede entrar a tallar, ya sea porque el consumidor presentó un reclamo o puede actuar de oficio, es decir, el Indecopi no tiene que esperar necesariamente que haya reclamos, sino que al tratarse de un hecho público y notorio, Indecopi debe actuar con celeridad y drasticidad.

Ahora, si se vencen los plazos del Indecopi para investigar el Expediente puede caer en caducidad y ya hay muchos expedientes que han caído en caducidad, lo de la caducidad es un peligro espantoso.

Según el Decreto Legislativo N° 1272 que modifica la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, incorpora en su art. 4° el art. 237-A referido a la CADUCIDAD del procedimiento sancionador. En tal sentido fija en nueve meses el plazo máximo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio, el mismo que puede ser ampliado de manera excepcional, hasta por tres meses más. Vencido dicho término, y no habiéndose emitido Resolución Final, el procedimiento CADUCA automáticamente y es archivado.

Esto es el gran peligro que advierte Aspec desde hace años al Indecopi que no puede ser que dilaten tanto los casos sabiendo que puede caer en la caducidad”.

¿Indecopi debería velar porque se le pague a todos los afectados o sólo es sancionar con la multa?

“No, el Indecopi en casos como este adopta dos medidas, primero impone una sanción hacía la empresa que puede ser una multa de hasta 450 UIT y lo segundo que hace el Indecopi es ordenar una medida correctiva. La medida correctiva implica ordenar a la empresa que haga algo en beneficio del consumidor afectado, en este caso lo que se le tenía que ordenar como medida correctiva a la empresa es que devuelvan a los usuarios la entrada en su integridad”, Afirmó.

Si nadie sabe cuántos somos, si nadie sabe a quién le heredamos y cuánto le heredamos, y si cualquier notario inescrupuloso puede quitarnos la propiedad de nuestros predios, si cualquier funcionario de cuarto nivel puede borrarnos de los registros públicos, si cualquier hombre elegante y de buen apellido puede armar una empresa que realiza estafas piramidales de magnitud industrial, entonces podemos colegir que la ilegalidad peruana no es sólo traficar droga y oro, sino cualquier actividad que cuente con el respaldo de un sinvergüenza con cuatro sellos en la mochila y un tampón en el bolsillo.

Luego de algunas horas de haber sido publicado este informe periodístico, Teleticket se comunicó con Sudaca y nos envió el siguiente comunicado:

Teleticket Perú - Comunicado oficial VF

Teleticket Perú – Comunicado oficial VF

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aspec, Conciertos cancelados, Fans & Music, Indecopi, Juan Luis Guerra, Non Stop Entertaiment, Sara Baras, Teleticket

[INFORMES] Meses atrás, cuando la migración del lumpen venezolano había logrado quitarle a los delincuentes nacionales el tráfico minorista de las drogas fuertes y la trata de blancas en las regiones norteñas de nuestro territorio, el sociólogo Fernando Rospigliosi, ex ministro del interior y ex jefe del Sistema de Inteligencia Nacional, vaticinó que las mafias venezolanas vendrían por más, sobre todo por el tráfico de drogas al extranjero o por el control de la acumulación y de la exportación del oro obtenido de manera ilegal, sea por robo o por explotación en forma contaminante. Leamos qué nos dice sobre el futuro inmediato de esos flagelos.

Congresista Rospigliosi, la situación política peruana se deteriora a pasos agigantados y las principales autoridades del país no pueden ocultar ni superar sus rencillas internas. Lo increíble es que la Presidenta de la República no puede romper la coalición política que blinda al Presidente del Consejo de Ministros, mientras este no quiere ni puede aconsejar a la primera mandataria, ¿usted cree que debería haber cambios ministeriales?

  • Sin duda, siempre en una situación de crisis como la que vive el país, es importante dado que es evidente que el actual gabinete no ha sido capaz de resolver varios… sin embargo, al parecer la señora Boluarte no tiene la decisión o no tiene el valor de hacer los cambios y sigue en una situación de pasividad ante los acontecimientos que es muy peligrosa para el país y para ella misma.

¿Por qué cree que la Presidenta no percibe la peligrosidad de la actual situación política?

  • Está en una burbuja, vive en una burbuja; usualmente a algunos políticos les gusta rodearse de gente adulona, servil y sobona, y ese parece ser el caso de la señora Boluarte, además de ser clarísimo que ella no estaba ni está capacitada para ocupar el cargo ejecutivo más alto del país, ella en lugar de reaccionar y conseguir gente adecuada para renovar su gabinete, se mantiene en una situación como si estuviera flotando en un mar tranquilo, pero esa es sólo una ilusión porque en cualquier momento puede desatarse una tormenta y con una tripulación sin capacidad ni reflejos, la nave puede zozobrar.

¿Si en algún momento la Presidenta decidiera cambiar al PCM Otárola, qué cualidades debería tener la persona que asumiera el segundo cargo más importante del país?

  • Básicamente debería tener habilidad política, que es muy importante para un Gobierno que no tiene bancada partidaria, no tiene partido, no tiene popularidad ni liderazgo, naturalmente y mucha honestidad, esa son las cualidades que debería tener un jefe de gabinete

¿Cree que la presidenta Boluarte llegue a terminar su mandato?

  • Creo que sus posibilidades se van reduciendo cada día que pasa porque su situación política es muy precaria, y ella no está reaccionando con la celeridad y con la urgencia que el país y el gobierno necesitan.

Todos los días escuchamos noticias sobre robos, secuestros, extorsiones y cobros de cupos, y esta semana hemos asistido al hecho inédito de ver el acto casi farsesco del robo de las armas de un capitán y de un suboficial de la custodia de altos funcionarios adscritos a la familia de la señora Boluarte, ¿hemos normalizado la criminalidad?

  • Sí, esa es una cosa que casi sin darnos cuenta se va normalizando día tras día, mes tras mes, año tras año; vemos cómo crece la delincuencia, pero sobre todo la violencia, que es uno de los componentes básicos de los delincuentes que han llegado al Perú en los últimos años, los cuales son más violentos de lo que ya eran los delincuentes nativos. Además del incremento de la violencia introducida por los delincuentes extranjeros, asistimos a un proceso de normalización de la violencia importada, olvidándonos poco a poco de cómo era el país hace diez o quince años. Al olvidarnos cómo éramos, percibimos como normales las conductas aprendidas.

¿Qué intereses oscuros protegen a los mineros ilegales que se esconden tras la careta de la informalidad? ¿Y quiénes son los que cuidan a los narcotraficantes para que ese mega grupo criminal se constituya en una fuente inagotable de recursos para los ilegales?

  • Mira, esos dos negocios mencionados líneas arriba producen miles de millones de dólares de utilidades al año, y gran parte de ese dinero es destinado por los delincuentes para sobornar a las autoridades, sobre todo a las policiales y judiciales. Y, también, por cierto, en armar campañas para introducir cada vez más antisociales a la política. Si ellos, me refiero a los criminales, actúan más rápido que nosotros, entonces, tarde o temprano, estaremos en camino a convertirnos en estados fallidos, como Honduras, Nicaragua y, en estos momentos, el Ecuador.

Meses atrás, usted advirtió el peligro que corría nuestro país de convertirse en un nuevo Ecuador, con más músculo, es decir, con una infraestructura vial y portuaria para la exportación de opio y de cocaína a los mercados centroamericanos, asiáticos y de Europa del Este. ¿Debemos mirarnos en el espejo ecuatoriano?

  • Sin duda, debemos mirarnos en el espejo de Ecuador. Ecuador es un país de tránsito de la droga y eso es lo que ha convertido la violencia y la delincuencia en Ecuador en lo que hoy día es, bueno después han ido creciendo otros negocios ilegales, pero es el narcotráfico el origen de todo eso y el Perú es el segundo productor de cocaína del mundo, ya no solamente somos un país de tránsito sino un país de producción y eso está trayendo a mafias y delincuentes de otros países como las terribles mafias brasileras que ya están en la frontera con nuestro país con Ecuador con Colombia y los venezolanos que ya están acá y es peligrosísimo, y hay que mirarnos en el espejo de Ecuador que hace unos pocos años era un país muy tranquilo.

¿Se debió haber cerrado la frontera con Ecuador para evitar que ingresen o neutralizar a los integrantes de estas bandas criminales?

  • Ha habido un declaratoria de emergencia, pero lo importante ahí es cerrar las vías de tránsito ilegal que son muchísimas en la frontera norte porque hay una larga tradición de contrabando de un lado hacía otro, entonces eso es lo que es más importante cerrar porque la frontera legal digamos puede ser controlada pero el real problema es los pasos ilegales, y yo espero qué el Gobierno haya estado priorizando el cierre de esos pasos ilegales porque de lo contrario si es que hay mucha presión sobre los delincuentes ecuatorianos en su país sin duda se van a trasladar al Perú donde la situación para ellos sería mucho más cómoda porque acá uno de los grandes problemas que tenemos es el sistema judicial peruano que garantiza y protege a los delincuentes y persigue y penaliza a policías y militares, entonces esa situación hace que Perú sea un país ideal para todo tipo de delincuentes.

 El Perú debería dar amnistía a la Policía

  • Sin duda, ya hemos visto que Ecuador está planteando eso una amnistía para policías y militares y yo creo que acá en el Perú debería ver exactamente lo mismo y no solamente eso sino una protección que ya está en la ley, el problema no es la ley porque la ley protege a policías y militares el problema es la aplicación de la ley y es el sistema policial el que persigue a policías y militares y favorece a delincuentes ahí está el problema, entonces por eso cuando se habla de reforma del sistema judicial estamos hablando a un problema que atañe a todos los peruanos y, que es indispensable solucionar o de lo contrario la delincuencia va a tomar el control del país.

Se ha hablado sobre que el armamento de los criminales ecuatorianos habría pasado de contrabando desde Perú y que pertenecería a las Fuerzas Armadas.

  • Sí, hay algo de eso o sea se hablado de granadas, de municiones, explosivos, sí desgraciadamente esa frontera es completamente porosa y por ahí pasa contrabando de Perú hacía Ecuador y viceversa, y en el caso de las cosas que van a Ecuador esta lo que usted ha mencionado. Eso se sabe desde hace tiempo y ya hemos tenido problemas internacionales con ese asunto desde por lo menos el año pasado se sabía que eso era un tema muy grave. El problema es cómo salen municiones, grandas de los almacenes de las Fuerzas Armadas hay tenemos un problema que es una falta de control sin duda.

¿Qué acciones debería tomar el Gobierno peruano?

  • Inmediatamente debería tomar las acciones que no ha tomado antes como tener un control estricto sobre pasos ilegales en la frontera y también, tener un control estricto de armas y municiones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional

Hace poco el abogado de la fiscal suprema suspendida Patricia Benavides ha presentado un peritaje de los chats del asesor conocido como El Filósofo, donde se demostraría que esos chats habrían sido adulterados. Si eso es así, ¿le parece a usted que la suspensión y el proceso judicial a la doctora Benavides es legal?

  • No, para nada. Ha sido un proceso totalmente politizado de parte de la Junta Nacional de Justicia, lo que ha dicho el abogado Jorge Del Castillo me parece que es algo evidente y que cualquiera podía percibir, desde el comienzo se exhibieron chats que eran lo que tenían ellos o las supuestas pruebas que exhibían pero que solamente tenían una parte o sea el funcionario de la fiscalía, pero no se le conoce cuál era la respuesta o cuál era el dialogo con la otra parte, ni se conoce quién era la otra parte, entonces todo se basaba y se sigue basando en suposiciones que han sido creadas por los esbirros del poder que son los que crean esta falsa acusación en mi opinión contra la fiscal Benavides.

¿Se podría comparar con lo ocurrido al fiscal Pedro Chávarri?

  • Sin ninguna duda es el mismo esquema, la misma plantilla y casi todos son los mismos operadores, es muy parecido a lo que ocurrió con Chávarry.

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[INFORMES] Nueve meses atrás, el director de Sudaca publicó la historia breve de un “hecho grave, vergonzoso e intolerable”, tal como lo describió en su informe del 27 de marzo del año pasado. Sucede que los fiscales provinciales del Primer Despacho del Equipo Especial del Caso Cuellos Blancos, Andy Junior Rodríguez Domínguez y Max Alessandro Castro Huamán, cruzaron del lado iluminado de la ley al lugar más oscuro de esta. Como sabemos, desde que la prensa descubrió la crisis institucional, ética y de credibilidad del sistema de justicia, más de uno habló de la necesidad de refundarlo. Es así que, por el impulso del expresidente Martín Vizcarra se modificaron partes sustantivas del texto constitucional, se desapareció el Consejo Nacional de la Magistratura y se le sustituyó por la Junta Nacional de Justicia, una institución que ha mostrado gran severidad en la tarea de destituir jueces y fiscales supremos involucrados en los audios de la vergüenza, pero poca rapidez en sancionar a los magistrados que han falsificado certificados de estudios para ascender a cargos públicos de mayor nivel en el Ministerio Público.

Pese a todos esos cambios y controles, que pasan en gran medida por el posicionamiento de nuevos magistrados en la Fiscalía y en el Poder Judicial, parece que la crisis del sector judicial se ha agudizado debido a que algunos malos fiscales han convertido a la Justicia en un servicio delivery puesto a disposición de algunos empresarios y ex magistrados, que en su condición de supuestos colaboradores eficaces expanden su poder corruptor, convirtiendo a perseguidores del delito en defensores de oficio de los delincuentes a los que deberían perseguir.

¿Qué paso en la reunión virtual?

Al medio día del 16 de marzo del 2023 los fiscales Andy Junior Rodríguez Domínguez y Max Castro Huamán realizan coordinaciones administrativas con la finalidad de lograr una reunión virtual (vía Google Meet) con el encargado del despacho fiscal de la Tercera fiscalía corporativa de Santa Rosa, Abelardo Caycho Ramis, quien ha sido designado en el cargo el 10 de marzo del 2023 en reemplazo de la Fiscal Melissa Chinchayán Sato.

En dicha reunión virtual los fiscales del Equipo Especial del caso Cuellos Blancos muestran su interés particular y una injerencia indebida en la tramitación de la Carpeta Fiscal N° 60-2020 a cargo del Fiscal Abelardo Caycho, que es una investigación preparatoria (proceso penal) que tiene como imputado a Walter Ríos Montalvo a quien le atribuyen la comisión de los delitos de denuncia falsa y encubrimiento personal. La denuncia en su momento fue presentada por el abogado José Luis Castillo Alva contra Walter Ríos en la Primera Fiscalía Suprema Anticorrupción quien derivó la denuncia a la Presidencia de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima y esta a su vez lo deriva a la Fiscalía de Santa Rosa (Ancón) teniendo en cuenta el lugar de comisión del delito que es la Fiscalía más próxima al Penal de Piedras Gordas I lugar donde se encuentra recluido Walter Ríos Montalvo.

El Fiscal Junior Rodríguez y su adjunto Max Castro en la reunión virtual vía Google Meet que realizó abordó tres temas: 1) La necesidad de que el fiscal Abelardo Caycho, quien conduce la investigación contra Walter Ríos, le precisara una fecha tentativa de conclusión de la investigación y del pronunciamiento final, 2) La necesidad de que se emita una pronta decisión en la carpeta de Ríos Montalvo ya que con anterioridad hubo una reunión con la ex fiscal del caso Melissa Chinchayán Sato quien le habría señalado su posición (según Andy Junior Rodríguez) de ordenar el sobreseimiento del caso y 3) Que esta investigación habría sufrido dilaciones innecesarias, lo cual le causaría retrasos a la investigación a su cargo en la que se encuentra en calidad de investigado el ciudadano José Luis Castillo Alva.

Luego de esta reunión virtual vía Google Meet sorpresiva e irregular de los fiscales provinciales del caso Cuellos Blancos en la que se mostraba un interés directo y una interferencia indebida en una concreta carpeta fiscal (60-2020) por el archivo de la investigación en contra de Walter Ríos Montalvo, el fiscal Abelardo Caycho pasó a elaborar un acta fiscal de fecha 16 de marzo del 2023 teniendo como hora 12.30 pm, en donde relata los pormenores de su reunión con los fiscales Andy Junior Rodríguez y Max Castro e informa mediante oficio a la secretaria General de la Fiscalía de la Nación.

EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y LOS ILÍCITOS DISCIPLINARIOS COMETIDOS POR LOS FISCALES

Según fuentes del Ministerio Público lo que han hecho los fiscales Andy Junior Rodríguez y Max Castro es un claro ejemplo de la comisión del delito de tráfico de influencias, debido a que buscan intervenir de manera indebida e ilícita en el archivo a favor del procesado Walter Ríos Montalvo y para ello presionan a los fiscales encargados de la carpeta fiscal N° 60-2020 y, además, exigen que sea en el tiempo más breve posible.

En los diversos niveles e instancias del Caso Cuellos Blancos hay varios ejemplos de que a las personas se las investiga y procesa solo por haber hecho llamadas e interesarse en un determinado caso. Los fiscales provinciales del caso “Cuellos Blancos” abusando de su poder y lejos de respetar los límites de la competencia funcional, como es pedir información siguiendo los canales oficiales como los oficios, las providencias, los informes, etc., toman temerariamente atajos y hacen lo que mejor les parece, dado el poder que tienen, llaman a otros fiscales de otros distritos fiscales para presionar, interferir y dirigir hacia un determinado resultado las decisiones de casos que les interesa.

Esta situación tan grave lleva a que, además, ambos fiscales hayan violado el artículo 39.7 de la Ley de la Carrera Fiscal N° 30483 que sanciona al que busca: “Influir o interferir de manera directa o indirecta, en el resultado de las investigaciones fiscales que no estén a su cargo” y que constituye una falta muy grave del artículo 47.6 de la Ley de la Carrera Fiscal al castigar al que “Interfiere en el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado, sus agentes o representantes o permitir la interferencia de cualquier organismo, institución o persona que atente contra el órgano fiscal o la función fiscal” y el artículo 47.13 de la misma Ley que establece como falta muy grave: “Incurrir en acto u omisión que, sin ser delito, comprometa gravemente los deberes del cargo”.

La interferencia funcional cometida por los fiscales provinciales del caso Cuellos Blancos es doble. Por un lado, está la interferencia con la fiscal anterior del caso, Melissa Chinchayán Sato, quien les habría señalado que su posición era el ordenar el sobreseimiento en beneficio del procesado Ríos Montalvo y, por otro lado, se encuentra la clara presión al fiscal Abelardo Caycho al pedirle expresamente que “emita una pronta decisión” en la carpeta fiscal N° 60-2020 que estaba a su cargo, sin ser parte en el proceso, y recordarle en un direccionamiento e interferencia manifiesta de su decisión que la anterior fiscal del caso (que ellos no investigan) les había indicado que se inclinaba por el sobreseimiento del caso. ¿Por qué los fiscales del caso Cuellos Blancos tendrían que violar la reserva de una conversación privada mantenida con la anterior fiscal, y que el nuevo fiscal no tenía por qué saber, si no es para orientar y dirigir la decisión final del caso en un determinado sentido?.

Lo grave es que previamente a la reunión a través del aplicativo Google Meet los Fiscales Andy Junior Rodríguez y Max Castro habían enviado, a solicitud de Melissa Chinchayán Sato, un Informe acerca de la carpeta fiscal a su cargo en donde habrían reportado sobre las principales diligencias, señalando el estado de la investigación y, además, la información pertinente; asimismo, ellos habían recibido por conducto regular igual información de la carpeta fiscal 60-2020. Si toda la información de ambas carpetas había sido tramitada de manera fluida y oficial, ¿qué necesidad había de hacer una video llamada y presionar al nuevo fiscal que tenía a su cargo la carpeta fiscal para que dicte la resolución de archivo del caso favorable a Walter Ríos Montalvo?

Los fiscales Andy Junior Rodríguez y Max Castro no pueden negar la reunión virtual debido a que fue su propio despacho fiscal la que creó la cuenta con la que luego se sostuvo la videollamada. Igualmente, juega en su contra el hecho de que nunca coordinaron previamente por un canal oficial (v. gr. la coordinación del Equipo Cuellos Blancos, la Fiscalía de la Nación o la Presidencia de la Junta de Fiscalía de Ventanilla) y nunca se citó formalmente a una mesa de trabajo conjunto y menos se mandó un oficio (o algún documento) que formalice la reunión. Algunos fiscales especialistas en casos de corrupción de funcionarios nos señalan que, si los fiscales Rodríguez y Castro hubieran actuado de modo transparente y de acuerdo a sus funciones, ellos tendrían que haber tomado la iniciativa y pedir –dada la unilateralidad de la solicitud de la reunión virtual vía Google Meet– que se realice y se suscriba un acta fiscal dejando constancia de dicha reunión y el no haberlo hecho es un elemento clave para demostrar la conducta manifiestamente irregular. Justamente, frente a la actuación clandestina de la llamada que no sigue ningún protocolo formal, el fiscal sorprendido y el receptor de tamaña comunicación es quién procedió a elaborar un acta fiscal.

Sin embargo, las cosas no quedaron allí. El Fiscal provincial Abelardo Caycho la semana pasada envío una comunicación a la máxima instancia del Ministerio Público en la que reporta los hechos contenidos en el acta fiscal de fecha 16 de marzo del 2023. En el Oficio N° 01-2023 -MAR-3°FPPC-2°D-ACR-CF-60-2020 ha señalado en el punto 2: “Conforme lo indicado por los señores fiscales Rodríguez Domínguez y Castro Huamán, la carpeta fiscal de la cual soy responsable (60-2020) guarda estrecha relación con la que se encuentra a su cargo. DEMOSTRANDO TENER UN INTERÉS DIRECTO EN CUANTO A LA TRAMITACIÓN Y EL RESULTADO DE DICHA INVESTIGACIÓN, CUYO PLAZO SE ENCUENTRA PRÓXIMO A VENCER. POR LO QUE CONSIDERO CORRECTO PONER ESTE HECHO A SU CONOCIMIENTO POR SER DE TRASCENDENCIA. Asimismo, para garantizar el derecho de defensa de las partes y la autonomía funcional de los fiscales en el ejercicio de sus funciones”.

Es increíble como, ciertos funcionarios del Ministerio Público han confundido su rol como miembros de una institución encargada de perseguir el delito en una suerte de policía política destinada a observar, vigilar y seguir (ovise, en términos policiales) a periodistas, políticos y empresarios que algún fiscal termo céfalo y de gran poder decidiera por sí y para sí que esos ciudadanos eran “altamente peligrosos” para el país.

Tras quedar al descubierto el reglaje a los periodistas César Romero y Juan Carlos Tafur, del diario La República y el portal Sudaca, el Ministerio Público decidió cambiar al fiscal Andy Rodríguez del Quinto Despacho Provincial de la Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro, para luego ser designado por el propio Fiscal de la Nación Juan Carlos Villena como Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal (Corporativo) de Arequipa en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa. ¿Es que ahora se premia a los fiscales persecutores o estamos asistiendo al inicio de un escándalo de enormes proporciones?

“Sudaca no recibió una carta aclaratoria, no sufrió una querella por difamación ni ningún desmentido por parte de los imputados. ¿Qué hicieron? Violentando todo el orden legal vigente y abusando de su poder, incluyeron al suscrito, junto al periodista César Romero de La República, en una investigación reservada, bajo la hipótesis absurda de pertenencia a una presunta organización criminal, y en base a ello ordenaron el seguimiento, reglaje, chuponeo telefónico y videovigilancia de los mencionados desde el 5 de abril hasta fines de noviembre, cuando el caso es archivado por la inexistencia de indicio alguno que probara una imputación antojadiza, utilizada como excusa legal para espiar a periodistas y descubrir sus fuentes informativas”, señaló Juan Carlos Tafur.

Consultado por Sudaca, el periodista Ricardo Uceda, uno de los más caracterizados miembros del gremio, nos dijo que el objetivo está expresado en los hechos, es decir, en el reglaje mismo, el hecho es que constituye un abuso de poder intolerable, vale decir, inadmisible. Es más, el uso que hace el fiscal de medios legales para objetivos completamente ilegales es completamente ilegal e inconstitucional, y, desde luego, contrario a la libertad de expresión. Y requiere ser investigado en todos sus detalles.

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