[INFORMES] Nueve meses atrás, el director de Sudaca publicó la historia breve de un “hecho grave, vergonzoso e intolerable”, tal como lo describió en su informe del 27 de marzo del año pasado. Sucede que los fiscales provinciales del Primer Despacho del Equipo Especial del Caso Cuellos Blancos, Andy Junior Rodríguez Domínguez y Max Alessandro Castro Huamán, cruzaron del lado iluminado de la ley al lugar más oscuro de esta. Como sabemos, desde que la prensa descubrió la crisis institucional, ética y de credibilidad del sistema de justicia, más de uno habló de la necesidad de refundarlo. Es así que, por el impulso del expresidente Martín Vizcarra se modificaron partes sustantivas del texto constitucional, se desapareció el Consejo Nacional de la Magistratura y se le sustituyó por la Junta Nacional de Justicia, una institución que ha mostrado gran severidad en la tarea de destituir jueces y fiscales supremos involucrados en los audios de la vergüenza, pero poca rapidez en sancionar a los magistrados que han falsificado certificados de estudios para ascender a cargos públicos de mayor nivel en el Ministerio Público.

Pese a todos esos cambios y controles, que pasan en gran medida por el posicionamiento de nuevos magistrados en la Fiscalía y en el Poder Judicial, parece que la crisis del sector judicial se ha agudizado debido a que algunos malos fiscales han convertido a la Justicia en un servicio delivery puesto a disposición de algunos empresarios y ex magistrados, que en su condición de supuestos colaboradores eficaces expanden su poder corruptor, convirtiendo a perseguidores del delito en defensores de oficio de los delincuentes a los que deberían perseguir.

¿Qué paso en la reunión virtual?

Al medio día del 16 de marzo del 2023 los fiscales Andy Junior Rodríguez Domínguez y Max Castro Huamán realizan coordinaciones administrativas con la finalidad de lograr una reunión virtual (vía Google Meet) con el encargado del despacho fiscal de la Tercera fiscalía corporativa de Santa Rosa, Abelardo Caycho Ramis, quien ha sido designado en el cargo el 10 de marzo del 2023 en reemplazo de la Fiscal Melissa Chinchayán Sato.

En dicha reunión virtual los fiscales del Equipo Especial del caso Cuellos Blancos muestran su interés particular y una injerencia indebida en la tramitación de la Carpeta Fiscal N° 60-2020 a cargo del Fiscal Abelardo Caycho, que es una investigación preparatoria (proceso penal) que tiene como imputado a Walter Ríos Montalvo a quien le atribuyen la comisión de los delitos de denuncia falsa y encubrimiento personal. La denuncia en su momento fue presentada por el abogado José Luis Castillo Alva contra Walter Ríos en la Primera Fiscalía Suprema Anticorrupción quien derivó la denuncia a la Presidencia de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima y esta a su vez lo deriva a la Fiscalía de Santa Rosa (Ancón) teniendo en cuenta el lugar de comisión del delito que es la Fiscalía más próxima al Penal de Piedras Gordas I lugar donde se encuentra recluido Walter Ríos Montalvo.

El Fiscal Junior Rodríguez y su adjunto Max Castro en la reunión virtual vía Google Meet que realizó abordó tres temas: 1) La necesidad de que el fiscal Abelardo Caycho, quien conduce la investigación contra Walter Ríos, le precisara una fecha tentativa de conclusión de la investigación y del pronunciamiento final, 2) La necesidad de que se emita una pronta decisión en la carpeta de Ríos Montalvo ya que con anterioridad hubo una reunión con la ex fiscal del caso Melissa Chinchayán Sato quien le habría señalado su posición (según Andy Junior Rodríguez) de ordenar el sobreseimiento del caso y 3) Que esta investigación habría sufrido dilaciones innecesarias, lo cual le causaría retrasos a la investigación a su cargo en la que se encuentra en calidad de investigado el ciudadano José Luis Castillo Alva.

Luego de esta reunión virtual vía Google Meet sorpresiva e irregular de los fiscales provinciales del caso Cuellos Blancos en la que se mostraba un interés directo y una interferencia indebida en una concreta carpeta fiscal (60-2020) por el archivo de la investigación en contra de Walter Ríos Montalvo, el fiscal Abelardo Caycho pasó a elaborar un acta fiscal de fecha 16 de marzo del 2023 teniendo como hora 12.30 pm, en donde relata los pormenores de su reunión con los fiscales Andy Junior Rodríguez y Max Castro e informa mediante oficio a la secretaria General de la Fiscalía de la Nación.

EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y LOS ILÍCITOS DISCIPLINARIOS COMETIDOS POR LOS FISCALES

Según fuentes del Ministerio Público lo que han hecho los fiscales Andy Junior Rodríguez y Max Castro es un claro ejemplo de la comisión del delito de tráfico de influencias, debido a que buscan intervenir de manera indebida e ilícita en el archivo a favor del procesado Walter Ríos Montalvo y para ello presionan a los fiscales encargados de la carpeta fiscal N° 60-2020 y, además, exigen que sea en el tiempo más breve posible.

En los diversos niveles e instancias del Caso Cuellos Blancos hay varios ejemplos de que a las personas se las investiga y procesa solo por haber hecho llamadas e interesarse en un determinado caso. Los fiscales provinciales del caso “Cuellos Blancos” abusando de su poder y lejos de respetar los límites de la competencia funcional, como es pedir información siguiendo los canales oficiales como los oficios, las providencias, los informes, etc., toman temerariamente atajos y hacen lo que mejor les parece, dado el poder que tienen, llaman a otros fiscales de otros distritos fiscales para presionar, interferir y dirigir hacia un determinado resultado las decisiones de casos que les interesa.

Esta situación tan grave lleva a que, además, ambos fiscales hayan violado el artículo 39.7 de la Ley de la Carrera Fiscal N° 30483 que sanciona al que busca: “Influir o interferir de manera directa o indirecta, en el resultado de las investigaciones fiscales que no estén a su cargo” y que constituye una falta muy grave del artículo 47.6 de la Ley de la Carrera Fiscal al castigar al que “Interfiere en el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado, sus agentes o representantes o permitir la interferencia de cualquier organismo, institución o persona que atente contra el órgano fiscal o la función fiscal” y el artículo 47.13 de la misma Ley que establece como falta muy grave: “Incurrir en acto u omisión que, sin ser delito, comprometa gravemente los deberes del cargo”.

La interferencia funcional cometida por los fiscales provinciales del caso Cuellos Blancos es doble. Por un lado, está la interferencia con la fiscal anterior del caso, Melissa Chinchayán Sato, quien les habría señalado que su posición era el ordenar el sobreseimiento en beneficio del procesado Ríos Montalvo y, por otro lado, se encuentra la clara presión al fiscal Abelardo Caycho al pedirle expresamente que “emita una pronta decisión” en la carpeta fiscal N° 60-2020 que estaba a su cargo, sin ser parte en el proceso, y recordarle en un direccionamiento e interferencia manifiesta de su decisión que la anterior fiscal del caso (que ellos no investigan) les había indicado que se inclinaba por el sobreseimiento del caso. ¿Por qué los fiscales del caso Cuellos Blancos tendrían que violar la reserva de una conversación privada mantenida con la anterior fiscal, y que el nuevo fiscal no tenía por qué saber, si no es para orientar y dirigir la decisión final del caso en un determinado sentido?.

Lo grave es que previamente a la reunión a través del aplicativo Google Meet los Fiscales Andy Junior Rodríguez y Max Castro habían enviado, a solicitud de Melissa Chinchayán Sato, un Informe acerca de la carpeta fiscal a su cargo en donde habrían reportado sobre las principales diligencias, señalando el estado de la investigación y, además, la información pertinente; asimismo, ellos habían recibido por conducto regular igual información de la carpeta fiscal 60-2020. Si toda la información de ambas carpetas había sido tramitada de manera fluida y oficial, ¿qué necesidad había de hacer una video llamada y presionar al nuevo fiscal que tenía a su cargo la carpeta fiscal para que dicte la resolución de archivo del caso favorable a Walter Ríos Montalvo?

Los fiscales Andy Junior Rodríguez y Max Castro no pueden negar la reunión virtual debido a que fue su propio despacho fiscal la que creó la cuenta con la que luego se sostuvo la videollamada. Igualmente, juega en su contra el hecho de que nunca coordinaron previamente por un canal oficial (v. gr. la coordinación del Equipo Cuellos Blancos, la Fiscalía de la Nación o la Presidencia de la Junta de Fiscalía de Ventanilla) y nunca se citó formalmente a una mesa de trabajo conjunto y menos se mandó un oficio (o algún documento) que formalice la reunión. Algunos fiscales especialistas en casos de corrupción de funcionarios nos señalan que, si los fiscales Rodríguez y Castro hubieran actuado de modo transparente y de acuerdo a sus funciones, ellos tendrían que haber tomado la iniciativa y pedir –dada la unilateralidad de la solicitud de la reunión virtual vía Google Meet– que se realice y se suscriba un acta fiscal dejando constancia de dicha reunión y el no haberlo hecho es un elemento clave para demostrar la conducta manifiestamente irregular. Justamente, frente a la actuación clandestina de la llamada que no sigue ningún protocolo formal, el fiscal sorprendido y el receptor de tamaña comunicación es quién procedió a elaborar un acta fiscal.

Sin embargo, las cosas no quedaron allí. El Fiscal provincial Abelardo Caycho la semana pasada envío una comunicación a la máxima instancia del Ministerio Público en la que reporta los hechos contenidos en el acta fiscal de fecha 16 de marzo del 2023. En el Oficio N° 01-2023 -MAR-3°FPPC-2°D-ACR-CF-60-2020 ha señalado en el punto 2: “Conforme lo indicado por los señores fiscales Rodríguez Domínguez y Castro Huamán, la carpeta fiscal de la cual soy responsable (60-2020) guarda estrecha relación con la que se encuentra a su cargo. DEMOSTRANDO TENER UN INTERÉS DIRECTO EN CUANTO A LA TRAMITACIÓN Y EL RESULTADO DE DICHA INVESTIGACIÓN, CUYO PLAZO SE ENCUENTRA PRÓXIMO A VENCER. POR LO QUE CONSIDERO CORRECTO PONER ESTE HECHO A SU CONOCIMIENTO POR SER DE TRASCENDENCIA. Asimismo, para garantizar el derecho de defensa de las partes y la autonomía funcional de los fiscales en el ejercicio de sus funciones”.

Es increíble como, ciertos funcionarios del Ministerio Público han confundido su rol como miembros de una institución encargada de perseguir el delito en una suerte de policía política destinada a observar, vigilar y seguir (ovise, en términos policiales) a periodistas, políticos y empresarios que algún fiscal termo céfalo y de gran poder decidiera por sí y para sí que esos ciudadanos eran “altamente peligrosos” para el país.

Tras quedar al descubierto el reglaje a los periodistas César Romero y Juan Carlos Tafur, del diario La República y el portal Sudaca, el Ministerio Público decidió cambiar al fiscal Andy Rodríguez del Quinto Despacho Provincial de la Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro, para luego ser designado por el propio Fiscal de la Nación Juan Carlos Villena como Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal (Corporativo) de Arequipa en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa. ¿Es que ahora se premia a los fiscales persecutores o estamos asistiendo al inicio de un escándalo de enormes proporciones?

“Sudaca no recibió una carta aclaratoria, no sufrió una querella por difamación ni ningún desmentido por parte de los imputados. ¿Qué hicieron? Violentando todo el orden legal vigente y abusando de su poder, incluyeron al suscrito, junto al periodista César Romero de La República, en una investigación reservada, bajo la hipótesis absurda de pertenencia a una presunta organización criminal, y en base a ello ordenaron el seguimiento, reglaje, chuponeo telefónico y videovigilancia de los mencionados desde el 5 de abril hasta fines de noviembre, cuando el caso es archivado por la inexistencia de indicio alguno que probara una imputación antojadiza, utilizada como excusa legal para espiar a periodistas y descubrir sus fuentes informativas”, señaló Juan Carlos Tafur.

Consultado por Sudaca, el periodista Ricardo Uceda, uno de los más caracterizados miembros del gremio, nos dijo que el objetivo está expresado en los hechos, es decir, en el reglaje mismo, el hecho es que constituye un abuso de poder intolerable, vale decir, inadmisible. Es más, el uso que hace el fiscal de medios legales para objetivos completamente ilegales es completamente ilegal e inconstitucional, y, desde luego, contrario a la libertad de expresión. Y requiere ser investigado en todos sus detalles.

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[ENTREVISTAS] Desde hace miles de años, tantos como las civilizaciones que han ocupado este territorio que hoy llamamos Perú, la sabiduría de sus habitantes primigenios y de todos los que se han sucedido en la siembra, cosecha y consumo de los productos existentes en los diferentes pisos ecológicos ha hecho coincidir las bondades de la agricultura con las de la minería dedicada durante milenios a la orfebrería y el cultivo y el usufructo de los árboles de maderas finas. Como relata José María Arguedas en la mayoría de sus ficciones, es posible la coexistencia de la gran minería y la agricultura cuando ambas actividades se complementan en beneficio del hombre.

Conversamos con Juan Manuel Benites, experto en temas de inversión pública y desarrollo rural, ex ministro de Desarrollo Agrario y Riego y economista especializado en temas de inversión pública y desarrollo rural.  Quien además está convencido que el diálogo con sustento puede lograr consensos como en el caso de la modificación a la ley de deforestación y fauna silvestre.

¿Qué decía la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y qué es lo que se ha modificado? ¿Por qué algunos grupos ambientalistas están llamando a la violencia contra ella?

  • Creo que esos grupos son parte importante de los que están incentivando la caída del Gobierno; ellos están completamente fuera de lugar, pues no es correcto llamar mafias y narcotraficantes a los firmantes de un comunicado suscrito por la Sociedad de Industrias, por Adex, por la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, por la Asociación Peruana de Agricultura, por la Junta Nacional del Café y por la Asociación de Pequeños Cafetaleros de 17 regiones. No es una mafia la que está moviendo esto, sino un clamor de toda la agricultura del Perú, y ahora que lo explique van a entender el porqué: la Ley Forestal prohíbe hacer agricultura sobre suelos que no son aptos para la agricultura y cómo se determina eso. Entonces se dice que hay que hacer un estudio de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor. ¿Qué es eso? Pues lo hace un experto en suelos que toma una muestra del terreno, la lleva al laboratorio y los técnicos determinan si el suelo tiene o no aptitudes agrarias. Detengámonos ahí para recordar que desde los años setenta las leyes prohibían hacer agricultura sobre los suelos forestales, pero la ley le dijo al Estado, es decir, al Ministerio de Agricultura: “Preocúpate en definir cuáles son los suelos que sí se pueden usar y cuáles no se pueden usar, entonces titula a los que sí se pueden usar y cuáles no se pueden usar; eso es lo correcto”. Eso se ha repetido en las subsiguientes leyes forestales: la del año 1975, la del año 2000, y, luego, la de 2011. Por lo tanto, el Ministerio debió haber hecho esa clasificación, pero no la hizo; sin embargo, ha titulado y ha entregado constancias de posesión, porque desde la época del gobierno militar (1968-1980) hubo una política de ampliación de frontera agrícola no solamente en la Amazonía, sino también en la costa con los grandes proyectos de irrigación y en la sierra, mediante la edificación de grandes obras de infraestructura. El Perú es un país agrario, fundamentalmente minero, pero también agrario: el 25 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) está en la agricultura, y, además, el Perú satisface el 60 por ciento de su dieta con productos peruanos. Entiéndase bien: el 60 por ciento de los alimentos que consumimos los peruanos se producen en el Perú. Pero qué sucede con las políticas ambientalistas que quieren relacionar todo a las leyes forestales, las cuales dicen que “todas las propiedades, todas las unidades agropecuarias deben tener una certificación ambiental, así como la tienen la minería y la industria; como parte de su expediente le van a exigir al privado que traiga la clasificación de suelos de uso mayor, es decir, le van a pedir al privado que haga el trabajo del Gobierno; entonces, como el Ministerio no hizo la clasificación y no es seguro que me dé el título y de que este suelo sea agrario, entonces yo tengo que demostrar que el suelo es agrario. Pero, ¿cómo así, si estoy trabajando la tierra hace medio siglo o sembrando y cosechando café desde hace 20 años”. Las nuevas exigencias de clasificación van a costar mucho dinero, más aún si en todo el país no hay más de 60 o 70 ingenieros registrados y solamente 4 o 5 laboratorios para todo el país. Todo eso me parece más un negocio teledirigido que otra cosa. Entonces, si yo soy un agricultor que viene haciendo maíz en la costa, papa en la sierra, café en la selva central o cualquier siembra en los distintos pisos ecológicos del país, no tengo la posibilidad de poder continuar con mi actividad productiva, porque primero voy a tener que hacer un estudio y rezar para que los técnicos digan que el suelo es agrario, y si esos señores dicen que el suelo que me ha dado café, mandarinas, arándanos o uvas durante décadas no es agrario, entonces no voy a poder continuar, porque me van a multar, me van a cerrar y, en el colmo de los colmos, me van a exigir que reponga bosques en la Amazonía o en Olmos, porque si no me van a mandar a la cárcel. Y qué hacemos con ellos, porque la verdad es que los ambientalistas están felices con eso, ya que muchos de ellos han sido cocaleros y no queremos que regresen a la coca. De la Amazonía tenemos unas 500 mil unidades agropecuarias, cerca de 2 millones de personas trabajan en el agro, 70 productos salen de esa Amazonía, 6 millones de peruanos comen de esos productos, 5 mil millones de soles del valor bruto de la producción sale de la mencionada Amazonía y 1300 millones de dólares de exportaciones, entre café, cacao y palma aceitera, proceden de ahí. ¿Qué hacemos con eso, nos olvidamos acaso? Es un atentado ideológico, se está tratando -de alguna manera- de disfrazar de una preocupación fidedigna que todos compartimos del cambio climático para atacar a la agricultura, especialmente a las empresas formales en la costa, en la sierra y en la selva, y so pretexto de eso no importa llevarse por delante a los pequeños productores porque para ellos son invasores que están destruyendo el suelo forestal, pero ya no existe bosque; le digo una cosa más: la ley europea que es la que ha levantado todo este tema dice que va a importar sólo de lugares que hayan deforestado máximo hasta el 31 de diciembre del año 2020. Eso quiere decir que sí hubo deforestación, pero no la va a considerar así por una decisión política para no perder su cadena de suministros, políticamente dicen que no hay deforestación para atrás; entonces salen los ambientalistas a decir que no hay criterio técnico, yo les digo que esto es un tema de realidad: nos ha ganado la realidad, tenemos agricultura donde no debería estar, pero ahí está dándonos de comer no sólo a los que compramos, sino a ellos y a sus familias, que tiene 5 hectáreas, 10 hectáreas. La Amazonía está ocupada en un 97 por ciento por unidades de menos de 50 hectáreas, es decir, no son los grandes conglomerados agroindustriales como ellos nos quieren hacer creer, porque la palma aceitera, por ejemplo, no llega ni a 100 mil hectáreas y tenemos 10 millones de hectáreas deforestadas, vale decir, la palma no es la que ha deforestado porque mucha de la palma se ha hecho sobre terrenos que antes eran sembríos de hoja de coca, porque es un cultivo alternativo y no producto de un lobby, como los grupos ambientalistas dicen por todos lados. Y el tema no es sólo de los suelos amazónicos, porque en Paracas, por ejemplo, hay una gran cantidad de empresas productoras de arándanos y de paltas que usan los suelos más degradados del Perú.

Los ambientalistas no quieren que se les dé título de propiedad quieren darle lo que llaman ellos contrato de sesión en uso y ya con eso solucionaron y de qué trata, un contrato que máximo son 100 hectáreas que tienen que mantener 80% del bosque que había y si no había tendrán que reponerlo que tiene además que renovarse cada 40 años a discrecionalidad de un funcionario público eso si le da la gana renovarle y que además, no son embargables ni pueden ser garantía de nada porque es terreno del Estado, entonces de nuevo están en una posición ideológica no quieren propiedad privada quieren que sea propiedad del Estado y así las tierras en todo el país tendrían que ser tierras del Estado, desde mi punto de vista es un ataque ideológico y queda cada vez más claro para mí que es ideología disfrazada de cuidado del medio ambiente y habría que preguntar quién los financia, porque claro ellos ahora dicen que el Perú va a incumplir compromisos internacionales  de deforestación pero con la ley que ellos están defendiendo y se han perdido 2 millones de hectáreas en 12 años, todos los años se van 165 mil hectáreas, han crecido las hectáreas de coca en 100 mil, la minería ilegal está destruyendo la Amazonía y ahí no dicen nada, es más han dicho que ellos son los que están detrás de la norma porque eso los va a legalizar.  Iris Olivera está diciendo que la Unión Europea no está pidiendo título de propiedad no ha leído la norma entonces porque la norma dice que, así como no va a importar de zonas que ya no tienen bosques también se tiene que cumplir la ley local, de lo que acabamos de hablar vamos a cumplir la ley local, no, porque estamos haciendo agricultura donde no se debe, pero que más dice la ley europea que cumplir con las normas locales el primer punto es derecho de uso de suelo ¿qué es eso? Son títulos de propiedad. Los primero que quiere él que va a exportar a Europa es saber que tienes derecho de uso de ese suelo, que tienes certificaciones medio ambientales que con la modificación si se va a poder lograr, entonces, eso es lo que les duelo y eso es lo que están tratando de generar ya hora dicen que esta norma va a permitir titular tierras de colonos que están superpuestas sobre áreas de los nativos es falso esta ley no otorga títulos de propiedad si leen el artículo de la ley que tanto cuestionan, el artículo en ninguna parte otorga derechos de propiedad, el articulo dice a los que tiene título de propiedad o tienen constancia de posesión emitidos por autoridad competente antes de la entrada en vigencia de la ley que modifica y que no tengan masa boscosa y que estén haciendo agricultura se les exonera como dar un área de uso ya agrario, no se cuestiona el uso agrario lo cual tiene sentido si usted está haciendo agricultura ya 30 años aceptaría que le digan que no va hacer agricultura. No hacer nada es un atentado contra la agricultura en todo el país no solamente en la Amazonía, la modificación es una salida y dice al día de hoy que se publica la ley todo lo que ya tenga agricultura y donde ya no haya bosque ya no hay discusión, pero si tienes bosque en pie no me puedes tocar la ley no autoriza a tocar bosque en pie esa es otra mentira que están diciendo.

¿Está modificación garantiza que no se siga deforestando?

  • Eso es una buena pregunta y voy yo a partir la pregunta en dos. La primera hoy día se está perdiendo 165 mil hectáreas sin la modificación o sea el que haya deforestación no es un problema de que la modificación la va a hacer ya existe y algunos dicen que se va a incumplir tratados internacionales de cero deforestación, eso ya se está incumpliendo, todos los años perdemos 165 mil hectáreas desde que empezó está ley hemos perdido 2 millones, tenemos 10 millones de hectáreas deforestadas. La segunda parte de la respuesta se está poniendo línea de corte, está diciendo sólo lo que tiene agricultura no lo nuevo en la reglamentación que se haga de la ley ahí tiene que establecer una línea fija, ya Agricultura tiene los mapas, las imágenes satelitales, solo esas áreas se pueden usar no las otras, es como ha hecho Colombia que ha marcado la frontera agropecuaria, entonces ha creado una zona donde se puede hacer agricultura, pero fuera de eso no se puede hacer, igual estamos haciendo acá con eso reconocemos el uso actual lo mapeamos lo identificamos satelitalmente y no se puede tocar más.

¿Cuánta es la cantidad de terreno de estas zonas deforestadas que se está utilizando actualmente en agricultura, tendrían la posibilidad de crecer?

  • 2 millones de hectáreas y podría crecer sin cortar árboles porque tenemos 10 millones de hectáreas deforestadas, pero solo dos estamos usando en este momento, quiere decir que hay 8 que están disponibles, no necesitamos cortar más bosque, podríamos ampliar la frontera agrícola y no creo que necesitemos 8 millones de hectáreas o sea que podríamos también recuperar naturaleza, entonces podríamos vender como país un espacio donde recuperemos bosque y hagamos una agricultura inteligente una agricultura combinada con agroforestería  trayendo recursos para sacar a la gente de la pobreza porque ese el principal problema por la cual hay deforestación. Nuestro caso es muy distinto a Brasil a Indonesia o a Malasia donde eran grandes corporaciones tumbando bosques para hacer soya o palma aceitera, aquí no, aquí son los pequeñitos que huyen de la pobreza de los andes de la costa y llegan allá y cortan bosques y van sembrando lo que puede durante el poco tiempo que soporta ese suelo porque son pobres y como no tienen dinero y no tienen título se van a otro lado y siguen cortando bosque, hay que romper ese círculo de la pobreza. Entonces a mí me causa mucha gracia cuando está gente dice que esto está promovido por mafias ilegales al contrario la formalización va a ahuyentar a las mafias porque a los ilegales les conviene que no haya Estado, más bien les conviene todo este desorden y todas estas invasiones y toda esta informalidad y además quieren legislar por la excepción y no por la generalidad no por la norma porque hay unos cuantos que seguramente deforestan para hacer coca  entonces hay que perjudicar a toda la agricultura del Perú que está hace 50 años ahí. Tenemos un año y medio peleando con este tema, Fabiola Muñoz en algún momento hizo un intento de convocar algunas personas, pero luego comenzaron que yo no me siento con fulano o mengano que representa a las empresas, entonces así no se puede trabajar, finalmente no les gusto la norma porque no se acomodaba a lo que ellos pedían y se fueron y lo único que han hecho es criticar, todo lo que pone se critica porque para ellos todo está mal y crean campañas apocalípticas que se va a perder la Amazonía.

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[ENTREVISTAS]  El 5 de abril de 1993, a un año exacto del auto golpe de Alberto Fujimori, un grupo importante de políticos “jubilados” antes de tiempo por el régimen autocrático y jóvenes contestatarios formaron el llamado Foro Democrático del Perú, que le dio batalla política e ideológica durante el resto de la década al fujimorato. Entre los jóvenes integrantes del colectivo estuvo desde 1996 el ingeniero Juan Sheput Moore, quien posteriormente fue consejero presidencial de Alejandro Toledo y ministro de Trabajo del gobierno de este último. Invitado permanente a paneles de radio y televisión, columnista en diarios y semanarios, Sheput nos dice aquí cómo ve al país en estas horas difíciles.

Ingeniero Sheput, usted siempre ha estado pendiente de los zigzagueos del poder, de sus idas y venidas, ¿por qué cree que el poder político nacido hace un año es puramente reactivo, no acierta una, no la achunta, como dicen los chilenos?

Porque hay tres componentes fundamentales. En primer lugar, ha asumido protagonismo nacional una generación que está más preocupada por sus seguidores en las redes que de los problemas del país; en segundo lugar, es gente sin experiencia, independientemente de la edad que tiene y que ha encontrado en la política una vocación tardía, me refiero precisamente a los generales y almirantes que no tienen la menor idea de lo que es la política; y, en tercer lugar, el grave error de algunos políticos de bajar a ligas inferiores, como Rafael López Aliaga y César Acuña, dejando al país sin oposición, por lo tanto sin liderazgo en el antagonismo que siempre se necesita en política.

Usted que es un viajero constante a Colombia, un país de enorme potencial económico y con varios polos de desarrollo además de Bogotá, ¿por qué cree que sus ciudadanos eligieron a Gustavo Petro, un marxista de ideas trasnochadas?

Bueno, porque simplemente ahí hay una fuerte institucionalidad; eso me recuerda a un chiste británico que dice: “¿qué pasaría si una manada de monos toma la totalidad de los ministerios, y, obviamente, uno de ellos asume la responsabilidad de ser Primer Ministro?”. Y los británicos contestaron: “¡nada!”. “¿Por qué?, les repreguntan”. “Pues porque hay instituciones, y eso es independiente de las personas”. En el caso colombiano hay una serie de posiciones, algunas muy fuertes en el ámbito ecológico, en la igualdad de género, en respeto a las minorías, y, sobre todo, a las etnias, a las más vulnerables, que han calado muy fuerte en la juventud; y en ese sentido, la izquierda, independientemente de las ideas trasnochadas que puede tener en materia económica, tiene mucha llegada con la juventud que es mayoritaria en el país, y de ahí es que cada cierto tiempo, sobre todo en Bogotá, ganen la alcaldía y otros puestos de elección popular personas muy vinculadas a la izquierda. No nos olvidemos que el propio Petro fue alcalde de Bogotá, la capital colombiana. En esa ciudad de características muy especiales, en los últimos 23 años ha habido un predominio de alcaldes de izquierda, entonces eso irradia al resto de la República. Es más, la presidencia de Gustavo Petro está controlada por un Senado opositor, por los representantes -que es como llaman a los diputados- y por la Corte Suprema. Hay oposición, una muy fuerte oposición, y, sobre todo, una institución presidencial compuesta por los expresidentes que son la conciencia crítica del mandatario y todos han sido formados en las mejores escuelas de gobierno de Estados Unidos y Europa. Acá no, acá todos nuestros expresidentes están presos, han pasado una temporada en la cárcel o esperan sentencia para ingresar a una celda. Entonces no hay un alter ego, no hay una conciencia crítica. En ese sentido, Colombia es muy diferente al Perú.

¿Cuál es su opinión sobre la excarcelación del expresidente Fujimori, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sentado una posición contraria sobre ello, pareciera que no le perdonan al expresidente haber casi erradicado el terrorismo de nuestro país?

Yo creo que acá uno de los grandes errores del Perú es que el debate se ha vuelto casi totalmente jurídico y no político, vemos en diversas instancias que los que pelean en los medios de comunicación son los abogados y no los políticos como corresponde. Los abogados creen que la realidad se puede cambiar a punta de leyes, y si no está en la ley no se puede cambiar; los políticos muchas veces tienen que actuar en favor de su responsabilidad y en un marco legal mucho más amplio y se olvidan por eso que acá la institución del indulto es política, es una decisión del presidente de la República indultar a alguien, es una institución ciento por ciento política y por lo tanto en ese contexto se tiene que ver sí Pedro Pablo lo otorgó y el Tribunal Constitucional lo ratificó no tiene que haber pedidos ni de disculpas, ni resarciones económicas porque eso es mirar el reglamento y la ley y no mirar el contexto político que acompañó la decisión de Kuczynski.  Y además como bien se ha señalado y siguiendo en lo político hay decisiones en otros países de gente que ha preferido la gobernabilidad antes que la sugerencia o mandato de la Corte, un caso específico es Chile con el presidente Lagos que cuando le exigían que metiera presos a los militares incluyendo Pinochet, él dijo: “Primero está la gobernabilidad de Chile”, y no les hizo caso esas son decisiones políticas otra cosa que acá en el Perú no haya temperamento político ni calidad en los políticos  ni convicción para poder hacer eso.

¿Y sobre la posición de la Corte IDH, respecto a la excarcelación del expresidente Fujimori que abre una polémica con el Perú?

Las discusiones a nivel de la Corte IDH son discusiones de Estado, vale decir, el individuo no es la persona sino la entidad jurídica llamada Estado, es decir allí el individuo, no es la persona sino la entidad jurídica llamada Estado, por lo tanto, nuestro representante fundamental es el canciller en este caso el señor Javier Gonzáles Olaechea que es el que debe dar las explicaciones de la decisión del gobierno peruano ante la Corte, inclusive se ha solicitado un informe que tiene que elaborar el Ministerio de Justicia que se ha canalizado a través de la cancillería, un elemento que podría utilizar el señor canciller es el de complementar la posición peruana con representante de la sociedad civil o de partidos políticos, es una decisión que él podrá tomar, pues así, como los sectores opuestos al indulto viajan permanentemente a Washington para hablar de su incomodidad respecto a esa posibilidad ahora ya ejecutada, igualmente podría ir la parte peruana o la parte interesada a justificar  el indulto de Alberto Fujimori, es una cuestión de cómo se enfrenta y creo yo que tiene que ser colectivamente.

¿Con ese tema pendiente con la Corte IDH, existe la probabilidad de que el expresidente Fujimori regrese a la cárcel?

Siempre existe esa posibilidad, no solamente con la CIDH sino lo que pueda dictaminar la Corte Suprema, por eso yo no creo en elementos victoriosos, la lucha recién empieza, por eso señalaba que el problema no es tanto el indulto sino el día después, ya el 18 de diciembre el presidente tiene que acudir a un juicio oral en el cual se va a ver el caso Pativilca, entonces la situación de tensión permanece, por eso vuelvo a indicar, el tema es estrictamente político no es un tema jurídico y de la forma cómo se comporte el Gobierno y el fujimorismo y aquellos aliados o personas que han complementado el trabajo del fujimorismo en este proceso de indulto de eso dependerá la libertad de Alberto Fujimori, es evidente que la víctimas las ONGs y los partidos de izquierda van hacer lo imposible para que se revierte la situación de Alberto Fujimori.

¿De presentarse Keiko Fujimori a las próximas elecciones, cree usted que tenga alguna posibilidad de ganar?

Sí, yo mantengo mi posición que en política no hay imposibles y también creo que la cantidad de veces que alguien postula no dice absolutamente nada en relación a un eventual triunfo electoral, si no habría que preguntarle a Lula o a Pepe Mujica cómo a pesar de sus debacles políticas obtuvieron finalmente sus triunfos electorales. Todo depende básicamente del contexto, la decisión de postular no se da 2 años antes sino en el momento y dependiendo del contexto, yo no estoy dentro de aquellos que dicen que ya Keiko se tiene que mantener al margen de cualquier proceso electoral yo no creo en eso con ningún actor político, para mí no existen muertos ni jubilados en política. En estos momentos el fujimorismo es la fuerza más ordenada y disciplinada de este Parlamento de eso no hay ninguna duda, y además abona en favor de Keiko Fujimori el declive de César Acuña y de Rafael López Aliaga, ambos decidieron jugar en líneas menores, en lugar de constituirse en líderes de la oposición se convirtieron en toca puertas de la Presidenta para terminar pidiendo presupuesto. La historia dice que ningún alcalde se convierte en presidente y Rafael López Aliaga lo sabía porque como alcalde se convierte en subordinado del presupuesto nacional, no se puede pelear con el presidente no puedes y ahora vemos que ni siquiera puede conformar un buen equipo, entonces no solamente hay limitaciones políticas sino también limitaciones en la gestión; no es lo mismo ser un gran empresario o un buen empresario que un gestor público son lógicas distintas, así de simple.

¿Como entiende usted lo que está pasando en la Junta Nacional de Justicia (JNJ); estamos hablando quizá de una lucha de posiciones ideológicas a través de unas instituciones tambaleantes?

Es un poder en declive que esta enquistado en la Junta Nacional de Justicia que se niega a perder el poco poder que le queda, ellos saben perfectamente que no tienen la fuerza que antes tenían que venía básicamente del apoyo que le daba el sector progresista y obviamente lo que hay ahí es una guerra por permanecer en esa hegemonía, y como es un tema complejo detrás de ellos hay ONGs, estudios de abogados, sectores políticos, sindicatos, que no sólo están en la JNJ, sino en otros estamentos como el Poder Judicial por ejemplo, es una forma de consolidar posiciones, de tener poder de tener influencia de lograr fallos a favor, entonces definitivamente están perdiendo esa hegemonía y eso los obliga a hacer este tipo de ataques para permanecer ahí y sacar a quienes le sean incómodos.

Sobre la suspensión de la Fiscal de la Nación Patricia Benavides

En el caso de la Fiscal de la Nación ya no me asombra el doble estándar de la Junta Nacional de Justicia quienes se indignan si el Parlamento empieza una investigación sumaria contra ellos o contra la señora Zoraida Ávalos, por la cual inclusive salieron al frente y, por otro lado, empiezan un proceso sumarísimo súbito contra la fiscal Patricia Benavides, es por eso que no tienen credibilidad, por la forma distinta cómo se comportan ante hechos similares. En el caso de Zoraida Ávalos, avalan y asumen su defensa, en el caso de Patricia Benavides la condenan de antemano en el caso de ellos mismos argumentan que el Congreso no los puede investigar que no pueden avalar un proceso sumario y en el caso de Patricia Benavides empiezan un proceso sumarísimo y en 72 horas sobre la base de unos pantallazos suspenden a toda una Fiscal de la Nación, es por eso que creo yo que se tiene que reorganizar la Junta Nacional de Justicia y el Congreso por otro lados está demostrando su ingenuidad una vez más, en política la debilidad nunca termina de pagarse, el Congreso pone la otra mejilla en el caso de la Junta Nacional de Justicia y esta les responde suspendiendo a Patricia Benavides, es parte de la ingenuidad que reina que habita en los parlamentarios actuales.

Podría reflexionar sobre el porqué de la salida de Pedro Castillo antes de cumplir año y medio en el poder, si tenía 44 votos que impedían su destitución en el Congreso y contaba con una altísima aprobación en el sur del país.

En el caso de Pedro castillo lo que sucede es que empezó a cometer actos de corrupción en un contexto de deterioro económico que los convertía en un personaje insalvable. La corrupción hace que la persona piense más en su supervivencia que en los problemas de la gente. La corrupción, por ejemplo, desatada en el año 2000 era la que impulsaba al régimen fujimorista a ir por una re-reelección, la corrupción es la que obligaba a Vizcarra a mantenerse en el cargo y hacer un golpe interno, y en este caso la corrupción de este señor el temor de que su familia empiece a ir presa, lo llevó hacer un golpe que lo convirtió en indefendible, y, por otro lado, como los 44 parlamentarios de Pedro Castillo más la diferencia tienen como objetivo fundamental sobrevivir al año 2026, entonces la lealtad era a su curul  y a su quincena más que a Pedro castillo, es la más volátil de las lealtades, entonces cuando vieron peligrar su remuneración  y su beneficio entonces no dudaron en traicionarlo.

Como ve las próximas semanas y meses en nuestra política nacional, ¿cree que Dina Boluarte podrá llegar por lo menos en cuidados intensivos al relevo constitucional de 2026?

No, Dina Boluarte es tan poca cosa en política, que no se da cuenta que su principal escollo es el señor Alberto Otárola su principal lastre, yo nunca he visto tanta inexperiencia política como la que encarna Dina Boluarte, creer que una persona que tiene menos popularidad que ella le va a servir de soporte hasta el año 2026 es realmente algo ingenuo. El señor Otárola no tiene dimensión ni respeto político, y él es el que debería abrir esta oportunidad para el Gobierno, cada vez que declara el señor Otárola su declaración sale en la página 10 del periódico en una pequeña esquina, esa es su dimensión política inclusive la presidenta de la República puede dar un mensaje a la nación hoy y mañana no tiene ninguna importancia y no le mueve un dedo a la gente, la señora Boluarte no se da cuenta que la única manera de reflotar es poniendo un gabinete de primer nivel y si ella quiere que se vaya dos años de viaje y que deje al gabinete que conduzca los problemas del país hasta el año 2026, pero como no piensa hacer eso sus posibilidades de sobrevivencia van a ser mínimas, el Congreso no la va a sacar, ella va a tener que renunciar porque el Perú en un contexto de crisis institucional, económica y delictiva pues simplemente se va a convertir en inmanejable, dos años y medio es demasiado para seguir con el mismo orden de cosas.

¿Esta crisis institucional de la que me habla cree usted que genere en la próxima campaña electoral un fenómeno Milei como el que vimos en Argentina?

No, no creo yo que la derecha se convierte en opción porque la gran mayoría de peruanos cree que la derecha está gobernando, y eso es un error de la derecha torpe que en estos momentos está en el Parlamento. Yo tengo oportunidad de conversar con muchos medios de provincias en forma diaria y el sentimiento en el interior del país en buena parte inclusive del sector limeño cree que gobierna la derecha, porque la derecha es la que soporta a Dina Boluarte, la derecha es la que tolera gente como Otárola o el Ministro de Defensa que es otro incompetente y la derecha es la que sale en su defensa, basta con ver las declaraciones de Rafael López Aliaga para ver cómo blinda permanente tanto a Otárola como a la señora Boluarte, entonces en el péndulo electoral mayores posibilidades va a tener la izquierda sin ninguna duda y va a venir acompañada esa opción de izquierda con la convocatoria a Asamblea Constituyente, ese es el gran error histórico que está cometiendo la derecha en estos momento por su poca capacidad intelectual y política.

Usted ha sido congresista, ¿cuál es su opinión sobre el Congreso actual?

Yo no podría catalogarlo como el peor Congreso porque esa etiqueta se les da a todos los congresos y eso es mundial, pero yo sí creo que es el Congreso más despreciado, tanto se le desprecia que a la gente le ha dejado de importar, actúan con una desfachatez impresionante priorizando beneficios económicos por encima de los intereses de la patria y se han convertido no en transformadores de la realidad que le corresponde a un Parlamento, es un Congreso formado por 130 opinólogos que no tienen ninguna fuerza política para transformar el rumbo de los acontecimientos. No será el peor Congreso porque eso se les atribuye a todos, pero si será el más despreciado sin ninguna duda de este siglo.

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[INFORMES]  En julio de 2021, un padre, su esposa, dos hijos en edad escolar y una joven entenada nacidos todos en un caserío de Chota, Cajamarca, llegaron a Lima para ocupar un lugar en la historia nacional, luego que el jefe de familia hubiera ganado en estrechísimo y controversial balotaje la Presidencia del Perú. Y aunque en los textos de historia se dirá por siempre que José Pedro Castillo Terrones entró el 28 de julio de 2021 a Palacio de la mano de su mujer y con un sombrero de paja en la cabeza, todos sabemos que al igual que Potus (President of the United States) y su primera dama, Lula y su pareja, Emmanuel Macron y su odiada esposa y Maduro y su socia en la destrucción de Venezuela, todas las entradas al máximo poder político en las llamadas democracias representativas son realmente “entraderas” de panacas y de clanes familiares o tribales. En todos lados se cuecen habas, pero en el Perú sólo se cuecen habas, como dijo en algún momento el poeta César Moro, pues la entrada de Castillo a Palacio fue el ingreso desordenado, caótico y desesperado de cuñados, cuñadas, sobrinos, aportantes de campaña, compañeros de ruta, sindicalistas hambrientos de dinero y de poder y decenas de desocupados en busca de un primer trabajo donde pudieran ganar plata con el menor esfuerzo.

Pedro Castillo solicitó al Poder Judicial la revocación de la orden de prisión preventiva impuesta tras el golpe de estado del 7 de diciembre de 2022.

La fórmula 44

Desde varias semanas antes de la ceremonia de investidura de Pedro Castillo como primer mandatario del país, todos los grupos, sub grupos y grupúsculos que se habían coaligado para repartirse el poder y, eventualmente, alargarlo todo el tiempo que fuera posible, elaboraron sendas agendas minimalistas y maximalistas, según fuera su origen ideológico y político. Para los poquísimos que aún creían en el modelo cubano de mantenimiento en el poder -o en su variante llamada por Hugo Chávez: socialismo del siglo XXI-, todo consistía en prometer una nueva constitución y crear un clentelaje mediante la entrega de cada vez mayores bonificaciones a la población más vulnerable y más manipulable, y esperar el levantamiento del pueblo. Para los poco iluminados que creían que el régimen chino era comunista, Mao un dios y Abimael Guzmán su principal profeta, “todo consistía en acumular fuerzas y esperar las condiciones objetivas para la toma del poder”. Convencido que los textos para tontos escritos por la chilena Marta Harnecker eran las tablas de la ley de la nueva religión marxista, Vladimir Cerrón, probablemente el más ilustrado de los “genios” llegados al poder como colas de Castillo, tenía una sola idea, básica e incombustible: Pedro Castillo duraría en el poder todo el tiempo que él lograra mantener 44 congresistas dispuestos a impedir que la oposición al profesor chotano consiguiera los 87 votos para despojarlo de su investidura y subrogarlo, es decir, crear la vacancia de la Presidencia de la República.

Mientras los castristas, los maoístas y los caviares elaboraban sus agendas de cara al futuro, Pedro Castillo Terrones pensaba en hacer realidad sus sueños en el tiempo más corto posible. Prueba de ello es que ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el destituido comandante general del Ejército, general José Vizcarra Álvarez, narró con lujo de detalles cómo lo presionaron desde Palacio de Gobierno para que la Aviación del Ejército ponga a disposición de la familia presidencial un avión que estaba en fase de mantenimiento. Igualmente, en lugar de preocuparse por encontrar un presidente del Consejo de Ministros que lanzara buenas señales a los inversionistas nacionales y extranjeros, el 29 de julio del peor año de nuestras vidas nombró a Guido Bellido como primer ministro. Una burla al país, sin duda.

En las siguientes semanas y meses, el país se fue enterando que Castillo usaba una casa en el distrito de Breña para en forma ilegal e inconstitucional reunirse con proveedores que le fueron entregando dinero en efectivo, cada vez más y con mayor frecuencia. Y así como él y el secretario presidencial Bruno Pacheco organizaron sendos negociados en diferentes rubros, su esposa y su entenada establecieron otros emprendimientos delictivos de diversos tipos. De igual manera lo hicieron los hermanos de la primera dama Lilia Paredes y las hermanas del mandatario Castillo Terrones.

Vizcarra relató que entre el 11 y 13 de octubre del 2021 fue al Ministerio de Defensa llevando las actas de ascenso: “El señor ministro (Walter Ayala) llamó por teléfono a Palacio y me increpó que los recomendados no habían ascendido y que Bruno Pacheco estaba incómodo”.

A robar, a robar… que el mundo se va a acabar

Todos los “apretones” a proveedores y aspirantes a proveedores que daban plata en forma constante, pero muy lenta para los intereses de los Castillo Paredes, se vieron frenados de pronto cuando la maquinaria delictiva ingresada al sector Vivienda se encontró de pronto con la mafia de la trujillana Sada Goray. La inversionista inmobiliaria Sada Goray, una mujer con menos escrúpulos que Castillo, Lilia Paredes y toda la parentela de estos, convirtió en la mayor proveedora de dinero en efectivo de Castillo Terrones y su familia. Pero no lo hizo en forma directa, sino a través de Salatiel Marrufo, el brazo derecho del ministro de Vivienda Geiner Alvarado. Y esa elección de cobrar a través de Marrufo fue la perdición de Castillo, pues una vez que este cayó en manos de la Fiscalía dijo: “prendan la grabadora, yo cuento todo, pero qué ganó”. Una vez acordada la colaboración de Marrufo, este fue citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso para que lo contara todo el 7 de diciembre de 2022. Era el principio del fin, pero también el fin del principio. El día que se crearon las muchas preguntas que hoy todavía no tienen respuestas.

El pasado 6 de octubre, luego de escuchar el fallo de la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Junín, Vladimir Cerrón pasó a la clandestinidad, sumándose a la lista de prófugos como el exministro de Transporte y Comunicaciones (MTC) Juan Silva Villegas y Fray Vásquez, sobrino del exmandatario Pedro Castillo.

¿Qué roles cumplieron el 7 de diciembre de 2022 Aníbal Torres, Betssy Chávez, Vladimir Cerrón, ciertos generales del Ejército y más de un alto mando policial?

Enfrentado a la necesidad de tomar una decisión política trascendental, Pedro Castillo actuó el 7D tal como lo hizo el 29 de julio de 2021, es decir, delegó la pregunta qué hacer a las personas de su entorno más íntimo, vale decir, Aníbal Torres y Betssy Chávez. Estos, tan intolerantes el uno como la otra, pensaron que si le redactaban un mensaje a la Nación igualito al que leyó el expresidente Alberto Fujimori el domingo 5 de abril de 1992, el resultado iba a ser el mismo. Pero ni Torres ni Chávez averiguaron cuál era el ánimo en los cuarteles, cuánto de cierto era el apoyo total del Ejército al golpe castillista, tal como había jurado hasta la ronquera el ministro de Defensa Gustavo Bobbio o cuántos de los jefes policiales castillistas iban a mantenerse en esa línea cuando vieran que las Fuerzas Armadas seguían manteniendo su lealtad a la Constitución.

Es más, creyendo que todo era tan bonito como se lo habían pintado los ayayeros, Castillo, Torres y Chávez concluyeron que todo el tema terminaba una vez que la Policía impidiera el ingreso de los congresistas al Palacio Legislativo y un grupo de agentes del orden apresara a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Hasta ahora no sabemos quiénes dieron la orden de desatar el caos en la sierra sur del país, toda vez que la lógica elemental nos dice que no se puede tener a la vez el apoyo incondicional de las Fuerzas Armadas y a decenas de revoltosos matando militares y policías y tomando aeropuertos y carreteras.

Probablemente una resonancia a la cabeza de Vladimir Cerrón nos diga qué hay o qué no hay en su cerebro.

Probablemente.

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[INFORMES] Años atrás, cuando los recién llegados a Lima pasaban inevitablemente por el centro de la ciudad capital, los avivados les “vendían” las bancas, el monumento y las plazas enteras a los pobres migrantes. De esa forma, los individuos que únicamente sabían usar sus habilidades verbales para abusar de sus compatriotas más vulnerables inauguraron un estilo de vida que fue evolucionando (¿o involucionando?) a una manera de vivir siempre al filo de la ley. Primero “vendían” todo lo que no se movía, luego estafaron con el “cambiazo” de moneda falsa por verdadera y con la venta a precio de incendio de los falsos números ganadores de las loterías de antaño, para finalmente incursionar en las estafas telefónicas, e inaugurar todos los tipos de fraude electrónico habidos y por haber.

Según las estadísticas policiales de diversos países del mundo, los fraudes electrónicos están largamente a la vanguardia de las estafas, sean estas a través del robo de tarjetas de crédito y de débito, del hackeo de cuentas de todo tipo y de las cada vez mayor número de cifras de sustituciones de identidad de los usuarios de todas y cada una de las formas de comprar, de alquilar o de consumir. Estamos ante el auge del robo de los componentes de la personalidad de los seres de este tiempo.

La nueva modalidad de extorsión comienza con una llamada telefónica desde un rincón de un centro penitenciario, en la cual alguien te dice: “Hola, te saluda el comisario Equis de la comisaría Hache porque tenemos una denuncia, según la cual un primo tuyo ha sido intervenido por (aquí viene el tipo de delito imaginado por los delincuentes), y para poder ayudarte a ti y a tu primo tienes que pagar una ayuda a unos agentes para que no lo detengan. Ante la desesperación de la persona que ha recibido la llamada, el supuesto comisario le dice que le va a pasar un número de cuenta bancaria para que deposite dos, tres o cinco mil soles según el tamaño del supuesto delito.

De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en las cárceles del país hay actualmente 1046 presos por extorsión. En el caso de internos extranjeros, de los 4042 recluidos, 77 están por ese delito, 38 por secuestro y 17 por sicariato, estos dos últimos delitos afines a la extorsión.

Así empiezan todas las llamadas que buscan extorsionarnos, entonces lo que debemos tener en cuenta es que ningún comisario ni ningún jefe de una unidad policial va a llamarnos para decirnos que tienen un expediente que nos vincula con un delito o que nos va a detener esa misma mañana.

Pese al Estado de Emergencia declarado en algunos distritos de la capital y en algunas ciudades del país, las extorsiones, amenazas y cobro de cupos continúan atemorizando a los empresarios y comerciantes. De acuerdo a la Policía Nacional del Perú (PNP), uno de los puntos desde donde se orquestan todos estos crímenes son los penales y cárceles del país.

“Luisa” como vamos a llamarla, es una víctima más y su caso se suma a la larga lista de afectados por extorsión vía telefónica que día a día van en aumentaron debido a inseguridad ciudadana que aqueja al país.

“Me llamó el mayor de la comisaría de Alfonso Ugarte, me saludó y dijo que había estado llamando a mi esposo, pero que él no contestaba, que quería ayudarlo. Entonces, le pregunté qué pasaba y me respondió que mi marido tenía una denuncia por tocamientos indebidos a una joven mujer. Le respondí que era imposible, que Luis era incapaz de hacer algo así. El supuesto comisario de inmediato me dio un número de expediente, conminándome a no dejar pasar más tiempo, porque ese expediente iba a pasar a la Fiscalía y tendría que venir a mi casa a detenerlo. Me asusté más y le dije qué podía hacer, en ese momento me dijo que me iba a dar un número de cuenta para que deposite 3,000 soles y así frenar la detención. Si no lo haces, la Fiscalía detendría inmediatamente a mi esposo; y me cortó la llamada. En ese momento, llamé a mi esposo y como este seguía sin contestarme, transferí el dinero a la cuenta y le envíe el voucher por whattsapp. A los pocos minutos, recibí una nueva llamada del supuesto comisario, quien me dijo que me había demorado mucho y que el expediente ya había pasado a la Fiscalía, y que ahora necesitaba más dinero para pagarle al fiscal y a su gente, por lo que tenía que depositar 5,000 soles más, y que no me demore porque no quería que mi hijo crezca con su papá en la cárcel. Cuando decidí depositar el dinero para evitar la catástrofe familiar, mi marido me llamó para decirme que se había dado cuenta de mis llamadas y por eso me llamaba recién. Cuando le dije por qué era la insistencia, me dijo que la comunicación del supuesto comisario era una estafa”.

Este caso es aún más asombroso, porque en el colmo de los colmos el delincuente le propuso a la víctima cambiar la denuncia a su favor. María, como la llamaremos por motivos de seguridad, nos cuenta que hace unas semanas recibió la llamada de un supuesto policía de la Comisaría de Cieneguilla, quien le dijo que había una denuncia contra su hermano porque le había pegado a otro chico en una fiesta.

“Me pareció raro, pero coincidía efectivamente con el hecho que mi hermano había estado el fin de semana anterior en un fundo de Cieneguilla en un matrimonio de unos amigos. El supuesto policía me dijo que nos quería ayudar para que el caso no pase a la Fiscalía porque el agraviado había recibido muchos golpes y estaba hospitalizado. Me aseguró que si el expediente policial número 3378-2024-2 pasaba a la Fiscalía, lo tenían que detener al instante o buscarlo en mi casa o en su trabajo. Con todos esos datos, no dudé que lo que el supuesto policía decía era verdadero; entonces, le pregunté dónde quedaba la comisaría para acercarme con mi abogado, y él me respondió que no era necesario que fuera a la comisaría, y que, más bien, deposité 4,000 soles para arreglar el tema de la denuncia y mi hermano no fuera detenido. Al acabar la llamada, hice el depósito solicitado; pero inmediatamente recibí una nueva llamada pidiéndome 5,000 soles más, que era lo que solicitaba el fiscal para desaparecer literalmente el expediente. Me dijo también que no me demorara porque sino tendría que poner en práctica el Plan B para voltear totalmente el expediente, convirtiendo al agresor en agredido y viceversa. Si me preguntan cómo pude pagar más de diez mil soles en una hora, tengo que decir que el supuesto policía sabía todo de mí y de mi hermano. Además, “como música de fondo”, había sonido de radios policiales, computadoras y bocinazos. Como para no dudar, por eso terminé pagando todo lo que me pidieron”.

El ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, anunció que su gestión no será en el escritorio, sino en la calle, combatiendo a las bandas criminales que atentan día a día contra la vida de las personas.

 El futuro de la criminalidad en el Perú

Consultamos al experto en seguridad integral y temas sobre narcotráfico, Pedro Yaranga sobre que, en las últimas semanas, el gobierno ha anunciado un supuesto Plan Boluarte contra el crimen organizado, ha propuesto la creación de una Policía de Orden y Seguridad y ha declarado el estado de emergencia en unos cuantos distritos donde no se ha visto ningún resultado alentador, y, finalmente, cediendo a la presión parlamentaria y periodística, ha aceptado la renuncia del ministro del Interior. ¿Cuáles considera usted que son las principales fallas estructurales de ese constructo de ‘buenas intenciones’?

En realidad, el tema de la seguridad es multidimensional; por lo tanto, el responsable de la seguridad no es solamente el titular del Ministerio del Interior. El ministro del sector es sólo el que maneja y monitorea los indicadores de la inseguridad, pero quien debe responder por la respuesta integral es el Presidente del Consejo de Ministros. Por eso, digo que quien está mal es el Premier, y, también, el Congreso de la República que no evalúa que la censura a un ministro que medianamente estaba en franca mejoría para poner a una persona que tiene menos experiencia que el ministro saliente nos puede pasar factura, y dudo que esa factura pueda pagarse en el camino. Entonces, pienso que el nuevo ministro debe rodearse de buenos asesores.

¿Es decir, el mandato de la señora Boluarte seguirá avanzando y la inseguridad seguirá como está o avanzando?

Creo que en el camino hacia ese 2026, la Policía va a solucionar todo o parte del problema, porque ella está bien organizada, pero con serios problemas de logística y de indefensión ante la actitud de los fiscales y de los jueces, quienes muchas veces acusan y juzgan a los policías que eliminan a los delincuentes en actos de servicio, castigándolos por cumplir su deber. Con bajos sueldos y escasos recursos para enfrentar las acusaciones, es muy difícil que los policías quieran involucrarse directamente porque saben lo que les espera. Sin decisión política no hay posibilidad alguna de enfrentar a las bandas organizadas, las cuales tienen abogados bien remunerados a su servicio. Esa es la forma de anular a la policía peruana, una de las mejores de toda América Latina.

Las bandas criminales brasileñas y el Tren de Aragua venezolano han ganado una gran presencia en los países de la costa occidental de América del Sur, ¿hacia dónde avanzan?

El Primer Comando de la Capital (brasileño) tiene en la mira a nuestro país, el Comando Vermelho (también brasileño) ya está operando en el Perú, está asentado en la triple frontera (la que separa al Perú de Colombia y del Brasil), en parte de Ucayali y de Madre de Dios. Según reportes del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), las cárceles peruanas ya albergan a una cincuentena de presos del PCC y del CV, lo cual significa un problema explosivo para el país, pues la gran especialidad que tienen ambas organizaciones es crecer desde las cárceles -como la Hermandad Aria en las prisiones norteamericanas-, llegando a tener el 80 por ciento del control de las prisiones brasileñas y el 90 por ciento de las paraguayas. Tienen en la mira al Perú porque nuestro país se ha convertido en el segundo productor de cocaína en el mundo, uno de los primeros en explotación y exportación del oro de manera ilegal. Además, esos criminales internacionales manejan la trata de personas, convirtiendo esa práctica cobarde y abusiva en la segunda actividad en ganancias brutas en el año 2022.

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[INFORMES] Hace aproximadamente unos 40,000 años, los neardentales que habitaban el actual territorio francés decidieron un buen día enterrar a sus muertos, creando una práctica que unos 25,000 años después se convertiría en el ritual sagrado de despedir y de enterrar a los fallecidos en terrenos destinados exclusivamente para ese fin.

Como quiera que desde ese lejano día, en que los miembros de esa comunidad humana ahora desaparecida decidieron guardar bajo tierra los restos de sus parientes fallecidos, hasta hoy han muerto unos 100 mil millones de seres humanos, según el Population Reference Bureau de Washington, el área ocupada por los muertos es inmensa, sobre todo en el vasto territorio euroasiático.

Si descontamos los cientos de miles de hombres, de mujeres y de niños enterrados en tumbas individuales o familiares en todos los continentes habitados por los cazadores y por los recolectores antes de la transformación de estos en seres sedentarios que aprendieron a domesticar a los animales y a cultivar estacionalmente los frutos y las verduras que antes recogían en su actividad nómada, nos quedan aún miles de millones de humanos enterrados en los cementerios que los humanos sedentarios crearon en los alrededores de las aldeas creadas hace más o menos 12,000 años.

Y este es el punto fundamental de la discusión abierta por los defensores de la intangibilidad de los terrenos situados cerca de los cientos de huacas existentes sólo en la ciudad de Lima. Pero antes de darle la palabra al arqueólogo Luis Jaime Castillo, ex ministro de Cultura, tenemos que describir rápidamente la epopeya de los primeros habitantes de América, quienes en un periodo no menor de 15,000 años y no mayor de 20,000 años poblaron el continente entero, y, para mayor gloria de sus descendientes en estas tierras, crearon Caral, las culturas Moche y Chimú en el norte y la Nasca en el sur.

Es en la parte peruana de esta epopeya sudamericana que sus primeros ocupantes crearon el mayor territorio arqueológico del planeta Tierra, y lo hicieron sin descubrir el uso de la rueda ni la escritura, que a otros hombres de esa misma época pero en otras latitudes les sirvió para recorrer mayores espacios en menos tiempo y trasmitir experiencias a sus descendientes.

Pero, mejor, leamos que nos dice nuestro entrevistado.

El ex ministro de Cultura, Luis Jaime Castillo, responde a los que defienden una deficitaria Ley de Cultura

¿Por qué nuestro país, que posee el patrimonio arqueológico más importante de América y cuya área es la más grande del planeta, no tiene las leyes que lo protejan y no colisionen con el imparable desarrollo inmobiliario del país?

El Perú es un país riquísimo en patrimonio cultural. En nuestro continente, solamente México tiene un patrimonio cultural comparable al peruano. El patrimonio peruano, en material mueble e inmueble no solamente es excepcional, sino que es numerosísimo y está en todas partes: las evidencias arqueológicas pre incas, incas, virreinales y republicanas están por todas partes, eso es algo que caracteriza la identidad nacional. Las evidencias las tenemos tan cerca que los peruanos no nos damos cuenta, pero si tú viajas a la Argentina encuentras que el edificio más antiguo es de 1890, vas a Chile y pasa lo mismo. En nuestro país, solo Lima tiene más de 350 huacas.

Las culturas del Perú antiguo se desarrollaron aisladas del resto del mundo, no recibieron influencia alguna ni de México ni de China ni de Europa ni de ninguna otra parte: todo lo que se conoce aquí en la parte arqueológica es creación independiente, aquí se inventó la cerámica; la metalurgia y la textilería existieron también en otros lugares, pero aquí se inventaron paralelamente sin influencia externa. Lo que hay en el Perú es sólo comparable con lo que hay en la China, con lo que hay en la India y lo que hay en Irak; con lo que hay en Grecia, en Roma y en México.

Es más, las expresiones físicas del patrimonio cultural son decrecientes, porque a diferencia del patrimonio natural una vez que se destruyen no vuelven. Y, además, nosotros hemos heredado ese patrimonio cultural, nosotros no hemos hecho nada para merecernos Machu Picchu, Chan Chan, Chavín de Huántar, por lo tanto tenemos la responsabilidad de legar esas maravillas a las siguientes generaciones, y tal como las recibimos.

Las invasiones en la zona Intangible de Chan Chan y otras zonas arqueológicas del Perú es una amenaza constante ante la inacción de las autoridades.

Aquí hablamos de patrimonio cultural, pero en realidad la palabra es herencia cultural, porque ese patrimonio nos lo va a reclamar la siguiente generación. Y en este momento tenemos que hablar de armonización, porque evidentemente en un país con tanto patrimonio usted tiene que balancear lo que ha heredado y lo que necesita para el futuro, o sea, hay que armonizar la protección con la necesidad del desarrollo. Y en base de ese principio durante años se ha generado una política de protección, de salvaguardia del patrimonio cultural. Esa política, a su vez, tiene una normativa, unos procedimientos, que permiten que se proteja el patrimonio y, también, que se desarrolle la sociedad como debe desarrollarse, que usted pueda hacer carreteras, que usted pueda hacer aeropuertos y pueda hacer una serie de cosas sin afectar la herencia cultural. Esas acciones desarrollistas a veces entran en conflicto, por ejemplo, con la construcción del aeropuerto de Chincheros, que un primer momento se quiso hacer a la mala: lo haga y no me importa lo que se destruye. Y el Ministerio de Cultura dijo “nosotros no vamos a autorizar la construcción del aeropuerto hasta asegurarnos que no se destruya nada”. Claro, hay gente que tiene opiniones divergentes, que dicen que ahí no debe haber un aeropuerto, pero hay que transar entre las dos opiniones contrarias. Ese es mi concepto de armonizar el pasado con el futuro. De cara a esa solución, a lo largo del tiempo se han ido gestando una serie de leyes y de reglamentos que regulan lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer; en base a todo eso se creó la Ley General de Patrimonio Cultural, que es una de las grandes leyes que existen en el país. Que a su vez esa ley tiene reglamentos, y, además, en torno al tema existen otras leyes y otros decretos firmados por presidentes y ministros, que no sólo regulan el tema arqueológico, sino también lo histórico, completan lo que no está en la ley original, convirtiendo la ley en una ley súper completa. Entonces, en junio de este año, entre gallos y medianoche, nuestro “ilustre” Congreso hizo una reforma a la ley, modificando la ley en una serie de capítulos. Si nos atenemos a las leyes, cuando el Congreso tiene una propuesta para modificar una ley, se la tiene que pasar al sector presuntamente afectado, y este sector puede y debe comunicarle las objeciones y decir “no va”. Por lo tanto la modificación es inconstitucional. Lo raro del caso es que la ley no fue observada por el sector Cultura, simplemente dejó pasar las modificaciones. Y aquí voy al tema: la ley modificada contiene una serie de barbaridades, es una Ley Frankenstein hecha con piezas de diferentes cuerpos. Es una ley estalinista que prohíbe los museos privados, pone a todos los museos bajo el brazo de hierro del Ministerio de Cultura, el cual decide cuáles museos pueden funcionar y cuáles no. Y es estalinista, además, porque el Director de Museos del Ministerio de Cultura es un comunista llamado Carlos del Águila, quien, felizmente, ya salió del ministerio. Pero la ley es, además, bárbara, porque permite que las casonas, los campos como el que ocupa el Morro Solar y los sitios arqueológicos puedan ser afectados en su integridad sin levantarles su condición patrimonial. Es una ley para lotizar los sitios arqueológicos y las casonas republicanas; parece ser una ley redactada por la sociedad nacional de traficantes de terrenos. La ley fue publicada en junio y antes de cumplir seis meses fue publicado el reglamento. La ley y reglamento permiten que cualquier empleadito de Defensa Civil pueda declarar inhabitable una casona y ordenar su demolición. Cuando se conoció la magnitud del despropósito, los arqueólogos comenzaron a moverse, los arquitectos colegiados también, intentando parar en seco la ley estalinista. Es en ese contexto que la mayoría de ex ministros de Cultura de diferentes tendencias políticas y sellos ideológicos firmamos un comunicado en defensa cerrada del patrimonio cultural del país, que, nuevamente, repito no es nuestro, porque tenemos que entregárselo íntegro a las nuevas generaciones, ya que es parte de nuestra identidad nacional. Como el Perú es un país establecido en una gigantesca área arqueológica, para muchos una de las más extensas del mundo. Hay miles de razones para defender ese patrimonio cultural, sin cortar las posibilidades de desarrollo de los linderos de los sitios arqueológicos. Para eso existe un sistema de protección, entonces, para socavar el sistema de protección existente en el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en Superficie (Cira), pareciera que la ministra Leslie Urteaga están buscando la forma de perforar las leyes que protegen nuestro patrimonio, y, de esa forma, dejar en manos de los traficantes de tierras el futuro de Chan Chan, de Caral, de Chavin de Huántar y, probablemente, Machu Picchu.

Para entender quiénes fueron los congresistas que se pusieron de acuerdo para perforar la ley que protege los activos arqueológicos del Estado, y cómo encontraron el apoyo de la actual ministra de Cultura, Leslie Urteaga, para intentar empoderar a los traficantes de tierras, le preguntamos al congresista Héctor Acuña, presidente de la Comisión de Cultura del Congreso:

¿Cómo se gestó el texto de la ley depredadora de los activos arqueológicos del Perú?

En 2022, cuando el congresista Alex Randu Flores presidía la Comisión de Cultura, un grupo de parlamentarios liderado por él produjo un dictamen aprobando ese acumulado de proyectos de ley que luego se transformaría en el texto depredador de los bienes nacionales. Cuando en agosto de ese año asumí la presidencia de esa comisión, los congresistas integrantes de esta dijeron que el dictamen aprobado no reunía los requisitos legales, y solicitamos al pleno que lo devuelva a la Comisión. Y dos o tres meses después, el dictamen regresa a la Comisión, aprobándose por mayoría y publicándose en junio de 2023. Se dijo, entonces, que esa ley protegería, mejorarla y utilizarla las nuevas herramientas contractuales y de gestión de proyectos para la sostenibilidad de los sitios arqueológicos. Es decir, que las huacas y monumentos sean súper protegidos y no amenazados como las ciudadelas de Caral y de Chan Chan, donde se han construido edificios de cuatro pisos ante la indiferencia del alcalde y la aquiescencia del ministerio, cuyas autoridades dicen que esos edificios tienen más de trece años de construcción.

Los invasores construyeron viviendas rústicas y realizaron surcos para colocar árboles de plátano y de tuna, dando inicio a un supuesto proyecto agrícola para apropiarse de más de una hectárea del sitio arqueológico de la Civilización Caral.

A propósito de eso, mi equipo de asesores ha revisado ese despropósito y ha concluido que en la ley que creó el Ministerio de Cultura existe la novena disposición que obligaba a ese portafolio a transferir en un plazo máximo de 120 días las unidades departamentales del extinto Instituto Nacional de Cultura (INC) a los gobiernos regionales. ¿Qué ha hecho el Ministerio con esa orden ejecutiva? Nada, nada de nada,

El año pasado les dije a mis colegas congresistas que no podemos seguir tolerando que todos los años el sector Cultura siga evitando la transferencia a los gobiernos regionales. Les dije: ¿entonces de qué descentralización estamos hablando?

Cuando en julio el Ministerio de Cultura publica un proyecto de reglamento que elimina el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (Cira), los arqueólogos saltan hasta el techo y publican el comunicado contra el sector Cultura. Entonces, a pedido de varios congresistas se crearon unas mesas de trabajo que han concluido que se debe derogar la Ley 31770. Ese solo acto no arreglaría todo el problema, porque si no se aplica la novena disposición nunca habrá dinero para enfrentar todos los problemas.

En la primera reunión de trabajo también estuvo presente la viceministra de Cultura Haydeé Victoria Rosas Chávez.

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Según investigaciones históricas, desde la época de la llegada de los españoles en el primer tercio del siglo XVI hasta hoy ha habido alrededor de 120 episodios del fenómeno recurrente llamado El Niño. Pero como en nuestras tierras los instrumentos para la medición del clima recién se utilizaron en la segunda década del siglo pasado -y solamente en algunas regiones del país-, es a partir de 1965 que se instalan las primeras estaciones meteorológicas e hidrológicas para medir las lluvias, las mareas y sus caprichosas fluctuaciones. Por esa razón, en el lugar del mundo que ha sufrido la furia de la mayoría de los Niños antiguos no hay registros precisos de sus apariciones anteriores.

Sin embargo, como vivimos en un país carente de escritura anterior a la llegada de los europeos, pero tenemos una viejísima tradición de transmisión oral de los recuerdos, el sabio italiano Antonio Raimondi recopiló en unos escritos que la Sociedad Geográfica de Lima publicó en 1897 la ocurrencia de eventos extremos asociados al calentamiento marino-costero en el norte del país. Dice Raimondi: “El Niño, como tal, es conocido desde las civilizaciones pre incas que se asentaron en las costas del Perú antiguo, como son los Moche, los Lima y los Nasca. La geomorfología, los estudios de sedimentos y la paleontología señalan que el Fenómeno El Niño ocurre por lo menos hace 40,000 años. Además, estas investigaciones arqueológicas demuestran que los cambios drásticos del clima afectaron la costa central del Perú (Cultura Lima, aproximadamente 400 años después de Cristo). La situación resultó ser especialmente dramática para la nación Moche (200 a 700 años después de Cristo) en la costa norte, pues todo indica que durante las primeras décadas del siglo VII de nuestra era, esta próspera civilización sufrió los estragos de una prolongada, implacable y devastadora serie de episodios El Niño”.

Niño costero Sudaca

Los gobiernos regionales de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash solo han empleado el 30,2% de manera conjunta de un total de S/260’498.125. 

Como todavía no hay forma de saber científicamente si un Niño Global obligó a Noé a fabricar un gigantesco barco para subir a una pareja de cada uno de los animales que andaban, volaban o navegaban nuestro planeta para salvarlos del Diluvio Universal, tenemos que apoyarnos en las leyendas sumerias, budistas e indias para informarnos que una serie de inundaciones catastróficas está en la génesis de la vida del hombre en el planeta Tierra.

Como el fenómeno El Niño es un evento recurrente que se produce por el calentamiento de las aguas del Océano Pacífico en su extremo oriental sub ecuatorial, y según los cálculos de los paleontólogos viene ocurriendo desde por lo menos hace 40, 000 años, más o menos 25,000 o 30,000 años antes de la llegada de la migración del hombre al continente americano, los hombres de estas tierras sabían de su recurrencia, de los efectos de los diluvios y de las sequías sobre sus cultivos y sus criaderos de animales y, sobre todo, cuánto había que hacer cuando el evento terminaba. Es decir, los sabios de las culturas Moche, Lima y Nasca tenían previstas las acciones para mitigar los efectos del fenómeno y a qué atenerse cuando este terminaba su ciclo destructivo.  

Para saber qué va a suceder con nuestra economía -hoy en recesión- y con la agricultura, sus actividades conexas y las demás ramas productivas que nos aportan las divisas que tanto necesitamos, como son la gran minería, la agricultura especializada en la exportación de frutas y verduras requeridas por los mercados norteamericanos y asiáticos y la pesquería dedicada a la fabricación de harina y aceite de pescado, le preguntamos al doctor Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía, ¿qué semejanzas o qué diferencias -más allá del evidente crecimiento de nuestro PBI- tiene el Perú de hoy y el de los años de los tres últimos Niños más destructivos?

El ex ministro Castilla responde: “Son escenarios distintos, porque en 1983 nuestro país no solamente sufrió el ataque frontal de un fenómeno El Niño Global, sino que también sufría de la crisis financiera internacional, la llamada crisis de la deuda, que tenía al mundo en recesión, la cual exacerbó la caída de la producción que fue tremenda. El siguiente Niño de ingrata recordación fue el que se inició a fines de 1997 y duró gran parte del verano de 1998. Ese Niño coincidió también con una crisis financiera internacional, la conocida históricamente como crisis rusa, que provocó una fuerte devaluación, la quiebra de bancos y de empresas y una recesión grande. Esos son los Niño contemporáneos más fuertes que hemos enfrentado. Y el último de la lista es El Niño Costero de 2017, que no se inscribió en una crisis económica y no coincidió con una recesión, aunque nos llevó a tener algunos meses en rojo en las cuentas nacionales. Al hacer las sumas y las restas del periodo, sabemos que dejamos de crecer 1.5 puntos porcentuales entre 2016 y 2017 -porque eso siempre se distribuye entre la segunda mitad del año en el que El Niño se origina y la primera mitad del año cuando el fenómeno termina-, entonces, fue un menor crecimiento difuminado en dos años. Por eso la economía no entró en recesión. Comparado con los tres escenarios que me ha comentado, El Niño actual que lo hemos venido viendo a lo largo del año, desde que se inició con el ciclón Yaku y que ha tenido características de Niño Costero casi todo el año, unido a otros factores ajenos al fenómeno recurrente, nos hizo pensar que terminaríamos 2023 creciendo a 2.5 por ciento, pero terminaremos con crecimiento nulo. Vale decir que entre 1.2 y 1.5 puntos porcentuales de menor crecimiento se pueden atribuir al impacto de los fenómenos climatológicos en los sectores pesquero, agrario, de la construcción y la manufactura primaria y la otra mitad a la convulsión social de comienzos del año que provocó la paralización de parte de la minería, el frenazo de la recuperación del turismo, pero sobre todo la caída de la inversión privada por toda la desconfianza institucional.

¿No se ha hecho nada para prevenir los desastres de El Niño?

“Es lamentable, porque si uno se fija en la actividad de la Autoridad para la Reconstrucción con cambios o el programa presupuestal que maneja el MEF, uno ve que en el primer caso se gastaron los recursos más en reconstrucción que en prevención, y, por otro lado, de un programa presupuestal de más o menos dos mil millones de soles, grosso modo, 500 millones se dejaron de ejecutar especialmente en las regiones más vulnerables, como en Piura, en Lambayeque y en Tumbes. Entonces la cultura de la prevención no ha funcionado en el país y quizá es porque construir una escuela o una posta médica da más réditos políticos que simplemente descolmatar y reforzar los cauces de los ríos. Ahora este año ha sido particularmente complicado porque se suman los recursos adicionales que el gobierno ha dispuesto para esas actividades de prevención, y acá yo puedo identificar no solamente el dinero del presupuesto 068 que se ha venido gastando un 25 a 30 por ciento en los diez meses anteriores, lo cual es muy bajo.

Niño costero SudacaEl Estado peruano sólo ha gastado el 5,7% de lo presupuestado este año para enfrentar al fenómeno El Niño.

(Como de la inversión privada depende en gran parte el crecimiento del PBI), cuando este PBI no crece, el índice de pobreza se incrementa inexorablemente. La pobreza de este año se publicará, probablemente, para mayo de 2024, y con toda seguridad con crecimiento nulo vamos a tener un incremento de pobreza similar al que tuvimos durante la pandemia. Entonces en mi institución (Videnza) prevemos que la pobreza va a crecer en un millón de personas, producto de la falta de crecimiento y de un costo de vida que todavía permanece muy alto”.

Preguntas sobre El Niño que solo contestará la ciencia del futuro 

Según Josef H. Reichholf, en su libro “La aparición del hombre”, hace más o menos dos millones de años, entre lo que hoy es México -en ese entonces el extremo sur del continente norteamericano- y la actual frontera colombo- venezolana, la zona más septentrional de la Sudamérica del pasado, se formaron una serie de volcanes que unieron ambos continentes y crearon la configuración actual del hemisferio. Ese cambio originó la separación de los mares, produciéndose un Océano Pacífico frío y un Mar Caribe muy caliente y sometido a tormentas tropicales constantes. Entonces, ¿qué designio divino hizo que en ese Pacífico frío y repleto de una abundante fauna marina en su extremo oriental sub tropical se iniciara cada cuatro o cinco años un Fenómeno El Niño?

¿Por qué los científicos de la fauna y flora del pasado sostienen que El Niño solo existe desde hace 40,000 años y no desde la separación de los mares como consecuencia de la “soldadura” de las América del Norte y del Sur?

En el medio de esas y otras elucubraciones habría que aplaudir -hasta que se nos enrojezcan las manos- a los hombres sabios que ordenaron la edificación de Caral en una latitud y a una altitud que la mantuvieron protegida a lo largo de los siglos de por lo menos 1,200 fenómenos de El Niño, según el mismo cálculo que usó Antonio Raimondi en el siglo XIX.

Tiempo al tiempo.

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[INFORMES]  En los cien siglos que nos separan de los inicios de la agricultura, de la ganadería y del sedentarismo hasta hoy en día, muchas civilizaciones han sucumbido al paso del tiempo, pasando de ser vigorosos imperios y reinos a ciudadelas enterradas, monumentos colosales y objetos prehistóricos que llaman la atención de los humanos contemporáneos.

Como los problemas de inseguridad han aumentado de manera explosiva en todo el mundo, casi ningún país ha podido distraer recursos para resguardar restos valiosísimos en los lugares donde antes se levantaron las grandes civilizaciones de la antigüedad.

Es más, debido a las supuestas órdenes emanadas de su libro sagrado las hordas fundamentalistas musulmanas se dedicaron en las décadas pasadas a dinamitar estatuas de Buda en Afganistán, e invaluables esculturas de miles de años de antigüedad en Irak.

Y así como los militantes del llamado Estado Islámico (ISIS) se dedicaron a destruir el pasado pre islámico en nombre de Alá, hace unas semanas unos trabajadores de la construcción abrieron un agujero en la milenaria Gran Muralla China para que pudieran pasar unos tractores y “tomar un atajo”.

En nuestro país, donde siempre los infractores y los delincuentes usan todos los vacíos existentes en los códigos para transformar la ilegalidad en una mal llamada informalidad, del saqueo centenario de las huacas y de las ciudadelas preincaicas se ha pasado a la invasión, a la lotización y a la venta de terrenos cercanos o dentro de las zonas arqueológicas intangibles en la costa norte y en la costa sur.

Sabemos que muchas veces el celo burocrático de los funcionarios del Ministerio de Cultura entorpecieron  y demoraron por meses y años la ampliación del primer terminal aéreo del país y la excavación del subsuelo limeño donde deberán estar los túneles del subterráneo de Lima y Callao y las conexiones de la red de transporte del gas de uso doméstico e industrial en la periferia de Lima, pero conocemos, también, que su desidia ha hecho que Caral, la ciudad más antigua del continente americano, esté bajo las amenazas de los traficantes de tierras, quienes, probablemente, no podrían diferenciar un huaco de una pelota de rugby.

Al cancelarse el Caral Raymi se han visto afectados los hospedajes y restaurantes que ya tenían reservas.
Al cancelarse el Caral Raymi se han visto afectados los hospedajes y restaurantes que ya tenían reservas.

Y no es que exijamos que Caral sea vallada y custodiada por la infantería de Marina, sobre todo en la zona que limita con Végueta y Supe. No, lo único que se pide es que exista un puesto policial que garantice la intangibilidad de la llamada Zona Arqueológica Caral (ZAC).

Hace unos días, la doctora Ruth Shady, directora de la ZAC, comunicó a la opinión pública que había tenido que suspender el Encuentro Arqueológico Anual Caral Raymi, previsto para realizarse los días 27 y 28 de octubre, que tenía como marco la celebración del vigésimo noveno aniversario del descubrimiento de la ciudadela donde se desarrolló la civilización más antigua del continente americano, debido a que las autoridades del Ministerio del Interior habían ordenado el retiro de los policías que resguardaban el monumento más añejo del hemisferio.

Como nos informó el portavoz de la ZAC, la presencia policial hasta la pandemia del coronavirus era permanente; sin embargo, después de esta, la ausencia del resguardo policial en la Ciudad Sagrada de Caral y en los sitios arqueológicos de Áspero y de Vichama dejaban en peligro constante al personal de campo y a los visitantes que llegan diariamente a conocer los destinos turísticos de la denominada Ruta Caral.

“La suspensión del evento busca garantizar la seguridad de los cientos de visitantes que normalmente suelen congregarse en el valle de Supe, provincia de Barranca, para participar de esta festividad tradicional andina”, dijo el portavoz de la Zona Arqueológica de Caral.

Frente a esta situación, la ZAC ha enviado varios oficios al Ministerio del Interior, reiterándole el pedido de que se restablezca el resguardo policial permanente en esos lugares, ubicados en los valles de Supe y de Huaura. Cabe agregar que hace varios años se construyó en la Ciudad Sagrada una “casa del policía” para facilitar el trabajo administrativo y el descanso de los custodios, pero, como se desprende del pedido de las autoridades de la ZAC, hoy se encuentra sin uso.

Documento enviado por la ZAC al ministro del Interior, Vicente Romero reiterándole el pedido de que se restablezca el resguardo policial permanente.
Documento enviado por la ZAC al ministro del Interior, Vicente Romero reiterándole el pedido de que se restablezca el resguardo policial permanente.

Y, en vista de que en la zona de amortiguamiento hay varios traficantes a la espera del menor descuido para invadir las tierras de la ZAC y véndeselas a los falsos urbanizadores, la doctora Shady reitera su pedido a las autoridades del Ministerio del Interior para que impidan la invasión.

Sudaca se comunicó con el Ministerio del Interior para escuchar su respuesta sobre el pedido de la ZAC, y solo atinaron a decir “estamos esperando la respuesta de la PNP”.

Extraoficialmente, un funcionario de la ZAC nos dijo que si hace 50 siglos los primeros pobladores de esa zona la escogieron para edificar el complejo urbanístico más importante del hemisferio, es lógico que los usurpadores sepan que esas tierras son buenas para edificar viviendas, zonas de esparcimiento, escuelas y centros hospitalarios. “Ellos no saben qué importancia para la historia y para la cultura tiene Caral. Ellos solo quieren beneficiarse con la complicidad de unos burócratas absolutamente ignorantes de la importancia de Caral”.

El fuego afectó a la parte denominada “cerco vivo de Caral”
El fuego afectó a la parte denominada “cerco vivo de Caral”

Incendio provocado

La Zona Arqueológica Caral también ha informado que el pasado 1 de octubre de 2023, se registró un incendio provocado cerca al taller de conservación de la Ciudad Sagrada de Caral. Este hecho delictivo tuvo que ser mitigado por el mismo personal de campo de la ZAC, para evitar la expansión del fuego y la afectación del material institucional que se guarda en ese ambiente: palos de eucalipto, cañas de bambú, esteras y carrizos, entre otros.

Sin embargo, el fuego afectó a los arbustos, parte del denominado “cerco vivo de Caral”, a las rejas de bambú del sitio, al servicio higiénico del taller de conservación y otros espacios. El hecho fue denunciado en la Comisaría del distrito de Supe.

Este lamentable suceso se suma a los anteriores intentos de invasión de los sitios arqueológicos, de amenazas de muerte y de daño físico contra el personal de la ZAC, los que han sido denunciados en su momento ante las autoridades y medios de comunicación. La inseguridad ciudadana podría extenderse a los visitantes y turistas extranjeros que acuden al lugar.

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[INFORMES] Unos años después de acabada la Segunda Guerra Mundial, la más sanguinaria de la historia humana, varios científicos de diferentes especialidades y de distintas nacionalidades se preguntaron cómo uno de los pueblos mejor educados de Europa pudo aportar miles de trabajadores de oficios comunes y corrientes a la maquinaria criminal que ensangrentó Europa, bajo las órdenes demenciales de Adolf Hitler.

Entre las muchas hipótesis de investigación, los científicos reactualizaron el viejo debate sobre qué es más importante en el desarrollo de los individuos: ¿las causas externas o las condiciones internas? El debate iniciado décadas atrás enfrenta a la naturaleza contra la crianza, es decir si pesa más el bagaje genético con el que se nace contra todo lo que se adquiere durante la crianza. La dialéctica natura-nurtura dirían los profesores de nuestros primeros cursos universitarios. Finalmente, la mayoría concluyó que las causas externas actúan a través de las condiciones internas, siendo este último el factor definitivo de la ecuación.

Décadas después, un estudio financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo llamado Familia, niños y delincuencia: la violencia como herencia, nos dice que el 40 por ciento de las personas encarceladas en América Latina son hijos de padres que abusaban del alcohol, el 55 por ciento de esos presos tuvieron, por lo menos, un arma de fuego en su vida. Además, en las dos ultimas décadas la tasa de encarcelamiento en América Latina creció en un 150 por ciento, llevando el número de presos en la región a la escalofriante cifra de un millón y medio de personas.

Dicho todo eso, y sin querer de ninguna manera describir la historia de los hermanos Valdivia Montoya a partir de esos datos fríos, creemos que es necesaria una inmersión en la historia familiar de esos sujetos para saber cuáles fueron los factores que llevaron a varios miembros de ese clan familiar a ponerse en el lado contrario a la ley, es decir, en el lado equivocado de la vida.

La familia Valdivia de Bellavista

Nadie sabe cuándo los hermanos Valdivia de Bellavista, Callao, aprendieron a usar los pocos recursos que tenía su familia para intentar desde la política barrial, desde las amistades peligrosas y, sobre todo, desde el abuso y la prepotencia para hacerse de un pequeño poder, parecido al que conseguía un tendero alemán en los años treinta cuando se vestía con el uniforme gris y se calzaba las botas de caña alta.

Con recursos probablemente limitados, los hermanos mayores de ese clan ingresaron a una universidad privada de media tabla donde pasaron hasta quince largos años hasta conseguir un grado académico al que le sacaron tanto millaje como un viajero frecuente.

Según las informaciones periodísticas, Carlos, el cuarto de los hermanos Valdivia de Bellavista, Callao, es el más conocido porque intentó tres veces conseguir que sus vecinos le confiaran el manejo del municipio del distrito en mención. A sus 47 años, Carlos Valdivia Montoya tiene siete denuncias en contra suya en los archivos policiales, entre las cuales se cuentan acusaciones de robo agravado y violencia familiar. Además, trece años atrás, Valdivia fue acusado de disparar un arma de fuego contra un sereno de Carmen de la Legua, Callao. Esa denuncia todavía está en instancias policiales. En la misma instancia policial también existe una denuncia por robo agravado contra él y dos de sus hermanos, Marco y Abel, este último acusado por el asesinato del camarógrafo de la fiesta de Paul García y Roselli Amuruz. La denuncia del año 2014 dice que los hermanos Valdivia estaban a bordo de un auto Honda rojo en la puerta de la casa familiar cuando apareció el policía José Luis Cárdenas Prado; los Valdivia bajaron del Honda rojo, golpearon brutalmente al policía y le robaron todo lo que tenía. La denuncia no prosperó y nunca se esclareció. Según el denunciante y sus familiares, los Valdivia tienen muchísimo poder en la Policía, siempre estuvieron juntos y fueron solidarios, por lo menos hasta un hecho que rompió la unidad familiar.

La-familia-Valdivia-de-Bellavista
En febrero de 2023 el gobierno de Dina Boluarte aprobó el pago de 41 millones de soles a favor de la empresa de Carlos Valdivia.

El origen de la desunión en el clan Valdivia Montoya tuvo un precio, vale decir un precio altísimo: 41 millones de soles. ¿Cómo los Valdivia Montoya de Bellavista, Callao, pudieron siquiera soñar con una cifra que es más que tres Tinkas juntas? Pues sucede que, durante la etapa inicial de la epidemia de la Covid, cuando todos sabíamos que la única forma de detectar la presencia del coronavirus en nuestro organismo era la prueba molecular, una empresa creada por Carlos Valdivia Montoya, inscrita en los registros públicos como Aionia Technology Corporation, le vendió a EsSalud un lote de pruebas rápidas -que no detectaban el coronavirus- por un monto de 41 millones de dólares. Según las autoridades el financista de la operación fue Marco Valdivia, el hermano médico de Carlos.

Durante los siguientes tres años, hasta que los astros se alinearon para los Valdivia, EsSalud congeló el pago, debido a que la Contraloría emitió un informe indicando que el proceso de adquisición fue dirigido (direccionado, según el lenguaje de la burocracia nacional) para favorecer a la empresa de Carlos Valdivia. En febrero de 2023, menos de dos meses después de haber jurado combatir a la corrupción, el gobierno de Dina Boluarte aprobó el desembolso del dinero, tras gestiones non sanctas de la asesora presidencial Grika Asayag, del ministro de Trabajo Luis Adrianzén y de parte del directorio de EsSalud. Cuando el laudo arbitral liberó el cheque de 41 millones, la pelea por la plata se trasladó al seno familiar de los Valdivia, toda vez que Carlos afirmó que Marco le dijo que lo iba a meter preso si no le daba el porcentaje del cheque que le pedía. Y, además, según un audio conocido por todos, que su detención la haría con la ayuda del ex cuñado de ambos: Raúl Alfaro, a la sazón comandante general de la Policía, uno de los peones colocado por Pedro Castillo en la periferia del poder para poder gobernar el país como una chacra. Para comprobar la actuación dolosa de Raúl Alfaro, la ex conviviente de Carlos Valdivia llamada Thays Carrizales reveló que Alfaro la amenazó varias veces por teléfono.

Algunos audios dejaron al descubierto el vínculo entre Carlos Valdivia y Julio Gutiérrez Pebe, del Consejo Nacional de la Magistratura, donde lo trataba como el “sobrinito”.

Un informe de televisión reveló que el general PNP Raúl Alfaro está involucrado en esta trama por su relación con la capitana PNP Graciela Valdivia, con quien tiene un hijo. Y, como si estuviéramos viendo una novela, nos enteramos que el general Alfaro siempre ocultó su relación con los Valdivia, incluso a su ex pareja la doctora Thays Carrizales, que, como nos hemos enterado, es madre de uno de los hijos de Carlos Valdivia.

Hurgando en los archivos, nos enteramos que Marco Valdivia estuvo preso en 2020 por tráfico ilícito de drogas, que la capitana Graciela Valdivia también enfrentó a la justicia castrense cuando acusó a un alto jefe policial de acoso, y, posteriormente, de trata de personas.

Y, finalmente, cuando revisamos los antecedentes del hecho criminal ocurrido en las inmediaciones de la casa de Lince donde Roselli Amuruz agasajó al excongresista Paul García, nos encontramos con una larga serie de denuncias contra Abel Valdivia Montoya, el pistolero asesino. Una de esas denuncias fue realizada por su propia madre, quien le dijo a la Policía que Abel la había agredido.

Hay un quinto miembro de ese clan familiar que también ha colisionado repetidamente con la justicia, se llama Pedro Valdivia y también es una joya, pues en 2016 ocasionó la muerte de Ronald Poma Maximiliano al atropellarlo en estado de ebriedad. Tiene una condena de cuatro años de prisión suspendida. ¿Por qué suspendida? Nadie da razón de ese porqué, nadie.

Una característica notable de los Valdivia Montoya, más allá de su atracción permanente por la violencia, es que por lo menos cuatro de ellos estuvieron en sus respectivas universidades el doble o el triple que cualquier estudiante promedio.

¿Cómo financiaron esos estudios larguísimos, cómo solventaron los gastos de transporte, de alimentación y de vestimenta durante esos años interminables, de estudio, cómo, explíquennos cómo?

Es improbable que exista una familia con tantos problemas con la justicia como la de los hermanos Valdivia Montoya, improbable pero no imposible. Pero lo más impresionante es la cercanía al poder político y al poder policial de estos hermanos que no tienen ningún atributo, sino más bien todo lo contrario.

Como en muchas historias periodísticas, esta merece una continuación cuando sepamos cómo fue la interrelación familiar, cuál fue la conducta de los padres antes y después de ver nacer a sus críos y qué hicieron el señor Valdivia y la señora Montoya cuando vieron cómo comenzaron a andar torcido la mayoría de sus vástagos.

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